nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Que se interpone recurso de protección en favor y representación de don nombre reservado, empleado de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., RUT N° RUT reservado, por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero presentada por el recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la administradora habría aplicado una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo la validez de la documentación presentada conforme a la ley N°18.156 y estableciendo requisitos adicionales no contemplados por el legislador, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que nombre reservado, empleado de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., mediante su portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. En este contexto, el recurrente realizó la solicitud de retiro de fondos mediante la plataforma dispuesta para tal efecto, adjuntando toda la documentación requerida y cumpliendo con los requisitos establecidos. No obstante lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, la administradora de fondos comunicó al solicitante las razones del rechazo de su petición.

El rechazo se basó en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba apostillada, y que no acreditaba debidamente que el afiliado se encontraba cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común.

Respecto de los fundamentos jurídicos esgrimidos por el recurrente, este sostiene que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, particularmente en sus artículos 1° y 7°. El artículo 1° establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la misma ley. En este sentido, el recurrente acompañó la siguiente documentación: constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fechas julio y agosto de 2025, certificado de afiliación emitido por el IVSS debidamente notariado y apostillado, contratos y anexos de trabajo, título profesional apostillado, y demás antecedentes. Adicionalmente, el recurrente argumenta que la constancia electrónica presentada cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social, específicamente en la plataforma http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.

ivss, lo que demuestra que el documento es expedido por la autoridad venezolana competente y puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos.

Sostiene que se vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, toda vez que se ha otorgado un trato desigual al recurrente respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con los mismos requisitos, han obtenido respuestas favorables, requiriéndosele al recurrente formalidades adicionales no contempladas en la ley N°18.156. Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, al impedírsele disponer de sus fondos previsionales mediante una interpretación restrictiva y formalista de la norma que no se ajusta a la finalidad del legislador, actuando de forma caprichosa y obstaculizando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informa la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por el señor nombre reservado, fundando su petición en la correcta aplicación de la normativa vigente contenida en la Ley N°18.156, el incumplimiento por parte del recurrente de los requisitos esenciales para acceder a la devolución de fondos previsionales, y la improcedencia de la vía tutelar para resolver esta clase de controversias.

La medida se ajustó estrictamente a lo dispuesto en la Ley N°18.156 y su normativa reglamentaria. Argumenta que dicha normativa contempla una exención respecto del cumplimiento de las disposiciones previsionales generales, aplicable exclusivamente a aquellas empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, estableciendo en su artículo 7° la facultad de los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones para solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, condicionando dicha prerrogativa al cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en el artículo 1° del referido cuerpo legal.

El rechazo se fundamenta en el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156, consistente en la obligación de acreditar que durante todo el período de prestación de servicios en Chile, el trabajador extranjero se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que otorgue las prestaciones exigidas por la normativa vigente. En este sentido, la recurrida precisa que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común.

Sostiene que la documentación presentada por el recurrente no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada en su totalidad, constituyendo ello un requisito esencial para su validez en Chile, puesto que se trata de documentos emitidos por una institución perteneciente a un país extranjero. Fundamenta esta exigencia en la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, particularmente en los Oficios Ordinarios N°32.365 de 27 de diciembre de 2016, N°24.089 de 11 de noviembre de 2019, y N°25.057 de 29 de diciembre de 2023, que establecen la obligatoriedad de acompañar documentación apostillada o debidamente legalizada para acreditar los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

Finalmente, plantea la improcedencia del recurso de protección como vía para impugnar el rechazo de solicitudes de devolución de fondos previsionales. Sostiene que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia de la acción constitucional, cuya naturaleza es esencialmente cautelar y de urgencia, existiendo procedimientos administrativos ante la misma AFP y ante la Superintendencia de Pensiones para conocer y solucionar reclamos como los que fundan la presente acción.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP CUPRUM S.A. de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente, fundando la acción en que este sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, agregando que la recurrida exige antecedentes adicionales, algunos de los cuales ya han sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que el solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas y no se encuentra apostillada ni legalizada, siendo este un requisito establecido por el organismo fiscalizador para documentos emitidos en el extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley". A su turno, citado artículo 1 dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744".

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar de forma expresa y específica que el actor se encontraba protegido por el seguro social venezolano con cobertura integral de salud —esto es, que incluya prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad común— durante el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, normas que regulan el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero y que exigen la legalización o apostilla correspondiente.

Quinto: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4926-2025.

En Valparaíso, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.