nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello las garantías fundamentales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siéndole comunicado el rechazo de su petición mediante notificación de fecha 23 de julio de 2025, en que se le indicó que el documento que aportó de seguridad social se encuentra sin apostilla, además no es el requerido para este trámite ya que cita la ley de seguridad social mencionado las coberturas de forma genérica.

Sostiene que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, encontrándose afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y habiendo manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Reclama que, si bien la constancia en cuestión no se encuentra legalizada, se debe tener en cuenta que la Embajada de Venezuela en Chile está cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita dicho trámite. Sin embargo, sostiene que el afectado cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es demostrable mediante código de verificación.

Refiere que se le ha otorgado un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que no debe constreñirse la Ley N°18.156 únicamente a interpretaciones excesivamente literales y formalistas, y se ha conculcado su derecho de propiedad, al impedir la disposición de fondos previsionales propios mediante la imposición de requisitos no establecidos expresamente en la ley.

Solicita que se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales, dentro del plazo de cinco días o el que tribunal estime pertinente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, quien señala que si bien no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Señala que la recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales el 18 de julio de 2025, acompañando una serie de documentos que individualiza.

Refiere que previo a rechazar la solicitud, se le informó que el documento que aporta de seguridad social se encuentra sin apostilla, además no es el requerido para este trámite ya que cita la ley de seguridad social mencionado las coberturas de forma genérica, y se le otorgó un plazo de 4 días hábiles para acompañarlo.

Sostiene que el actor acompañó carta explicativa y además los mismos documentos, lo que determinó que la solicitud no fuera ingresada, reiterando el mismo fundamento, al no acompañar válidamente el certificado del organismo de seguridad social o previsional de su país de origen.

Respecto de la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, arguye que este documento no constituye el certificado de afiliación requerido, pues no señala las prestaciones por las cuales la solicitante se encuentra cubierta, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, carece de la firma de la autoridad emisora y no se encuentra apostillada o legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En lo relativo a la declaración jurada, refiere que esta no constituye el certificado emitido por la entidad de seguridad social extranjera, y no es un documento emitido por la Embajada o por el Consulado correspondiente, careciendo de idoneidad probatoria para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

En otro orden de ideas, sostiene que la Superintendencia de Pensiones ha dictado una serie de oficios destinados a regular el beneficio en cuestión, exigiendo acreditación específica de protección por todos los riesgos durante toda la prestación de servicios en Chile, y que el documento que acredite cobertura previsional esté debidamente legalizado o apostillado. Además, dispone que los certificados electrónicos venezolanos sin firma ni apostilla no sirven como medio de prueba, y que las declaraciones juradas no constituyen medios idóneos para acreditar cobertura previsional.

Pide el rechazo del recurso, con costas, y acompaña respuesta a solicitud de devolución de fondos, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo y anexo.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero comunicado mediante notificación de fecha 23 de julio de 2025, pretendiendo el recurrente que se reconozca como válida la documentación acompañada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable.

Tercero: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que la solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no se encuentra firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado.

Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Cuarto: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, el citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso.

En efecto, del análisis de la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el recurrente se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa PDV MANTENIMIENTO (PLANIFICACION Y DIRECCION VENEZOLANA DE MANTENIMIENTO), S.A. inscrita bajo en Número Patronal O71113461 con Fecha de egreso 06/04/2018 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que se encontraba cubierto por el seguro social durante el periodo de trabajo en Chile.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica de la constancia acompañada podría permitir constatar la autenticidad del documento, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero. Lo anterior, sin perjuicio que la validez del documento ya ha expirado.

Sexto: Que, por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto que presenta la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el actor se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas.

Séptimo: Que, respecto al argumento de la recurrente relativo a la imposibilidad de obtener la legalización consular apostillada, debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar no sólo la existencia del impedimento, sino también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal.

Octavo: Que, adicionalmente, de los documentos acompañados se constata que el recurrente es un profesional ingeniero industrial que se desempeña como tal en la empresa con la que mantiene relación laboral, según se desprende de su título profesional y del contrato de trabajo aportado. Al respecto, cabe señalar que la Ley N°18.156 fue concebida para facilitar la contratación temporal de técnicos extranjeros cuyos conocimientos específicos fueran requeridos en el país, en un contexto de intercambio transitorio de servicios especializados, no así para profesionales que establecen una vinculación laboral permanente en el territorio nacional.

Noveno: Que, en este sentido, resulta relevante considerar que el recurrente reside en domicilio reservado, según consta en l contrato de trabajo acompañado y residente definitivo, según aparece en su cédula de entidad incorporada, lo que evidencia una permanencia prolongada en el país que excede la naturaleza temporal de la prestación de servicios que la Ley N°18.156 busca facilitar. Esta circunstancia, unida a la condición de médico del recurrente y a las limitaciones ya referidas, permite concluir que su situación no se ajusta a la calidad de "técnico extranjero" a que se refiere la normativa invocada.

Undécimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad N°Protección-5015-2025.

En Valparaíso, siete de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.