Protección contra Contraloría Regional de Valparaíso

Foja: 52 Cincuenta y Dos edp C.A. Valparaíso Valparaíso, doce de abril de dos mil dieciséis.

VISTO:

A fojas 4, comparece don nombre reservado, Administrador Municipal, Alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de Papudo, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de Valparaíso, representada legalmente por el Contralor Regional de Valparaíso, don Víctor Hugo Merino Rojas, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que a causa de una denuncia por supuestas irregularidades en que había incurrido la Ilustre Municipalidad de Papudo al contratar bajo la modalidad de honorarios, entre los meses de enero de 2011 y octubre de 2014, a funcionarios pertenecientes a la planta del personal, la Contraloría Regional de Valparaíso, dispuso una investigación cuyo resultado consta en el Informe Final Nº 56/2014, de fecha 13 de agosto de 2015, suscrito por la Jefe de Control Externo de dicha dependencia, y aprobado por el Contralor Regional, en que se sostiene que la totalidad de los contratos examinados no especifican de manera clara y precisa las obligaciones que debía cumplir cada servidor, esto es, los objetivos generales y específicos que debían verificarse en el contexto del propósito público que el Municipio pretendía satisfacer con tales convenios, lo que a juicio del ente contralor constituye una situación que atenta contra la certeza que debe existir en las relaciones de la Administración con los servidores a honorarios con el objeto de evitar la discrecionalidad en el cumplimiento de tales convenios.

Refiere, en primer término, que conforme lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto para Funcionarios Municipales, podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales, constituyendo una facultad exclusiva y excluyente del Alcalde, enmarcada dentro de los aspectos de mérito, conveniencia y oportunidad; mientras que en el mismo sentido, el artículo 85 letra b) del mismo cuerpo estatutario, dispone que los referidos contratos a honorarios son compatibles con el empleo municipal desempeñado por los funcionarios en que ellos recayeren; agregando que en la especie las conclusiones del citado informe son erradas por cuanto los contratos a honorarios objeto del presente recurso cumplen con todos los requisitos, en tanto en ellos se señala el producto esperado o las labores a desarrollar por los servidores, monto, plazo, forma de pago y las regulaciones aplicables, e incluso la naturaleza de la labor o cometido encomendado.

Sin perjuicio de lo anterior y, a mayor abundamiento, postula que mediante Dictamen Nº 29.515, de fecha 15 de abril de 2015, la propia Contraloría General de la República, resolvió que la controversia acerca de si las labores realizadas fueron ejecutadas de acuerdo a los lineamientos fijados en el respectivo contrato a honorarios, constituye un asunto litigioso que impide a dicha entidad contralora pronunciarse sobre la materia; por lo que las apreciaciones formuladas en el Informe Final antes referido, en cuanto a determinar si las labores desarrolladas en el marco de los mencionados contratos a honorarios se ajustan a las condiciones convenidas por las partes, es una materia de carácter litigiosa que según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 10.336, se encuentra vedada a su conocimiento.

Asimismo, alega que la recurrida ha argumentado que en el ámbito del derecho público, no pueden tener lugar de manera absoluta las reglas de interpretación establecidas en los artículos 1545 y 1560 del Código Civil; criterio que señala no compartir toda vez que estima que dicha normativa es la que debe regular el ejercicio y relación del Estado con sus ciudadanos en materia de contrataciones, sin que pueda resultar posible sostener que los principios de buena fe y de respeto a la voluntad de las partes sean ajenos a las contrataciones que efectúa el Estado o los órganos de mismo, tal como se desprende de la propia jurisprudencia de la recurrida.

Por su parte, reclama que el Informe que origina el presente arbitrio señala que el producto entregado a través de los informes parciales y finales no obedecen a los diagnósticos y/o estudios contratados, los que en su generalidad corresponderían a un conjunto de enunciaciones de conceptos académicos, a la transcripción de normales legales y principios aplicables al sector municipal sobre temáticas existentes en páginas de internet de organismos públicos y privados de fácil acceso para el Municipio; sin embargo, aclara que en la mayoría de los casos el trabajo encomendado consistió en un proceso de recopilación de información relevante, distribuida en numerosas fuentes de diversa índole, lo que supone el empleo de conocimientos prácticos y experiencia en el manejo y tratamiento de las fuentes de información, estando dichas materias relacionadas con áreas sensibles del desarrollo comunal.

En dicho orden de ideas, concluye que lo que concierne al contenido, naturaleza y propósitos de la contratación, es un aspecto de mérito o conveniencia de las decisiones administrativas que, conforme lo dispuesto en el artículo 21 B de la Ley Nº 10.336, no corresponde evaluar a la entidad fiscalizadora; de tal modo que la especificidad requerida por el ente contralor no concuerda con las facultades conferidas por el legislador, pues las funciones y objetivos de la contratación bajo modalidad de honorarios se encuentra explicada con la suficiencia pertinente para poder desenvolver la tarea encomendada a los servidores. A mayor abundamiento, aduce que no es posible aceptar que se indique por la recurrida que los contratos a honorarios celebrados, sólo hayan pretendido que los funcionarios contratados obtuvieran un incremento de sus remuneraciones, debido a que ello constituye más bien un prejuzgamiento que escapa del ámbito de su competencia, perjudicando la imagen de las personas afectadas y de la administración comunal.

Acusa que la actuación de la recurrida consistente en la fiscalización y ejercicio de atribuciones arrogadas fuera de aquéllas concedidas por el legislador, vulneran, en primer término, la garantía fundamental del derecho de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, al establecerse por el ente contralor una diferencia arbitraria respecto de la Ilustre Municipalidad de Papudo asociada a la elaboración de un Informe con una fundamentación acomodaticia y el ejercicio de la función fiscalizadora al margen de las atribuciones conferidas por el legislador, lo que no se verifica respecto de otros organismos sujetos a su control. En el mismo sentido, refiere la afectación de la garantía esencial prevista en el artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, al constituirse la recurrida en una verdadera comisión especial, tanto desde una dimensión orgánica, como procesal.

Solicita en definitiva se deje sin efecto el Informe Final de Investigación Especial Nº 56 de 2014, emitido por la recurrida y, asimismo, todos los demás actos que rolan a partir del mismo.

A fojas 17, informa Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando que se desestime en todas sus partes el recurso de protección. En primer término, alega la extemporaneidad de la presente acción cautelar, toda vez que dirigida ésta en contra del Informe de Investigación Especial Nº 56 de 2014, recepcionado por la entidad edilicia, con fecha 14 de agosto de 2015, el presente arbitrio ha sido interpuesto sólo con fecha 16 de diciembre del mismo año, esto es, habiendo transcurrido el plazo de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado sobre la materia.

Acto seguido, sostiene que el asunto materia del presente recurso es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección, en tanto la pretensión de la recurrente es una cuestión que excede la finalidad de la acción constitucional de protección que ha sido establecida sólo como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales, respecto de asuntos en los que exista un derecho indubitado, garantizado constitucionalmente, que se encuentre en peligro o lesionado, y que no admita cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica; cuyo no es el caso de autos en que a través de la presente acción se pretende impugnar un informe emitido por un organismo contralor planteando una controversia sobre la legalidad de los pagos de honorarios observados y la validez jurídica de las contrataciones cuestionadas.

Asimismo, señala que su parte no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, ni menos advierte la forma en que el citado informe pudo causar perjuicio en el recurrente, desde que el órgano contralor sólo se ha limitado a ejercer competencias que le han sido asignadas por la Constitución y las leyes; precisando sobre el particular que la emisión del referido informe impugnado se ha efectuado en ejercicio de facultades y deberes establecidos especialmente en el artículo 98 de la Carta Fundamental que le confiere al órgano contralor el control de la legalidad de los actos de la Administración, la fiscalización del ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades y demás entidades y servicios que determinan las leyes; y en el artículo 21 A de la Ley Nº 10.336, en cuya virtud corresponde al ente contralor efectuar auditorias con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa; además de emanar el informe cuestionado de un procedimiento razonado iniciado por la denuncia de un particular y tras haberse detectado la existencia de las situaciones irregulares descritas.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que la entidad fiscalizadora inició la investigación por presuntas irregularidades en la Ilustre Municipalidad de Papudo, con el objeto de verificar, la legalidad, autorización, imputación, acreditación y documentación de los gastos pagados por dicho Municipio por concepto de contrataciones a honorarios de funcionarios municipales, durante el periodo comprendido entre el mes de enero de 2011 y el mes de octubre de 2014; agregando que en virtud del Informe de Investigación Especial Nº 56 de 2014, pudo constatarse que en la totalidad de las contrataciones a honorarios, efectuadas a dichos funcionarios, por un total neto de $90.312.748.-, no se especifica de manera clara y precisa las obligaciones que debían cumplir los servidores y que, en su mayoría, los informes presentados por dichos funcionarios sobre las actividades contratadas, no cuentan con el respaldo que permita acreditar la ejecución de los respectivos trabajos, consignándose en ellos sólo un conjunto de términos conceptuales, genéricos e imprecisos, sin una descripción de la labor ejecutada.

En el mismo sentido, acusa que se verificó que en determinadas ocasiones el producto entregado no obedecía a los diagnósticos y/o estudios contratados, además de la aprobación de pagos en relación a contratos aún no suscritos, y la inadecuada imputación presupuestaria de los mismos gastos al no encontrarse asociados a algún programa comunitario que justificara su procedencia y sin perjuicio de la falta de registro de tales actos; de lo que se concluye que en la especie se ha verificado una conducta negligente de la entidad edilicia al recibir, aceptar y pagar trabajos copiados de internet, o de textos diversos o folletos, o que contenían definiciones y conceptos genéricos que no involucraban beneficio alguno para el Municipio, ni entregaban algún análisis que pudiera entenderse como una contribución a la comuna.

Refiere que a fin de determinar y hacer efectivas las responsabilidades civiles que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en los hechos expuestos, se dedujo por el ente contralor una demanda de responsabilidad civil extracontractual ante el Tribunal de Cuentas de Primera Instancia, además de disponer la instrucción de un procedimiento sumarial con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos descritos, el que actualmente se encuentra en tramitación. Sobre el particular, y las medidas adoptadas por el organismo fiscalizador, precisa que la Municipalidad de Papudo solicitó al organismo contralor la reconsideración de lo resuelto en el reseñado informe, la que fue rechazada por cuanto se limitaba a reiterar los mismos argumentos aportados durante el desarrollo de la investigación, manteniéndose, en consecuencia, las observaciones del informe.

En relación a las alegaciones efectuadas por la recurrente, aclara que la Contraloría Regional al efectuar las observaciones descritas precedentemente, no se ha referido al mérito o conveniencia de la decisión dispuesta por la autoridad edilicia en cuanto a las contrataciones a honorarios efectuadas respecto de funcionarios municipales, sino sólo a la falta de determinación del objeto que persiguen dichas contrataciones; agregando a ello que dicha labor se ha efectuado en el ejercicio de las atribuciones y facultades fiscalizadores que le confiere al órgano contralor el artículo 21A de la Ley Nº 10.336, y que se consignan en el informe de investigación antes mencionado.

Por el mismo acto, indica que en la especie tampoco su parte ha efectuado una aplicación improcedente de criterios jurisprudenciales como lo acusa la contraria, pues dicha jurisprudencia ha sido constante y uniforme en señalar que cuando el legislador habla de cometidos específicos se está refiriendo a tareas puntuales que deben ser individualizadas de forma precisa, determinada y circunscrita a un objetivo especial, sin que por esta vía sean admisibles el desarrollo de cometidos genéricos, o sin un mínimo de certeza en cuanto a la mantención del equilibrio económico y financiero de la relación contractual.

Finalmente y, en cuanto a las garantías que se reclaman conculcadas, señala que no puede estimarse que en el caso de autos el ente contralor haya conculcado aquélla prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, en tanto su actuación a través de la emisión del informe impugnado en caso alguno ha importado una discriminación arbitraria en contra de la recurrente, en tanto mediante éste sólo se ha procedido al ejercicio de las facultades con que cuenta ésta, y bajo los mismos criterios aplicados a todos los Municipios del país que hubieren celebrado contratos a honorarios en similares condiciones. Por su parte, tampoco considera que su actuación haya conculcado la garantía del artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ni menos que el órgano contralor se haya constituido como comisión especial en este caso, pues el hecho que se haya pronunciado sobre el asunto de que se trata mediante el informe de investigación, en modo alguno podría entenderse que haya actuado como tribunal, sino sólo cumpliendo con su deber constitucional y legal de fiscalización informando los resultados de la investigación a su cargo.

Por resolución de fojas 28, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la extemporaneidad.

Primero: Que, la recurrida Contraloría Regional de Valparaíso alegó, en primer lugar, la extemporaneidad del Recurso de Protección, en atención a que siendo el acto impugnado el Informe Final de esta Contraloría N° 56/2014, de 13 de agosto de 2015, el que fue notificado a la recurrente el día 14 de agosto del mismo año, habría transcurrido con creces el plazo de treinta días corridos establecido para su interposición, considerando que ésta se produjo sólo el 16 de diciembre pasado.

Segundo: Que, si bien la alegación antes señalada se ajusta estrictamente a las fechas y actos acaecidos, ella descansa en la premisa de que el plazo para interponer este amparo constitucional se cuenta desde el acto original impugnado, no siendo relevante el ejercicio de otros recursos administrativos impugnatorios en el tiempo intermedio. Así, la reconsideración presentada por el recurrente ante la misma Contraloría General de la República y su resolución, el de 4 de noviembre de 2015, notificada a la recurrente el 16 de noviembre del mismo año, no tendría incidencia para el computo del plazo señalado en el Auto Acordado, el que sólo se contaría desde el 14 de agosto de 2014.

Tercero: Que, sin embargo, dicha forma de contar el plazo para interponer el Recurso de Protección desconoce lo establecido en el artículo 54 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que señala precisamente que la interposición de reclamaciones administrativas interrumpe los plazos para el ejercicio de acciones judiciales. Esta norma, si bien en un principio los tribunales no la aplicaron a los Recursos de Protección, ello fue posteriormente corregido, afirmándose el criterio de su plena aplicabilidad en reiterados fallos emanados de la Excma. Corte Suprema, considerando especialmente la desprotección que sufrían los derechos de las personas con la interpretación anterior. Así, esta Corte ha señalado que “esa norma no distingue si su alcance dice relación con toda acción jurisdiccional o si ha de exceptuarse la acción de carácter constitucional prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por su parte, el Auto Acordado de este tribunal no regula la situación de la reconsideración y establece únicamente que el término ha de contarse desde el acto que motivó la acción o desde la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo. En consecuencia, habiendo ejercido el interesado un arbitrio de reclamación previsto expresamente en la ley, debe entenderse que el término para deducir la acción constitucional ha de contarse desde la conclusión de la vía de impugnación administrativa que le agravia” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 4605-2012, de 24 de agosto de 2012).

Cuarto: Así, en la especie, la interposición de la reconsideración ante la misma autoridad administrativa generó el efecto de interrumpir el plazo dispuesto para incoar el Recurso de Protección, el que sólo se pudo empezar a contar sólo desde el rechazo de aquella, esto es el 16 de noviembre de 2015, justo 30 días corridos antes del inicio del proceso constitucional de amparo de los derechos fundamentales, 16 de diciembre del mismo año. De este modo, el Recurso de Protección interpuesto en autos está temporalmente dentro del plazo establecido en el Auto Acordado que regula la materia, debiendo rechazarse la alegación de extemporaneidad invocada.

II. En cuanto al fondo del asunto.

Quinto: Que, como se sabe, el Recurso de Protección es un proceso sumarísimo de tutela urgente de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos. Así, para acoger un Recurso de Protección debe cumplirse con dos requisitos copulativos: i) Debe existir una acción u omisión ilegal o arbitraria; ii) Esta acción u omisión debe privar, perturbar o amenazar alguno de los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, en cuanto al primero de los requisitos ante señalados, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, para el recurrente ello estaría configurado por el Informe de Investigación N° 56/2014, de 13 de agosto de 2015, evacuado por la Contraloría Regional de Valparaíso. Este informe evacuado en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en la contratación a honorarios de funcionarios municipales, contendría, según el recurrente, una actuación ilegal de esta Contraloría Regional, desde el momento en que cuestiona la regularidad de los mismos por falta de fundamento y respaldo, haciendo consideraciones de mérito o conveniencia, lo que le estaría vedado a este Contralor, según señala el artículo 21 letra B de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Séptimo: Que, como puede observarse, la alegación planteada por el recurrente supone un cuestionamiento a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, en cuanto ellas no podrían extenderse, según el recurrente, a analizar los fundamentos de los actos administrativos adoptados por la I. Municipalidad de Papudo, ni su contenido, naturaleza y propósitos. Así, la Contraloría Regional de Valparaíso sólo podría revisar los aspectos formales de las actuaciones administrativas, sin entrar a calificar sus fundamentos o alcances, como tampoco revisar su finalidad o cumplimiento.

Octavo: Que, el artículo 98 de la Constitución Política de la República señala las funciones básicas de la Contraloría General de la República, señalando entre ellas, el control de legalidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado, la fiscalización del ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes y el examen y juzgamiento de las cuentas. En ese contexto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone una serie de instrumentos para cumplir dichas funciones, contándose entre ellos, la toma de razón de ciertos actos, las auditorías, las investigaciones, los sumarios y la potestad dictaminadora.

Noveno: Que, precisamente, la actividad desplegada por la Contraloría Regional de Valparaíso se enmarca en uno de estos instrumentos, la investigación, lo que supone una revisión de los actos administrativos dictados por un órgano de la Administración del Estado, en este caso la I. Municipalidad de Papudo. En particular, el Informe N° 56/2014 se centró sobre la juridicidad de los convenios a honorarios suscritos por el referido municipio entre los años 2011 y 2014, detectando la Contraloría Regional de Valparaíso un conjunto de irregularidades, entre ellas, la no especificación de las obligaciones de las personas contratadas bajo esa modalidad, la falta de respaldos de los trabajos supuestamente realizados por éstos, la inexistencia de contratos suscritos con los prestadores de servicios, la imputación errónea de este gasto en el presupuesto municipal y la omisión del registro de estos actos ante la Contraloría General de la República. Ello dio pie, posteriormente, a la instrucción de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades administrativas por estas contravenciones y un juicio de cuentas para determinar las responsabilidades civiles derivados de las mismas.

Décimo: Que, como puede advertirse, la fiscalización realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso, se enmarca dentro de las funciones generales y específicas atribuidas por la Constitución y la Ley a la Contraloría General de la República y, que pueden ser desarrolladas por las Contralorías Regionales, según lo señalan las Resoluciones N° 411/2000 y N° 1002/2011 del Contralor General de la República. En ese contexto, las Contralorías Regionales pueden realizar investigaciones y auditorías en los órganos de la Administración del Estado, incluyendo dentro de éstos a las municipalidades, estando habilitadas para analizar la corrección jurídica de los actos administrativos y el buen uso de los recursos públicos. Esto incluye, lógicamente, no sólo revisar la legalidad formal de las actuaciones de los órganos públicos, sino además el cumplimiento de los fines u objetivos que imponen las normas, en la medida que ellos aparecen expresados y definidos por el legislador.

Undécimo: Que, en el caso de autos, la Contraloría Regional de Valparaíso en el Informe N° 56/2014, como ya se señaló, detectó una serie de irregularidades en los procedimientos de contratación a honorarios llevados a cabo por la I. Municipalidad de Papudo en el periodo 2011-2014, algunas de las cuales implican una contravención directa a normas legales establecidas en esta materia y otras suponen la inexistencia de antecedentes o fundamentos que justifiquen el gasto público. Dichas irregularidades constituyen, evidentemente, transgresiones a normas jurídicas vigentes en esta materia, que están lejos de configurarse como apreciaciones de mérito o conveniencia como lo sostiene la recurrente, ya que suponen el incumplimiento de las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico para realizar correctamente la actuación administrativa y el gasto público.

Duodécimo: Que, de este modo, la actuación de la Contraloría Regional de Valparaíso contenida en el Informe N° 56/2014 se ajustó plenamente a lo establecido en la Constitución y la ley, correspondiendo a un ejercicio regular de las facultades que le han sido conferidas, no pudiendo tildarse su actuación como ilegal o arbitraria. Más aún, el no ejercicio en algún caso de éstas podría ser tachado de ilegal, en la medida que no cautelaría la legalidad de la actuación administrativa o el buen uso de los recursos públicos, como se lo exige el ordenamiento jurídico.

Decimotercero: Que, si bien lo ya expuesto sería suficiente para rechazar el Recurso de Protección incoado, al no haber acto ilegal o arbitrario por parte del recurrido, parece necesario hacer una breve mención a los derechos constitucionales invocados por el recurrente, a fin de establecer su infracción o no por la actuación de la Contraloría Regional de Valparaíso.

Decimocuarto: Que, el primero de los derechos invocados por el recurrente, es el derecho a la igualdad ante la ley, el que se habría vulnerado, según el recurrente, por la diferencia arbitraria que ha hecho la Contraloría Regional de Valparaíso respecto de la I. Municipalidad de Papudo. Dicha alegación supone en este caso, por el tenor de la norma constitucional invocada, que el ente contralor ha establecido con su actuación una diferencia entre este municipio y otra persona natural o jurídica en la aplicación de la ley, la que no tendría razón o sentido. Sin embargo, el recurrente no menciona en su libelo el caso o persona que sirve de comparación para estos efectos, en el que la ley se habría aplicado de manera diversa, permitiendo establecer la discriminación. Así la afirmación del recurrente carece de fundamento y pareciera ser más una alegación genérica que cuestiona la legalidad de la actuación del órgano contralor, pero no una infracción al derecho constitucional de igualdad ante la ley, el que no se ve conculcado en la especie.

Decimoquinto: Que, respecto del otro derecho fundamental invocado, la infracción a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, establecido en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, el recurrente lo estima vulnerado por la actuación de la Contraloría Regional de Valparaíso fuera de su ámbito de competencia y sin un proceso previo legalmente tramitado. Sobre esto es evidente que el recurrente confunde el contenido de esta norma constitucional, ya que por un lado configura la prohibición de comisiones especiales o el derecho al juez natural, como es conocido en doctrina, como una norma competencial, lo que es claramente ajeno a ésta; por otro, amplía la norma a la protección al derecho a un proceso legal previo, garantía que está situada en el inciso siguiente del numeral 3° del artículo 19 y que no está amparado por el Recurso de Protección. Así, la invocación de este artículo ninguna relación tiene con los hechos expuestos en el libelo, por lo que su invocación es improcedente y debe ser rechazada en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el Recurso de Protección deducido a fojas 4, por don nombre reservado, Alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de Papudo en contra de la Contraloría Regional de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Juan Carlos Ferrada Bórquez.

N° Protección-4938-2015 Pronunciada por las Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sra. nombre reservado, Sra. nombre reservado y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada Bórquez.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.