nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece la abogada doña Carla Nicole Cañon Rubio, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en negarse a cursar la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero, comunicada mediante correo electrónico de 7 de enero de 2026.

Expone que el recurrente cuenta con título profesional de Instrumentación, debidamente apostillado, y que se desempeñó laboralmente en la empresa Transelec, consignándose en el anexo de contrato respectivo su voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero, con los efectos allí indicados.

Añade que, para acreditar afiliación y cotizaciones en su país de origen, acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), dando cuenta de 1.327 semanas cotizadas y primera afiliación al 2 de mayo de 1997. Asimismo, acompañó certificado de afiliación al seguro social venezolano.

Estima que el acto impugnado vulnera las garantías consagradas en los artículos 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita que se ordene a AFP ProVida reconocer la documentación suministrada, procediendo a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

A folio 6, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Como primera cuestión, hace presente que el señor nombre reservado no registra presentaciones ante ese organismo relativas a solicitudes de devolución de fondos al amparo de la Ley N° 18.156.

En cuanto al fondo, explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos contempladas en la Ley N° 18.156 constituyen un régimen excepcional, aplicable solo si se acreditan copulativamente los requisitos del artículo 1°: (a) afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones al menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (b) manifestación en el contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación. Agrega que el artículo 7° condiciona la devolución al cumplimiento de los mismos requisitos.

Concluye que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS acompañada por el recurrente no es útil para acreditar el requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por cuanto no da cuenta de cobertura efectiva y a todo evento durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, y además no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a la normativa aplicable.

A folio 10, informa la recurrida AFP ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Señala que rechazó la solicitud del recurrente por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS acompañada carece de firma autorizada, no se encuentra apostillada ni legalizada, y no acredita cobertura efectiva durante el período de prestación de servicios en Chile, todo ello en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

A folio 11, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor mediante comunicación de 7 de enero de 2026.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros, personal técnico, existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la normativa sectorial establece que se entenderá por técnico, para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que, pudiendo acogerse a este sistema excepcional, igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que, el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión sería la de técnico en Instrumentación, quien se desempeñó laboralmente en la empresa Transelec en Chile.

2° Dicho trabajador extranjero suscribió un anexo de contrato de trabajo en que manifestó su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero —el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)— durante el tiempo en que prestara servicios en Chile.

3° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales ante AFP ProVida, acompañando, entre otros documentos, una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS, que da cuenta de 1.327 semanas cotizadas y una primera afiliación el 2 de mayo de 1997, con referencia genérica a las contingencias cubiertas por la Ley del Seguro Social venezolana.

4° Con fecha 7 de enero de 2026, AFP ProVida rechazó la solicitud, señalando que el documento acompañado debía estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y que la constancia electrónica de cotizaciones no reemplaza el certificado de afiliación.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva, ya que establece un derecho, la devolución de fondos previsionales, del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero, razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el sistema previsional extranjero, y además la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo con lo relacionado y con los documentos que obran en la carpeta electrónica, consta que la recurrida reprocha que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma de la autoridad competente y no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, cuestionando así su autenticidad y valor probatorio en Chile.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no reviste la utilidad suficiente para los efectos requeridos, en tanto dicho documento solo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado activo, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera por medio de una referencia genérica al artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, lo que tampoco permite establecer que el trabajador contó efectivamente, a todo evento, con protección por todos los riesgos exigidos durante todo el período en que prestó servicios en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido en la especie.

A lo anterior se suma que el mencionado documento no ha sido apostillado ni legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, requisito exigido por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y por el Convenio de La Haya sobre Apostilla, al que tanto Chile como Venezuela se encuentran adheridos. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

En consecuencia, la conducta de AFP ProVida, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero, no puede estimarse ilegal ni arbitraria, toda vez que se ajusta a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus atribuciones legales, las que resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada. En efecto, los fondos previsionales del recurrente permanecen íntegramente en su cuenta individual, sin que hayan sido desconocidos ni apropiados por la Administradora, pudiendo el afiliado ejercer los derechos previsionales que le otorga el D.L. N° 3.500 en las condiciones generales del sistema, y pudiendo, de subsanar las observaciones formuladas, volver a presentar su solicitud conforme a la normativa vigente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-509-2026.

En Valparaíso, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.