Protección contra Armada de Chile

I.C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece Cristián Sigfrid Canifrou Torres, abogado y deduce acción de protección en favor de SAMANTHA y en contra de Armada de Chile, por el acto que estima ilegal, arbitrario y lesivo de sus derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, la no arbitrariedad, derecho a la vida privada, a la honra de la persona y sus datos personales, libertad de circulación, derecho a la propiedad tutelados en el artículo 19 numeral 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente, consistente en el requerimiento de entrega de su teléfono celular que nombre reservado, Capitán de Corbeta y Fiscal Naval, le efectuó el 25 de junio de 2024.

Explica que, la recurrente participó como testigo en una investigación sumaria administrativa por la denuncia de acoso laboral de una compañera de su ex trabajo, quien en el mes de abril sufrió un derrame cerebral catalogado por la ACHS como enfermedad laboral por el constante estrés provocado por su exjefe, Director de la Central Odontológica Capitán de Fragata Sanidad Dental nombre reservado.

Añade que, el 25 de junio de 2024 se le prescribió licencia médica por once días, hasta el 5 de julio del mismo año, junto con recetar medicación, por los reiterados ataques de pánico que estaba experimentando, como consecuencia de hostigamientos recibidos en relación a su participación en el proceso de investigación aludido.

En este contexto, señala que el mismo día es citada por el Capitán Arias a la Fiscalía Naval, a la cual concurrió y sostuvo una reunión en una oficina con dicho funcionario y tres hombres que no se identificaron, manteniéndola retenida contra su voluntad, por a lo menos 3 horas. En ese momento, se le comunica que le quitarían su celular personal, sin explicarle el motivo, advirtiendo además que las otras tres personas eran integrantes de la Policía de Investigaciones. Agrega que, fue objeto de apremios ilegítimos, tales como amenazas de detención y maltratos verbales, que la intimidaron y por miedo accedió a entregar su celular personal juntamente con sus claves, dejando constancia en un documento que suscribió en esa oportunidad, que lo hacía en contra de su voluntad.

Expone que con posterioridad a la materialización de la entrega, el Capitán Arias le explica que el motivo de dicha diligencia, se debe a que el Director de la Central Odontológica (Comandante nombre reservado), presentó una denuncia en su contra por tráfico de influencias. Aduce que, en tal sentido tomó toda esta situación como una represalia en su contra, cuestión que se sumaba a los hostigamientos recibidos en las últimas semanas, adicionando que uno de los tres policías de investigaciones que participaron de la reunión le tocó el hombro sin su consentimiento.

Considera que los actor referidos configuran violencia de género, que se cometió tanto por el personal policial como por el Fiscal Naval, ya que este último se aprovechó de su grado y su condición de subalterna en el lugar laboral.

Afirma que además de sus derechos a la vida e integridad física y psíquica y de igualdad ante la ley, se ha vulnerado a su vez su derecho de libertad personal al ser retenida contra su voluntad, así como se le ha privado de su derecho de propiedad por habérsele arrebatado su teléfono celular de forma involuntaria. Concluye solicitando se restablezca el imperio del derecho.

A folio 4, informa el Comandante en Jefe de la Armada, indicando que las circunstancias a las que alude la recurrente dicen relación con hechos acontecidos durante la tramitación de una causa judicial del Juzgado Naval de la Primera Zona Naval, la que actualmente se encuentra en etapa de sumario a cargo de la Fiscalía Naval de Valparaíso, dentro del marco de sus atribuciones jurisdiccionales que le confieren el artículo 83, inciso cuarto de la Constitución Política de la República; los artículos 5 y demás pertinentes del Código Orgánico de Tribunales; los artículos 25, 32° 127, 135 y demás pertinentes del Código de Justicia Militar en relación con los artículos 108° y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

Hace presente que mediante resolución de 18 de junio de 2024, el Juzgado Naval ordenó instruir la causa Rol N° 9.468/2024, en averiguación de un eventual delito contra la probidad y fe pública, ocurrido en el Departamento de Abastecimiento y Finanzas de la Central Odontológica de la Primera Zona Naval, en Valparaíso, lugar de trabajo de la recurrente. En razón de lo anterior y atendida la independencia que ostentan los Tribunales Militares en Tiempos de Paz, explica que no es posible que el Comandante en Jefe de la Armada, se inmiscuya en procesos judiciales en curso, a fin de evacuar el informe solicitado.

A folio 6, informa la Prefectura Provincial señalando que el 25 de junio de 2024, se recibió una orden amplia de investigar suscrita por el Fiscal Naval Álvaro Arias Manzor en causa Rol N° 9468-2024, con el objeto de que se practiquen las diligencias investigativas pertinentes en el marco de dicho proceso, tales como tomar declaraciones, practicar peritajes, descerrajar y/o incautar especies, etc., por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Agrega que, los hechos a investigar se originan por denuncia realizada al Juez Naval Contralmirante Roberto Zegers Leigthon.

Refiere que, mediante instrucción telefónica del Fiscal Naval Sr. nombre reservado, oficiales policiales de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Valparaíso, concurrieron hasta las dependencias de la Central Odontológica de la Primera Zona Naval, ubicada en calle Gral.

Del Canto N° 464 de la comuna de Valparaíso, donde junto con el Fiscal Naval, ya mencionado, y su actuario se procedió a realizar la diligencia de investigación, consistente en la incautación del teléfono celular de la recurrente Añade que se levanta la respectiva acta de incautación o entrega voluntaria de objetos, documentos y/o instrumentos o medios digitales e informáticos, y acta de autorización para ingreso a información compañía telefónica.

Menciona que luego, por instrucción verbal del mismo Fiscal Naval Sr. nombre reservado, los detectives se trasladaron a las dependencias de la Fiscalía Naval. Adiciona que, en ese lugar se desarrolló la diligencia consistente en la incautación del teléfono celular de la actora, levantándose la respectiva acta de incautación o entrega voluntaria de objetos, documentos y/o instrumentos o medios digitales e informáticos y acta de autorización para ingreso a información compañía telefónica.

A folio 8, evacúa informe nombre reservado, Capitán de Corbeta y Fiscal de la Primera Zona Naval, a lo ya informado agrega que no son efectivos los hechos relatados por la actora. Aduce que su actuar se debió a la existencia de una investigación penal instruida el 18 de junio de 2024, en causa Rol N° 9468/2024, por un eventual delito contra la probidad y la fe pública, ocurrido en el Departamento de Abastecimiento y Finanzas de la Central Odontológica de la Primera Zona Naval. Sin perjuicio del secreto sumario, hace presente que en síntesis se investigan eventuales irregularidades en la contratación pública, para labores de aseo vía tratos directos por un monto total superior a $300.000.000.-, a una empresa que fue constituida pocos días antes de la respectiva contratación y respecto de cuyos miembros existen lazos de consanguinidad con algunos de los funcionarios de dicho departamento.

Expone que en razón de lo anterior y tras haber sido requerida, fue la propia Teniente y actual recurrente, la que voluntariamente se presentó en la Fiscalía Naval, pasadas las 16:00 horas del día 25 de junio pasado.

Adiciona que, en dicho lugar, en presencia de del Fiscal, de personal de la Fiscalía Naval y de tres funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la P.D.I. de Valparaíso (Subprefecto Carlos nombre reservado, Comisario nombre reservado y Subcomisario nombre reservado), de manera cortés y conforme al trato respetuoso que se le otorga a todas las personas que intervienen en las causas judiciales de esta Fiscalía, se le requirió en virtud de la incautación decretada, la entrega de su teléfono celular, a lo que solo accedió firmando el acta respectiva, después que se le explicaran cuáles eran consecuencias jurídicas si se negaba a dar cumplimiento a lo resuelto. A su juicio, es posible concluir que las diligencias investigativas decretadas el 25 de julio de 2024, fueron hechas dentro del marco de sus atribuciones jurisdiccionales, ajenas a toda ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto se encontraban amparadas por el marco legal que lo regula, y son necesarias para el éxito de la investigación que se lleva en curso.

A folio 7, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para que el recurso de protección prospere, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que se acredite la existencia de la acción u omisión en que se sustenta el recuso; b) que esa acción u omisión sea ilegal y/o arbitraria; c) que esa acción u omisión ilegal y/o arbitraria amenace o vulnere alguna de las garantías contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) que esta Corte esté en condiciones de adoptar alguna medida cautelar para restablecer el pleno ejercicio de la o las garantías amagadas.

Segundo: Que, con el mérito de los antecedentes y lo expuesto por ambas partes, se concluye que no existe discusión alguna en cuanto a la existencia del acto que motiva la presente acción constitucional, puesto que, en su informe, el Capitán de Corbeta y Fiscal Naval Álvaro Arias reconoce haber solicitado a la recurrente la entrega de su teléfono celular el 25 de junio de 2024, justificando su actuar en la existencia de una investigación penal instruida el 18 de junio de 2024, en causa Rol N° 9468/2024, por un eventual delito contra la probidad y la fe pública, ocurrido en el Departamento de Abastecimiento y Finanzas de la Central Odontológica de la Primera Zona Naval.

Tercero: Que, para resolver el presente arbitrio, es necesario considerar que el artículo 25 del Código de Justicia Militar, prevé entre las atribuciones de los Fiscales en materia penal, la de instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando todas las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo todos los elementos de convicción que sean del caso.

Cuarto: Que, en base a la norma referida anteriormente, no se advierte en la especie actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, desde que el acto de 25 de junio de 2024 que se le reprocha constituye una diligencia investigativa que se ejecutó en el marco de una investigación instruida en contra de la recurrente el 18 de junio del mismo año, en causa Rol N°9468/2024. De ello se sigue que el acto se ha llevado a efecto por la autoridad competente, dentro de sus facultades legales y previo procedimiento establecido en la ley, lo que motiva rechazar la acción de protección intentada. A tal decisión se arriba, sin perjuicio de las solicitudes que pueda efectuar la actora en el referido proceso criminal, en relación con la devolución de los artículos personales que pretende obtener con el ejercicio de esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de SAMANTHA y en contra de Armada de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 4977-2024.