nombre reservado con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO

Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado quien deduce recurso de protección a su favor y en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, por la eliminación del teletrabajo establecido, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que estima conculca sus garantías fundamentales del artículo 19 numerales 1° y 2° de la Constitución Política de la República, esto es, la integridad física y psíquica, y a igualdad ante la ley.

Explica que el 5 de diciembre de 2022 se anunció a todos los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso que, a partir del 3 de enero de 2023, quedaría sin efecto el sistema de turnos del servicio al igual que las exclusiones especiales por riesgo de contagio por Covid-19, fundado en que la alerta sanitaria expiraba el 31 de diciembre de 2022. No obstante, esta fue extendida hasta el 31 de marzo de 2023 y, con ello, las medidas asociadas a la prevención. Agrega que la medida se mantuvo, a pesar del cambio de las condiciones de seguridad sanitaria del país, sin anunciar la extensión del sistema de turnos como se venía realizando hasta el 31 de diciembre de 2022 acompañado de una modalidad de teletrabajo, lo que vulnera los artículos 202 y 206 bis del Código del Trabajo, que tampoco se ofrece a las personas que cuentan con enfermedades crónicas o discapacidades, afectando la integridad síquica y física de quienes laboran en la Corporación de Asistencia Judicial al ver que su empleador no cumple con la obligación de velar por la salud de los trabajadores, como establece el referido código, amparándose en que así se habría acordado en última reunión de Mesa Nacional COVID-19 por los directores generales, la FENADAJ y autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, esa reunión se habría desarrollado antes de que la alerta sanitaria se extendiera hasta marzo de 2023. Así, pese a la extensión de la alerta, desoyendo las solicitudes de las asociaciones de funcionarios en orden a mantener, al menos, el sistema de turnos, la recurrida mantuvo su decisión de retorno a las labores presenciales, al margen de lo previsto en la Ley N°21.342, cuya vigencia se extendió hasta marzo de 2023.

Solicita que se ordene al Servicio recurrido mantener las medidas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, para todas las funcionarias y funcionarios que deseen acogerse y que se encuentren en las hipótesis contempladas en la ley, hasta el 31 de marzo de 2023, adoptando, además, todas las medidas que, en concepto de esta Corte, sean conducentes al restablecimiento y protección de los derechos constitucionales invocados, informándolas a las funcionarias y funcionarios, con costas del recurso.

A folio 16, se evacua informe por el Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

En primer lugar, sostiene que la actora carece de legitimación activa, por cuanto solicita la mantención de ciertas medidas respecto de todos los funcionarios y funcionarias, no existiendo norma legal que autorice a la recurrente para el ejercicio de la acción de protección de manera genérica e indeterminada.

A continuación, alega la extemporaneidad del recurso porque el recurso señala que, mediante comunicación del 5 de diciembre de 2022, se informó la decisión recurrida, en tanto que la acción se interpuso el 10 de enero de 2023, vale decir, cuando había transcurrido el plazo de 30 días corridos que establece el Auto Acordado sobre la materia.

En tercer término y respecto del fondo, señala que no existe acto ilegal de su parte, puesto que no tiene obligación legal de mantener el trabajo remoto y sistema de turnos, tal como se venía realizando en el Servicio; que el Decreto N°91 de 28 de diciembre de 2022 del Ministerio de Salud, que prorrogó la alerta sanitaria, en ningún caso establece alguna medida relativa al establecimiento de trabajo remoto o teletrabajo. Respecto de la supuesta vulneración la Ley N°21.342, aclara que sólo se exige contar con “un protocolo obligatorio de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad Covid–19 en el país”; además de que, conforme a lo señalado por la Contraloría General de la República en los dictámenes N°E127443 del 6 de agosto de 2021 y N°E163134 del 7 de diciembre de 2021, dicho cuerpo legal no es aplicable a los servicios públicos, pero igualmente la Corporación ha adoptado todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad tanto física como psíquica de sus funcionarios y funcionarias, elaborado diversos protocolos y medidas de mitigación del impacto de la pandemia. Por ejemplo, se conformó una Mesa Técnica Nacional de Prevención de Riesgos de COVID19, que generó y actualizó los instrumentos necesarios para enfrentar la pandemia, especialmente los Protocolo Nacional de Exposición de Riesgos y el Procedimiento para el funcionamiento de la Corporación a consecuencia del brote de COVID-19, instrumentos que fueron aprobados por Resolución Exenta N°949/2020, del 02 de octubre de 2020. Durante el año 2021 se aprobó el Protocolo Nacional de Gestión de Riesgo de Exposición al Covid-19 con sus respectivos anexos. En el mes de octubre de 2022 se realizaron las últimas actualizaciones respecto a las medidas de prevención contra el COVID-19, conforme a los acuerdos adoptados en la Mesa Nacional de Contingencia COVID-19 de las Corporaciones de Asistencia Judicial, integradas por las Direcciones Generales de cada Corporación, el Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Federación Nacional de Asistencia Judicial (FENADAJ) que agrupa a diversas asociaciones de funcionarias y funcionarios de las Corporaciones. Por ello, con fecha 2 de diciembre de 2022, se aprobó por R.E N° 2009 la actualización del Protocolo Nacional de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Todo lo anterior, da cuenta que la decisión adoptada carece de arbitrariedad, siendo tomadas dentro de la normativa vigente y dentro de las facultades del Servicio.

Respecto de la supuesta vulneración a los artículos 202 y 206 bis del Código del Trabajo, manifiesta que el primero se refiere a la situación particular de las mujeres embarazadas, y es el caso que no ha recibido solicitudes a este respecto; en cuanto a la segunda disposición, hace ver que, mediante Dictamen N°E223042/2022 de 9 de junio de 2022, la Contraloría General de la República instruyó lo pertinente sobre su aplicación por parte de las Corporaciones de Asistencia Judicial, lo que se informó a los funcionarios el 24 de junio de 2022 adjuntando el formulario de solicitud para que las personas que se encuentran en los casos que lo habilitan, puedan acogerse a dicha modalidad. Hasta el mes de enero de 2023, la institución ha recibido varias solicitudes, que han sido acogidas cuando correspondía.

A folio 25, se oficia a la recurrida para acompañar los planes de retorno 2020, 2021 y 2022 y las actas de la mesa híbrida que empezó a operar en enero de 2023.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la falta de legitimación activa:

Primero: Que, siendo efectivo que el recurso de protección de garantías constitucionales no constituye una acción popular, y que la actora comparece por sí, para que e deje sin efecto la Resolución Exenta N°2009 de 2 de diciembre de 2022, y se dispongan las medidas que solicita en favor de un grupo de personas indeterminadas, también invoca como fundamento de su pretensión una supuesta lesión de derechos constitucionales de los que es titular, lo que demuestra que está legitimada para accionar por sí, aunque que las decisiones que reclama de esta Corte no pudieran extenderse a terceros, por lo que se desestimará la excepción que se analiza.

II.- En cuanto a la extemporaneidad de la acción:

Segundo: Que se recurre de la decisión adoptada en Resolución Exenta N°2009 de 2 de diciembre de 2022, en que el Servicio recurrido aprobó la actualización del Protocolo Nacional de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19, modificando las medidas vigentes a ese momento.

Tercero: Que la recurrente precisó en estrado que la decisión recurrida no causó agravio hasta la renovación de la emergencia sanitaria, el 28 de diciembre pasado, ocasión en la que solicitó modificarla, lo que fue desechado por correo electrónico de 30 de diciembre de 2022, confirmando el cambio de las medidas vigentes; situación que se mantiene hasta el momento de la vista de la causa, atendida la última renovación del decreto de emergencia sanitaria. De lo expuesto, se sigue que la decisión de 30 diciembre constituye el acto terminal que origina el agravio que se reclama; en tanto que la acción se interpuso el 10 de enero del año en curso. En consecuencia, sólo cabe concluir que fue deducida dentro del plazo de treinta días, contemplado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, por lo que se rechaza la alegación de extemporaneidad.

III.- En cuanto al fondo:

Cuarto: Que, la acción constitucional de protección, contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que se denuncia la ilegalidad o arbitrariedad de la eliminación del sistema de teletrabajo y turnos presenciales establecido para los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, a contar del 3 de enero del presente año, solicitándose que se ordene su prórroga hasta el 31 de marzo de 2023, o hasta que dure el estado de emergencia sanitaria. La actora sostiene que se violó lo dispuesto en los artículos 202 y 206 bis del Código del Trabajo, y en la Ley N°21.342, cuya vigencia se extendió hasta marzo de 2023, con la medida adoptada; y acusa la vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como también de la Convención Interamericana sobre Derechos del Niño, esta última en relación con las disposiciones citadas del Código del Trabajo.

Sexto: Que, en un primer acápite, explica que la decisión reclamada lesiona el derecho consagrado en el numeral primero “porque se ha afectado la integridad síquica de las trabajadoras y trabajadores especialmente de quienes tenemos responsabilidades familiares, obligándonos a retornar de modo presencial pese a la extensión de la alerta sanitaria por el alza de casos COVID y porque se desconocen los efectos de la nueva variante Kraken o Pesadilla, no obstante haber quedado demostrado que nuestras funciones pueden cumplirse de modo remoto y con ayuda de la tecnología sin afectar la calidad de éstas, afectando considerablemente las fiestas de fin de año de quienes laboramos en el servicio quienes además advertimos que todos los protocolos y promesas sobre conciliación de la vida familiar y laboral que constituyen la Meta N°3 en nuestro servicio es solo letra muerta”.

Séptimo: Que, en lo que se refiere a la afectación del derecho señalado en el numeral segundo, precisa que se materializa en que “las más afectadas somos las mujeres quienes de verdad nos vemos imposibilitadas de poder subsanar una situación de la noche a la mañana cuando los establecimientos educacionales además se encuentran cerrados o en receso”. Agrega que, en íntima relación con este punto, las medidas que se venían adoptando con ocasión de la emergencia sanitaria “no solo están contempladas en favor de las trabajadoras y trabajadores sino que especialmente en favor de los niños, niñas y adolescentes, quienes han tenido que acudir a las oficinas y unidades del servicio en compañía de sus madres para que la trabajadora dé cumplimiento a la instrucción del servicio que vulnera e infringe norma expresa”.

Octavo: Que la recurrente reconoció en su alegato que las niñas o niños que pudieran haberse visto afectados por la decisión de la Corporación volvieron a la escuela, de modo que el reclamo habría perdido inmediatez. Asimismo, la exposición de esta particular forma de lesión de una garantía protegida muestra que se trata de derechos de terceros indeterminados, por lo que, a su respecto, carece de legitimación activa. Otro tanto acontece con las alegaciones relativas a las mujeres embarazadas, cuya situación relaciona con la supuesta infracción de este tratado sobre derechos fundamentales. La actora no identificó a ninguna trabajadora a cuyo nombre recurra, como tampoco describe una situación que la afecte personalmente, por lo que el recurso será desestimado por este capítulo, en concordancia con lo decidido precedentemente sobre los límites de su legitimación activa.

Noveno: Que, por último y acerca de la pretendida vulneración de la garantía constitucional señalada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, la exposición de los motivos que la constituyen, transcrita en el razonamiento sexto que precede, muestra que, por medio de la solicitud de dejar sin efecto la decisión impugnada, se busca modificar condiciones de trabajo de carácter general que han sido objeto de instrucciones concretas dispuestas por el empleador en el ejercicio de su poder de dirección, cuya pertinencia exigiría un análisis de mérito a la luz de lo establecido en los respectivos contratos de trabajo, lo que excede con creces el ámbito de esta acción extraordinaria de carácter cautelar no constitutivo ni declarativo de derechos, por lo que el arbitrio intentado no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese y, ejecutoriada que sea, archívese.

Redacción de la ministra suplente señora Echeverría.

Rol IC-Protección N°500-2023