COMUNIDAD EDIFICIO SOMAR con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

Foja: 117 Ciento Diecisiete Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 19, comparece nombre reservado, Administradora, en representación de Comunidad Edificio Somar de propiedad de la Sociedad Constructora San Martín, ambos con domicilio en domicilio reservado del quien interpone recurso de protección en contra de la resolución dictada con fecha 05 de Junio del 2001 por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, y asimismo, en contra de la resolución de fecha 11 de marzo del año 2002 dictada por el Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, quien acogió la solicitud de Regularización de posesión de un inmueble que es de propiedad de la Sociedad Constructora San Martín.

Refiere que al momento de regularizar el pago de contribuciones del inmueble ubicado en domicilio reservado” de propiedad de la constructora, se percató de que no se encuentra a nombre de la sociedad que representa, sino que a nombre de nombre reservado, quien por información proporcionada por la Tesorería, regularizó su posesión a través del Ministerio de Bienes Nacionales, obteniendo copia del expediente de regularización sólo 18 de nombre reservado del presente año. Continúa señalando que, respecto de la resolución dictada con fecha 05 de junio del 2001, por la Dirección de Obras Municipales, al revisar dicho expediente, se constatan una serie de irregularidades que describe, las cuales llevaron finalmente a acoger una solicitud regularización respecto de una propiedad que se encontraba con un propietario vigente, por lo que la resolución e información que el director del departamento municipal entrega al Ministerio de Bienes Nacionales, es del todo irracional y arbitraria, induciendo a error a Bienes Nacionales. En lo referente a la resolución de fecha 11 de marzo del año 2002 dictada por el Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Valparaíso, que acoge la solicitud de regularización de la mencionada propiedad, resulta a su juicio ser ilegal y arbitraria, toda vez que no considera o no toma en cuenta el certificado de dominio vigente que consta en la misma carpeta, siendo incluso la resolución que acoge la solicitud de Posesión Regular, imprecisa en la forma que expresa.

Expone que, ambas resoluciones son arbitrarias por cuanto existían antecedentes de propietarios con mejores derechos que la persona que solicita su regularización; y agrega que el actuar ilegal y arbitrario de la Ministerio de Bienes Nacionales y de la información entregada en su oportunidad por la DOM de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, le ha privado del ejercicio del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental; invocando también conculcado el numeral 3° del mismo artículo, por cuanto el procedimiento de regularización no ha sido justo, ni racional, ya que otorga la posesión regular de una propiedad, omitiendo información fundamental.

Por las razones esgrimidas y artículos invocados, pide que, previo informe de las recurridas se ordene reestablecer el imperio del derecho, tomando como medida dejar sin efecto los actos que por este recurso se impugnan, ordenando al Servicio retrotraer el procedimiento al estado de cumplir con el oficio a que hace referencia el artículo 10 inciso 1 del DL 2695.

A fojas 64, informando el recurso la I. Municipalidad de Viña del Mar, y don nombre reservado (director de obras), solicita su rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas, por cuanto los actos dictados por dicho ente se sujetaron de manera estricta al principio de legalidad.

Expone que hay una indeterminación del acto recurrido, pues la recurrente señala sería una resolución dictada con fecha 5 de junio de 2001 por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, sin que explique bien cuál es la resolución que se impugna, su contenido, ni en qué sentido vulnera los derechos fundamentales del recurrente.

Indica que, la recurrente impugna un acto trámite de un procedimiento administrativo que no especifica bien, y no genera derecho alguno para el solicitante, ni tiene derecho a reclamar por esta vía, de conformidad al artículo 18 y 3 inciso 2° de la ley 18.880, dado que, ninguna incidencia tiene con el acto reclamado a la Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso.

Asimismo, también alega la extemporaneidad, dado que en su oportunidad de efectuaron los trámites de publicación e inscripción procedentes, por lo que no se entiende que el recurrente haya tomado conocimiento del acto recién el año 2017, considerando el interés del mismo respecto a los bienes supuestamente de su propiedad; y en cuanto al ordinario municipal, éste según jurisprudencia que invoca, no requiere de notificación.

Por último y en cuanto al fondo, señala que el acto impugnado a su representado, no resuelve ni tampoco se pronuncia sobre materias que atañen a la propiedad ubicada en domicilio reservado, excusándose de toda responsabilidad en el proceso de regularización de la vivienda dado lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº19.583 y artículo 1.2.2 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

A fojas 103, evacuando el informe la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Valparaíso, solicita su total rechazo, señalando que el procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz se encuentra establecido en la ley y se ajustó a ella en todos sus trámites, en especial el relativo a oficiar al Servicio de Impuestos Internos, a fin de que informe sobre los antecedentes de la individualización de la persona que aparece como supuesto propietario, que contempla el artículo 10 del DL 2695 de 1979. Además, se efectuaron las publicaciones legales y, en la oportunidad legal, se dictó la resolución final exenta N°056SA00002719 de fecha 11 de marzo de 2002, que declaró al peticionario nombre reservado como poseedor regular del inmueble, la que se inscribió en el Registro de Propiedad del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, produciéndose como efecto de la misma, por el sólo ministerio de la ley y transcurrido el plazo de un año contado desde la fecha de dicha inscripción a nombre del solicitante, la prescripción en su doble efecto, esto es, extintiva de las acciones emanadas del derecho de dominio y adquisitiva del dominio de parte de aquel, existiendo además, un tipo penal específico que sanciona a quien maliciosamente haya obtenido la calidad de poseedor regular.

Expone que los errores de omisión tuvieron lugar por tratarse de formatos tipos, sin que se haya al efecto, cancelado inscripción registral alguna respecto del inmueble.

Por otra parte, alega también la extemporaneidad de la acción, estimando acomodaticia la información al respecto dada por la recurrente; y que la solicitud de retrotraer el procedimiento de regularización, por su naturaleza, no puede ser objeto de la presente acción cautelar, por cuanto no constituye una instancia de nulidad de procedimientos establecidos en la ley, y por lo demás, ya se encuentra afinado. Alega asimismo, la falta de personería de la compareciente a nombre de la Sociedad Constructora San Martín, con la documentación acompañada.

Concluye señalando que ninguna garantía ha sido vulnerada, pues el procedimiento que terminó con la dictación de la resolución atacada no es jurisdiccional, sino administrativo; ni tampoco se ha afectado la disposición del N°24 de la constitución, toda vez que no existe ningún derecho indiscutido y palmario que haya sido amagado, y más aún, en ningún caso esta vía puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos a su favor.

A fojas 106 se ordenó traer los autos en relación.

A fojas 110, asume el Consejo de Defensa del Estado, la representación del recurrido Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que por causas de actos u omisiones arbitrales o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2°.- Que la acción intentada en autos es largamente extemporánea. En efecto; se pretende reclamar de actos administrativos dictados hace quince años, uno, y hace dieciséis, el otro. Como es obvio, esa sola consideración, por razones de seguridad jurídica, hace imposible acoger el recurso, máxime si en el caso de la resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales operó en su momento una forma de comunicación a terceros expresamente señalada en la ley para el efecto, de suerte que no cabe admitir alegaciones de desconocimiento personal respecto de aquello que la ley quiere que se dé por conocido en forma genérica. La consolidación de las actuaciones administrativas, relativas ambas, por lo demás, a situaciones de hecho evidentes, como son la existencia de una edificación y la posesión material de un terreno detentada por un tercero por largos años, resulta indispensable para mantener, como se dijo, una seguridad jurídica elemental.

3°.- Que más allá de ello, el recurso tampoco podría admitirse, porque la resolución de la Municipalidad recurrida nada tiene que ver con el derecho de propiedad que alega el actor, y porque en ninguno de los dos casos hay un derecho indubitado que proteger. Desde luego nunca hubo comisión especial alguna actuando ni menos juzgando a nadie, sino dos organismos administrativos actuando, habilitados legalmente para ello, cualesquiera fueran las fallas que se crea ver en la manera en que cada procedimiento se llevó a cabo, lo que es un asunto muy distinto. Y en cuanto a la supuesta afectación del derecho de dominio, desde el momento en que se acciona cuando ya existe plena consolidación de la actuación administrativa que regularizó la posesión del inmueble en favor de un tercero, generando una nueva inscripción dominical, es obvio que el derecho de propiedad que el recurrente alega no es en absoluto evidente. Todavía más; una vez practicada la inscripción que el procedimiento que ahora se quiere impugnar produjo, quedaba al antiguo poseedor inscrito sólo la acción reivindicatoria, la que en sí misma implica que la cuestión del dominio debía debatirse en juicio de lato conocimiento, y no por esta vía. Y si agregamos que incluso esa acción reivindicatoria se extingue en el plazo de un año, contado desde aquella inscripción nueva, no se entiende cómo pueda el recurrente pretender que ahora, por esta vía extraordinaria, acepte la Corte sin más que él es el dueño del inmueble y por ende que tiene un derecho indubitado, que se pueda proteger.

Y visto además lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se rechaza con costas el intentado a fs.19 por la Comunidad Edificio Somar en contra de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y de la Secretaría regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Mera.

N°Protección-5003-2017.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Raúl Mera Muñoz, Sra. Silvana Donoso Ocampo y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada Bórquez, dejándose constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa.