nombre reservado con COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS LOS MAITENES

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, once de junio de dos mil veinte.

Visto:

En folio 1, nombre reservado, abogado y contador, por sí, deduce recurso de protección en contra de la Cooperativa de Servicios Sanitarios “Los Maitenes”, entidad que habría vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, en síntesis, que la Cooperativa habría cometido una acción ilegal y arbitraria, consistente en el alzamiento unilateral del valor de la instalación de un empalme de agua potable para la parcela 7-C colindante con la 7-A en la que reside el recurrente. Señala que solicitó un presupuesto para la extensión de una matriz de agua potable, el que asciende a la suma de $10.409.100, la que estima desproporcionada atendido el presupuesto que han recibido otros parceleros del sector, que bordean los $500.000 y que es mayor al valor que cobra ESVAL por el mismo servicio. Dice que las parcelas se encuentran en una zona que corresponde al área de servicios de agua potable entregada por el M.O.P a la Cooperativa Los Maitenes, detallando que se ubica en el camino que une Limache con Olmué. Al respecto, precisa que Esval presta el servicio de agua potable en los primeros mil metros, cobrando por la instalación del servicio aproximadamente $350.000. Señala que no es procedente que se le cobre el valor ya indicado y que ello obedecería a un acto de hostigamiento por haber denunciado en el año 2011 la existencia de irregularidades en la contabilidad de la Cooperativa mientras se desempeñaba como consejero de la misma. Agrega que solicitó en cuatro oportunidades un detalle de factibilidad, cobrándole $5.000 en cada una de ellas, sin emitir la boleta por el servicio. Argumenta que se ha vulnerado su derecho de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide que se deje sin efectos el presupuesto que le fue entregado por la Cooperativa y se ordene instalar el empalme de agua potable en el predio solicitado al precio normal y general sin el cobro denominado “Extensión de Matriz” y sin el cobro del “segundo empalme” y, si lo estiman pertinente informar al Servicio de Impuestos Internos para que tome conocimiento de las posibles evasiones de impuesto al valor agregado. Acompaña a su recurso: 1.- Presupuesto N°50/2019 emitido por la Cooperativa de Servicios Sanitarios Los Maitenes. 2.- Copia de informativo emitido por la Cooperativa de Servicios Sanitarios Los Maitenes que detalla los precios de cargos fijos y precios por tramos de los metros cúbicos de agua. 3.- Cuadro Comparativo que detalla los precios de cargo fijo y metros cúbicos de otras Empresas de agua en el País.

En folio 12 se informa en representación de la Cooperativa De Servicios Sanitarios Los Maitenes, informando que en el año 2008 el recurrente solicitó factibilidad de agua potable para el inmueble ubicado en domicilio reservado, contratando un arranque de agua potable de ¾ de pulgada para dicha inmueble que fue instalado con fecha 10 de diciembre de 2009, por la suma de $470.837, quedando a nombre del actor. Puntualiza el dominio que detenta el actor sobre dichos predios y explica de forma pormenorizada las gestiones sostenidas entre el recurrente y la Cooperativa para la instalación de la conexión de matriz de agua potable, la que concluyó con la emisión del presupuesto objeto de la acción.

Hace presente que la Cooperativa recurrida es un ente sin fines de lucro, y sus ingresos van en beneficio de todos los usuarios, por lo que no corresponde que financien una obra que va en beneficio de solo una persona, con fines comerciales, atendido que la propiedad se encuentra a la venta, por lo que dicha instalación hará subir su valor.

Explica la forma en que se desglosa el presupuesto, detallando que la propiedad respecto de la cual se requiere, no se encuentra frente a la red de distribución, siendo necesario realizar la extensión cuyo costo debe ser asumido por el interesado. Alega la falta de legitimidad del recurrente, puesto que es propietario de la parcela 7-A, en tanto que los hechos ocurrirían sobre el espacio de la Parcela 7-C y la improcedencia del recurso de protección, puesto que versa sobre materias técnicas sanitarias, lo que pugna con su naturaleza cautelar, existiendo otras entidades administrativas con competencia técnica sobre la materia, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En otro aspecto, alega que no existe algún hecho urgente que haga necesaria la tramitación de esta acción y que tampoco existe algún acto ilegal, pues ha ajustado su actuación a la normativa vigente, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, solicitando, en definitiva, rechazar el recurso de protección deducido, con costas. Acompaña a su informe los antecedentes que se detallan en su recurso, relacionados con las peticiones del actor y el presupuesto confeccionado para la conexión a la red de agua potable.

En folio 24 se informa en representación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que la Cooperativa de Servicios Sanitarios Los Maitenes, Limache, es un operador de servicio de carácter particular, que no se encuentra afecto al régimen de concesiones públicas sanitarias que fiscaliza y regula esta Superintendencia, por lo que carecen de regulación de orden público.

En folio 38, se informa por la Dirección de Obras Hidráulicas que la Cooperativa recurrida es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, adscrita al programa de “APR” del Ministerio de Obras Públicas. Se rige por la Ley de Cooperativas y su Estatuto, y es autónoma en sus decisiones organizacionales y operacionales. Añade que no es obligación de la entidad recurrida ejecutar y/o financiar una extensión de la red de agua potable desde la línea de cierro donde se inicia el terreno hasta la vivienda para la cual se solicita el servicio de agua potable. Indica que si bien las instalaciones para arranques domiciliarios de agua potable rural no cuentan con una normativa específica, se debe aplicar lo dispuesto en la Ley General de Servicios Sanitarios y en su Reglamento, en los cuales se definen diversos concepto, tales como “Instalación Domiciliaria, arranque de agua potable” de los cuales se colige que todo propietario, frente a una red pública de agua potable deberá instalar a su costa, tanto las instalaciones domiciliarias de agua, como el arranque de agua potable y la unión domiciliaria, lo que es informado en su página web.

En folio 41, se informa por ESVAL que la obligación de asumir el costo de una extensión de matriz, no es una materia que se encuentre específicamente regulada en el ordenamiento jurídico sectorial, de ahí que el recurrir al ejercicio de una acción de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia, ya que es una situación compleja y que requiere de una producción probatoria propia de un juicio de lato conocimiento. De acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente, se colige que se trata de una extensión de la red de agua potable - desde la línea de cierre desde la cual se extiende la superficie del terreno de la recurrente y hasta la vivienda respecto de la cual se solicita el servicio de abastecimiento de agua -, cuya construcción y/o financiamiento debe ser solventado por el interesado. Acompaña un informe efectuado por el Inspector Técnico de Obras de Esval, que da cuenta de una inspección visual efectuada el día 04 de marzo de 2020, concluyendo que los materiales, obras y tiempo que contempla el presupuesto está dentro de los rangos de mercado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, en síntesis, el actor estima ilegal la conducta de la Cooperativa recurrida puesto que el cobro por concepto de “extensión de matriz”, en su opinión, constituye una exacción ilegal de dinero añadiendo que aquella debe asumir el costo de las obras, al haberse adjudicado el suministro de agua potable.

Tercero: Que, a su turno, la recurrida expresa que, el costo contenido en el presupuesto por $9.277.700 comprende una extensión de 140 metros cuadrados de red de distribución con una cámara de registro o inspección de hormigón, resistente al paso de vehículos pesados.

Asevera que por ello se cobra el valor informado al actor y que no tiene relación con el cobro de los arranques de agua o de los empalmes a la red de agua potable solicitados en los años 2008 y 2009, los que se instalaron desde la red existente que pasa frente a las propiedades. No obstante, la propiedad respecto de la cual se requiere, no se encuentra frente a la red de distribución, siendo necesario realizar la extensión, debiendo el interesado asumir su costo.

Añade que, además, el recurrente carece de legitimidad para accionar, puesto que éste sería propietario de la parcela 7-A, en tanto que los hechos ocurrirían sobre el espacio de la Parcela 7-C.

Cuarto: Que, como puede advertirse, lo anteriormente reseñado integra una materia y plantea peticiones que por su naturaleza exceden los márgenes de la presente acción cautelar. En efecto, la controversia respecto de la obligación de pago por la extensión en comento, que la recurrente estima debía ser de cargo de la recurrida, lo que ésta última niega puesto que correspondería a un gasto que debe realizar el actor, criterio éste último que confirma la empresa ESVAL, informando en este recurso, sin duda excede los márgenes de este recurso, pues se trata de conflictos que requieren de un juicio declarativo para su resolución.

Quinto: Que por consiguiente, versando la presente acción cautelar sobre materias que escapan de los límites de la misma en tanto no constituye una instancia jurisdiccional declarativa de derechos, la acción constitucional intentada no podrá prosperar, sin perjuicio de las otras acciones que puedan asistir a la recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Cooperativa de Servicios Sanitarios “Los Maitenes”.

Comuníquese, regístrese y archívese.

N°Protección-507-2020.