nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Marcelo Vasseur Aguirre, en representación (67) de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado San Juan, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra del Instituto de Previsión Social, por la omisión ilegal y arbitraria de no dar respuesta a su solicitud, dictado la respectiva Resolución Final, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, garantizadas por el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Expone que todos requirentes son beneficiarios de las Leyes de Reparación contenidas en la denominada Ley Valech, Ley Nº19.992, y Ley de Exonerados por motivos políticos, Ley Nº19.234, y por las cuales perciben un pago anual, dividido mensualmente por parte del Estado de Chile en calidad de víctimas de violencia política y tortura.

Indica que el 05 de marzo de 2026, los requirentes presentaron solicitud de Resolución Final al Instituto de Previsión Social, respecto del pago de la Pensión Garantizada Universal y el IPS aún no ha dado respuesta a dicha solicitud, como tampoco ha entregado la resolución final respectiva, constituyendo un acto u omisión ilegal y arbitrio que priva, perturba y/o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución, toda vez que, los requirentes se han visto privados de ejercer la tutela judicial efectiva, por no cumplir el requisito en el artículo 446 del Código del Trabajo, que dispone que, para poder demandar a un organismo de seguridad social es necesario acompañar la resolución final de la respectiva entidad y que se pronuncie sobre la materia que se demanda, ello en relación con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 447, que dispone que, el juez admitirá la demanda a tramitación sólo si el actor ha dado cumplimiento a los dispuesto en el artículo 446, de lo contrario deberá rechazar de plano la demanda.

Así fue lo que ocurrió en los autos laborales caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, del Juzgado del Trabajo de Valparaíso, en la causa RIT: O-579-2026, en que el juez de la causa archivó el proceso, aduciendo de que los requirentes, demandantes de dicho proceso, no habían dado cumplimiento a la ley laboral, pues, se estaba demandado a un organismo de seguridad social, y no se cuenta hasta la fecha con la Resolución Final del IPS.

Hace presente que mediante la dictación de la Ley Nº21.419, se creó la Pensión Garantizada Universal (en adelante PGU), y se estableció que: “Es un beneficio no contributivo otorgado por el Estado y pagado mensualmente, pudiéndola obtener las personas que cumplan con los requisitos que establece la ley, estén trabajando o no, estén pensionados o no.” Dichos requisitos para acceder a la PGU y conforme lo dispone el artículo 10 son los siguiente: (i) Haber cumplido 65 años de edad; (ii) No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% de la población más rica de Chile; (iii) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile, por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos o a cuatro años en los últimos cinco años en Chile y; (iv) Tener una pensión igual o inferior a $789.139.- con lo cual se pagará íntegramente la PGU, y en el caso de tener una pensión superior a $789.139.- o pensión inferior a $1.255.602.-, entre ambos valores irá disminuyendo en un porcentaje por la aplicación de un factor.

Explica que el órgano de previsión social les ha negado a los requirentes en todo momento el pago de la PGU, desde los inicios del pago de esta, esto es, desde el mes de junio de 2022, aduciendo que conforme el principio de legalidad no les corresponde percibir la PGU, ya que son beneficiarios de leyes especiales, específicamente Ley Nº19.992 y Ley Nº19.234, por lo dispuesto en el artículo 36 inicios 2º, 3º y 4º de la Ley Nº20.255, la que establece una compatibilidad aparente, pero que en definitiva de la aplicación aritmética que se establece en la aludida norma, su resultado siempre es $0.-.

Indica que dicho precepto legal contraviene los artículo 19 Nº2, Nº3 inciso primero, Nº7 letra h), Nº18, Nº22 y Nº24 de la Constitución Política de la República y así fue establecido por Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 2025, en causa INA RIT:16.072/2024, en que acogiendo el requerimiento por inconstitucionalidad del artículo 36, incisos 2, 3 y 4 de la Ley Nº20.255, ya que establece diferencias arbitrarias al poner a los beneficiarios de pensiones de reparación en una posición desmejorada respecto de otros ciudadanos, sin justificación constitucionalmente válida. Se confunde un pago reparatorio por violación de derechos humanos, con un beneficio universal que consiste en una pensión de vejez, para todos los chilenos que cumplan con los requisitos del artículo 10 de la Ley Nº21.419.

Por lo anterior, los recurrentes iniciaron acción judicial de cobro de pago de prestaciones previsionales, PGU adeudadas, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, y resulta que, se han visto vulnerados en su derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, ya que, se exige por el artículo 446 inciso 4º del Código del Trabajo, la Resolución Final del organismo de seguridad social que se pretende demandar.

Sostienen que el recurrido al verse posiblemente vencido en los autos laborales, y ante la eventualidad de que los requirentes se encuentran en situación de ejercer acción de cobro de pago de prestaciones previsionales PGU a su favor, ha realizado actos tendientes a favorecer sus intereses en desmedro de los derechos constitucionales y legales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, no respondiendo ni dando resolución final solicitada en todo momento por los requirentes, mediante diversos actos evasivos y dilatorios. Los requirentes una vez cumplidos los requisitos del artículo 10 del Ley Nº21.419, han solicitado por diversos medios acceder a la PGU, frente a la negativa la han solicitado en forma presencial, telefónica, a través de su página web institucional y Oficina de Partes, donde se entrega la misma respuesta, es decir que no les corresponde el beneficio de la PGU por pertenecer a leyes especiales.

Solicita que el IPS emita una Resolución Final respecto de los requirentes, con relación a si les corresponde o no el pago de la PGU, pese a que son beneficiarios de leyes de reparación contenidas en la Ley Nº19.992 y Ley Nº19.234, con costas.

A folio 12 evacua informe Víctor Espinoza Agurto, abogado en representación del Instituto de Previsión Social.

En primer término, alega la improcedencia de la presente acción cautelar, ya que en la parte petitoria se aprecia que los recurrentes pretenden que se ordene al recurrido la concesión del pago de la PGU, sin haber realizado la solicitud para ello y sin tener que verificar si cumplen los requisitos, no siendo esta la vía para declarar derechos.

En el mismo sentido, indica que el conflicto dice relación directa con el Derecho de Seguridad Social, reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política del Estado, necesariamente debe ventilarse en un juicio declarativo, ya que dicha garantía, no está protegida por la acción de protección.

En cuanto al fondo, explica que mediante Oficio Ordinario N°72.187-2026, de 3 de agosto de 2026, del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, en virtud del cual dio respuesta expresa, fundada y completa a la presentación efectuada por el abogado don Marcelo Vasseur Aguirre, pronunciándose respecto de cada una de las materias consultadas y, particularmente, acerca del régimen jurídico aplicable a los beneficiarios de pensiones otorgadas al amparo de las leyes reparatorias en relación con el acceso a la Pensión Garantizada Universal.

En dicho acto administrativo el Instituto de Previsión Social explicó los requisitos legales establecidos en la Ley N° 21.419 para acceder a la PGU; desarrolló el régimen especial contenido en el antiguo artículo 36 de la Ley N° 20.255; expuso las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.735 y la gradualidad prevista por sus disposiciones transitorias; informó el estado previsional individual de los sesenta y siete recurrentes; y resolvió expresamente las consultas formuladas respecto de la procedencia del beneficio y de la oportunidad en que éste puede ser solicitado.

Por lo anterior, el acto cuya inexistencia constituye el fundamento del recurso no sólo existe, sino que contiene una respuesta fundada, emitida por la autoridad competente y conforme al ordenamiento jurídico vigente, lo que en definitiva acarrea como consecuencia, que el recurso carece del presupuesto básico que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria que haga necesaria la intervención cautelar de esta Ilustrísima Corte.

Agrega además, que en el Ordinario emitido por el Director Nacional acredita que, siete recurrentes ya accedieron a la Pensión Garantizada Universal por cumplir la gradualidad legal correspondiente, existiendo resoluciones administrativas firmes que les concedieron dicho beneficio, treinta y dos recurrentes registran solicitudes de PGU actualmente en tramitación, encontrándose únicamente pendiente la verificación del requisito legal de residencia exigido por la Ley N° 21.419, tres recurrentes pertenecen a grupos habilitados para postular, pero no registran ingreso alguno de solicitud, circunstancia que impide jurídicamente emitir un pronunciamiento sobre un beneficio que ni siquiera ha sido requerido, otros recurrentes aún no cumplen la edad prevista por la gradualidad incorporada por la Ley N° 21.735, razón por la cual sólo podrán postular al beneficio cuando el propio legislador lo autorice y respecto de uno de los recurrentes, incluso consta el fallecimiento del interesado, circunstancia que determinó la anulación de la respectiva solicitud administrativa.

Por lo que solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

A folio 17 el abogado recurrente informa que se ha incoado demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, originándose la causa RIT: 1151-2026, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, dando curso a la demanda sobre declaración y cobro de prestaciones previsionales adeudas a los recurrentes, donde se tuvo por cumplido el requisito que establece al efecto el artículo 446 inciso 4º del Código del Trabajo, dándose curso a la demanda y se citó a audiencia preparatoria, para el día 9 de marzo de 2027 a las 09:00 horas.

A folio 13 se ordena traer autos en relación:

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la solicitud de improcedencia invocada por el Instituto de Previsión Social:

Primero: Que, en relación con dicha alegación, esta será desestimada, ya que se advierte que fueron denunciados como derechos vulnerados los establecidos en los números 2, 22 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que se encuentra dentro de los derechos amparados por la presente acción, según prescribe el artículo 20 de la Carta Fundamental.

II.- En cuanto al fondo Segundo: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, lo requerido en el presente arbitrio por la parte recurrente dice relación con la necesidad de obtener un pronunciamiento por parte del Instituto de Previsión Social respecto de su solicitud relativa a la procedencia o no del pago del pago de la Pensión Garantizada Universal, trámite necesario para los efectos de interponer las acciones legales pertinentes ante el Juzgado del Trabajo, especialmente cumplir con lo dispuesto en el articulo 446 inciso cuarto del Código del Trabajo.

Cuarto: Que, al evacuar informe el recurrido, da cuenta que mediante Oficio Ordinario N°72.187-2026 de 3 de agosto de 2026 del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, se dio respuesta expresa, fundada y completa a la presentación efectuada por el abogado recurrente, pronunciándose respecto de cada una de las materias consultadas y, particularmente, acerca del régimen jurídico aplicable a los beneficiarios de pensiones otorgadas al amparo de las leyes reparatorias en relación con el acceso a la Pensión Garantizada Universal.

Quinto: Que, de la documentación acompañada por el Instituto de Previsión Social se advierte que si bien la solicitud de los actores fue resuelta el 3 de agosto de 2026, no es menos cierto que ha existido una dilación excesiva en su tramitación —si se considera la fecha de presentación de la solicitud que data del 5 de marzo de 2026—, siendo resuelta ésta únicamente una vez interpuesta la presente acción constitucional, lo que permite concluir que la autoridad administrativa infringió el artículo 3° inciso segundo de la Ley 18.575 y el artículo 7° de la Ley N°19.880 y, como consecuencia de aquello, lo dispuesto en la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al generarse, como consecuencia de la dilación señalada una discriminación arbitraria e ilegal en la tramitación de la Resolución final requerida por los recurrentes, en relación con otros interesados puestos en la misma situación, quienes han obtenido una respuesta oportuna, motivo por lo que la presente acción será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara;

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia invocada por el Instituto de Previsión Social.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Marcelo Vasseur Aguirre en favor de 67 recurrentes en contra del Instituto de Previsión Social, y se declara que la omisión en emitir la resolución final solicitada se constituyó dada su dilación en dictarse en una actuación arbitraria e ilegal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4943-2026.