nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA Y OTRO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por don nombre reservado, y la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, representada por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en declarar no ingresada la solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero conforme a la Ley N°18.156, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 15 de julio de 2025, la recurrente solicitó ante AFP Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156.

Señala que, con fecha 19 de julio de 2025, fue notificada mediante correo electrónico que su solicitud no fue ingresada.

Indica que, la recurrente cumple íntegramente los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente el retiro de sus fondos de la AFP. Sostiene que, la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales. Argumenta que, los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Agrega que, la AFP Modelo comunicó a su representada que "Te informamos que tu requerimiento de Devolución de Fondos como Técnico Extranjero N°2639760 y fecha 14/07/2025, no fue ingresado [...]" sin indicar los motivos específicos.

Añade que, del texto transcrito se evidencia el actuar arbitrario e ilegal, puesto que la recurrida decide mediante un acto no tener por ingresada la solicitud impetrada, pese a cumplir con los requisitos, considerando que esta situación deviene en un actuar caprichoso y sin sustento jurídico.

Afirma que, todo solicitante tiene derecho a una respuesta debidamente fundamentada. Menciona que, el certificado de afiliación que presentó puede ser verificado debidamente y ser validado mediante el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss.

Adiciona que, la constancia electrónica emitida por la seguridad social del recurrente puede ser verificada a través del link señalado.

Refiere que, es imperioso señalar que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que simplemente que se encuentre afiliado. Aduce que, es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país. Añade que, la exigencia de ciertos documentos que son imposibles de obtener cuando estos se encuentran dentro de la esfera de un tercero no debe servir como excusa.

Concluye solicitando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos.

A folio 7, evacúa informe don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima. Sostiene que, la recurrente acompañó los documentos con el objeto de obtener la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N° 18.156.

Expone que, con fecha 17 de julio de 2025, a través de ticket 2639400, envía información al correo electrónico del recurrente indicando que el requerimiento se encuentra en estado pendiente de ingreso.

Señala que, se recibió la documentación aportada, sin embargo, se encuentra incompleta, debido a que el documento de seguridad social se encuentra sin apostilla.

Indica que, con fecha 19 de julio de 2025, AFP Modelo entrega respuesta señalando que la solicitud no fue ingresada porque el certificado de seguridad social no corresponde, no viene apostillado o legalizado por el país de origen.

Alega que, la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales.

Argumenta que, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante diversos oficios ordinarios los requisitos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

Asevera que, las constancias electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión.

Añade que, en cuanto al mérito de las declaraciones juradas, aun cuando hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Aduce que, no ha sido arbitrario ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Finalmente pide rechazar el recurso de protección de autos con expresa condena en costas.

A folio 14, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, Jefe Departamento Judicial.

Sostiene que, como cuestión previa a informar sobre el fondo del recurso, opone la excepción de que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección.

Expone que, el objeto de esta acción cautelar es poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el artículo 20 de la Constitución Política señala expresamente.

Señala que, en efecto, el conflicto concreto se centra en el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, cuestión que es disputada por la AFP y luego su criterio mantenido por la Superintendencia de Pensiones. Indica que, la acción constitucional de protección, de carácter tutelar y urgente, se torna inadecuada, pues para debatir, probar y argumentar suficientemente las posiciones de los involucrados es preciso un proceso jurisdiccional de conocimiento y declaración.

Alega que, Soluciones Migratorias acciona nuevamente de protección en contra de AFP Modelo S.A. y esta Superintendencia de Pensiones, fundándose en que el rechazo a ingresar la solicitud de la recurrida para la devolución de fondos previsionales sería una acción arbitraria e ilegal.

Argumenta que, la señora nombre reservado no registra ante este Organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar. Asevera que, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Refiere que, esta Superintendencia ha instruido mediante oficios ordinarios que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Aduce que, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba.

Añade que, las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando hayan sido certificadas ante un notario público chileno, tampoco resultan útiles para estos efectos.

Finalmente pide rechazar el recurso de protección de autos, porque se refiere a una materia que excede la naturaleza y fin del recurso de protección.

A folio 15, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la decisión de la recurrida, de 19 de julio de 2025, que no dio lugar al ingreso de una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero conforme a la Ley N°18.156, solicitando la actora que se reconozca como válida la documentación acompañada, se emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho, efectuándose la devolución de los fondos de pensión dentro de un plazo razonable.

Tercero: Que, la recurrida AFP Modelo y la Superintendencia de Pensiones informan, en síntesis, que la documentación aportada por la recurrente, específicamente la Constancia Electrónica de Cotizaciones y la declaración jurada, no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, toda vez que el certificado de afiliación electrónico no se encuentra firmado por autoridad competente ni apostillado o legalizado según corresponda, requisito que, según la normativa vigente, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada o apostillada.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N 18.156, establece que "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estar exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos í de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida, se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, de los documentos presentados, primeramente el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. Respecto del resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido puesto que sólo su certificado de licenciatura cumple con los requisitos antes anotados.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Modelo S.A., puesto tan solo ha requerido del cumplimiento de la norma vigente para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4932-2025.