nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, once de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, comparece don nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República, con ocasión de la negativa de dicha institución a otorgarle un convenio de pago respecto de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado, por registrar ingresos mensuales superiores a $5.000.000.

Expone, en síntesis, que el 23 de junio de 2026 solicitó a la Tesorería General de la República, vía trámites en línea, la posibilidad de suscribir un convenio de pago regular por deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado, de las cuales el Fisco de Chile habría pasado a ser acreedor, manifestando su intención de pagar mediante un pie inicial y el saldo en el máximo de cuotas legales posibles.

Señala que la recurrida negó la posibilidad de generar dicho convenio de pago, fundándose únicamente en que percibe un ingreso nominal superior a $5.000.000 mensuales brutos, sin ponderar su carga financiera real, sus deudas comerciales, compromisos familiares, pensión de alimentos y otros antecedentes que, a su juicio, inciden directamente en su capacidad de pago.

Agrega que dicha negativa lo sitúa en imposibilidad material de pagar la totalidad de la deuda en un solo acto, permitiendo la continuidad de acciones de cobro ejecutivo, embargos y retenciones, con afectación de su subsistencia económica y estabilidad familiar.

Estima que la actuación de la Tesorería General de la República es ilegal y arbitraria, por cuanto transforma una facultad destinada a facilitar el pago en una barrera infranqueable fundada exclusivamente en el ingreso bruto, sin considerar la realidad económica del deudor.

Afirma que se vulneran las garantías previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto la negativa de otorgar facilidades de pago y se ordene a la recurrida evaluar y otorgar un convenio ajustado a su realidad económica, permitiendo el pago de un pie inicial y el saldo en el máximo de cuotas posibles.

A folio 12, informa la Tesorería General de la República, solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas. Expone que el acto que el recurrente identifica como ilegal y arbitrario corresponde a la imposibilidad de generar, el 23 de junio de 2026, un convenio de pago respecto de su deuda CAE, debido a que el sistema registró ingresos mensuales iguales o superiores a $5.000.000.

Señala que la Ley N°20.027 estableció un sistema de financiamiento de estudios de educación superior con garantía estatal y que, una vez hecha efectiva la garantía, adquirido el crédito por el Fisco o incorporada la acreencia al ámbito fiscal, la deuda es informada a Tesorería y registrada mediante Formulario 34 para su recaudación.

Agrega que el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 entrega a Tesorería la cobranza judicial o administrativa de los créditos del Sector Público y ordena aplicar, cualquiera sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de impuestos morosos. Añade que el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 confirma que Tesorería puede ejercer, en representación del Fisco, las acciones de cobranza judicial y extrajudicial respecto de los créditos de titularidad fiscal y de aquellos en que se haya hecho efectiva la garantía, total o parcialmente.

En cuanto a los antecedentes concretos, informa que el certificado de deuda emitido el 28 de julio de 2026 registra un total moroso de $12.485.222, de los cuales $6.384.477 corresponden al Crédito con Aval del Estado, registrado mediante Formulario 34, folio N°550769, con vencimiento al 3 de septiembre de 2024. Añade que el certificado contiene, además, dos obligaciones de Formulario 21, por un total de $6.100.745.

Expone que la deuda CAE fue incluida en la nómina del Expediente Administrativo N°10907-2026 de Valparaíso; que el 8 de abril de 2026 se despachó mandamiento de ejecución y embargo por $6.230.728; y que el 9 de abril de 2026 se remitió al correo electrónico del recurrente copia íntegra de la nómina y del mandamiento, informándose expresamente el plazo de diez días hábiles para oponer excepciones, sin que conste que el ejecutado haya deducido oposición dentro de dicho plazo.

Indica que el 17 de abril de 2026 se efectuó una primera indagación bancaria sin resultados y que, posteriormente, el 12 de mayo de 2026, se trabó embargo sobre fondos mantenidos en Banco Scotiabank, reteniéndose la suma de $337.573, actuación que fue comunicada por carta certificada. Agrega que, mediante resolución de 28 de mayo de 2026, el Juez Sustanciador ordenó ingresar e imputar esos fondos a la deuda.

Sostiene que el recurso es extemporáneo respecto de la nómina, el mandamiento y las medidas de cobro anteriores, pues el recurrente recibió copia íntegra de la nómina y del mandamiento el 9 de abril de 2026, y el embargo bancario fue practicado el 12 de mayo de 2026, mientras que el recurso se interpuso recién el 23 de junio de 2026.

Añade que la acción de protección no es la vía idónea para obligar a Tesorería a celebrar un convenio ni para fijar sus condiciones, pues el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 establece que Tesorería estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago, sin reconocer un derecho absoluto, automático e incondicionado a convenir.

Explica que la Circular N°133, de 18 de junio de 2026, reguló las condiciones de recaudación y convenios de deudas CAE, estableciendo entre sus causales generales de exclusión que las personas con rentas mensuales iguales o superiores a $5.000.000 no pueden suscribir el convenio tradicional CAE, causal denominada Exclusión 11.

Señala que dicha regla es general, abstracta y verificable, aplicable a todas las personas que se encuentran en la misma situación de renta, y que las cargas privadas, deudas comerciales o pensiones de alimentos invocadas por el recurrente no modifican por sí solas el dato objetivo de renta utilizado por el convenio tradicional ni generan un derecho constitucional a que Tesorería omita la regla general.

Agrega que el convenio social CAE tampoco opera automáticamente, porque la Circular N°133 contempla esa modalidad para contribuyentes que mantengan únicamente deudas de Formulario 34 y acrediten una situación socioeconómica compleja o circunstancias calificadas, mientras que el certificado del recurrente registra, además, dos deudas de Formulario 21.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración de la igualdad ante la ley ni del derecho de propiedad, pues la exclusión se apoya en una regla general de ingresos, sin que exista trato diferenciado arbitrario, y la imposibilidad de acceder a una modalidad específica de pago en cuotas no constituye por sí sola una privación del dominio. Acompaña, entre otros documentos, expediente administrativo de cobro N°10907-2026 de Valparaíso, certificado de deuda, Circular N°133, dictámenes de Contraloría y sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°21.416-2026.

A folio 13, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a amparar derechos constitucionales preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente impugna la negativa de la Tesorería General de la República a otorgarle un convenio de pago por deuda asociada al Crédito con Aval del Estado, fundada en registrar ingresos mensuales superiores a $5.000.000, solicitando que se deje sin efecto dicha negativa y se ordene a la recurrida evaluar y otorgar un convenio ajustado a su realidad económica.

Asimismo, el recurrente vincula dicha negativa con la continuidad de actuaciones de cobranza, embargos y retenciones, sosteniendo que ello afectaría su patrimonio y le impediría regularizar la deuda en los términos que propone.

Tercero: Que, la Tesorería General de la República informó al recurrente que no era posible acceder a un convenio de pago por deuda CAE, por mantener una exclusión tipo 11, esto es, ingresos superiores a $5.000.000 mensuales brutos, de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos.

Cuarto: Que, respecto de dicha actuación, cabe tener presente que la Circular N°133 de 18 de junio de 2026, que regula la recaudación de las deudas por Crédito de Educación Superior con Aval del Estado y las condiciones para la celebración de convenios de pago, establece dentro de sus causales de exclusión que las y los deudores que presenten rentas iguales o superiores a $5.000.000 mensuales no podrán suscribir convenio, causal denominada Exclusión 11.

Quinto: Que, por consiguiente, la negativa impugnada no aparece como una decisión singular, caprichosa o dirigida especialmente contra el recurrente, sino como la aplicación de una regla general, abstracta y previamente establecida por la autoridad administrativa competente, fundada en un criterio objetivo de ingresos.

Sexto: Que, en este orden de ideas, las cargas económicas personales invocadas por el actor, tales como deudas comerciales, compromisos familiares, pensión de alimentos u otras obligaciones, si bien pueden resultar relevantes desde una perspectiva económica o social, no bastan para transformar en ilegal o arbitraria la aplicación de una regla general de exclusión del convenio tradicional CAE, ni generan por sí mismas un derecho constitucional a obtener una facilidad de pago en los términos pretendidos.

Séptimo: Que, por consiguiente, no se advierte la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la Tesorería General de la República que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; Ley N°20.027; Decreto Ley N°1.263; Código Tributario; y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5057-2026.