nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Maz C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento practicado sobre la remuneración del recurrente correspondiente al mes de mayo de 2026 y en la amenaza de que la recurrida continúe efectuando descuentos en sus futuras remuneraciones.

Explica que se desempeña como profesor de Historia para la Fundación para la Promoción de la Educación y la Cultura (FUPEC) y que el 30 de junio de 2025 solicitó a la recurrida un crédito de consumo por la suma de $8.579.485 por concepto de capital, cuyo pago se pactó en 48 cuotas mensuales, suscribiéndose al efecto el pagaré folio N° 027CON104596558. Señala que pagó en forma y plazo las dos primeras cuotas, pero que desde la cuota N° 3 no pudo continuar pagando, por haber sido despedido de su trabajo el 3 de octubre de 2025, constituyéndose en mora a partir del vencimiento de la tercera cuota el 30 de noviembre de 2025.

Agrega que la recurrida interpuso demanda ejecutiva el 13 de mayo de 2026, en causa rol C-570-2026 del 1° Juzgado de Letras de Los Andes, caratulada "Caja Compensación Asignación Familiar de Los Andes con nombre reservado". Expone que, no obstante encontrarse la deuda judicializada y sin mediar aviso previo, su empleador descontó de la remuneración devengada de mayo de 2026, por orden de la recurrida, la suma de $307.075 correspondiente a una cuota del crédito, procediendo la recurrida a perseguir la deuda de manera doble, pese a haber activado la cláusula de aceleración mediante el inicio del juicio ejecutivo, lo que estima improcedente.

Sostiene que sólo tomó conocimiento del descuento el día 2 de junio de 2026, cuando el departamento de Recursos Humanos le entregó por vía física su liquidación de sueldo, por lo que la acción se encuentra dentro de plazo. En cuanto al derecho, afirma que el acto imputado a la recurrida —el descuento de $307.075 y los probables futuros descuentos— resulta ilegal y arbitrario, por cuanto la recurrida no notificó adecuadamente al recurrente y su cobro ya se encontraba judicializado. Alega, asimismo, que el contrato de trabajo constituye ley para las partes y fuente de derechos incorporados a su patrimonio conforme al artículo 583 del Código Civil, de modo que el descuento lo priva de percibir íntegramente su remuneración, vulnerando su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, así como las garantías de los numerales 2, 3 y 16 del mismo artículo.

Concluye solicitando tener por interpuesto el recurso, someterlo a tramitación y, en definitiva, acoger la acción constitucional por el acto arbitrario e ilegal representado en el descuento de la remuneración del mes de mayo de 2026 y en los probables descuentos futuros, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, ordenando a la recurrida devolver las sumas descontadas a contar del mes de mayo de 2026 y que no efectúe más descuentos en sus futuras remuneraciones, todo ello con expresa condenación en costas.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Documento Información del Crédito, obtenido de la página web de la Caja de Compensación Los Andes; b) Copia de demanda ejecutiva deducida por Caja de Compensación Los Andes; c) Copia de finiquito de trabajo firmado por el recurrente en octubre de 2025; y d) Liquidación de sueldo de mayo de 2026, en que se refleja el descuento.

A folio 11, informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. Sostiene que, el 30 de junio de 2025, otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 027CON104596558, por un capital inicial de $8.579.485, a una tasa de interés mensual de 1,88%, pagadero en 48 cuotas de $281.496, con primer vencimiento al 31 de agosto de 2025. Precisa que las cuotas N° 1 y N° 2 fueron pagadas, que la cuota N° 3 fue diferida por encontrarse el recurrente con licencia médica, que la cuota N° 4 fue pagada el 10 de junio de 2026, y que a la fecha se presentan en mora las cuotas N° 5 a N° 10 (diciembre de 2025 a mayo de 2026), tratándose de un crédito vigente, actualmente exigible y no prescrito.

Explica que, si bien interpuso demanda de cobro de pagaré, ello no obedece a arbitrariedad sino a una obligación establecida en el Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, que instruye iniciar la cobranza judicial no más allá del sexto mes de morosidad. Añade que la Circular N° 3894, de 13 de noviembre de 2025, modificó dicho Compendio, reafirmando la posibilidad de cobrar mediante descuentos por planilla aun existiendo un juicio ejecutivo en curso, imponiendo a la Caja únicamente el deber de informar en sede judicial las cuotas descontadas para su rebaja del monto adeudado.

Sostiene que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten carácter social por mandato del legislador, y que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que lo adeudado por crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales, tratándose de un mecanismo obligatorio que no depende de la voluntad de la Caja ni del trabajador. Argumenta, además, que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil y al Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, no siendo la acción de protección la vía idónea para dicha discusión.

Niega la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto no existe traspaso ilegal ni expropiación, sino el cumplimiento de un mandato legal, invocando en su favor jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema (roles 228-2025, 131-2024, 22179-2025, 6.279-2025 y 87663-2023).

Finalmente pide rechazar el recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario, con expresa condena en costas.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Contrato de mutuo suscrito por la recurrente; y b) Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar de la SUSESO.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el descuento practicado sobre la remuneración del recurrente correspondiente al mes de mayo de 2026, ascendente a $307.075, y la amenaza de futuros descuentos.

Tercero: Que, el recurrido informa que el descuento se practicó en cumplimiento del mecanismo obligatorio del artículo 22 de la Ley N° 18.833, respecto de un crédito social vigente y actualmente exigible cuya prescripción no ha sido declarada; que dicho mecanismo es compatible con el juicio ejecutivo según la normativa de la Suseso; y que no existe acto ilegal ni arbitrario ni vulneración del derecho de propiedad, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Cuarto: Que, se ha acreditado la existencia del crédito otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes al actor, código N° 027CON104596558, otorgado el 30 de junio de 2025, judicializado en la causa Rol C-570-2026 del 1° Juzgado de Letras de Los Andes, caratulada "Caja Compensación Asignación Familiar de Los Andes con nombre reservado", cuya demanda fue presentada el 13 de mayo de 2026 y, asimismo, que desde el mismo mes de mayo de 2026 se han efectuado descuentos de la remuneración del actor, utilizando el mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Quinto: Que, el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora.

Sexto: Que, de lo relacionado se concluye que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, una vez iniciado el cobro judicial que actualmente se encuentra en etapa de embargo, efectuó descuentos de las remuneraciones del actor, por el mismo crédito, persiguiendo la deuda por dos vías paralelas, de lo que deriva un actuar arbitrario e ilegal de su parte, afectando el derecho de propiedad de la recurrente garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por lo que se acogerá la presente acción de la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenándose a la recurrida cesar inmediatamente los descuentos que se realizan de las remuneraciones del actor y realizar la devolución de todos los montos descontados desde mayo de 2026 a la fecha y los que pudieren hacerse con posterioridad, dentro de quinto día desde que la presente sentencia se encuentre firme, debiendo informar a esta Corte, Déjese sin efecto la orden no innovar, una vez firme y ejecutoriado el presente fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-5187-2026.