nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra deduce acción de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo, de 26 de mayo de 2026, de su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales conforme a la ley N°18.156, siendo notificada vía correo electrónico de que su solicitud sería rechazada porque la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumpliría los criterios de aceptación, en particular no cumpliría con señalar que la recurrente tiene cobertura a todo evento. Señala que dicha afirmación es errónea, pues el documento remite al artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, que cubre enfermedad, invalidez, vejez y muerte, contingencias exigidas por la ley N°18.156.

Sostiene que la exigencia de legalización resulta de imposible cumplimiento, toda vez que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, hecho de público conocimiento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor. Agrega que la constancia es verificable electrónicamente en el portal oficial del referido instituto mediante código de verificación. Argumenta que exigir formalidades adicionales no contempladas en la ley constituye una interpretación restrictiva que excede las facultades de la recurrida, vulnerando su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, invocando jurisprudencia de tribunales superiores en casos análogos.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada y se disponga un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud, dentro de un plazo razonable, ordenando la devolución de los fondos previsionales.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) notificación de rechazo de la solicitud de retiro de fondos de extranjero, de fecha 26 de mayo de 2026; b) cédula de identidad para extranjeros de la recurrente; c) Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, expedida el 15 de mayo de 2026 y vigente hasta el 31 de mayo de 2026, junto con declaración jurada validada ante notario; y d) título universitario debidamente apostillado.

A folio 8, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Señala que doña nombre reservado no registra ante ese organismo reclamo alguno vinculado a los hechos de autos. Indica que la ley N°18.156 constituye un régimen de excepción, de interpretación restrictiva, aplicable únicamente si se acredita el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1°, entre ellos que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Sostiene que la declaración jurada acompañada por la recurrente no es un documento idóneo para acreditar dicha cobertura, pues esa certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país de origen. Argumenta que el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar el requisito, toda vez que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni apostillado o legalizado conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya sobre la Apostilla. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N°17866-2025, que confirmó un criterio análogo respecto de otra afiliada venezolana. Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado por el tribunal.

A folio 9, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo de la acción.

Sostiene que la recurrente no ostenta un derecho indubitado que habilite la acción de protección, por cuanto la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros procede excepcionalmente y solo si se cumplen los requisitos de la ley N°18.156. Señala que, con fecha 21 de mayo de 2026, la recurrente inició su trámite acompañando contrato de trabajo, anexo, título profesional y certificado de cotizaciones, siendo rechazada su solicitud el 26 de mayo de 2026 por no cumplir los criterios de aceptación tanto el contrato de trabajo como el certificado de la institución de seguridad social.

Argumenta que su actuación se ajustó al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que exige la legalización de instrumentos otorgados en el extranjero, y a los oficios de la Superintendencia de Pensiones que descartan valor probatorio a certificaciones electrónicas no legalizadas ni apostilladas. Aduce que la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela no la exime de exigir dicho requisito, pues el trámite puede realizarse ante consulados de terceros países o por vía electrónica ante el Ministerio venezolano competente. Agrega que el contrato de trabajo y su anexo carecen de individualización del firmante que compareció por el empleador, lo que impide verificar la representación legal exigida por la Superintendencia. Finalmente pide el rechazo íntegro del recurso, con expresa condenación en costas.

En apoyo a sus dichos, la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. acompañó los siguientes documentos: a) contrato de trabajo con el empleador Dylan Music SpA; b) anexo del contrato de trabajo con el empleador Dylan Music SpA; c) título de Médico Farmacéutico, otorgado por la Universidad Santa María; d) apostilla del título profesional; e) Certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones; f) extracto del Oficio Reservado N°25057, de 29 de diciembre de 2023, de la Superintendencia de Pensiones; g) extracto del Oficio Ordinario N°2119, de 30 de enero de 2025, de la Superintendencia de Pensiones; y h) Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones.

A folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo, de 26 de mayo de 2026, de la solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero formulada por la recurrente ante la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por estimarlo un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando se tenga por interpuesto el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud, disponiendo la devolución de los fondos previsionales.

Tercero: Que, la recurrida informa, en síntesis, que, conforme a la Ley N°18.156, norma de excepción, la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación legalizada de la autoridad competente, no siendo idónea para ello una declaración jurada ni un certificado electrónico sin firma ni legalización. Además, esgrime que el contrato de trabajo y su anexo no señalan ni acreditan la representación de quien suscribió el contrato de trabajo, por lo que al no cumplir con la normativa vigente, estima no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Quinto: Que, de los antecedentes informados por AFP UNO y la Superintendencia de Pensiones se desprende que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue observada por no encontrarse apostillada o legalizada, por carecer de firma autorizada y por no acreditar de manera específica la cobertura exigida durante todo el período de prestación de servicios en Chile. Asimismo, se informó que la normativa previsional y las instrucciones del órgano fiscalizador exigen que los documentos extranjeros que sirven de antecedente para acceder a este beneficio excepcional cumplan las formalidades necesarias para producir efectos en Chile.

Sexto: Que, los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil regulan la forma en que deben presentarse los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile para producir efectos en el país, y la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales de interpretación y fiscalización, ha instruido que las certificaciones electrónicas no apostilladas o legalizadas no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. En consecuencia, la AFP no aparece actuando por mero capricho, sino ajustándose al criterio del órgano técnico competente.

Séptimo: Que, adicionalmente, el informe de la recurrida da cuenta de que el contrato de trabajo y su anexo acompañados por el recurrente carecen de individualización del firmante que compareció por el empleador, lo que impide verificar la representación legal exigida por la Superintendencia.

Octavo: Que, a lo anterior se suma que el recurrente cuenta con visa de permanencia definitiva, circunstancia acreditada de acuerdo a la cédula de identidad acompañada en su recurso, que da cuenta de su ánimo de permanencia en Chile.

Noveno: Que, en estas condiciones, no se advierte que la conducta de AFP UNO sea ilegal o arbitraria. Por el contrario, ambas se enmarcan en la aplicación de una normativa especial y excepcional.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-5128-2026.