nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Carla Nicole Cañón Rubio, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnico extranjero, notificado el 12 de enero de 2026, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente se encuentra afiliado a la recurrida y ha solicitado la devolución de sus fondos acumulados al amparo de la Ley N°18.156. Indica que, para tales efectos, acompañó su título profesional de Licenciado en Contaduría Pública debidamente apostillado, contratos de trabajo con empresas como Deloitte y Caja de Compensación Los Andes que incluyen las cláusulas de exención previsional, y la constancia de afiliación al seguro social de su país de origen.

Sostiene que la recurrida ha rechazado su petición de forma caprichosa y mediante respuestas genéricas, alegando falta de documentos o errores formales sin detallar las deficiencias específicas. Aduce que esta conducta constituye una retención injustificada de sus ahorros, lo que configura una privación de su derecho de propiedad y un trato discriminatorio en relación con otros solicitantes en igual situación.

Concluye solicitando que se ordene reconocer la documentación suministrada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

A folio 8, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Señala que no registra reclamos administrativos previos por parte del actor.

Indica que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo requisitos copulativos para la devolución de fondos. Sostiene que la documentación acompañada por el recurrente es insuficiente, toda vez que el certificado del seguro social extranjero no se encuentra apostillado ni legalizado conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Agrega que las declaraciones juradas no son el medio idóneo para acreditar la cobertura previsional, la cual debe ser certificada por la autoridad competente del país de origen. Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado.

A folio 9, evacúa informe Víctor Manuel Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. Argumenta que su actuación no es ilegal ni arbitraria, pues se ajusta estrictamente a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones.

Indica que la solicitud fue rechazada por presentar deficiencias sustanciales, especialmente porque la constancia del IVSS carece de firma autorizada, legalización y apostilla, requisitos indispensables para que documentos extranjeros surtan efectos en Chile. Alega que el rechazo es un acto de trámite subsanable y que no existe vulneración al derecho de propiedad, ya que el recurrente conserva la titularidad de sus fondos para fines de pensión.

Finalmente pide que se rechace la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros solicitando que se ordene realizar un nuevo pronunciamiento reconociendo la validez de la documentación presentada.

Tercero: Que, la recurrida AFP Planvital y la Superintendencia de Pensiones sostienen que el acto no es arbitrario, pues el recurrente no acreditó los requisitos de la Ley N°18.156. Argumentan que la documentación es insuficiente al carecer el certificado de afiliación extranjera de apostilla o legalización, exigencia legal e instruida por el ente regulador.

Afirman que la exención es restrictiva y que los documentos electrónicos o declaraciones juradas no suplen las formalidades probatorias. Concluyen que no hay vulneración de derechos, ya que los fondos permanecen en la cuenta individual del afiliado para su protección previsional futura, siendo el rechazo un acto trámite subsanable si se cumple la normativa vigente.

Cuarto: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.

Quinto: Que, en este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Sexto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones. En efecto, la Ley N°18.156 permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Séptimo: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, ya citado.

Octavo: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

a) Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de Licenciado en Contaduría Pública, y que cuenta con residencia definitiva en el país b) Dicha persona celebró contratos de trabajo con empresas como Deloitte Advisory SpA, Caja de Compensación Los Andes y Abastecedora del Comercio SpA, desempeñándose en funciones profesionales.

c) En los referidos instrumentos y sus anexos, el recurrente dejó constancia de encontrarse afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile, manifestando su voluntad de mantener dicha afiliación al amparo de la Ley N°18.156.

d) El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en la falta de una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señalando que el documento acompañado corresponde a una constancia de cotizaciones y no al certificado exigido.

Noveno: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1 de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Décimo: Que, de acuerdo con lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerado como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegura del recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Undécimo: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-508-2026.