nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, comparece don Hanz Eduard Hoffhein Escalona, abogado, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, Ingeniero en Informática, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la negativa a restituir sus fondos previsionales de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

El recurrente califica como un acto ilegal y arbitrario la negativa de la recurrida a restituir los fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.156. Explica que su representado solicitó la devolución de fondos mediante el portal web de la administradora, acompañando los documentos que, a su juicio, acreditan el cumplimiento de los requisitos legales. No obstante, con fecha 24 de diciembre de 2025, fue notificado del rechazo de su solicitud, bajo el argumento de que el documento aportado —una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)— carecía de la respectiva apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y que no constituía una constancia de afiliación vigente idónea.

La parte recurrente sostiene que el actor cumple copulativamente con las exigencias del artículo 1° de la Ley N° 18.156, a saber:

1. Calidad de técnico o profesional: Acreditada mediante su título de Ingeniero en Informática, debidamente apostillado.

2. Voluntad de exención: Manifestada expresamente en sus contratos de trabajo, primero con la empresa Mandomedio Consultores S.A. (desde octubre de 2018) y posteriormente con Sonda S.A. (desde junio de 2021).

3. Afiliación en el extranjero: Afirma encontrarse afiliado al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), el cual cubre las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Argumenta que la exigencia de una apostilla física sobre un documento electrónico con código de verificación alfanumérico constituye una carga desproporcionada e imposible de cumplir. Hace notar que es un hecho público y notorio la crisis institucional en Venezuela y la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que impide obtener legalizaciones consulares. Sostiene que la conducta de la AFP vulnera su derecho de propiedad sobre los fondos (Art. 19 N° 24 de la Constitución) y la igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2), al imponer requisitos no contemplados taxativamente en la normativa vigente.

Finaliza, que para efectos de acreditar de manera objetiva, fehaciente e irreprochable la voluntad inequívoca del recurrente de poner término definitivo a su estadía en la República de Chile y retornar a su país de origen, se acompaña como medio de prueba el boleto aéreo efectivamente utilizado, correspondiente al trayecto Santiago de Chile – Caracas, vía Bogotá, con fecha de salida 30 de octubre de 2025. Dicho antecedente da cuenta de que el recurrente se encuentra actualmente en la República Bolivariana de Venezuela desde el mes de octubre de 2025, circunstancia que importa el cese real y efectivo de su residencia en Chile, así como la extinción de todo vínculo laboral, previsional y económico con empleadores y entidades nacionales.

A folio 12, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., solicitando el rechazo de la acción cautelar. En su defensa, sostiene que su actuar se ajusta estrictamente a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (Compendio de Normas del Sistema de Pensiones), las cuales obligan a las administradoras a verificar que la documentación que acredita la cobertura extranjera esté debidamente legalizada o apostillada para garantizar su autenticidad. Subraya que no es obligación de la AFP realizar verificaciones en sitios web extranjeros y que el documento presentado por el actor es meramente informativo y no acredita cobertura por todo el periodo de cotización en Chile. Asimismo, destaca que el recurrente posee residencia definitiva en el país, lo que a su juicio demuestra una voluntad de permanencia que choca con el espíritu de la Ley N° 18.156, destinada a personal técnico que se encuentra transitoriamente en Chile.

A folio 13, informó la Superintendencia de Pensiones. El organismo regulador explica que la jurisprudencia administrativa ha establecido que la certificación de la institución previsional extranjera debe ser explícita en cuanto a que los riesgos de vejez, invalidez, muerte y enfermedad están cubiertos durante el periodo en que el trabajador presta servicios en Chile. Advierte que las declaraciones juradas notariales no son medios de prueba idóneos para suplir la certificación oficial del organismo extranjero y que, tratándose de documentos provenientes del exterior, deben cumplir con las formalidades de la Convención de la Apostilla o el proceso de legalización, requisitos que no se verifican en la especie.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en l, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP PROVIDA S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones. En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias en relación a la materia debatida:

1.-Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la Técnico superior Universitario y ciencias de fuego y seguridad contra incendios, y que cuenta con residencia definitiva;

2.-Dicha persona extrajera ingresó a prestar servicios a Ferrostaal Chile S.A.C., el 24 de febrero de 2025 con un contrato de carácter indefinido;

3.-Por anexo de contrato de trabajo de 24 de febrero de 2025, el recurrente dejó constancia de su voluntad de mantener vigente su afiliación al régimen previsional de su país;

4.-El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición ya que no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, no se logró acreditar la veracidad y autenticidad de la documentación laboral aportada por la recurrente.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1 de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la AFP PROVIDA sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos. Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerado un técnico extranjero. Sin embargo, en relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, no se acreditó la concurrencia copulativa de las exigencias legales. En efecto, la Declaración Jurada otorgada ante Notario Público acompañada en estos autos, no reviste ninguna utilidad probatoria para estos efectos, en tanto se trata de una manifestación unilateral de voluntad basada en los datos aportados por la propia recurrente, que carece de todo mérito para establecer fehacientemente la afiliación oficial, así como tampoco acredita por sí misma las coberturas y el período de vigencia de las mismas ante el organismo extranjero.

En similar situación se encuentra la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ya que más allá de su vigencia temporal y código de verificación, dicho documento, que carece de legalización o apostilla, sólo señala la fecha de afiliación y la calidad de asegurado cesante, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera por medio de una mera referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que no permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos. Cabe recordar que el derecho extranjero es un hecho que debe ser probado en Chile por los medios legales correspondientes, lo que no ha ocurrido en la especie.

Finalmente y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad de la recurrente como residente definitivo, estatus migratorio que consta en su Cédula de Identidad, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos. De manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus, rigiendo plenamente la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción de la Ley N° 18.156 en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone una probable carga previsional futura para el Estado de Chile.

Noveno: Que, respecto al documento acompañado por la parte recurrente consistente en un boleto aéreo con itinerario Santiago-Caracas, de fecha 30 de octubre de 2025, este Tribunal estima que dicho antecedente no desvirtua lo razonado precedentemente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de AFP PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-497-2026.

En Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.