nombre reservado con CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, dueña de casa, casada en régimen de sociedad conyugal, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección contra la CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL, en adelante Capredena, institución autónoma de derecho público, representada por su vicepresidente ejecutivo nombre reservado, o en subsidio, por quien ejerza sus funciones según los artículos 14 y siguientes del DFL N°31 que Fija Ley Orgánica por la que se regirá la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, domiciliados en domicilio reservado, por incurrir en acción ilegal y arbitraria que afecta por vía de perturbación, priva y/o amenaza garantías del articulo 19 numerales 1, 2, 9 y 24 de la Constitución.

Señala que consta en certificado de matrimonio, que el 28 de abril de 1978 contrajo matrimonio con don nombre reservado, quien ingresó a la Armada de Chile como infante de marina en 1970 y permaneció hasta el año 2000 donde tras 30 años de servicio, paso a retiro como Suboficial de Infantería de Marina, pensionándose por Capredena, entidad que desde el año 2001 y hasta ahora paga las pensiones de su marido, con quien he estado casada y viviendo formando familia por casi 45 años, apareciendo siempre como causante de asignación familiar, ello hasta febrero de 2023.

Indica que el 22 de febrero de 2023 llego al correo electrónico de su marido su liquidación de pensiones, día en que depositan su pensión, no apareciendo que su marido tuviera una carga familiar, lo que si sucedía antes.

Con fecha 27 de febrero de 2023, llegó a su domicilio una carta normal no certificada enviada por Correos de Chile y dirigida a su marido, el 15 de febrero de 2023 por nombre reservado, Jefa del Departamento de Pensiones Subrogante de Capredena, en la cual se informa que fue suspendida de ser causante de asignación familiar por no cumplir supuestamente con los requisitos del DFL 150.

Aplicando la suspensión desde el 31 de diciembre de 2020 y que significa que no recibirá pago de asignación familiar ni tendrá derecho a beneficiarse del sistema de salud de Capredena, pese a ser cónyuge de pensionado de FF.AA., pero la carta no explica en ninguna parte porque fue excluida tanto del pago de asignación familiar como del sistema de salud a que tiene derecho su marido por ser pensionado de Capredena, ni tampoco le informa o a su marido sobre mecanismos de impugnación que puedan ejercerse conforme a las leyes.

Expresa sobre la suspensión del pago del beneficio de asignación familiar, que pese a lo señalado en la carta, donde no dan explicación alguna sobre el no pago de asignación familiar; y como se desprende de las liquidaciones acompañadas, no teniendo derecho al pago de esa asignación, dado que la pensión bruta de su marido supera el límite máximo vigente de $907.672.- para beneficiarse de ese pago según el artículo 4 de la Ley N° 21.456.

Señala que desde hace tiempo que no recibe ni tampoco su marido, de parte de la recurrida pago por asignación familiar, por lo que el propósito del presente recurso no dice relación con el pago de esa asignación.

Alega que el accionar arbitrario y/o ilegal que realmente motiva a recurrir de protección, dice relación con el hecho que esa suspensión, que supuestamente entró en vigor el 31 de diciembre de 2020, pero de la cual recién se enteró con la llegada de la carta en cuestión, es que al dejar de ser carga familiar ya no tendrá derecho a beneficiarse del sistema de salud de su marido, pese a que no he dejado de ser su cónyuge.

Señala que es una mujer próxima a cumplir 75 años de edad, por lo que es adulto mayor conforme al artículo 1 inciso 2 de la Ley N° 19.828, padece de diabetes y, a consecuencia de ello, padece neuropatía diabética, que es un tipo de daño en los nervios que se produce con la diabetes a causa de un alto nivel de glucosa sanguínea y que puede dañar los nervios de todo el cuerpo, afectando con mayor frecuencia, los nervios de las piernas y los pies; generándose dolor y entumecimiento en las piernas, los pies y las manos, pudiendo también causar problemas en el aparato digestivo, las vías urinarias, los vasos sanguíneos y el corazón, no existiendo en la actualidad cura conocida para la neuropatía y los tratamientos médicos actualmente disponibles tienen por fin suprimir o aliviar el dolor para hacer una vida relativamente funcional y de buena calidad.

Indica que sus atenciones, consultas, tratamientos y medicinas, tanto para la diabetes como para otras enfermedades relacionadas, así como otras que se generan o puedan generarse producto de la edad se seguían y entregaban en el Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar, así como en el consultorio dental situado en Viña del Mar, por ser cónyuge de infante de marina, primero activo y luego en retiro.

Expresa que pese a la suspensión vigente supuestamente desde diciembre de 2020, nunca le habían negado atención médica o dental y siempre esas atenciones se hicieron con cargo al sistema de salud de su marido, a quien le descuentan por planilla el monto a pagar por sus atenciones, lo que no podría obtener ni costear de manera particular y que, con la amenaza de privación o perturbación en dicho derecho que hace Capredena, no podrá seguir teniendo, pese a tener legalmente derecho a ello.

Alega que de no poder continuar con acceso a sanidad naval, se ve obligada a verse privada de salud, arriesgando su vida e integridad física y psíquica, ya que no trabaja y por su edad tampoco tiene posibilidades de conseguir trabajo, por lo que no puede costear sanidad de manera particular ni tampoco puedo afiliarse particularmente a Isapre o Fonasa, debiendo recurrir como única posibilidad a atenderse en el sistema público de salud como indigente.

Señala que la acción u omisión arbitraria e ilegal ocurrió en el domicilio de la recurrida, que está en la ciudad y comuna de Valparaíso, situada dentro de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones, la cual posee tanto jurisdicción como competencia para conocer y resolver el recurso.

Indica que la liquidación de pensión de Capredena, donde no aparece como causante de asignación familiar se expidió el 22 de febrero de 2023, por lo que el plazo para recurrir se extiende hasta el 24 de marzo del presente año.

Así mismo, la carta donde informan el cese de la previsión de salud se expidió el 15 de febrero de 2022, pero llego a sus manos el 27 de febrero de 2023, contando el plazo de 30 días corridos para accionar de protección desde la llegada de la carta, debe entenderse entonces que dicho plazo se extiende hasta el 29 de marzo de 2023.

Respecto de la arbitrariedad y/o ilegalidad denunciada, indica que la carta donde informa que deja de ser causante tanto de asignación familiar como beneficiaria del sistema de salud de la recurrida, no da explicación alguna de porque ya no puede considerarse beneficiaria de salud, informando como hecho consumado que fue excluida del sistema de salud de Capredena y que, esa exclusión se verificó a contar del 31 de diciembre de 2020, pero de la cual se enteró con la llegada de la carta en cuestión, careciendo el actuar de la recurrida de toda motivación y/o justificación tanto fáctica como jurídica, develándose en su lugar un actuar irracional o inmotivado carente de todo sustento o basado en el mero capricho.

Señala que el actuar del recurrido no solo es arbitrario, sino que es contrario a derecho, por cuanto su cónyuge como ex miembro activo de la Armada de Chile y pensionado de Capredena, dicha caja está obligada a pagar las asignaciones que estipulen las leyes según el DFL 31 de 1953, Ley Orgánica de Capredena, afecto al sistema único de asignaciones familiares conforme al artículo 2, letras a) y d) del DFL 150 de 1982, Ley del Sistema Único de Prestaciones Familiares, y siendo ella cónyuge de pensionado de Capredena, es causante de asignación familiar según el artículo 3 letra a) del DFL 150 ya señalado, en relación con los artículos 4 letra a) y 6 del Decreto 75 de 1974, que fija el Reglamento del Sistema Único de Prestaciones Familiares, normas plenamente aplicables al caso al no existir en la ley de Capredena o en otras leyes disposiciones que le eximan del carácter de causante de asignación familiar.

Cita el artículo 5 inciso primero del DFL 150 de 1982, el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 18.806, el artículo 2 inciso 3 del DL 3501 de 1980, artículos que refieren al salario mínimo de los obreros.

Alega que el artículo 5 inciso primero del DFL 150 de 1982 no puede aplicarse para suprimir la calidad de causante de asignación familiar, ya que la ley a que remite esa norma dejó de estar vigente con la entrada en vigencia de la ley de ingreso mínimo mensual del año 1993, por cuanto debe entenderse suprimido el artículo 4 de la Ley N° 18.806, ya que dicha norma contenía el ingreso mínimo mensual del año 1989, siendo posteriormente modificado por la Ley N°18.981 que fijó el ingreso mínimo mensual del año 1990. Sin embargo, los ingresos mínimos mensuales de los años 1993 y siguientes dejaron de fijarse mediante modificaciones o remisiones a esas leyes, sino que por nuevas leyes que sustituían a las anteriores a medida que entraban en vigencia.

Además alega que debe acogerse el recurso dado que el artículo 5 del DFL 150 de 1982, que establece que el no cumplimiento de los requisitos para ser causante de asignación familiar origina como consecuencia desfavorable únicamente perder el pago de asignación familiar, pérdida que de hecho se verificó porque su marido percibe pensión mayor al ingreso máximo que el artículo 4 de la Ley N° 21.456, pero ninguna norma de la citada Ley ni del DFL 150, o de cualquier otra ley, estipula que la pérdida de calidad de causante de asignación familiar conlleva la perdida de la calidad de beneficiaria del sistema de salud de Capredena, por cuanto dicha calidad depende del hecho de ser cónyuge del beneficiario.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia en causa ROL 45.114-2021 caratulada “nombre reservado con Isapre Nueva Mas Vida”, la cual confirmó con declaración un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago interpuesto contra dicha Isapre por retirar a la recurrente (cónyuge del afiliado del plan de Isapre) como carga del afiliado debido a que la recurrente se pensionó de vejez de parte del Instituto de Previsión Social (IPS). Indica que la doctrina señala que para determinar la procedencia de la cónyuge de mantener calidad de causante de asignación familiar para efectos de salud, hay que estarse si esa causante cumple con el requisito de ser cónyuge del beneficiario. No pudiendo excluirse a la cónyuge del beneficio de salud solo por el hecho de recibir pensión, ya que si la pensión no rompe con la situación de dependencia económica que tiene respecto del beneficiario y aun así se retira a la cónyuge del derecho a beneficiarse del sistema de salud se rompería con la garantía de Igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, respecto del artículo 19 N° 1 de la Constitución, indica que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, atenta contra su derecho a la vida e integridad física y psíquica, pues de no recibir cobertura de salud de Capredena, arriesga su vida al verse privada de atención sanitaria. Además genera angustia por el repentino hecho de descubrirse en incertidumbre al no saber si podrá continuar o no atendiéndose en el sistema de salud ya señalado.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución, señala que cumple con todos los requisitos que el DFL 150 de 1982 y su reglamento, ya que está casada con un pensionado de Capredena y vive a sus expensas, generándose discriminación arbitraria que quiebra la igualdad ante la ley ya que queda en detrimento de otras mujeres que, cumpliendo exactamente los mismos requisitos, pueden seguir siendo causante del sistema de salud de la recurrida que tienen sus cónyuges sin problemas.

En cuanto a la garantía del articulo 19 N° 9 de la Constitución, el derecho a la protección de la salud está íntimamente relacionado y vinculado con el derecho a la vida y, porque la protección a la salud tiene por finalidad superior y final tutelar una existencia humana saludable tanto en lo relativo a la prevención de enfermedades mediante controles y chequeos médicos, así como en lo relativo al tratamiento y cura de las enfermedades que su parte tiene, así como las que podrían surgir a futuro.

Alega que se le priva del derecho a la sanidad naval que tiene por cumplir los requisitos legales para ello y anulando su derecho a escoger de manera libre el sistema de salud, forzándola a ser privada de todo sistema de salud.

En cuanto a la garantía del articulo 19 N°24 de la Constitución, señala que el actuar del recurrido lesiona el derecho de propiedad, ya que la suspensión de su calidad de causante de previsión de salud de Capredena, significa tanto privación como perturbación en un derecho del que es titular legítimo, viéndose obligada a tener que costear en integridad y con su propio patrimonio todos y cada uno de los gastos médicos que deba hacer.

Pide en definitiva, se declare que: 1.- El accionar del recurrido consistente en privarla del acceso como beneficiaria al sistema de salud de Capredena es un actuar arbitrario y/o ilegal; 2.- El actuar del recurrido significa además privación, perturbación y/o amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, el derecho a la salud y el derecho de propiedad; 3.- Se ordene dejar sin efecto la suspensión del derecho de ser causante de beneficio de salud de Capredena y, en su lugar, se ordene reincorporar como beneficiaria del sistema de salud de la recurrida; y se condene a la recurrida a pagar tanto las costas procesales como personales de la presente causa.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 10, evacúa informa la recurrida CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL, señalando que en el cumplimiento de sus funciones realiza “pareos de verificación” con distintas entidades, en el caso de autos se realizó un pareo con el Servicio de Impuestos Internos, consistente en la verificación respecto de los ingresos que registran las personas reconocidas como cargas familiares en la recurrida; a fin de determinar si cumplían con el requisito legal de no contar con ingresos propios por un monto igual o superior a un 50% de un Ingreso Mínimo Remuneracional; asunto –el anterior- que se materializó mediante oficio de 17 de octubre de 2022 de Capredena dirigido al Sr. nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos, en el que se le solicitó efectuar un nuevo pareo considerando la información de ingresos registrada para el año tributario 2022, solicitando se indique los meses en que habrían percibido ingresos, y como resultado de lo anterior, el Director del Servicio de Impuestos Internos mediante oficio ordinario de fecha 13 de diciembre de 2022, comunicó que se detectaron 1.282 cargas familiares que no cumplían con el requisito para ser carga familiar y dentro de esos casos se halla la recurrente, quien no cumple con el requisito legal de no contar con ingresos propios por un monto igual o superior a un 50% de un Ingreso Mínimo Remuneracional, por lo cual mediante la carta oficio CPDN.DPN N° 100/2023/327 remitido con fecha 15 de marzo de 2023 y recibido por la recurrente con fecha 23 de marzo de 2023- se suspendió su calidad de carga familiar de su cónyuge; señalándose –en el mentado oficio- los mecanismos y requisitos para remediar esa situación.

Alega que el recurso intentado resulta del todo improcedente, en razón a que no ha incurrido en acto ilegal y/o arbitrario alguno que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, en especial sobres sus derechos a la salud y de propiedad.

Indica que a partir del 31 de diciembre de 2020, se suspendió a la actora como carga familiar de su cónyuge, en atención a que no cumplía con los requisitos legales para tener dicha calidad, por cuanto el S.I.I. en su base de datos informó que, en el año 2020,, ella habría percibido ingresos superiores al 50% de un Ingreso Mínimo Mensual, aludiendo, al efecto, los requisitos establecidos en el D.F.L. N° 150 de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía para los Trabajadores de los Sectores Privado y Público para ser carga familiar.

Los requisitos para ser carga familiar se encuentran definidos en el Decreto con Fuerza de Ley N°150 vigente a la fecha, que en su artículo 3° señala que será causante de asignación familiar la cónyuge y, en la forma en que determine el reglamento, el cónyuge inválido, agregando además que serán requisitos comunes para causar los beneficios de asignación familiar y maternal, que éstas vivan a expensas del beneficiario que las invoque y que no disfruten de renta, cualquiera sea su origen o procedencia, igual o superior a cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual a que se refiere el inciso primero del artículo 4 de la ley 18.806, y el artículo 18 del mismo texto legal, dispone que todo aquel que percibiere indebidamente los beneficios a que se refiere dicha ley, sea proporcionando antecedentes falsos que lo determinen, sea omitiendo la obligación señalada en el inciso 3° del artículo 11 o por otro medio fraudulento cualquiera, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, sin prejuicio de la restitución de las sumas indebidamente percibidas.

Indica el citado artículo 11 en su inciso tercero, que en caso de extinción del derecho, el beneficiario deberá comunicar tal circunstancia a la respectiva institución pagadora, dentro de plazo de 60 días contados desde que ella acontezca.

Expresa que antes de suspender como carga familiar a la recurrente, se procedió a verificar ante el Servicio de Impuestos Internos, si registraba ingresos superiores al monto establecido en la ley, lo que arrojó un resultado positivo, sin ser necesario que la contribuyente haya declarado renta.

Agrega que la calidad de carga familiar, así como puede ser suspendida y revocada, puede también ser reactivada, respecto de aquellos beneficiarios que demuestren fehacientemente que los ingresos percibidos por sus cargas familiares correspondían a un periodo no superior a tres meses para lo cual no se requiere resolución alguna, debiendo eso sí, presentar una solicitud directamente en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, acompañándose los antecedentes que así lo acrediten.

Expresa que si bien la recurrente recibió la carta en el mes de febrero del presente año sin acreditar la efectividad de esa aseveración, hasta la fecha de la preparación del presente informe, no ha solicitado la rehabilitación de su calidad de carga familiar como lo permite la norma, ya que existe un procedimiento que establece que los efectos de la suspensión podrán dejarse sin efecto.

En cuanto al procedimiento de reactivación referido, está regulado por claras y precisas instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, sin que haya espacio alguno para la arbitrariedad.

Indica que la recurrente reclama también que ha sido privada de las prestaciones de salud a que supuestamente tendría derecho, lo que no puede reprocharse en forma alguna a la recurrida, toda vez que como carga fue legalmente suspendida y de todos los beneficios derivados de dicha condición, los que suponen que la beneficiaria, tenga necesariamente la calidad de carga familiar.

Cita el artículo 73 de la ley N°18.948 sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, inciso segundo, el cual expresa que tendrán derecho a asistencia médica curativa las personas que, respecto del personal señalado en el inciso anterior, cumplan con los requisitos y calidades para ser causantes de asignación familiar en conformidad a la ley, aun cuando no perciban dicho beneficio.

Por otra parte, el Decreto Supremo N° 204 de 1973 de la Subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Medicina Curativa de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y que incluye las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N° 34 del 8 de febrero de 2008, publicado en el Diario Oficial el día 7 de noviembre de 2008, expresa en lo pertinente, en su artículo 3º que podrán afiliarse y ser beneficiarios del Sistema de Salud de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional: a) Los pensionados de retiro y montepío que se encuentren cotizando en el Fondo de Salud en conformidad a la ley Nº 12.856; b) Los funcionarios de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional afectos al régimen previsional de la misma; c) Las cargas familiares legalmente reconocidas de las personas señaladas en las letras a) y b) Las cargas familiares reconocidas por los imponentes en otras Cajas de Previsión deberán acreditarse anualmente, mediante certificado expedido por la caja pagadora o por la institución donde presten sus servicios; d) Los padres que vivan a expensas de los beneficiarios indicados en las letras a) y b) precedentes.

A su turno, la Ley 19.465 del 2 de agosto de 1996, que establece Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas, al tratar de los beneficiarios en su Título I, artículo 7°, indica que serán beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas: a) El personal de planta de las Fuerzas Armadas; b) El personal de reserva llamado al servicio activo; c) El personal dependiente de las Fuerzas Armadas que en virtud de leyes especiales se encuentre acogido al régimen previsional y de seguridad social que establece la ley N° 18.948; d) Los causantes de asignación familiar del personal señalado en las letras anteriores, aun cuando no perciban dicho beneficio; e) Los causantes de asignación familiar del personal señalado en las letras anteriores, comisionado al extranjero, siempre que por ellos se perciba la asignación familiar de la letra d) del artículo 200 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, y se encuentren estudiando en instituciones de la enseñanza básica, media, técnica y superior, reconocidas por el Estado donde se cumple la comisión.

Indica que el artículo 8 de la Ley 19.465 dice que la incorporación al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas será automática, desde el momento en que se adquiera cualquiera de las calidades o condiciones señaladas en el artículo anterior y se mantendrá mientras ellas subsistan. Sin embargo, no perderá la calidad de beneficiario del Sistema, el personal que se retire con derecho a pensión otorgada por el Organismo de Previsión y Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en tanto no opte por afiliarse a otro régimen de prestaciones de salud. Luego, el artículo 9 de la misma ley, establece que la calidad de beneficiario se acreditará mediante el procedimiento común de identificación que determinen las instituciones.

Expresa que si la recurrente no tuvo ingresos que la inhabilitaran para continuar como carga en Capredena, bastaba que acompañase los antecedentes que así lo justificaran, sin necesidad de tener que efectuar ningún otro tipo trámite, por lo que llama poderosamente la atención que haya recurrido mediante acción de protección si, como señala, no percibió los ingresos que determina la norma durante el periodo observado, pero la recurrente no ha controvertido en el recurso la efectividad de la percepción de los ingresos que motivaron la suspensión de los beneficios en cuestión.

Indica que tampoco acreditó que hubiese solicitado la revisión de los antecedentes que motivaron la suspensión de su calidad de carga familiar, para lo cual debía presentar los antecedentes tributarios en tal sentido, pero no lo hizo.

Indica que de los antecedentes allegados en autos no permiten arribar a la convicción de ser el hecho denunciado, arbitrario o ilegal, ni menos constitutivo de amago, alteración o privación ilegítima de los derechos que dice conculcados.

Expresa que la suspensión de la actora, como carga familiar de su cónyuge, se encuentra totalmente ajustada a derecho, ya que no cumple con los requisitos legales para acceder a dicha calidad y por ende a las prestaciones que tal calidad conlleva, no existiendo en consecuencia ningún acto arbitrario y/o ilegal por parte de la recurrida, en ese sentido.

Pide, se rechace el recurso de protección, con expresa condenación en costas a la parte recurrente por ser improcedente.

Acompaña documentos.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en la decisión de la recurrida, de suspender a la actora como carga familiar de su cónyuge, en atención a que no cumple con los requisitos legales para tener dicha calidad, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos en su base de datos, informó que en el año 2020, la recurrente habría percibido ingresos superiores al 50% de un Ingreso Mínimo Mensual.

Tercero: Que la facultad ejercida por la recurrida, se desprende del DFL N° 150 de 25 de marzo de 1982, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de las Normas sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares y otros de los trabajadores del sector privado y público y del Reglamento N° 7 para la Aplicación del Sistema Único de Prestaciones Familiares, de manera entonces, que la decisión que se impugna a través de esta acción no es ilegal ni arbitraria, porque el fundamento de la decisión dice relación con el no cumplimiento de los requisitos para ser carga familiar de la parte recurrente.

Cuarto: Que la materia que se trae a discusión se aparta de la finalidad de la acción constitucional de protección, que es la de reaccionar contra un acto anormal que vulnere garantías constitucionales protegidas por dicha acción, cuyo no es el caso de autos, toda vez que se discute respecto a la procedencia o improcedencia de la suspensión de la calidad de carga familiar de la recurrente y que le permite acceder a beneficios de salud, de manera que para el caso de controvertirse dicha decisión y con objeto de ser reactivada en la calidad anterior, debió la recurrente demostrar fehacientemente que los ingresos percibidos correspondían a un periodo no superior a tres meses, presentando una solicitud al efecto directamente ante la recurrida, acompañándose los antecedentes que así lo acrediten, por lo que existiendo un procedimiento al efecto para regular la situación alegada por la actora la presente acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5209-2023.