nombre reservado con nombre reservado Y SERVICIO DE SALUD VALPARAISO-SAN nombre reservado

Foja: 222 Doscientos veintidós.

Cgv.

C.A. Valparaíso.

Valparaíso, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 85, comparecen don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, domiciliados domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, dependiente, de su mismo domicilio, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Salud nombre reservado, de don nombre reservado, médico cirujano, y de doña Leticia Zamorano Rojas, ingeniero comercial, todos domiciliados en domicilio reservado, solicitando se deje sin efecto la resolución N°3367, de 10 de julio de 2017, que desestimó un recurso administrativo de reconsideración que se interpuso en contra de la resolución N°2492, de 19 de mayo de 2017, que impuso al recurrente la medida disciplinaria de destitución, previa instrucción de un sumario administrativo en su contra.

En síntesis, explican que don nombre reservado, comenzó a desempeñar funciones para el Servicio de Salud nombre reservado el año 2010, como director del Hospital Psiquiátrico del Salvador, en la comuna de Valparaíso. En marzo de 2014 fue denunciado por don nombre reservado, por supuestos hechos que lo habrían afectado personalmente, consistentes en la solicitud de dinero a fin de ser contratado en dicha institución. Según lo señalado en la denuncia realizada al Director del Servicio de Salud nombre reservado, su representado, en conjunto con don nombre reservado, jefe de Recursos Humanos del Hospital, lo habrían presionado para entregarles dinero a modo de retribución por el hecho de haber sido contratado en la institución, hechos que fueron descartados por el Sumario Administrativo Nº 3 del 2014 que se instruyó al efecto. Sin embargo, señalan, en la denuncia se indica que don nombre reservado, como Director del Hospital, habría hablado privadamente con el denunciante, indicándole que si no pagaba no podría continuar trabajando allí.

Señalan que la denuncia en cuestión tuvo como fundamento una grabación realizada por el propio denunciante a su representado, en su despacho privado, pero sin su conocimiento, en base a la cual se ordenó abrir un sumario administrativo en contra del recurrente el 24 de marzo de 2014, a través de la Resolución Exenta N°1381/2014. Agregan que en la declaración del denunciante, éste reconoce que la grabación fue realizada sin el conocimiento ni autorización del denunciado, indicando que “nunca les conté que las estaba realizando”.

El 13 de abril de 2015, indican, se presentó la formulación de cargos en contra de don nombre reservado por “amenazar, en calidad de Director del Hospital del Salvador a funcionario D. nombre reservado, hecho ocurrido en oficinas del Hospital del Salvador el día 07 de noviembre de 2013”. La fiscal a cargo del sumario, actual recurrida, doña Leticia Zamorano Rojas, utilizó como base la grabación obtenida por el denunciante para formular los cargos, citando de manera textual los dichos contenidos en ella, haciendo escuchar a los deponentes las grabaciones con el fin de preguntarles si reconocían a quienes hablaban en ellas. Las grabaciones fueron incluso transcritas y su contenido certificado ante notario, siendo incluidas en el expediente del sumario, concluyendo que “la conducta descrita es una vulneración al principio de Probidad Administrativa e incumplimiento de Obligaciones Funcionarias”.

Agregan que tras la contestación de cargos, la fiscalía emitió un informe final, con fecha 30 de octubre de 2015, en el que se utilizaron las grabaciones como antecedente principal, proponiéndose la aplicación de la medida disciplinaria de Censura en contra de don nombre reservado. Posteriormente, el 12 de enero de 2016, el asesor jurídico del Servicio de Salud nombre reservado, don nombre reservado, emitió un informe acerca del caso, señalando que “el sumario en cuestión fue instruido en lo sustancial de forma regular, respetándose en todo momento el debido proceso y el derecho a la debida defensa de los inculpados”, agregando que la vulneración grave del principio de probidad administrativa sólo admite como sanción la destitución del involucrado, por lo que si se decide imponer una sanción menor, tal decisión deberá estar fundada. Y respecto de la ilicitud de la prueba considerada en el sumario, el informe señala que “en materia administrativa no existe norma expresa que limite las pruebas que se pueden hacer valer en un procedimiento disciplinario. Lo que se señala al respecto en los descargos de los inculpados, relativo a la prueba ilícita, se encuentra establecido en materia procedimental penal, no administrativa”, ignorando completamente el contenido sancionatorio del proceso administrativo, a cuyo respecto corresponde aplicar el debido proceso, y, peor aún, el respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas.

Señalan que el 27 de enero de 2016, el abogado del Subdepartamento de Recursos Humanos del Servicio de Salud, don Hugo Marzi Rivera, emitió un informe solicitando la reapertura de del sumario, desestimando además la ilicitud de la prueba en la que se basó todo el procedimiento en contra de su representado. Según el abogado, las disposiciones que prohíben la utilización de pruebas obtenidas con inobservancia de las garantías fundamentales “tienen por finalidad garantizar derechos fundamentales de intrusiones cometidas por autoridades, tales como, el fiscal o el actuario de la causa, no de las provenientes de las relaciones interpersonales, socialmente horizontales, como las que denotan las existentes, entre el denunciante que las obtuvo y los denunciados”. Así, el 29 de abril de 2016 se ordenó la reapertura del sumario administrativo y el 6 de septiembre de dicho año, se realizó una segunda formulación de cargos en contra de don nombre reservado, por “proferir amenazas, insultos e improperios a don nombre reservado, acciones que se desarrollaron en su oficina, el día 7 de noviembre de 2013, mientras ejercía el cargo de Director del Hospital Del Salvador”. Tras una segunda contestación de cargos emitida por el denunciado, en la que se hacía hincapié nuevamente en la prueba ilícita que sirvió de fundamento para todo el sumario, el 27 de abril de 2017 la fiscalía emitió su segundo informe final, en el cual propuso la sanción de destitución. En aquel informe la fiscal considera válida la grabación obtenida por el denunciado ya que “fue efectuada en oficina pública del Hospital del Salvador, audio en el que incluso se aprecia que otras personas entran y salen del espacio”. Finalmente, mediante la Resolución Exenta N°2492, de 19 de mayo de 2017, el director del Servicio de Salud nombre reservado ordenó la aplicación de la medida disciplinaria de destitución en contra de don nombre reservado, considerando válida la grabación en la cual se basa la sanción, ocupando el argumento de la fiscalía en virtud del cual, si bien la conversación fue registrada en la oficina del denunciado, ésta es considerada como “pública” ya que “se aprecia que otras personas entran y salen del espacio”.

Arguyen que tanto la resolución que desestimó el recurso de reposición como la que impuso la sanción de destitución son ilegales, porque para dar por acreditados los hechos por los cuales el recurrente fue sancionado, se fundaron en prueba obtenida con infracción de garantías fundamentales, prueba que sería ilegal ya que, al no contar con el consentimiento de su representado, su obtención sería constitutiva del delito tipificado en el artículo 161 letra a) del Código Penal, por lo que no podía ser valorada ni usada en su contra para dar por acreditados los hechos por los cuales fue denunciado. Sin perjuicio de lo anterior, consideran que las mismas resoluciones son también arbitrarias, toda vez que la ilegalidad de la prueba fue alegada tanto al evacuar el traslado de los cargos que le fueron formulados como al reponer de la resolución que le aplicó la sanción de destitución, alegaciones de las cuales los recurridos no se hicieron cargo, por lo que serían arbitrarias por falta de fundamentación.

Aducen falta de imparcialidad de don nombre reservado, ex fiscal del sumario administrativo Nº 3/2014 y quien practicó diligencias en éste, siendo la más importante de ellas la incorporación de la transcripción de los audios grabados de manera ilícita y constitutiva de delito en contra del recurrente. Sin perjuicio de ello, señala, es justamente el ex fiscal del sumario quien en definitiva aplica la sanción de destitución en contra del recurrente, pero esta vez como director del Servicio de Salud. Plantean que tal falta de imparcialidad en el presente caso tiene particular relevancia si se toma en consideración que el Director del Servicio de Salud presionó a la actual fiscal del sumario –quien había propuesto una sanción de mucho menor intensidad como es la censura– enviando el sumario administrativo completo y las grabaciones ilegalmente obtenidas a dos abogados del Servicio, solicitando se informe al respecto. Posteriormente, mediante resolución exenta Nº 1726 de 2016, ordena reabrir el sumario de acuerdo a los informes evacuados por dichos abogados.

Denuncian falta de legalidad del proceso sancionatorio, primero en cuanto a forma, ya que se excedieron los plazos contemplados en la ley para su desarrollo, concediéndose prórrogas no permitidas en la ley y, luego, en relación al fondo, existe en la resolución sancionatoria y en los informes que la motivan gravísimas faltas, que dan cuenta de un paupérrimo conocimiento de la normativa administrativa o una clara intención de perjudicar al recurrente, en el entendido que se han forzado las interpretaciones de las normas legales en juego, particularmente con respecto a la sanción aplicable. Por otro lado, alegan, no hay ninguna referencia a cómo obtiene el fiscal o el director del Servicio de Salud la convicción para establecer que existe una falta grave al principio de probidad administrativa, cuestión que simplemente no se menciona, así como tampoco se hace cargo de alegaciones sobre prueba ilícita respecto de los audios y de falta de certeza del reconocimiento de la voz del recurrente en los audios.

En relación a los derechos constitucionales del recurrente, consideran vulneradas las garantías de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; del articulo 19 N°3, en su dimensión justo y racional procedimiento, toda vez que fue valorada prueba obtenida ilícitamente; la protección de la vida privada, del artículo 19 N°4, pues sirvió de base de la condena una grabación obtenida sin su consentimiento; y la libertad de trabajo del articulo 19 N°16, en tanto se le privó de su cargo a través de una sanción que resulta desproporcionada.

A fojas 154, informó don José Quiroz Manríquez, abogado, en representación del Servicio el Servicio de Salud Valparaíso–San nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Señala que, conforme a los hechos narrados en el recurso, durante el sumario se realizaron todo tipo de diligencias por los tres fiscales que llevaron adelante la investigación, que incluyeron la realización de declaraciones de testigos, documentos acompañados por las partes, testigos y acusados, oficios a otras instituciones y la grabación realizada por el denunciante, don nombre reservado. En dichas pesquisas, se determinó no sólo que había existido la emisión de amenazas en contra del señor nombre reservado, sino que se acompañaron antecedentes y declaraciones de la denuncia realizada por doña nombre reservado, por maltrato y lenguaje inadecuado utilizado por el recurrente a propósito de una reunión realizada en dependencias de la Dirección del Servicio de Salud, así también la declaración de doña nombre reservado, ex Subdirectora Administrativa del Hospital, en la que acompaña denuncia por acoso laboral que habría realizado el recurrente.

Indica que luego de la emisión de dos informes de abogados de la institución se decidió la reapertura del sumario y se le formuló el siguiente cargo “Proferir amenazas, insultos e improperios a don nombre reservado, acciones que se desarrollaron en su oficina, el día 7 de noviembre de 2013, mientras ejercía el cargo de Director del Hospital del Salvador. La conducta reprochada importa la transgresión a lo dispuesto en los artículos 64, letra a) y c); 84, letras l) y m), y 61 en sus letras c) y g) del DFL Nº 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo”. De esta manera, asevera que la formulación es clara, permite que haya tenido la posibilidad de defenderse en cada una de las instancias legales establecidas, cuestión que realizó durante todo el proceso del sumario y posteriormente ante la Contraloría. Así, aducen, la resolución que el recurrente impugna, Nº3366 de fecha 10 de julio de 2017, no es la que puso fin al proceso, ya que la resolución que fija la sanción es la Toma de Razón, Nº42, de fecha 31 de julio de 2017, de modo que el recurso se ha dirigido en contra del acto administrativo equivocado, cuestión formal que impide determinar correctamente el acto supuestamente lesivo y arbitrario, ya que, si bien contiene una declaración de voluntad por parte de la administración, es un acto de los que la Ley N°19.880 llama “acto trámite” ya que la resolución que se impugna no es la que sanciona al recurrente. Sólo por esta razón, plantea, este recurso debe ser desestimado.

Sostiene que la resolución que establece la sanción se encuentra debidamente fundada, se hace cargo del recurso interpuesto por el recurrente y por ende no tiene ningún vicio legal que pueda reprochársele. Más aún, si la medida expulsiva pasó por control de legalidad por parte de la Contraloría Regional de Valparaíso, ente que también se pronunció por los reclamos realizados por el recurrente ante dicho organismo y que también desestimó en dictamen N°013811 de fecha 22 de agosto de 2017.

Alega respecto del audio que en él se aprecia que mientras el recurrente amenaza al funcionario, diversas personas aparecen en el lugar y en varias ocasiones, por lo cual difícilmente se podría considerar privado, agregando que los audios fueron aportados a través de una denuncia del funcionario y no realizados en virtud de alguna pesquisa del fiscal. Además, los dichos se realizaron por el recurrente en su calidad de Director de un Establecimiento, función pública de máxima importancia y responsabilidad que amerita que la privacidad del actuar de su actuar se vea disminuida, ya que la función es pública, señalando que no corresponde verificar en este procedimiento si estamos ante un ilícito penal o no, sino que el objetivo de la presente acción es determinar si el sumario administrativo fue tramitado legalmente y si se acreditaron en dicho sumario la existencia de responsabilidad administrativa, cuestión que sí ocurre.

Afirma que no existe falta de imparcialidad por parte del Director del Servicio, toda vez que la resolución que establece la sanción de destitución se encuentra debidamente fundada, se basa en la prueba rendida y en los informes jurídicos que se adjuntaron al sumario. Posteriormente, fue tomada razón por la Contraloría, por lo que no puede estimarse una falta de parcialidad en este caso. A mayor abundamiento, indica, las diligencias realizada por el Sr. nombre reservado en el sumario son mínimas y en cuanto asumió como Director del Servicio, inmediatamente ordenó cambio de fiscal, y no resiste mayor análisis la tesis de la persecución o presión a la Fiscal Sra. Leticia Zamorano por parte del Director al haber solicitado éste sendos informes jurídicos, pues está en sus atribuciones hacerlo ya que es él quien sanciona, lo cual habla de la prolijidad con la cual se pensó, fundó y dictó la sanción en el caso de marras.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción decidida por el Director del Servicio, plantea que se decretó en virtud del procedimiento sumarial seguido, actuando dentro de sus facultades, ante graves faltas administrativas, que fueron acreditadas en el sumario y cuyo autor reconoció los hechos acontecidos.

A fojas 197 informa la Contraloría Regional de Valparaíso, que en síntesis expresa que de la lectura del libelo se advierte que los peticionarios más que procurar la defensa de derechos constitucionales determinados, pretenden que se revise el fondo del procedimiento disciplinario cuestionado y que se ponderen, nuevamente, los hechos y los medios probatorios, materia que excede el ámbito de aplicación del recurso en estudio.

Agrega que el acto administrativo que afinó el citado proceso sumarial, a saber, la resolución N°42, de 2017, del Servicio de Salud, y no aquella que impugnan los recurrentes, fue sometida al pertinente examen de legalidad ante la Contraloría, constatándose que fue tramitado con estricto apego a la preceptiva y jurisprudencia vigentes en la materia, y que el afectado hizo uso de todas las instancias de defensa, sin lograr desvirtuar su responsabilidad en las acciones que se le imputaron, concluyéndose que se encontraba ajustado a derecho, razón por la cual fue tomado razón con alcances, según consta en el oficio N° 13.811, de 2017. Ahora bien, en lo que se refiere a la utilización como medio de prueba de una grabación que habría sido obtenida sin el consentimiento del señor nombre reservado, señala que según el dictamen N°7.629, de 2014, el mérito que puedan tener los elementos de convicción y la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos tiene un inculpado, son aspectos apreciados por quien sustancia el procedimiento disciplinario y por la autoridad sancionadora, correspondiéndole a la Contraloría objetar la decisión del Servicio si del examen del expediente aparece alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal que regula la materia, o bien, si se observa una actuación de carácter arbitraria, lo que no se evidenció en la especie.

A fojas 149 se prescindió de los informes ordenados respeto de los recurridos don nombre reservado y de doña Leticia Zamorano Rojas.

A fojas 204 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Se trata de una acción tutelar de urgencia, motivo por el cual ha sido concebida con la finalidad de brindar eficaz y oportuno amparo a un derecho indubitado del que se encuentra gozando una persona, frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lo lesiona o amenaza.

SEGUNDO: Que en la presente causa se ha deducido acción constitucional de protección, con el objeto de que el tribunal declare “que la resolución N° 3367 de 2017, pronunciada por el Director del SSVSA, es ilegal y arbitraria, como asimismo el informe de investigación administrativa en que se funda”, los deje sin efecto, así como también todo acto administrativo posterior que cumpla con las condiciones que indica el recurrente.

TERCERO: Que, de lo expuesto en el mismo libelo, así como de lo escuchado en estrados, se desprende que los actos a que se alude en el petitorio del recurso corresponden, en primer lugar, a una resolución por la que el referido Director rechazó una reposición interpuesta por el actor en contra de la resolución exenta 2492, de 19 de mayo de 2017, en la que se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, dictada como culminación de un sumario administrativo incoado en su contra. Y también a otros actos que corresponden a antecedentes de la resolución impugnada, y posteriores a ésta, destinados a dar cumplimiento a lo que se ordena en el primero.

CUARTO: Que, en lo concreto, el recurso se sustenta en la ilegalidad que le atribuye a la obtención de uno de los elementos de prueba en que se funda la decisión sancionatoria, lo que implica que se pretende que esta Corte haga una revisión de las probanzas allegadas al proceso disciplinario administrativo, materia que escapa al propósito del constituyente al instaurar el presente medio de tutela de urgencia. Ello, por cuanto aquél es un procedimiento regulado por normas específicas, contenidas en la ley 18.834, Estatuto Administrativo, cuya regularidad se encuentra sometida a examen por la Contraloría General de la República, la que, por añadidura, ya ha cumplido su cometido, al haber tomado razón del acto sancionatorio, según consta de lo informado por el mismo órgano contralor en documento que rola a fs 197 de estos autos.

QUINTO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, no resulta procedente que esta Corte haga uso de sus facultades conservadoras mediante el procedimiento de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por no ser éste el medio procesal idóneo para revisar el mérito de un procedimiento administrativo; tanto más, cuanto que, en lo específico, lo que se persigue por el recurrente, es que se deje sin efecto una resolución que decide sobre una reposición contra la resolución que dispone su destitución, y contra un informe que sería parte de los antecedentes probatorios que llevaron a adoptar dicha medida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección rolante a fojas 85, deducido por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, abogados, en favor de don nombre reservado, dependiente, de su mismo domicilio, en contra del Servicio de Salud nombre reservado, de don nombre reservado, médico cirujano, y de doña Leticia Zamorano Rojas Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

N° Protección-5042-2017.