IGNISTERRA S.A con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO MARGA MARGA

Foja: 53 Cincuenta y tres Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, uno de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos Que, a fojas 52 comparece la sociedad comercial Ignisterra S.A., quien deduce acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Marga Marga, por haber infringido su garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 inciso 4° de la Carta Fundamental.

Señala que con fecha 30 de mayo de 2018fue notificada, por carta certificada, de la resolución Nº 6256/18/36, de fecha 18 de mayo de 2018, por la cual la Inspección del Trabajo de Viña del Mar le impuso dos multas, una de 40 UTM y otra de 10 UTM, atribuyéndole a Ignisterra S.A. la comisión de los siguientes hechos: “No pagar las remuneraciones más las comisiones por venta al trabajador nombre reservado, correspondiente al mes de abril 2018” (sic) y “No escriturar el contrato de trabajo respecto del trabajador don nombre reservado, ingresado el 01/04/2018, realizando labores de vendedor en las oficinas que tiene la empresa en la ciudad de Puerto Varas”.

Afirma que la resolución fue confeccionada a raíz de una fiscalización efectuada mismo día 18 de mayo de 2018, en dependencias de Ignisterra S.A. en la ciudad de Puerto Varas, realizada por don nombre reservado, funcionario de la recurrida y redactor de la resolución anteriormente transcrita en su parte sustancial.

Sostiene que lo que resulta inadmisible y reprochable es el hecho de haberse atribuido facultades propias y exclusivas de los tribunales de justicia, escapando abiertamente de la competencia que le entrega el legislador. Al respecto, indica que el trabajador, objeto de la infracción, si bien mantuvo relación laboral con la empresa, esta terminó el 31 de marzo de 2018, extendiéndose el correspondiente finiquito.

Una vez comunicado el trabajador de su desvinculación, este planteo la posibilidad de mantenerse como distribuidor comisionista de la empresa en la ciudad de Puerto Varas, atendido el cierre de las oficinas de la empresa en dicha ciudad. En dicha oportunidad el trabajador plantea incluso que podría contar con una bodega con acceso a la calle, cerca de su hogar, en donde podría exhibir las mercaderías para la venta.

Atendido lo anterior, y considerando la posibilidad de liquidar el remanente de mercaderías inventariadas en la ciudad de Puerto Varas, acepta la propuesta y ofrece una comisión del 10% de los productos vendidos. En razón del acuerdo, el Sr. nombre reservado sería un prestador de servicios independiente, sin supervisión, horarios ni obligación de asistencia alguna.

Indica que, pese al acuerdo inicial, al momento de formalizar el contrato y de emitir las boletas de honorarios, iniciaron los problemas, pues el Sr. nombre reservado se negó a firmar cualquier documento y reclamó en la Inspección del Trabajo por supuestas comisiones impagas, desconociendo el carácter civil del contrato de honorarios, al punto en que, ilegítimamente, se hizo con los libros de asistencia de su antigua labor en las dependencias que Ignisterra tenía en la ciudad de Puerto Varas.

Señala el recurrente que, estos son los hechos en que se funda la multa cursada y estima por tanto que el ente fiscalizador se ha excedido de sus competencias, transformándose en una comisión especial, pues el fiscalizador ha interpretado la relación contractual existente en la empresa y el Sr. nombre reservado, concluyendo que esta tiene naturaleza laboral y, adicionalmente, sosteniendo una especie de clausula tácita respecto de las comisiones, todo lo cual ocurre temporalmente, después de firmado finiquito entre las partes, sin reserva alguna de acciones.

Adjuntó a su recurso, copia de la resolución reclamada y cadena de correos entre la empresa y el trabajador, que da cuenta de la veracidad de sus dichos.

Por lo expuesto, solicita el restablecimiento del imperio del derecho y la efectiva tutela de su derecho fundamental lesionado, dejando sin efecto las dos multas impuestas en resolución Nº 6256/18/36, de fecha 18 de mayo de 2018.

A fojas 34, evacua informe la inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, quien solicita el rechazo del recurso en atención a los argumentos que desarrolla.

Indica que con fecha 03 de mayo se recepciona reclamo en las oficinas de la Inspección del Trabajo de Puerto Varas por parte del trabajador nombre reservado, quien denuncia a la empresa Ignisterra S.A. por no pago íntegro de remuneración, no entrega de comprobante de remuneración y por protección a la vida y salud de los trabajadores.

La denuncia fue derivada a la Inspección Provincial de Marga Marga, por encontrarse la oficina matriz de la empresa en dicha jurisdicción. El Fiscalizador asignado se comunica con el denunciante, quien le señala que fue desvinculado con fecha 31 de marzo de 2018, firmando finiquito. No obstante lo anterior, el trabajador indica que ha seguido ejerciendo sus funciones, manteniendo casilla institucional de correo.

Con fecha 16 de mayo el fiscalizador se constituye en la empresa y se entrevista con el encargado de personal, quien le indica en relación al Sr. nombre reservado que, las funciones que cumple las hace en calidad de honorarios, contrato que termina el 31 de mayo de 2018 y que el trabajador se ha negado a firmar el documento que formaliza el pacto entre las partes. Agregó que don nombre reservado es el corredor de propiedades que arrendó las oficinas ocupadas por la empresa, las cuales serán entregadas a partir del 31 de mayo, motivo que explica que este se encuentre ocupando dicho inmueble. Se exhibieron al fiscalizador finiquito del trabajador y un contrato a honorarios, este último, sin firma del trabajador.

A su turno, el trabajador exhibe al fiscalizador correos electrónicos que respaldan las ventas informadas a la empresa durante el mes de abril.

Sostiene la institución informante que, atendido el mérito de los antecedentes, el fiscalizador pudo advertir en virtud del principio de la supremacía de la realidad que, se mantuvo la relación de subordinación y dependencia por lo que eran procedentes las multas que se cursaron.

Sostiene que el recurso intentado es improcedente en primer término porque las resoluciones de la Dirección del Trabajo tienen un procedimiento especial de impugnación regulado en los artículos 503 y 511, ambos del código del trabajo. En dicho orden de cosas, estima que no es posible utilizar la presente acción cautelar como un sustituto jurisdiccionales de tales medios de impugnación. Adicionalmente entiende que en los hechos no existe un acto arbitrario o ilegal que haga procedente el recurso, pues la institución ha obrado ejecutando la ponderación necesaria de los hechos a fin de determinar la eventual infracción que procediere.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso.

A fojas 46, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero : Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que el recurso de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que IGNISTERRA SA. deduce acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Marga Marga, por haber infringido su garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 inciso 4° de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el recurrente señala que con fecha 30 de mayo de 2018fue notificada, por carta certificada, de la resolución Nº 6256/18/36, de fecha 18 de mayo de 2018, por la cual la Inspección del Trabajo de Viña del Mar le impuso dos multas, una de 40 UTM y otra de 10 UTM, atribuyéndole a Ignisterra S.A. la comisión de los siguientes hechos: “No pagar las remuneraciones más las comisiones por venta al trabajador nombre reservado, correspondiente al mes de abril 2018” (sic) y “No escriturar el contrato de trabajo respecto del trabajador don nombre reservado, ingresado el 01/04/2018, realizando labores de vendedor en las oficinas que tiene la empresa en la ciudad de Puerto Varas”.

Afirma que la resolución fue confeccionada a raíz de una fiscalización efectuada mismo día 18 de mayo de 2018, en dependencias de Ignisterra S.A. en la ciudad de Puerto Varas, realizada por don nombre reservado, funcionario de la recurrida y redactor de la resolución anteriormente transcrita en su parte sustancial.

Sostiene que lo que resulta inadmisible y reprochable es el hecho de haberse atribuido facultades propias y exclusivas de los tribunales de justicia, escapando abiertamente de la competencia que le entrega el legislador. Al respecto, indica que el trabajador, objeto de la infracción, si bien mantuvo relación laboral con la empresa, esta terminó el 31 de marzo de 2018, extendiéndose el correspondiente finiquito. Que con posterioridad a esa fecha el recurrente ha prestado labores para la empresa como distribuido comisionista.

Por lo expuesto, solicita el restablecimiento del imperio del derecho y la efectiva tutela de su derecho fundamental lesionado, dejando sin efecto las dos multas impuestas en resolución Nº 6256/18/36, de fecha 18 de mayo de 2018.

Quinto: Que la inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, quien solicita el rechazo del recurso en atención a los argumentos que desarrolla.

Indica que con fecha 03 de mayo se recepciona reclamo en las oficinas de la Inspección del Trabajo de Puerto Varas por parte del trabajador nombre reservado, quien denuncia a la empresa Ignisterra S.A. por no pago íntegro de remuneración, no entrega de comprobante de remuneración y por protección a la vida y salud de los trabajadores.

La denuncia fue derivada a la Inspección Provincial de Marga Marga, por encontrarse la oficina matriz de la empresa en dicha jurisdicción. El Fiscalizador asignado se comunica con el denunciante, quien le señala que fue desvinculado con fecha 31 de marzo de 2018, firmando finiquito. No obstante lo anterior, el trabajador indica que ha seguido ejerciendo sus funciones, manteniendo casilla institucional de correo.

Con fecha 16 de mayo el fiscalizador se constituye en la empresa y se entrevista con el encargado de personal, quien le indica en relación al Sr. nombre reservado que, las funciones que cumple las hace en calidad de honorarios, contrato que termina el 31 de mayo de 2018 y que el trabajador se ha negado a firmar el documento que formaliza el pacto entre las partes. Agregó que don nombre reservado es el corredor de propiedades que arrendó las oficinas ocupadas por la empresa, las cuales serán entregadas a partir del 31 de mayo, motivo que explica que este se encuentre ocupando dicho inmueble. Se exhibieron al fiscalizador finiquito del trabajador y un contrato a honorarios, este último, sin firma del trabajador.

A su turno, el trabajador exhibe al fiscalizador correos electrónicos que respaldan las ventas informadas a la empresa durante el mes de abril.

Sostiene la institución informante que, atendido el mérito de los antecedentes, el fiscalizador pudo advertir en virtud del principio de la supremacía de la realidad que, se mantuvo la relación de subordinación y dependencia por lo que eran procedentes las multas que se cursaron Sexto: Que en opinión de esta Corte en el caso de autos no nos encontramos ante un acto arbitrario o ilegal como señala el recurrente. En efecto, el ordenamiento jurídico chileno permite a la Inspección del Trabajo constatar hecho y calificar jurídicamente los hechos constatados.

Séptimo: Que el inciso final del artículo 2° del Código del Trabajo, “Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.”. A su vez el artículo 503 prescribe: “Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.”. Por su parte, el artículo 505 declara: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.”. Finalmente el artículo 1° del DFL 2, de 1967, del Trabajo y Previsión Social dispone en su literal a): “La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo. “Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”

Octavo: Que, dentro de la normativa antes referida, y en lo que importa en estos autos, surge como elemento esencial para dilucidar la función que corresponde desempeñar a la Inspección del Trabajo, la facultad de fiscalizar que le atribuyen el artículo 505 del Código del Trabajo, y 1 del DFL N° 2, de 1967 del Trabajo y Previsión Social.

Noveno: Que, fiscalizar según la Academia, significa “Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien”, de donde es posible colegir que un ente fiscalizador no puede “criticar o traer a juicio” a alguien, sin que previamente haya debido calificar los elementos fácticos que componen sus “acciones u obras”. De modo que cuando un fiscalizador de la Inspección del Trabajo cumple su función de supervisión de la normativa laboral y previsional, debe necesariamente realizar una labor intelectiva y de interpretación de los hechos que observa, y confrontarlos con la normativa cuya observancia debe verificar. En otros términos, no es posible pretender que quien fiscalice, no tenga atribuciones para hacer una calificación de los hechos que constata, sin perjuicio de que luego pueda esa calificación ser examinada en sede judicial, sea para ratificarla, sea para corregirla.

Décimo: Que en atención a lo anterior, esta Corte no advierte en el actuar de la recurrida el acto ilegal y arbitrario que le atribuye la recurrente. En efecto, la inspección del trabajo dentro de sus facultades constató la existencia de ciertos hechos que califico jurídicamente como una relación jurídico laboral entre don nombre reservado y la empresa IGNISTERRA SA.

Undécimo: A mayor abundamiento, la naturaleza de la acción y el hecho de que deje subsistentes las vías administrativas y legales que existan para discutir el asunto contenciosamente, debe tratarse de hechos ostensiblemente arbitrarios o ilegales, que pueden establecerse sumariamente en el procedimiento que para el efecto se ha establecido en el respectivo auto acordado.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 4898-2018.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Raúl Nuñez Ojeda, quien no firma, por encontrarse ausente.