nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, Constanza Garrido Villalobos, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Tesorería General de la República por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la resolución, instrucción, comunicación, embargo, retención, compensación, percepción y/o mantenimiento de una medida de cobro efectuada el 18 de mayo de 2026 en el expediente administrativo Rol N° 10246-2026 de Los Andes, afectando fondos en sus cuentas bancarias, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrida materializó el embargo de sus fondos en Banco de Chile y Banco Scotiabank por montos superiores a los cinco millones de pesos, además de una suma en dólares, en el marco de un cobro asociado al Crédito con Aval del Estado (CAE). Señala que los dineros retenidos corresponden a remuneraciones percibidas hasta julio de 2025, ya que actualmente se encuentra en el extranjero cursando un máster con permiso sin goce de sueldo. Argumenta que la actuación es ilegal pues contraviene expresamente el límite de inembargabilidad consagrado en el artículo 57 del Código del Trabajo, norma de orden público que ampara las remuneraciones hasta el umbral de 56 Unidades de Fomento. Indica que el embargo de "toda suma de dinero" no exime a la ejecutante de distinguir fondos comunes de dineros de carácter alimentario. Añade que el acto es arbitrario, puesto que desatiende la finalidad alimentaria de la remuneración y afecta de forma desproporcionada su sustento material y el de su grupo familiar. Afirma que con este proceder se transgrede su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso y su derecho de propiedad sobre las sumas devengadas.

Concluye solicitando declarar ilegal y arbitraria la actuación de Tesorería General de la República y de Banco de Chile consistente en ordenar, ejecutar, mantener o percibir el embargo, retención o compensación de remuneraciones o créditos laborales de la recurrente en la parte que no excede de cincuenta y seis Unidades de Fomento, contraviniendo el artículo 57 del Código del Trabajo.Mantener el embargo sobre la remuneración de la recurrente únicamente en aquello que exceda de cincuenta y seis (56) Unidades de Fomento, conforme lo dispone el artículo 57 del Código del Trabajo, alzando la medida en todo lo demás. Ordenar a la Tesorería General de la República restituir a la recurrente, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación del fallo, la suma de $2.261.913.-, o la que S.S. Iltma. determine conforme al mérito de autos, correspondiente a la porción indebidamente retenida bajo el umbral de 56 UF, con los reajustes que correspondan. Disponer que, en lo sucesivo, cualquier medida de embargo, retención, descuento, compensación o cobro que recaiga sobre las remuneraciones del/la recurrente, deberá respetar estrictamente el artículo 57 del Código del Trabajo y la normativa especial de la Ley N° 20.027, absteniéndose los recurridos de afectar la porción protegida. Ordenar a Tesorería informar de inmediato al Banco de Chile el alzamiento, limitación o corrección de la medida, adoptando todas las gestiones administrativas necesarias para materializar la restitución. Con expresa condenación en costas a los recurridos.

A folio 17, evacúa informe Paulo Cerpa Opazo, abogado de la Tesorería General de la República, en representación de la Tesorería General de la República.

Indica que el recurso es extemporáneo del recurso respecto y el mandamiento de ejecución, arguyendo que la actora fue notificada el 9 de abril de 2026, encontrándose largamente vencido el plazo fatal. Añade que la recurrente pretende utilizar esta vía cautelar para revisar un pronunciamiento administrativo previo, toda vez que compareció ante el Juez Sustanciador requiriendo la nulidad del embargo, solicitud que fue rechazada el 2 de junio de 2026. Refiere que no existe un derecho indubitado, ya que dilucidar si los dineros corresponden a remuneraciones demanda una discusión contable y de lato conocimiento ajena a esta acción procesal. En cuanto al fondo, sostiene que la Tesorería obró en estricto cumplimiento de sus facultades legales para el cobro de créditos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263 y en las normas del Código Tributario. Menciona que las retenciones recayeron sobre créditos bancarios disponibles constituidos por ahorros acumulados, y no sobre una remuneración actual adeudada por un empleador, destacando que la recurrente reconoció no percibir ingresos desde octubre de 2025. Asevera que la inembargabilidad del artículo 57 del Código del Trabajo no se proyecta automáticamente sobre cualquier saldo bancario histórico. Argumenta, finalmente, que no ha existido vulneración alguna a los derechos de igualdad ante la ley, debido proceso, propiedad e integridad psíquica, al tratarse de medidas patrimoniales legalmente dispuestas en un procedimiento de cobranza pública.

Finalmente pide rechazar íntegramente el recurso de protección deducido en autos, con expresa condena en costas, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la Tesorería General de la República que vulnere garantías constitucionales amparables por esta vía.

A folio 18, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo Que, el recurso de protección es una acción cautelar o de urgencia destinada a amparar derechos constitucionales preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Tercero: Que, lo cuestionado por la recurrente es el procedimiento que utiliza la Tesorería General de la República para perseguir el cobro de la obligación de la recurrente derivada de un crédito con aval del Estado que le fuera otorgado de conformidad a la Ley N° 20.027, lo que se encuentra íntimamente relacionado con la determinación de su naturaleza y, con ello, del tribunal competente. En tanto la recurrida, sostiene que no existe acto ilegal y/o arbitrario de su parte, porque radicada la acreencia en el Fisco le corresponde aplicar el procedimiento de cobro cuestionado establecido en el Código Tributario.

Cuarto: Que, la sola pretensión de que se defina a través de esta vía constitucional la naturaleza jurídica del crédito que da origen a la cobranza incoada por la recurrida, y consecuentemente el procedimiento aplicable y el tribunal competente, excede su naturaleza cautelar.

Además, para que prospere la presente acción debe establecerse la existencia de un derecho indubitado del recurrente, lo que no se divisa, encontrándose controvertidos todos los extremos de la pretensión en materias que resultan ajenas a la breve y urgente acción incoada, razones todas por las que se desestimará el arbitrio.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado en contra de la Tesorería General De La República.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Hormazábal Abarzúa, quien estuvo por acoger el presente arbitrio, por las siguientes consideraciones:

1°) Que, la controversia jurídica radica en definir la naturaleza del Crédito con Aval del Estado (CAE). El propósito es dirimir si resulta legalmente procedente que la Tesorería General de la República emplee los mecanismos coercitivos y de apremio contemplados en el Título V del Libro III del Código Tributario para exigir el cobro de una deuda universitaria regida por la Ley N° 20.027. Sobre este punto, es necesario precisar que el CAE emana de un vínculo estrictamente contractual, civil y de índole formativa, cuyo fin primordial es asegurar el ingreso a la educación superior a través de un crédito bancario respaldado, de forma subsidiaria, por el Estado. Por consiguiente, el hecho de que el Fisco haya hecho efectiva dicha garantía ante la entidad bancaria no transforma, en caso alguno, la raíz ni la esencia civil y social del compromiso asumido por la alumna. En consecuencia, dicha deuda bajo ninguna circunstancia puede ser equiparada a una obligación de carácter tributario o aduanero.

2°) Que, para dictaminar sobre la ilegalidad de aplicar el procedimiento de apremio del Código Tributario, se debe examinar el argumento de la Tesorería General de la República. Dicha entidad sostiene que el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263 no solo la faculta, sino que la compele a emplear las normas del Código Tributario para la recaudación de cualquier crédito perteneciente al sector público. La disposición citada se localiza en el Título II de dicho cuerpo legal, relativo al "Régimen de recaudación, pago y reintegro". Este artículo prescribe expresamente que "El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios. Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos." 3°) Que, corresponde también tener en consideración lo dispuesto en el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, que establece: "La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley. Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley. Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22. Asimismo, para efectos de la cobranza de los créditos de los que es titular el Fisco, sea total o parcialmente, la Tesorería General de la República estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos, por sí o a través de terceros. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante normas o criterios de general aplicación, que sean determinados por la Comisión. Adicionalmente, la Tesorería General de la República, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá vender o ceder los créditos de los que sea titular el Fisco, sea total o parcialmente, y que se encuentren en condición de morosidad…" En los incisos segundo y tercero el legislador autoriza a la Tesorería para delegar en terceros la cobranza de estos créditos, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 10 del artículo 22 de la citada Ley que dispone que a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores le corresponderá: "Celebrar convenios con otras entidades, públicas o privadas, para que éstas otorguen, administren y cobren los créditos de educación superior con garantía estatal…". De lo anterior se colige que pudiendo delegarse en terceros el cobro de estos créditos, resulta obvio y concluyente que el espíritu del legislador que dictó la Ley N° 20.027 no fue implementar el cobro a través del procedimiento de cobro de impuestos, porque esos terceros a quienes se les puede delegar el cobro no podrían, bajo ningún aspecto, utilizar el procedimiento consagrado en el Título V del Código Tributario que está reservado exclusivamente al Servicio de Tesorería.

4°) Que, el artículo 17 de la Ley N° 20.027 establece claramente la forma de cobro cuando refiere: "La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda." Agregando, "Con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado, total o parcialmente, los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por dicha Tesorería..." 5°) Que, bajo esta premisa, cabe recordar que el citado artículo 17 facultó de manera expresa al Servicio de Tesorerías para emplear herramientas de cobro particulares y acotadas. De este modo, al haber diseñado el legislador un sistema de recaudación especial y propio para esta materia, se entiende que descartó implícitamente la vía general contemplada en el Código Tributario. Por consiguiente, la emisión de un mandamiento de ejecución y embargo remitido por la Tesorería General de la República configura una actuación que sobrepasa las atribuciones legales de la entidad recurrida, lo que termina por invalidar la legalidad de todo el apremio.

6°) Que, es imperativo revisar la regla contenida en el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, ya reproducido en esta disidencia, cuyo inciso final autoriza a la Tesorería General de la República, para vender o ceder de manera total o parcial, los créditos fiscales que se hallen en estado de morosidad. De la sola lectura de esta disposición se desprende la inconsistencia de la tesis de la recurrida, puesto que otorgar el sentido que la misma pretende a dicha norma conduciría a la aceptación de que un cesionario o tercero de derecho privado podría revestirse, por vía de transferencia patrimonial, de las potestades imperativas, exorbitantes y de imperio que el ordenamiento jurídico reserva exclusivamente al Estado.

7°) Que, analizado el artículo 35, inciso segundo, del Decreto Ley N° 1.263, se desprende con claridad que la facultad allí conferida a la Tesorería General de la República para aplicar el procedimiento del Código Tributario se encuentra supeditada a la preferente, esto es, impuestos morosos y obligaciones de idéntica raíz fiscal. En contraposición a ello, el Crédito con Aval del Estado (CAE) emana de una relación jurídica radicalmente distinta: un contrato civil y educacional, de adhesión, cuya regulación orgánica, sustantiva y procedimental se halla establecida de manera expresa y exclusiva en la Ley N° 20.027. Por lo que la interpretación de la recurrida resulta extensiva e ilegal cuando se confronta con la Ley N° 20.027 especial en la materia, que regula de manera orgánica, minuciosa y preferente todo el estatuto del CAE.

8°) Que, en relación a la vulneración al derecho fundamental de igualdad ante la ley, garantizado en la Carta Fundamental, se debe ponderar si el tratamiento procesal brindado por la recurrida a la actora configura una discriminación arbitraria, esto es, carente de una justificación racional y proporcional. Al respecto, resulta claro que la actuación del recurrido lesiona la referida garantía constitucional. En efecto, someter a una deudora de un crédito social de estudios, cuyo origen es estrictamente civil y educacional, al régimen punitivo, acelerado y restrictivo diseñado por el legislador de manera excepcional para los evasores de impuestos e infractores tributarios, constituye una diferenciación arbitraria que rompe la debida proporcionalidad. No existe un fundamento lógico ni jurídico que valide que un ciudadano, por el hecho de registrar un saldo pendiente derivado del ejercicio de su derecho a la educación, sea perseguido patrimonialmente mediante las herramientas de apremio de excepción con las que el Estado combate el incumplimiento fiscal. Se genera, por tanto, un trato desigual ostensiblemente más gravoso respecto de otros deudores civiles del propio aparato estatal, a quienes bajo ningún supuesto se les aplican estos mecanismos coactivos de excepción. De lo razonado latamente aparece de manifiesto que la actuación impugnada obliga de forma ilegítima a la recurrente a someterse a un procedimiento ostensiblemente más restrictivo que aquel previsto por la ley especial de la materia (Ley N° 20.027), afectando con ello de manera directa e infraccional la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

9°) Que, respecto de la alegada infracción a las garantías consagradas en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, corresponde a este tribunal determinar si la vía ejecutiva administrativa empleada resulta idónea a la luz de las exigencias constitucionales de un justo y racional procedimiento. Sobre el particular, esta constata una afectación flagrante a la referida disposición constitucional. En efecto, el diseño procedimental del Código Tributario confiere a la Tesorería General de la República la doble e incompatible condición de "Juez Sustanciador" y de entidad acreedora de manera simultánea. Si bien esta fisonomía institucional de excepción ha sido admitida de forma restrictiva por nuestro ordenamiento para la recaudación de los tributos que financian las cargas públicas generales, su extensión a obligaciones emanadas de un vínculo netamente contractual y civil desarticula por completo el equilibrio procesal y quebranta el principio de imparcialidad. Por consiguiente, privar al recurrente de la prerrogativa de litigar ante los tribunales ordinarios de justicia civil, bajo las reglas de un juicio común provisto de un debate bilateral amplio y sometido al arbitrio de un tercero imparcial que vele por el cumplimiento de normas que impidan por ejemplo no infringir las reglas de la inembargabilidad de ciertos bienes, para, en su lugar, obligarla a someterse a un auto-procedimiento administrativo de ejecución compulsiva, desnaturaliza de raíz la exigencia constitucional de un proceso justo y racional, configurando una indefensión procesal que esta magistratura no puede convalidar. La interpretación sostenida por la recurrida conduciría a ampliar potestades coactivas públicas sin habilitación legal expresa, cuestión incompatible con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

10°) Que, respecto de la denunciada infracción al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, sobre esta materia, es menester precisar que la dictación e inicio formal de un mandamiento de ejecución y embargo sobre el patrimonio de la recurrente constituye, por sí misma, una amenaza real, concreta e inminente en contra de su derecho de propiedad. Por lo tanto, al fundarse la ejecución en un procedimiento arbitrario que carece de fundamento normativo para el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), cualquier privación, gravamen o limitación patrimonial que pretenda derivarse de aquel deviene en ilegítima.

11°) Que, en síntesis, la pretensión de la recurrida de extender sus facultades de apremio fiscal al cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) carece de habilitación legal expresa, lo que quebranta los artículos 6 y 7 de la Constitución Política; vicio de legalidad originario que no se convalida por el hecho de que la ejecutada haya interpuesto defensas formales en el proceso administrativo, por cuanto la controversia no radica en la existencia de medios de oposición, sino en la invalidez del estatuto procedimental utilizado para iniciar la ejecución y del órgano que se arroga facultades que no le ha conferido el legislador de la Ley N° 20.027.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-4881-2026.