nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., fundada en los artículos 20 y 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Expone que el acto ilegal y arbitrario que motiva esta acción consiste en la decisión de la recurrida notificada el 30 de julio de 2025, que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero presentada al amparo de la Ley N°18.156, sosteniendo la AFP que no se habría acreditado que el recurrente se encuentre cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que contemple prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad.

Refiere que la AFP fundamentó el rechazo señalando: "No se acompañó documentación que acredite que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. Se requiere acreditar que la cobertura de dicho sistema de seguridad social cubre ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias".

Sostiene que dicha conclusión desconoce el contenido del certificado acompañado, que remite expresamente al artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, la que contempla protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, cumpliendo así —según afirma— con lo exigido por el artículo 1° de la Ley 18.156.

Agrega que la AFP incurre en una interpretación restrictiva, exigiendo requisitos no previstos legalmente, vulnerando los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad (artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política). Señala que acompañó certificado electrónico de afiliación y que la normativa no exige apostilla ni legalización expresamente, lo que —afirma— haría imposible su cumplimiento atendido la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, constituyendo esto un supuesto de fuerza mayor.

Sostiene que presentó anexo de contrato de trabajo que acredita su voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional venezolano, y que la certificación electrónica puede ser verificada en línea mediante código de validación en el sitio web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Finalmente, expone que el actuar descrito vulnera su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, ambos consagrados en los artículos 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política, solicitando que esta Corte ordene a la AFP recurrida reconocer como válida la documentación presentada y proceder a autorizar el retiro de fondos previsionales solicitado conforme a la Ley N°18.156.

A folio 6 consta informe de la Superintendencia de AFP, quien solicita el rechazo e indica que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción, aplicable sólo en caso de cumplimiento copulativo de las exigencias del artículo 1°, y que por ser norma excepcional debe interpretarse en forma restrictiva.

Transcribe los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y cita el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, señalando que para acreditar la cobertura extranjera se requiere certificación emitida por la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada y que conste cobertura efectiva y específica en los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, esta última "comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias".

Señala que la constancia electrónica acompañada por el recurrente no acredita la cobertura exigida, que no está firmada por quien la emite, que no se encuentra apostillada o legalizada, y que no permite inferir período efectivo de cobertura, pues sólo menciona genéricamente las prestaciones del sistema venezolano.

Además, respecto del requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, informa que el recurrente acompañó un anexo de contrato suscrito con fecha 1° de julio de 2025 con la empresa Villar Hermanos S.A., el cual accede a un contrato de trabajo a plazo fijo fechado el 22 de enero de 2024, cuya vigencia —según su cláusula octava— comprendía desde la incorporación del trabajador hasta el 19 de abril de 2024. Por tanto, la manifestación de voluntad contenida en el anexo resulta extemporánea, por cuanto fue emitida fuera del período de vigencia de la relación laboral.

Cita jurisprudencia administrativa y judicial uniforme, señalando que la Excma. Corte Suprema —causas Rol 238255-2023 y 248017-2023— y esta Iltma. Corte —autos Rol N°522-2025, 4242-2025 y 4307-2025— han confirmado que no basta un documento electrónico sin apostilla, y que no existe derecho indubitado si no se acredita la cobertura en los términos exigidos por la normativa especial.

Concluye señalando que no existen antecedentes que permitan tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156 en la especie, solicitando tener por cumplido lo ordenado.

A folio 10 evacúa informe Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso, fundado —en primer término— en la improcedencia de la acción constitucional, por cuanto el conflicto presentado no se vincula con la existencia de derechos indubitados, sino con una controversia respecto de la aplicación de la Ley N°18.156, relativa al retiro de fondos previsionales de trabajadores extranjeros.

Sostiene que tal materia corresponde ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, en los términos del artículo 3° del DFL N°101 de 1980, órgano competente para conocer y resolver reclamos de afiliados contra AFP, de manera que el recurso no constituye la vía idónea, citando jurisprudencia reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago que concluye que este tipo de controversias debe canalizarse por vía administrativa.

Luego expone que la Ley N°18.156 tiene carácter excepcional, y que conforme a la jurisprudencia administrativa sistemática de la Superintendencia —sólo procede el retiro cuando el trabajador acredita los requisitos del artículo 1° de dicha norma, siendo vinculantes para las Administradoras las instrucciones del organismo fiscalizador.

Respecto del incumplimiento de la letra a) del artículo 1°, indica que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra apostillada ni legalizada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya, afectando su valor probatorio. Además, señala que dicho documento no está firmado por funcionario autorizado y no permite determinar con claridad las coberturas previsionales ni el período específico de cobertura.

En cuanto al incumplimiento de la letra b) del artículo 1°, señala que el anexo de contrato fue suscrito el 1° de julio de 2025, cuando ya no existía vínculo laboral vigente entre las partes, toda vez que el contrato de trabajo al que accede —fechado el 22 de enero de 2024— establecía que la relación laboral tendría vigencia únicamente hasta el 19 de abril de 2024. En consecuencia, la manifestación de voluntad contenida en el anexo resulta extemporánea.

Concluye que no procede acceder a la devolución de fondos previsionales, al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., notificada al recurrente el día treinta de julio de dos mil veinticinco, que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley 18.156, sosteniendo el actor haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada en autos no cumple con dichas exigencias por no estar firmada, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo.

Asimismo, señaló que respecto del requisito de la letra b) del artículo 1°, el anexo de contrato mediante el cual el recurrente expresó su voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional venezolano fue suscrito el 1° de julio de 2025, es decir, con posterioridad al término de la vigencia del contrato de trabajo —19 de abril de 2024—, resultando por tanto extemporánea dicha manifestación de voluntad.

A su vez, AFP Cuprum sostiene que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, citando oficios recientes de la Superintendencia, que han descartado expresamente tanto constancias electrónicas sin apostilla como documentos sin firma autorizada. Además, respecto de la letra b), señala que la manifestación de voluntad debe constar en el contrato de trabajo vigente o en un anexo suscrito durante la vigencia de la relación laboral.

CUARTO: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse copulativamente para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica respecto del requisito de la letra a): "El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte".

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, máxime cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya.

Asimismo, dicho documento no permite determinar con claridad las coberturas previsionales con que cuenta el recurrente, ni el período específico de cobertura, limitándose a una descripción genérica del sistema previsional venezolano, sin que conste certificación específica respecto de la cobertura efectiva en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante el tiempo en que prestó servicios en Chile.

SEXTO: Que, respecto de la manifestación de voluntad exigida por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, consta que el recurrente suscribió un anexo de contrato con fecha 1° de julio de 2025 con la empresa Villar Hermanos S.A., en el cual expresó su voluntad de mantenerse afecto al sistema previsional de su país de origen. Sin embargo, dicho anexo accede a un contrato de trabajo a plazo fijo suscrito con fecha 22 de enero de 2024, cuya vigencia —según su cláusula octava— comprendía desde la incorporación del trabajador hasta el 19 de abril de 2024.

En consecuencia, la manifestación de voluntad contenida en el anexo resulta extemporánea, por cuanto fue emitida fuera del período de vigencia de la relación laboral respecto de la cual se pretende obtener la devolución de fondos previsionales. La jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones ha sido clara en exigir que dicha manifestación de voluntad debe expresarse durante la vigencia de la relación laboral, ya sea en el contrato de trabajo o en un anexo suscrito mientras subsiste el vínculo laboral.

SÉPTIMO: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio conforme al literal i) del artículo 3° del DFL N°101 de 1980, al N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, y al N°3 del artículo 94 del DL N°3.500.

OCTAVO: Que, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha sido uniforme en exigir el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales. En tal sentido, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha resuelto en casos análogos que no basta la presentación de constancias electrónicas sin apostilla ni legalización, debiendo acreditarse la cobertura previsional mediante certificación emanada de la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada (Roles N°522-2025, N°4242-2025 y N°4307-2025). Asimismo, la Excma. Corte Suprema ha ratificado este criterio en causas Roles N°238255-2023 y N°248017-2023.

NOVENO: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

DÉCIMO: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure la vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, N°Protección-5119-2025.