Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Quillota

Foja: 35 Treinta y Cinco eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de marzo de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 6, comparece don nombre reservado, transportista, en representación de Transportes nombre reservado E.I.R.L., ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Quillota, y en contra de la Fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, doña nombre reservado, en razón de la Resolución Administrativa Nº 1186/15/004, de fecha 22 de enero de 2015, que aplicó a su representada una multa ascendente a 10 Unidades Tributarias Mensuales, por no otorgar a su dependiente nombre reservado, el trabajo convenido en el contrato de trabajo, desde el día 2 de diciembre de 2014 y hasta la fecha.

Expone que, con fecha 15 de enero de 2015, la fiscalizadora recurrida procedió a la revisión del contrato de trabajo, control de asistencia y cotizaciones previsionales del trabajador nombre reservado, verificando, según el acta de constatación de hechos en terreno, que su representada no otorga al trabajador antes individualizado el trabajo acordado en su contrato, por el cual aquél se compromete a ejecutar labores de chofer de camión, cumpliendo para tales efectos con la ruta comprendida entre La Calera y Región Metropolitana y/o VI, VII y VIII Regiones, y sin perjuicio de cubrir otra ruta; precisando que todo ello se encuentra en concordancia con la cláusula segunda del referido contrato, en cuya virtud se pactó una jornada de trabajo de 180 horas semanales, según requerimiento de la empresa, y de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Código de Trabajo.

Explica al respecto que, con fecha 2 de diciembre de 2014, la empresa recurrente recibió un correo electrónico de la empresa mandante Cemento Melón, en que se le comunicó que, ante la contracción del mercado y los bajos volúmenes proyectados para el año 2015, se había decidido reducir la cantidad de camiones de la flota, afectando con ello al camión que conducía el trabajador en cuestión; añadiendo que ante dicha situación, aquel dependiente jamás volvió a presentarse en su lugar de trabajo, concurriendo sólo cada fin de mes a recibir su remuneración, además de tener que pagar sus cotizaciones previsionales; y ello no obstante contar con información de que el referido trabajador, se encuentra trabajando en otra empresa Sociedad de Transportes Las Ventanas de Puchuncaví Ltda., que presta servicios para AngloAmerican, División La Tórtolas; lo que no fue considerado por la fiscalizadora recurrida al momento de aplicar la multa.

Alega que lo anterior, constituye una evidente infracción a la garantía fundamental prevista en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ni por un juez distinto al establecido previamente por la ley, ya que al señalarse por la fiscalizadora recurrida que no se ha otorgado al dependiente el trabajo convenido, se ha realizado por ésta una interpretación de las cláusulas contractuales señaladas precedentemente, cuestión que es de exclusiva y excluyente competencia de los Tribunales de Justicia, y no de la Inspección del Trabajo, como asimismo la interpretación de lo dispuesto en el artículo 25 bis del Código del Trabajo, que establece que la jornada ordinaria de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, no excederá de 180 horas mensuales, las que no pueden distribuirse en menos de 21 días.

En efecto, sostiene que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Código del Trabajo, el Estado tiene la misión de amparar al trabajador en sus derechos, y de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de servicios a través de la Dirección del Trabajo que cumpla dicha función, a su vez, mediante las Inspecciones Provinciales y Comunales para la fiscalización de la aplicación de la ley laboral, tales atribuciones deben ejercerse solo cuando dichos servicios se encuentren ante situaciones de infracción a las normas laborales, o cuando se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, de acuerdo con las facultades conferidas por los artículos 505 y siguientes del Código del Trabajo; potestad que reconoce siempre como límite lo establecido en el artículo 76 de la Carta Fundamental, en concordancia con el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, que consagra la función jurisdiccional como atributo exclusivo y excluyente de los tribunales de justicia establecidos por la ley.

En dicho orden de ideas, reclama que la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, se arrogó, en este caso particular, el ejercicio de facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en la materia, esto es, de los Juzgados de Letras del Trabajo, a los que corresponde, de conformidad con lo previsto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos de trabajo; constituyéndose en este caso, entonces, la mencionada Inspección en una verdadera comisión especial, lo que configura razón suficiente para acoger la presente acción de tutela constitucional, al tratarse de una actuación ilegal de un ente administrativo que ha obrado fuera de sus competencias, atribuyéndose funciones jurisdiccionales al interpretar contratos individuales de trabajo y relaciones laborales entre empleador y trabajador; vulnerando con ello incluso el principio de juridicidad establecido en el artículo 7º de la Carta Fundamental.

En el mismo sentido, indica que la Dirección del Trabajo, al aplicar la multa administrativa en los términos precedentemente señalados, ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, toda vez que la sanción impuesta bajo las condiciones descritas, afecta ilegítimamente el derecho de propiedad que ejerce su representada sobre su patrimonio, de tal forma que en caso de no ser pagada la referida multa, dentro de un determinado plazo, ésta adquiere mérito ejecutivo, y puede ser cobrada incluso compulsivamente.

Finalmente, alega la procedencia de la presente acción, no obstante la existencia de la posibilidad de solicitar una reconsideración administrativa y/o reclamación judicial en contra de la multa cursada de conformidad con el procedimiento establecido para tales efectos en los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo; por cuanto ha sido la Excma. Corte Suprema la que ha reiterado en innumerables ocasiones, que semejante arbitrio cautelar no excluye dichos mecanismos ordinarios de impugnación, sino que resulta compatible con aquel, según se desprende de lo previsto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, que reconoce la acción cautelar de protección sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer por el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes; por lo que concluye que el recurso de protección resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional y/o administrativa dirigida a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario.

Solicita que se restablezca el imperio del derecho, y que se deje sin efecto la Resolución Administrativa Nº 1186/15/004, de fecha 22 de enero de 2015, como asimismo la multa impuesta por medio de ésta, instruyendo a los recurridos abstenerse, en el futuro, de actuar en la forma en que se ha hecho en el presente caso y, particularmente, de aplicar cualquier multa que derive del diferendo jurídico relativo a la interpretación de cláusulas de contratos individuales válidamente celebrados entre Transportes nombre reservado E.I.R.L. y sus trabajadores dependientes, y sin perjuicio de las demás medidas que se estimen necesarias para asegurar la debida protección del recurrente, con costas.

Acompaña a su presentación documentación consistente en: (i) copia del contrato de trabajo celebrado entre la recurrente y el trabajador nombre reservado; y (ii) copia de la resolución de multa administrativa Nº 1186/15/004, de fecha 22 de enero de 2015.

A fojas 24, informa la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, solicitando rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas. En cuanto a los hechos, señala que con fecha 30 de diciembre de 2014, se originó comisión Nº 0503/2014/853, destinada a investigar una denuncia deducida por el trabajador nombre reservado, quien indicó que no se le está otorgando por su empleador el trabajo convenido en su contrato, desde el día 2 de diciembre de 2014, aduciendo el empleador como motivo que la empresa mandante no le proporciona trabajo para el camión que maneja; además de no haberse pagado íntegramente la remuneración correspondiente al mes de diciembre de 2014, por cuanto no fue cancelada mediante el promedio de los últimos 3 meses laborados.

Agrega que la comisión indicada fue encomendada a la fiscalizadora doña nombre reservado, quien se constituyó el día 15 de enero de 2015, en el domicilio de la empresa denunciada, entrevistándose con su representante legal, quien informó a la funcionaria que no se ha otorgado al denunciante el trabajo convenido debido a que no tiene trabajo para ofrecerle, y que el camión que conduce está detenido a la espera de poder ofrecer el servicio a un nuevo cliente; agregando que desde los primeros días de diciembre pasado en que se le comunicó al trabajador dicha circunstancia, éste sólo ha concurrido en forma esporádica a la empresa, en tiempos breves; precisando además que desde el 18 de diciembre pasado y hasta la fecha, sólo lo hizo el día 29 de diciembre para cobrar su remuneración; motivo por cual, con fecha 14 de enero del presente año, se le envió a su domicilio particular una carta de amonestación, además de comunicársele las reiteradas ausencias en su puesto de trabajo y abandono de las instalaciones sin mediar justificación alguna.

Atendida la constatación señalada precedentemente, esto es, el no otorgamiento del trabajo convenido en la relación laboral, la fiscalizadora otorgó al empleador un plazo de 5 días para que corrigiera la infracción, compareciendo aquel dentro del plazo legal previsto, pero sin acreditar la corrección de la conducta infraccional, razón por la que se le cursó Resolución de Multa Nº 1186/2015/004, por el equivalente a 10 Unidades Tributarias Mensuales, por infracción a los artículos 7º y 506 del Código del Trabajo.

En primer término, alega la improcedencia de la acción cautelar intentada en autos, en atención a la naturaleza del acto recurrido, el que tratándose de una resolución de multa, el ordenamiento jurídico le otorga para su impugnación un procedimiento de reclamación judicial o administrativo; el primero de ellos, ante el Juez de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo; y el segundo de éstos, ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, pudiendo incluso reclamarse judicialmente del resultado de dicha reconsideración ante el Juez de Letras del Trabajo; agregando que en ambos casos, tanto en el reclamo judicial como administrativo, se produce el efecto de suspender la ejecución del cobro de la multa impuesta en forma obligatoria por mandato legal.

En cuanto al fondo del recurso, sostiene la improcedencia de la presente acción cautelar ante la imposibilidad de destruir a través de esta vía, la presunción de veracidad de que gozan los hechos constatados por la fiscalizadora de autos, conforme lo previsto en el artículo 23 del DFL Nº 2 del año 1967, pues para que ello se verifique es indispensable la existencia de un juicio de lato conocimiento, cuestión que no lo permite la sede de protección que requiere para operar la existencia de un derecho indubitado que amparar, el que no puede encontrarse cuando frente a él se colisiona con una presunción de veracidad.

Luego advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal en la especie, pues el proceso de fiscalización que derivó en la aplicación de las multas administrativas a la recurrente ha cumplido estrictamente con todos los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose rigurosamente a la legalidad vigente; no existiendo, en consecuencia, arbitrariedad en la actuación de los recurridos, ya que la resolución de multa se ha dictado una vez que la fiscalizadora en uso de sus atribuciones privativas contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo y DFL Nº 2 de 1967, constató la infracción denunciada; ni ilegalidad en su proceder, pues ha existido por parte de la Dirección del Trabajo un irrestricto respeto y cumplimiento al principio de legalidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, en cuya virtud dicho organismo actuando dentro del marco de su competencia y en la forma prescrita por la ley, ha obrado fiscalizando el cumplimiento de los derechos que establece la legislación laboral, en ejercicio de la función pública que el propio ordenamiento jurídico le ha encomendado; agregando que concluir lo contrario importaría desconocer al Estado en su misión de preservar el bien común que es la base y sustento de su existencia, tal como lo dispone el artículo 2º inciso final del Código del Trabajo por el que se le encomienda velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.

Justifica el actuar administrativo de la Dirección del Trabajo en el artículo 1º del DFL 2 de 1967 que confiere a dicho organismo la fiscalización de la aplicación de la normativa laboral; el artículo 23 del mismo cuerpo normativo que establece que los inspectores del trabajo tendrán el carácter de ministros de fe de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones; y el artículo 505 del Código del Trabajo que entrega a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, la que cumple a través de las respectivas Inspecciones del Trabajo.

De esta forma, aclara que fiscalizar la aplicación de la legislación laboral conlleva una actividad que, necesariamente, requiere tanto la recopilación de los antecedentes de hecho, como la determinación de si esa realidad que se observa se adecua a la normativa laboral vigente, lo que en ningún caso significa un juicio o interpretación de las cláusulas contractuales, sino que sólo la apreciación de los hechos.

Finalmente, y en relación a las garantías que se reclaman vulneradas, señala que la resolución de multa administrativa que motivó la presente acción cautelar, no viola de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, pues la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo al aplicar una resolución de multa administrativa debe entenderse acotada a las facultades fiscalizadoras; haciendo presente además que la resolución de multa en cuestión no tiene naturaleza jurisdiccional, sino administrativa, por lo que ni se ha estado en presencia de una comisión especial, ni se ha ejercido jurisdicción por parte de dicho organismo.

Por su parte, también señala que resulta abiertamente errado pretender tutelar por esta vía la garantía del derecho de propiedad establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, en tanto la aplicación de las multas obedecen justamente a todo un proceso, debidamente establecido y regulado por un tipificador de multa, que determina los valores de éstas de acuerdo a la infracción detectada, por lo que habiéndose constatado infracciones a la legislación laboral se han aplicado las sanciones pecuniarias correspondientes.

Acompaña a su informe documentación consistente en: (i) copia de informe de fiscalización; (ii) copia de informe de exposición; (iii) copia de acta de constatación de hechos en terreno; y (iv) copia de resolución de multa Nº 1186/15/004, de fecha 22 de enero de 2015.

A fojas 32, la fiscalizadora recurrida, doña nombre reservado, se adhiere en todas sus partes, al informe evacuado por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota.

Por resolución de fojas 33, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante resolución de multa Nº 1186/15/004, la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota le impuso una sanción de 10 Unidades Tributarias Mensuales por la infracción de no otorgar a uno de sus dependientes el trabajo convenido en el contrato, cuestión que a su juicio importa una actuación arbitraria y/o ilegal de los recurridos que indebidamente se han atribuido el ejercicio de funciones jurisdicciones al proceder a interpretar las cláusulas del referido contrato de trabajo, cuya labor corresponde exclusivamente a los tribunales ordinarios de justicia, vulnerando con ello las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que las recurridas informan solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, alegando en primer término que el presente arbitrio no es la vía idónea para reclamar de la resolución de multa, toda vez que existen mecanismos administrativos y judiciales de reclamación establecidos especialmente para impugnar dicho acto; mientras que en cuanto al fondo de recurso, precisan que la acción cautelar resulta improcedente para destruir la presunción de veracidad de los hechos constatados por la fiscalizadora; que la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo y su fiscalizadora tampoco ha sido arbitraria y/o ilegal, en tanto ésta se ha ajustado estrictamente al ejercicio de las facultades fiscalizadoras y procedimientos establecidos por la ley; y que, en consecuencia, tampoco existe en la especie vulneración de las garantías fundamentales que se reclaman conculcadas por la actora.

CUARTO: Que atendido el mérito de los antecedentes y teniendo especialmente en consideración que la acción constitucional incoada en autos no constituye la vía idónea para impugnar la multa que le fue cursada a la recurrente, por cuanto en la especie existe un procedimiento especial de reclamación establecido ante la judicatura laboral y ante la autoridad administrativa, y que además en el caso sub-lite no se advierte la existencia de un derecho indubitado de que sea titular la actora que justifique el ejercicio del presente arbitrio atendida la presunción de veracidad de que goza el acta de constatación de infracciones de la recurrida, estos sentenciadores estiman que la presente acción cautelar debe ser desestimada, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, el recurso de protección deducido a fojas 6 por don nombre reservado, en representación de Transportes nombre reservado E.I.R.L, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Quillota, y en contra de la fiscalizadora de dicho organismo, doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 501-2015.

Pronunciada por los Ministros Sr. Mario Gómez Montoya, Sra. Inés María Letelier Ferrada y abogado integrante Sr. Juan Carlos Ferrada Bórquez.

En Valparaíso, once de marzo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.