nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ha deducido recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la respuesta de 25 de julio de 2025, que rechazó la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros presentada conforme a la Ley N°18.156.

En cuanto a los fundamentos del recurso, el recurrente señala que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, específicamente: encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. En efecto, expone que acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones expedida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 01 de julio de 2025, la cual puede ser verificada mediante el código alfanumérico ac4e52307-2025609 en el portal web oficial de dicha institución. Asimismo, presentó un certificado de afiliación debidamente notariado y apostillado.

No obstante, lo anterior, afirma, que la recurrida rechazó la solicitud argumentando que el documento no se encuentra apostillado y que no acredita cobertura durante toda la estadía en Chile. El recurrente sostiene que dichas exigencias constituyen requisitos adicionales no contemplados en la normativa especial, configurando un actuar arbitrario e ilegal. Destaca, además, que es de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a representación consular, dada la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia que ha sido reconocida por la jurisprudencia nacional como caso fortuito o fuerza mayor.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente adjuntó los siguientes documentos: 1) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Constancia de afiliación previsional del país de origen; 4) Declaración jurada; 5) Contrato laboral y respectivos anexos; 6) Título universitario apostillado; y 7) Certificado de afiliación AFP dando cuenta del domicilio actual del recurrente.

A folio 5, evacua informe la Superintendencia de Pensiones, refiere que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siendo rechazado el 25 de julio de 2025 por no acompañar documentación que acredite cobertura previsional durante toda su estadía en Chile. El recurrente presentó constancia electrónica de cotizaciones del IVSS fechada el 1 de julio de 2025, verificable mediante código alfanumérico, y declaración jurada notarial manifestando estar afiliado al sistema venezolano.

Sostiene que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional que debe interpretarse restrictivamente. El artículo 1° exige copulativamente: a) afiliación a régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) manifestación de voluntad en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación.

El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de cobertura debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, consignando específicamente que el trabajador contó con protección por todos los riesgos durante todo el tiempo de servicios en Chile.

La Superintendencia concluye que los certificados electrónicos de fechas 1 de julio y 16 de agosto de 2025 no resultan idóneos porque: 1) carecen de firma autorizada; 2) no están apostillados ni legalizados conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil; 3) no señalan coberturas específicas ni períodos determinados, limitándose a mencionar genéricamente las prestaciones del sistema venezolano. Asimismo, la declaración jurada notarial tampoco es idónea, debiendo emanar de la autoridad previsional competente.

La Superintendencia cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (roles N°522-2025, 4242-2025, 4307-2025 y 1431-2025) que ha rechazado recursos similares aplicando el mismo criterio interpretativo, confirmado por la Corte Suprema en autos Rol N°17866-2025.

A folio 10, evacua informe AFP Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección. Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea, pues no existe arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino aplicación de normativa especializada. El recurrente debió agotar instancias administrativas ante la AFP o la Superintendencia de Pensiones, conforme al artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980.

La Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional de interpretación restrictiva. La Superintendencia de Pensiones tiene facultad exclusiva para interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones (artículo 47 N°8 Ley N°20.255), emitiendo disposiciones vinculantes para todas las AFP.

Respecto a los fundamentos para el rechazo, alega el incumplimiento artículo 1° letra a), atendido a que Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS de 1 de julio de 2025 no indica que en caso de enfermedad el recurrente cuente con cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias. La Superintendencia exige que la certificación señale expresamente que el trabajador contó con cobertura integral durante toda su permanencia en Chile (Oficios Ordinarios N°23.241/2016 y N°9.663/2017). También la falta de legalización, dicha constancia carece de apostilla o legalización, requisito esencial conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. La Superintendencia ha instruido mediante Oficios N°32.365/2016, N°24.089/2019 y N°25.057/2023 que toda documentación debe presentarse debidamente apostillada o legalizada.

Se ordenaron traer autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, atendido a que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de 1 de julio de 2025, no indica que en caso de enfermedad el recurrente cuenta con cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias y la Superintendencia exige que la certificación señale expresamente que el trabajador contó con cobertura integral durante toda su permanencia en Chile y también la falta de legalización, ya que dicha constancia carece de apostilla o legalización.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la declaración jurada notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-5048-2025.

En Valparaíso, doce de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.