PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO con DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de abril de dos mil veintidós.

Visto:

En folio 1, don nombre reservado, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, interpone recurso de protección contra la Dirección de Compras y Contratación Pública o Chilecompra, que inhabilitó a la recurrente para su participación en dicho portal, lo que afecta sus garantías constitucionales previstas en los numerales 2, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que este recurso tiene por objeto que se obligue a la recurrida a rehabilitar a su representada en el portal MercadoPúblico –de su administración–, de manera inmediata, atendido que se le ha bloqueado en dicha plataforma, por supuestamente, registrar deudas por conceptos de cotizaciones previsionales, lo que no es efectivo.

Explica que para encontrarse habilitado en dicho portal, es menester cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 4º de la Ley 19.886 “De bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”, y al artículo 92 del reglamento de dicha Ley, aprobado mediante Decreto Nº 250 de 09 de marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda. La primera norma establece que podrán contratar con la Administración del Estado las personas naturales o jurídicas que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento, debiendo cumplir la entidad interesada, adicionalmente, “los demás requisitos que éste señale”. Por su parte, el artículo 92 del Reglamento, contiene un listado de siete causales de inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores, destacando la contenida en el Nº 3, a saber: “registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.”

Al respecto, dice que a la fecha de presentación del recurso, descargó el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales administrado por la Dirección del Trabajo, que da cuenta que no registra ninguna deuda por tales conceptos. Señala que con anterioridad la recurrida expuso en el recurso de protección Rol 13226-2019, seguidos ante esta misma Ilustrísima Corte, “esta inhabilidad debe ser aplicada y constatada por la Dirección ChileCompra, en su calidad de administrador del Registro de Proveedores, y para ello utiliza el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo”.

Considera que el actuar de la recurrida es contradictorio e ilegal pues desconoce que el instrumento para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales es el certificado de la Dirección del Trabajo y con ello vulnera además las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, que tiene una variante específica en el artículo 9 de la Ley 18.575, que establece el llamado “principio de igualdad de los oferentes”. La vulneración a dicho principio se produce puesto que se le ha excluido de participar de licitaciones y acceder a los estados de pago a que tiene derecho. Por otro lado, se ha vulnerado el derecho de acceso a la propiedad y el de propiedad consagrados en los numerales 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que la Universidad se ve privada de los pagos a que tiene derecho, por los contratos vigentes con la Administración.

Pide, en definitiva que se declare que debe restablecerse el imperio del derecho, dejando sin efecto el acto recurrido, esto es, ordenando la eliminación del bloqueo o inhabilitación como proveedora en el portal www.mercadopublico.cl, todo con expresa condena en costas.

En folio 14, con fecha 09 de febrero de 2022 informa la recurrida Dirección de Compras y Contratación Pública, detallando las normas aplicables al respecto y que en cuanto a la causal del artículo 92 N° 3 del Reglamento, no existe obligación de la Dirección del Trabajo de informar las deudas conducentes a inhabilidades. Indica que en virtud del principio de colaboración entre los organismos públicos, se celebró un convenio de colaboración el día 24 de mayo de 2016, para el acceso automatizado, oportuno y completo a la información de personas que registren deudas previsionales. En tal contexto, solo se realizó la constatación para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la referida causal de inhabilidad, la que rige desde la recepción de la información proveída por la Dirección del Trabajo. Explica que el cambio de la calidad del proveedor, de hábil a inhábil, derivado de la información entregada por la Dirección del Trabajo, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal le corresponden, no pudiendo, por ende, calificarse de ilegales ni vulneratorias de ninguno de los derechos señalados por el recurrente.

Relata que el 15 de diciembre de 2021 la recurrente solicitó la rehabilitación de su calidad, lo que fue reiterado con fechas 22 de diciembre y 11 de enero pasado. Conforme a lo anterior, el día 24 de diciembre de 2021, se respondió a la Universidad que se ha otorgado el análisis correspondiente, habilitando a su empresa Rut RUT reservado, sugiriendo verificar a través de su sesión en Mercado Publico. Conforme a ello, y constatando en este caso concreto que la información contenida en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N° 2000/2022/17234, de la Dirección del Trabajo, de fecha 10 de enero de 2022, acreditaba la inexistencia de deudas, se procedió a actualizar el estado del proveedor en el mantenedor de habilidad.

Agrega que el día 11 de enero de 2022, a las 19:05 horas, se cambió el estado del proveedor a estado “hábil”, lo que fue notificado al actor el 12 de enero, concluyendo que el recurso ha perdido oportunidad. Añade que su actuación se ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente y que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales de la universidad recurrente, por lo que pide el rechazo de la acción.

Por resolución de 24 de febrero de 2022 se dispuso la acumulación de estos autos al rol N°1144-2022 y se trajeron los autos en relación.

Por resolución de 11 de marzo de 2022, se dispuso como medida para mejor resolver oficiar a la Dirección del Trabajo para que informe si la inhabilidad consignada en los certificados de 03 y 08 de marzo de 2022, es consecuencia de deudas previsionales de la recurrente Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y en caso afirmativo se precise cuándo se habrían generado éstas. Asimismo, se ordenó que la recurrida Dirección de Compras y Contratación Pública, para que complemente su informe de fecha 09 de febrero del año en curso, especificando en ambos casos el motivo por el cual la parte recurrente Pontificia Universidad Católica de Valparaíso aparece inhabilitada, y si dicha circunstancia tiene su origen o no en deudas previsionales y la fecha en que éstas se habrían producido y registrado en el sistema.

Con fecha 18 de marzo de 2022 emite informe el Director subrogante de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, don nombre reservado, dando cuenta “que conforme al registro informático de la Dirección del Trabajo "DT Plus", asociando el RUT N°RUT reservado, de la empresa Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, se verifica que el último Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido es de fecha 16 de marzo de 2022, en el cual se dejó constancia de lo siguiente: multas ejecutoriadas no incluidas en boletín de infractores: no registra; deuda previsional (boletín de infractores): no registra resoluciones de multa (boletín de infractores): no registra”.

Por su parte, informando la Dirección de Compras y Contratación Pública con fecha 21 de marzo de 2022, señala que la causal del artículo 92, N° 3, del Reglamento, debe ser constatada desde la fuente oficial de dicha información, que es la Dirección del Trabajo, y aplicada por la Dirección ChileCompra, en su calidad de administrador del Registro de Proveedores. Agrega que la notificación de la deuda se realiza desde que la respectiva institución previsional registra la deuda a la Dirección del Trabajo, y ésta a su vez, la dispone a la Dirección ChileCompra, la que efectúa solo un acto de constatación para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la referida causal de inhabilidad, y que la causal para quedar inhabilitado de formar parte del registro de contratista se configura desde la recepción de la información proporcionada por la Dirección del Trabajo.

En cuanto a la consulta que esta Corte le formula acerca de si el motivo por el cual la parte recurrente Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aparece inhabilitada y si dicha circunstancia tiene su origen o no en deudas previsionales, y la fecha en que éstas se habrían producido y registrado en el sistema, refiere que según la información obtenida desde la conexión automática con la Dirección del Trabajo, la causa de las inhabilidades temporales de la recurrente Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, RUT RUT reservado, efectivamente, dice relación con 16 deudas de carácter previsional, por no pago de cotizaciones previsionales ante la A.F.P. Provida, entre los años 2017 y 2020.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que el objetivo de los presentes recursos es obtener que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones ordene que la recurrida deje sin efecto la inhabilidad de la Universidad recurrente en el Registro de Mercado Público, procediendo a su reincorporación.

CUARTO: Que, el artículo 16 de la Ley 19.886 crea un Registro Electrónico de Contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública (Chilecompra), en donde podrán inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. Si bien la inscripción en este registro es voluntaria, los organismos públicos podrán exigir a los proveedores su inscripción, para poder suscribir sus contratos definitivos.

El artículo 4° inciso 4° de la ley N° 19.886, establece una inhabilidad para contratar con la Administración del Estado, excluyendo a quienes, “dentro de los dos años anteriores al momento de presentar su oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

El registro de proveedores está latamente regulado en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, que en su artículo 92 N° 3 dispone: “Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:…3) “registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.” Esta inhabilitación para formar parte del registro es temporal y conforme se lee del cuerpo reglamentario es durante el periodo en que se encuentre configurada la causal. Agrega el artículo 93 que “Si a un proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto”.

Dicha norma establece, en consecuencia, una inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores por un periodo de 12 meses, la que durará hasta la subsanación de la deuda acreditada.

QUINTO: Que, es un hecho no discutido que la recurrente aparece inhabilitada en el Registro de Proveedores de Mercado Público que lleva la Dirección de Compras y Contratación Pública (Chilecompra), para participar como proveedora en el portal www.mercadopublico.cl, atendida la existencia de una supuesta deuda previsional.

En su primer informe remitido a esta Corte, la recurrida se defiende señalando que dicha inhabilitación no se encuentra vigente, acompañando un certificado en el que no aparece deuda alguna, asegurando la actualización del Registro a su respecto, lo que la actora niega, puesto que habiendo consultado su situación, con fechas 03 y 08 de marzo, su estado ha vuelto a la calidad de inhábil.

Lo anterior aparece aclarado en la ampliación de informe evacuado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada por esta Corte, en que informa que la inhabilidad que aparece en el Registro de Proveedores a cargo de su institución, y que opera a través de la conexión automática que mantiene con la Dirección del Trabajo, referente a la recurrente Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dice relación con 16 deudas de carácter previsional, por no pago de cotizaciones previsionales ante la A.F.P. Provida, entre los años 2017 y 2020, las que detalla.

SEXTO: Que, por su parte, informando la Dirección del Trabajo la medida para mejor resolver, señala que según se verifica en el último Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido con fecha 16 de marzo de 2022, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no registra deuda previsional (boletín de infractores), concluyendo que a la fecha de emisión de esta respuesta no existen deudas previsionales. Sin embargo, no da respuesta a si la inhabilidad consignada en los certificados de 03 y 08 de marzo de 2022 es consecuencia de deudas previsionales de la recurrente Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y en caso afirmativo precise cuándo se habrían generado éstas, como le fuera solicitado.

SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo dispuesto en la letra f) del artículo 30 de la Ley 19.886, corresponde a la Dirección de Compras y Contratación Pública: “Administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y Proveedores a que se refiere el artículo 16, otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo establezca el reglamento”. Por su parte, el artículo 16 referido, reitera la citada función al indicar que “Existirá un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado.

OCTAVO: Que, como diera cuenta el informe evacuado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, con fecha 24 de mayo de 2016 se celebró un convenio de colaboración entre la Dirección del Trabajo y su institución, para el acceso automatizado, oportuno y completo a la información de personas que registren deudas previsionales, correspondiendo a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en su calidad de administrador del Registro de Proveedores, constatar y aplicar a la inhabilidad del artículo 92 N° 3, del Reglamento de la ley N° 19.886.

Cabe señalar que la norma recién citada, establece una inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores por un periodo de 12 meses, la cual durará hasta la subsanación de la deuda acreditada.

NOVENO: Que, como se desprende de los antecedentes referidos, existe una dicotomía entre lo informado por ambos organismos que hace imposible la resolución del presente recurso, puesto que, conforme al convenio de colaboración celebrado entre la Dirección del Trabajo y Chilecompra el año 2016, a esta última sólo le corresponde realizar un acto de constatación, para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la causal de inhabilidad establecida en el artículo 92 de la Ley 19.886. Es decir, se trata de una función automatizada y ligada al certificado de cotizaciones previsionales emitido en cada caso por la Dirección del Trabajo, único organismo competente, según se ha establecido a través de diversos Dictámenes de la Contraloría General de la República, para entregar dicha información previsional. En tanto, la inhabilidad para formar parte del registro de contratista, se configura desde la recepción de la información proveída por la Dirección del Trabajo.

DÉCIMO: Que, es del caso, que la información que entrega la Dirección del Trabajo a esta Corte no se condice con aquélla reportada por dicho organismo a la Dirección de Compras y Contratación Pública, no pudiendo establecerse con certeza si la actora mantiene deuda previsional, por cuanto la Dirección del Trabajo no dio respuesta a la consulta efectuada por esta Corte, o si el problema se reduce a que ésta no mantiene actualizada la información previsional de la actora para efectos del Registro que debe llevar Chilecompra, sin que sea posible arribar a una decisión respecto a la existencia de una actuación ilegal y/o arbitraria de la recurrida, por el hecho de mantener la inhabilidad de la Universidad recurrente en el Registro de Mercado Público, por no haberse aportado la información que aclare tal situación, razón por la cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso contra la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la ministra María del Rosario Lavín Valdés.

N°Protección-51307-2021.- Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Rosa Herminia Aguirre Carvajal, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse en comisión de servicio, autorizada por la Excma. Corte Suprema.