nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Que a folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Valparaíso, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago; por el acto ilegal y arbitrario de fecha 28 de julio de 2025, que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero, por afectar las garantías del artículo 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, a fin que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Relata que el amparado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Sin embargo, el 28 de julio de 2025, AFP Planvital rechazó su solicitud, argumentando en síntesis que el certificado de afiliación de 27 de mayo de 2021 no era válido, por tener formato anterior 2023 y encontrarse vencido.

Indica que acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, verificable en línea, que acredita su afiliación desde su incorporación al sistema y detalla las prestaciones del sistema previsional venezolano. También presentó contratos laborales y anexos que manifiestan su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen, además de declaración jurada notariada y título profesional legalizado y apostillado.

Refiere que el actuar de AFP Planvital resulta ilegal y arbitrario, toda vez que impone al recurrente requisitos que no están contemplados en la Ley N° 18.156 ni en su normativa complementaria, como la exigencia de documentos con formato específico posterior a 2023. Tal conducta no solo carece de sustento jurídico, sino que también desconoce el carácter verificable y suficiente de la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual acredita la afiliación y las coberturas requeridas por la ley. Asimismo, la decisión de rechazar la solicitud de devolución de fondos sin fundamentación suficiente y sin considerar los medios de verificación disponibles revela un proceder antojadizo y formalista que vulnera los derechos fundamentales del recurrente.

Arguye que AFP Planvital impuso al recurrente requisitos adicionales no contemplados en la Ley N° 18.156, como formatos documentales específicos, exigencias que no son solicitadas a otros trabajadores en igual situación. Esta diferencia de trato carece de justificación razonable y constituye una discriminación arbitraria, pues otros solicitantes en condiciones similares han obtenido la devolución de sus fondos previsionales con documentos equivalentes, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Alega que el rechazo de la solicitud impide al recurrente disponer de sus fondos previsionales, los cuales constituyen propiedad legítima suya. Esta negativa carece de base legal suficiente y lo priva de un atributo esencial del dominio sobre dichos fondos, vulnerando su derecho de propiedad sin justificación en una ley general o especial.

Solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptar las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Que a folio 4, informa la recurrida y señala que revisó los documentos presentados por el recurrente y concluyó que no cumplían con los requisitos legales. En particular, porque la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no estaba legalizada ni apostillada y no acreditaba las coberturas específicas exigidas; y porque el certificado tenía formato anterior a 2023 y se encontraba vencido.

Señala que la Ley N° 18.156 exige que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que esta afiliación sea acreditada mediante documentos que cumplan con las formalidades establecidas. Además, el contrato de trabajo debe incluir la voluntad expresa del trabajador de mantener dicha afiliación.

Indica que actuó conforme a la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, que son obligatorias. No se acreditaron los requisitos esenciales para la devolución de fondos, ni la vigencia actualizada de los documentos previsionales presentados.

Solicita que el recurso de protección sea rechazado.

Que a folio 8, informa AFP Planvital S.A. y señala que con fecha 18 de noviembre de 2024, don nombre reservado realizó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley N°18.156, acompañando diversos documentos incluyendo cédula de identidad, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de fecha 02 de junio de 2025, título universitario, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 27 de mayo de 2021, y contratos de trabajo.

Explica que la documentación presentada presenta dos deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a la solicitud, las que fueron comunicadas al solicitante mediante carta de rechazo de fecha 22 de noviembre de 2024, confirmándose posteriormente en el proceso de preingreso de solicitud realizado el 28 de julio de 2025.

Respecto a la constancia consular de afiliación, indica que este documento no se encontraba vigente al momento de presentarse la solicitud, pues fue emitido el 27 de mayo de 2021 y consigna expresamente que su validez se limita a 120 días. Por su parte, la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente, además de no acreditar de manera específica la cobertura previsional exigida por la ley.

Refiere que la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante diversos oficios, que las administradoras deben exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen de forma clara e inequívoca la cobertura integral otorgada.

Arguye que el rechazo de una solicitud por falta de cumplimiento de requisitos no constituye una negativa definitiva, sino que el afiliado puede reingresar una nueva solicitud subsanando las observaciones formuladas.

Concluye que la decisión adoptada se encuentra plenamente ajustada a derecho, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa aplicable, no configurándose acto arbitrario ni ilegal que justifique la intervención de la jurisdicción de protección. Solicita que el recurso sea rechazado con expresa condena en costas.

Que a folio 9 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Planvital S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente, fundado en que el recurrente cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, pero se le estarían exigiendo formalidades documentales específicas que le son imposibles de obtener por circunstancias de fuerza mayor.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida afirma que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por cuanto la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y la “declaración jurada” que fueron acompañados no cumplen con los requisitos dispuestos en el Oficio Ordinario N°12.954, de 15 de julio de 2025 y la Ley N°18.156, atendido que la certificación debe ser legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de La Haya y el Código de Procedimiento Civil.

A su vez, la Superintendencia de Pensiones sostuvo que para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme al artículo 7° de la Ley N°18.156, resulta imprescindible dar cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo 1°, particularmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero, la que debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 31 de agosto de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente y el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Séptimo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4925-2025.