nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156, con infracción a las garantías fundamentales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales mediante la plataforma virtual de la recurrida, acompañando la documentación exigida por la Ley N°18.156, incluyendo contrato de trabajo y anexo de contrato individual, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación al IVSS autorizada ante notario, y título profesional debidamente apostillado.

Sostiene que la recurrida rechazó la solicitud el 23 de julio de 2025, alegando falta de verificación y/o vigencia de la declaración de afiliación en el Instituto Venezolano de Seguro Social. No obstante, afirma que dicho documento cuenta con plena validez y cuenta con código de verificación electrónica en la plataforma oficial del Instituto Venezolano de Seguro Social.

Argumenta que la administradora realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador y estableciendo requisitos adicionales no contemplados en la ley.

Solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho, dentro del plazo de 5 días o el que el tribunal estime pertinente.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que no registra reclamo del actor ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Indica que la normativa contenida en la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales. Asimismo, expone que para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme al artículo 7° de dicha ley, resulta imprescindible dar cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo 1°, particularmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero.

Refiere que la certificación de cobertura debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, consignando específicamente que el trabajador contó con protección efectiva por todos los riesgos exigidos durante todo el período de prestación de servicios en Chile, documentación que debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Respecto de la documentación acompañada por el recurrente, concluye que tanto la Declaración Jurada suscrita ante notario como el certificado electrónico del Instituto Venezolano de Seguros Sociales resultan insuficientes para acreditar la exigencia legal, por carecer de la formalidad requerida y no especificar las coberturas otorgadas durante el período respectivo, por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional.

A folio 9, informa la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Expresa que efectivamente el actor presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, la que rechazó por carecer la documentación presentada de los requisitos formales exigidos.

Argumenta que su actuación se ajustó estrictamente a lo dispuesto en el Oficio Ordinario N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones, de 15 de julio de 2025, el cual establece que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, debiendo dicha certificación encontrarse legalizada o apostillada.

Indica que las certificaciones electrónicas sin legalización o apostilla y las declaraciones juradas, aun cuando estén notariadas, no tienen valor probatorio suficiente por no emanar de la autoridad previsional competente, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 11, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros efectuada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y solicita que se acoja el recurso, disponiendo que se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida afirma que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por cuanto la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y la “declaración jurada” que fueron acompañados no cumplen con los requisitos dispuestos en el Oficio Ordinario N°12.954, de 15 de julio de 2025 y la Ley N°18.156, atendido que la certificación debe ser legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de La Haya y el Código de Procedimiento Civil.

A su vez, la Superintendencia de Pensiones sostuvo que para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme al artículo 7° de la Ley N°18.156, resulta imprescindible dar cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo 1°, particularmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero, la que debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 18 de julio de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente y el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4964-2025.