nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintidós de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio N°1 se interpone acción en favor de doña nombre reservado, médico de nacionalidad venezolana, en contra de AFP PlanVital S.A. con motivo de la comunicación de 28 de julio de 2025 que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales, actuar que tacha de ilegal y arbitrario y que conculca sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Fundamenta la acción señalando que presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 el 24 de julio de 2025 a través del portal web de la AFP, adjuntando la documentación requerida y que sin embargo, el 28 de julio de 2025 fue informada del rechazo por dos motivos: primero, que conforme el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones no tendría acceso a la devolución el personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento; y segundo, que no se acompañó certificado de afiliación válido, vigente y susceptible de validación que acredite afiliación a régimen de previsión extranjero, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Argumenta que la jurisprudencia ha sido conteste en no aplicar restrictivamente los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, pues el vínculo jurídico mediante decreto de nombramiento constituye un contrato de trabajo sujeto a estatuto especial. Respecto a la apostilla, sostiene que existe imposibilidad técnica y material de obtener legalización consular debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, constituyendo caso fortuito o fuerza mayor. Agrega que la constancia electrónica es verificable en línea.

Solicita se reconozca como válida la documentación acompañada, y se ordene realizar nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho dentro de 5 días.

A folio N°4 evacúa informe la AFP PlanVital S.A señalando respecto al Certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones y Declaración bajo fe de juramento presentados, que Ordinario N°12.954 de 15 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que para cumplir el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por autoridad previsional competente del país de origen que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada según las normas del Convenio de la Haya y Código de Procedimiento Civil. El informe destaca que las constancias electrónicas no legalizadas ni las declaraciones juradas del afiliado, aunque estén notariadas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales por no emanar de autoridad previsional competente. Argumenta que la aplicación de estas normas es obligatoria para la administradora y que el rechazo no implica pérdida definitiva del derecho, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que califica estos rechazos como actos administrativos subsanables.

Pide que se rechace el recurso en todas sus partes con expresa condena en costas.

A folio N°7 evacúa informe la Superintendencia de Pensiones explicando detalladamente la normativa aplicable, señalando que la exención de cotizar y devolución de fondos es un régimen excepcional solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos del artículo 1° de la Ley N°18.156. Respecto a la jurisprudencia administrativa, indica que se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional que el trabajador extranjero demuestre haber contado con seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo que prestó servicios en Chile, mediante documento emitido por entidad competente en materia de seguridad social, debidamente legalizado o apostillado.

Respecto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada por la recurrente, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), concluyendo que no se encuentra firmada ni apostillada conforme a la normativa, y que no acredita cobertura efectiva durante el período de servicios en Chile.

Adicionalmente, informa que la recurrente fue designada mediante Resolución Exenta del Servicio de Salud Metropolitano Occidente para funciones en Hospital de Talagante como médico cirujano, situación que conforme a jurisprudencia administrativa contenida en diversos oficios no permite acceso a devolución por tratarse de personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento. Así que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley 18.156 para acceder a devolución de fondos previsionales.

A folio N°8 se ordenó traer los autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que lo autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Segundo: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que la recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no cumple con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable. Además, porque conforme lo establece el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones no tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N° 18.156 el personal contratado por organismos públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo, cuyo es el caso de la recurrente.

Tercero: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, artículo 1 letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”, al tiempo que el artículo 6° establece que “No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N° 18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo.”

Cuarto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, de manera que no es efectivo lo argumentado en el recurso.

Quinto: Que, en efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, concurre como razón contribuyente al rechazo de la acción, que la recurrente ha sido contratada para desempeñar una función pública como médico cirujana en el Hospital de Talagante, incumpliendo además los presupuestos de la normativa citada en el considerando tercero.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4927-2025.