nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, asistida por su abogado patrocinante don Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el rechazo arbitrario e ilegal de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acto que —sostiene— amenaza, perturba y priva el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales.

Expone que, con fecha 30 de julio de 2025, fue notificada del rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, sin que se expresara motivación ni fundamento razonable, limitándose la AFP a denegar la petición fundada en la supuesta insuficiencia de la documentación aportada.

Indica que acompañó certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que acredita su afiliación a un régimen de seguridad social que cubre enfermedad, invalidez, vejez y muerte, junto con contratos de trabajo y anexos que expresan su voluntad de mantenerse afecta al sistema previsional venezolano, declaración jurada notarizada y apostillada en Chile, y título profesional debidamente apostillado, lo que —afirma— satisface las exigencias legales establecidas en la Ley N° 18.156. Señala que la Constancia Electrónica del IVSS es verificable mediante código de autenticidad en la página web oficial del organismo venezolano:

(http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss), de modo que la negativa de AFP Cuprum carece de toda razonabilidad.

Sostiene que la recurrida aplica criterios formalistas no contemplados en la ley, creando requisitos adicionales que obstaculizan arbitrariamente su derecho a disponer de sus fondos previsionales. Agrega que otras AFP han aceptado documentos de igual naturaleza, lo que evidencia un trato discriminatorio.

Afirma que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye una privación arbitraria e ilegal de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, afecta el principio de igualdad ante la ley, y contraviene la finalidad de la Ley N° 18.156, debiendo ordenarse el reconocimiento de la validez de los documentos presentados y la devolución de los fondos previsionales conforme a la normativa aplicable.

Concluye solicitando que esta Corte acoja el recurso de protección, declare ilegal y arbitrario el rechazo de AFP Cuprum S.A., y ordene a la recurrida reconocer la validez de los documentos presentados, disponiendo un nuevo pronunciamiento favorable sobre su solicitud dentro del plazo de 5 días, o el que S.S. estime conforme a derecho.

A folio 10, comparece la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que la recurrente, de nacionalidad venezolana, dedujo acción constitucional de protección en contra de AFP Cuprum S.A., por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, requerida conforme a la Ley N° 18.156.

La Superintendencia informa que no registra reclamo alguno del recurrente respecto de los hechos materia de esta acción cautelar, por lo que no existen antecedentes administrativos previos sobre el caso en sus registros.

Sin perjuicio de ello, expone que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente las condiciones del artículo 1° de dicho cuerpo legal, a saber:

a) estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Indica que, conforme al artículo 7° de la ley citada, la devolución de fondos previsionales procede sólo si se acreditan los requisitos copulativos del artículo 1°, lo que —por tratarse de una norma de excepción— debe interpretarse restrictivamente.

Precisa que, para acreditar el cumplimiento de la letra a) del artículo 1°, el trabajador extranjero debe acompañar certificación emitida por la autoridad previsional competente de su país, debidamente legalizada o apostillada, que consigne de manera específica la cobertura efectiva en los cuatro riesgos antes señalados (enfermedad, invalidez, vejez y muerte), durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que la jurisprudencia administrativa del Organismo, contenida en los Oficios N° 21.480 de 2017, N° 23.208 de 2023 y N° 3.141 de 2024, ha resuelto que no resulta suficiente acompañar una declaración jurada personal ni un documento genérico que mencione coberturas previsionales sin especificar la existencia efectiva de dichas prestaciones. En tal sentido, sostiene que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el IVSS —documento que el recurrente habría acompañado— no constituye un medio idóneo, al no estar firmada por funcionario emisor, legalizada ni apostillada, ni especificar de manera concreta las coberturas ni períodos determinados.

Reitera que el procedimiento de apostilla es la forma legal prevista para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, por lo que no puede omitirse dicho requisito.

Hace presente que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencias Roles N° 522-2025, 4242-2025 y 4307-2025, de fechas 9 de abril, 12 y 18 de agosto de 2025, rechazó recursos de protección interpuestos por trabajadoras venezolanas en situación similar, y que la Corte Suprema, en fallo de 26 de junio de 2025, Rol N° 17866-2025, confirmó este criterio, al considerar que no es ilegal ni arbitrario exigir la apostilla en los certificados previsionales extranjeros.

Concluye señalando que no cuenta con antecedentes que permitan acreditar que la recurrente cumple los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de sus fondos previsionales, y solicita tener por cumplido lo ordenado por esta Iltma. Corte.

A folio 12 evacua informe Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien solicita el rechazo del presente recurso.

Señala que el recurrente dedujo acción constitucional en contra de la Administradora, alegando que el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156 constituiría un acto ilegal y arbitrario.

Expone que con fecha 30 de julio de 2025, la Administradora resolvió rechazar la solicitud del recurrente, fundado en que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos esenciales contemplados en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Sostiene que la documentación aportada por el recurrente —en particular, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS— no permite acreditar que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas Y pecuniarias, conforme al estándar exigido por la normativa vigente. Además, dicho documento no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, conforme a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla (Convención de La Haya), lo que afecta su valor probatorio en el ordenamiento jurídico nacional. Tampoco se encuentra firmado por el funcionario emisor.

Indica que la jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Pensiones ha sido uniforme y reiterada en exigir que el trabajador extranjero acredite haber contado con cobertura previsional por todos los riesgos exigidos durante la totalidad del período de prestación de servicios en Chile. En particular, respecto de la cobertura de salud, se ha establecido que esta debe ser integral, es decir, debe comprender tanto prestaciones médicas como pecuniarias en caso de enfermedad de origen común. Este criterio ha sido reafirmado en los Oficios N° 21.480 de 2017, N° 23.208 de 2023 y N° 3.141 de 2024.

Sostiene que AFP Cuprum actuó en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, dado que la Ley N° 18.156 —norma de excepción— exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° para proceder a la devolución de fondos.

Cita el marco regulatorio aplicable, destacando que la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones recae en la Superintendencia de Pensiones, y que las normas generales impartidas por dicho organismo son vinculantes para todas las AFP, pudiendo la Administradora incurrir en graves sanciones si no cumple a cabalidad la normativa del organismo fiscalizador.

En consecuencia, sostiene que la actuación de AFP Cuprum se ajusta al principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia uniforme sobre la materia, de modo que no ha existido privación, perturbación ni amenaza alguna a los derechos fundamentales del recurrente.

Concluye solicitando tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta por nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos, declaración jurada y título profesional— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria.

Tercero: Que, la recurrida, al evacuar su informe, sostiene que la solicitud fue rechazada conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, en cuanto: (i) la documentación presentada no acredita cobertura previsional que incluya prestaciones médicas Y pecuniarias en caso de enfermedad, (ii) la Constancia Electrónica del IVSS carece de firma del funcionario emisor y no está apostillada ni legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al informar, señaló no registrar reclamo administrativo de la recurrente, precisando que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1°, mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Ratificó que la jurisprudencia administrativa y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, han desestimado la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el IVSS.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero estarán exentas de las leyes de previsión chilenas siempre que concurran copulativamente las condiciones de:

a) encontrarse el trabajador afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal autoriza la devolución de fondos previsionales solo a quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos del artículo 1°.

Quinto: Que, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II, Título XI, desarrolla la aplicación de la citada ley, estableciendo que la afiliación previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste expresamente la obligación de otorgar las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período laborado en Chile.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados se desprende que la “constancia electrónica” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por la actora no se encuentra firmada ni apostillada o legalizada, ni consigna de forma específica las coberturas exigidas por la ley, por lo que no resulta idónea para acreditar la afiliación previsional en los términos exigidos por el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y la normativa complementaria.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no contempla expresamente la exigencia de apostilla o legalización, tal formalidad se deriva de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos públicos extranjeros, artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y del Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente tanto en Chile como en Venezuela. En consecuencia, la exigencia impuesta por la administradora constituye una aplicación razonable de las reglas destinadas a asegurar la autenticidad de los documentos emitidos en el extranjero, especialmente tratándose de un régimen previsional de excepción.

Octavo: Que, en mérito de lo expuesto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por cuanto su decisión se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente y en las instrucciones impartidas por la autoridad competente, sin que se advierta vulneración a las garantías constitucionales invocadas, considerando además que la recurrente mantiene residencia en Chile y no ha acreditado su intención de retorno definitivo a su país de origen, supuesto que habilitaría el retiro de fondos en los términos previstos por la Ley N° 18.156.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4969-2025.