nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO

Jepv.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece doña Claudia Lemarie Acosta, abogada, en representación de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo y confirmación del rechazo de sus licencias médicas, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrente que su representado padece un cuadro de salud mental de larga data, médicamente diagnosticado, compuesto por nombre reservado, Trastorno de Personalidad y Trastorno por uso de sustancias en tratamiento. Relata que esta condición, originada a partir de eventos ocurridos en 2019, se manifiesta en una sintomatología severa observada por su médico tratante, que incluye conductas evitativas, miedo anticipatorio, estado de hiperalerta, expectación ansiosa, episodios de crisis de pánico e insomnio mixto. Agrega que el actor presenta una muy baja funcionalidad debido a inhibición conductual y enlentecimiento psicomotor y cognitivo, secundario a síntomas de trauma psíquico, careciendo además de red de apoyo familiar.

Señala que, en virtud de la gravedad de su estado y con fines terapéuticos, se le prescribió reposo continuo, presentando ante la COMPIN las siguientes siete licencias médicas:

1. N° RUT reservado (28 días, desde el 04 de octubre de 2019).

2. N° RUT reservado (28 días, desde el 25 de octubre de 2019).

3. N° RUT reservado (28 días, desde el 22 de noviembre de 2019).

4. N° RUT reservado (28 días, desde el 20 de diciembre de 2019).

5. N° RUT reservado (28 días, desde el 17 de enero de 2020).

6. N° RUT reservado (28 días, desde el 14 de febrero de 2020).

7. N° RUT reservado (28 días, desde el 13 de marzo de 2020).

Indica que todas estas licencias fueron rechazadas sucesivamente por la COMPIN en diversas fechas de los años 2020 y 2021, invocando causales como "reposo prolongado" y "sin antecedentes médicos que respalden el diagnóstico".

Añade que, tras apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social, esta entidad resolvió mediante la Resolución Exenta N° R-01-S-104123-2025, de fecha 29 de julio de 2025, confirmar el rechazo de la totalidad de las licencias médicas individualizadas. Explica que la autoridad recurrida fundamentó su decisión argumentando que el reposo no se encontraba justificado, al estimar que los antecedentes no permitían acreditar incapacidad laboral más allá de los 288 días ya autorizados por la misma patología. Asimismo, la resolución cuestionó que no se describiera disfuncionalidad ni un ajuste progresivo y oportuno de la farmacoterapia acorde a la extensión del reposo, y que no se certificara el ingreso a un programa de salud mental, psicoterapia con informe de proceso o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos.

Alega la actora que dicho actuar es arbitrario, puesto que desatiende el informe médico del Dr. nombre reservado acompañado al recurso, el cual detalla explícitamente la gravedad de la sintomatología y la falta de funcionalidad del paciente para el trabajo, haciendo inviable su reintegro laboral sin poner en riesgo su salud. Concluye solicitando que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a las recurridas aprobar las licencias médicas y pagar los subsidios por incapacidad laboral correspondientes.

A folio 7, evacúa informe doña Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la recurrida, la Superintendencia de Seguridad Social, quien solicita el rechazo de la acción constitucional intentada.

En lo formal, la recurrida alega en primer lugar la improcedencia de la acción de protección, argumentando que la materia debatida versa sobre el derecho a la seguridad social, garantizado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como las resoluciones de las COMPIN y el pago de subsidios por incapacidad laboral, son materias técnicas propias de la seguridad social y, por ende, excluidas de esta vía de urgencia.

En cuanto al fondo del asunto, la informante señala que no ha existido actuación ilegal o arbitraria, limitándose el organismo a ejercer sus facultades fiscalizadoras y técnicas conforme a la Ley N° 16.395 y el D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud Explica que su intervención se originó por el reclamo presentado por el recurrente en contra de la Subcomisión Valparaíso - COMPIN Región de Valparaíso, la cual había rechazado las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado por la causal de reposo no justificado .

Relata la recurrida que, para resolver las reclamaciones del actor, la Superintendencia revisó los antecedentes médicos y administrativos, incluyendo el historial de licencias y la cartola médica. Señala que, mediante la Resolución Exenta N° R-01-S-104123-2025, de fecha 29 de julio de 2025, se confirmó el rechazo de las licencias, basándose en informes de profesionales médicos de la institución.

Los fundamentos técnicos expuestos por la recurrida para desestimar el reposo indican que:

1. Los antecedentes no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá de los 288 días de reposo ya autorizados previamente por la misma patología.

2. No se describe disfuncionalidad ni ajuste progresivo de la farmacoterapia acorde a la extensión del reposo, manteniéndose tratamientos de primera línea en dosis iniciales.

3. No se certifica el ingreso a programas de salud mental, ni psicoterapia con informe de proceso, ni evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos.

4. El médico tratante y emisor de las licencias, don nombre reservado, es médico cirujano y no posee la especialidad de psiquiatría, a pesar de que las licencias se fundamentan en diagnósticos de salud mental como trastornos por consumo de sustancias y trastornos de ansiedad.

Asimismo, la entidad informante hace presente que el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales (Decreto N° 7 de 2013 del Ministerio de Salud) establece requisitos específicos para reposos por patologías mentales que superen los 60 días, exigiendo que sean otorgados por médico psiquiatra, que existan síntomas de intensidad grave y refractariedad al tratamiento, condiciones que no se cumplirían en la especie, toda vez que el actor ya acumuló el límite de días otorgados por médico general.

Finalmente, la recurrida descarta la vulneración de garantías constitucionales. Respecto al derecho de propiedad, argumenta que la mera emisión de una licencia médica no genera un derecho adquirido sobre el subsidio por incapacidad laboral, ya que este es un beneficio eventual condicionado a la autorización de la licencia por el organismo competente y al cumplimiento de los requisitos legales, lo que no ocurre en este caso al haber sido rechazadas las licencias por falta de justificación médica.

Acompaña documentos fundantes de su informe, incluyendo copias del expediente administrativo y antecedentes médicos del caso.

A folio 19, se prescindió del informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELAXCIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la improcedencia del recurso:

Primero: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso, cabe señalar que si bien la autorización, rechazo y modificación de licencias médicas se inserta en el ámbito de la seguridad social, conforme a lo dispuesto en el art culo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del mismo Ministerio, ello no impide el conocimiento de la presente acción constitucional cuando se denuncia que la actuación de la autoridad ha producido efectos actuales y permanentes que inciden en la esfera de derechos fundamentales protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al fondo:

Segundo: Que, por esta vía, la abogada doña Claudia Lemarie Acosta, en representación de don nombre reservado, reclama del rechazo de las licencias médicas otorgadas por patología de salud mental, decisión adoptada por el COMPIN y confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social, por la Resolución Exenta N° R-01-S-104123-2025, de fecha 29 de julio de 2025, acto que estima ilegal y arbitraria, por cuanto habría desconocido los antecedentes médicos acompañados, afectando sus derechos constitucionales de los números 1, 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto dicho rechazo y se ordene la aprobación y pago de la licencia médica individualizadas en autos; o, en subsidio, que se ordene se le realice un peritaje médico por la recurrida o por la Comisión Médica correspondiente.

Tercero: Que la Superintendencia recurrida sostiene que el rechazo de las licencias médicas reclamadas se ajustó la normativa vigente y a sus competencias legales, indicando que, tras el estudio de los antecedentes médicos del actor y administrativos acompañados por él se concluyó que el reposo prescrito no se encontraba justificado ni acreditaba incapacidad laboral que permitiera su prolongación, por cuanto los informes presentados no daban cuenta de severidad clínica, compromiso funcional ni de un plan terapéutico concordante con la extensión del reposo solicitado. Agrega que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas, fueron dictadas conforme a los reglamentos aplicables y no importan ilegalidad ni arbitrariedad, solicitando en definitiva el rechazo de la acción constitucional.

Cuarto: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Quinto: Que, asimismo, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, cabe tener presente que la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. Así las cosas, se debe concluir que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

Sexto: Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, necesariamente se debe concluir que las recurridas se ajustaron al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en los respectivos actos administrativos, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado y en correspondencia con el análisis de los antecedentes clínicos tenidos a la vista.

Séptimo: Que, a lo razonado precedentemente debe adicionarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: (…)”, entre las cuales se encuentran, a modo de ejemplo, la facultad de disponer nuevos exámenes o interconsultas, visitar el domicilio del trabajador y de requerir informes al médico tratante. Sin embargo, del tenor de la norma se desprende que dicha posibilidad es una facultad del órgano, que puede ejercer en caso de ser necesario para la decisión a adoptar.

Octavo: Que, en consecuencia, la decisión de las recurridas contiene sustento fáctico suficiente para descartar de forma certera la procedencia del pago de los subsidios pretendidos, cumpliendo el estándar establecido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, eliminando así todo atisbo de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión, motivo suficiente para rechazar la acción deducida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia deducida por la Superintendencia de Seguridad Social Recurrida.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Claudia Lemarie Acosta, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministra Sra. Carolina Figueroa Chandía.

No firman la ministra interina Sra. Leonor Cohen Briones, por encontrarse autorizada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales ni el abogado integrante Sr. Guillermo Oliver Calderón, por no integrar Sala.

N°Protección-5192-2025.

En Valparaíso, veinte de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.