Protección contra Instituto Previsional Social

Foja: 96 Noventa y Seis Llg C.A. Valparaíso.

Valparaíso, doce de octubre de dos mil diecisiete.

VISTO A fojas 8, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto Previsional Social (I.P.S.) representado legalmente por don nombre reservado, por cuanto dicha Institución ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la Republica.

Menciona la forma en que accede a su pensión de vejez como trabajador de empresa portuaria y exonerado político, agregando que recurre a la Contraloría General de la Republica en el año 2004, el que con fecha 22 de Octubre de 2004, a través de su Dictamen 052962, le hace llegar la propuesta a elegir por los montos a percibir a contar del 1 de Septiembre de 1998, optando por la pensión no contributiva, percibiéndola desde entonces señalando, cuyo monto al 15 de Junio de 2017 fue por la suma de $730.252.- pero al 17 de Julio de 2017 se rebaja a $ 557.382 lo que representa una rebaja de su pensión en aproximadamente un 24% menos.

Señala que con fecha 17 de Julio de 2017 presentó en la oficina de Valparaíso del I.P.S. el reclamo correspondiente por la rebaja de pensión, informándole que debería tener respuesta en un plazo no mayor a 20 días. Que nuevamente concurre a estas oficinas con fecha 25/07/2017 y el Asistente Social le hace entrega de una gestión que hace el I.P.S. donde señala que con fecha 27 de Marzo de 2004 inicia el trámite en la Oficina de Pensiones y con fecha 23 de Junio de 2017 se da por finiquitado esta tramitación determinando la rebaja de la pensión, nunca poniéndolo en conocimiento de dicha tramitación, que incluso en la consulta que hizo a el Asistente Social en el formulario entregado, claramente dice que la rebaja de pensión se hace a contar del mes de Agosto de 2017, pero ellos la hicieron a contar del mes de Julio.

Refiere que nunca ha recibido una comunicación de la recurrida indicándole que se procedería a revisar el cálculo de su pensión, ni se le ha señalado cuales eran las causales para esta medida, porque había quedado claramente establecido en el Dictamen No. 052962 de fecha 22 de Octubre de 2004 de la Contraloría General de la Republica el valor definitivo de su pensión, dictamen de Contraloría que se ratificó con 2 dictámenes posteriores, dejándole claramente señalado que lo dictaminada en el año 2004, era lo que correspondía.

Además, sostiene que siempre ha tenido la precaución de informar oportunamente a la recurrida cualquier cambio de domicilio.

En cuanto al acto arbitrario e ilegal de la recurrida indica la recurrida ha vulnerado sus derechos a conocer, dentro de los plazos legales, cualquiera medida que pudiera afectar el monto de su pensión, donde se le disminuye sus ingresos básicos en un 24,5%, creando una grave situación económica a un pensionado de más de 80 años de edad, y con un serio estado de salud.

Finalmente solicita se restablezca el valor de la pensión no contributiva que tenía al mes de Junio de 2017, es decir, por la cantidad de $ 730.252, pidiendo además se le cancelen a la brevedad las diferencias de los dos meses ya liquidados.

A fojas 40, se concede orden de no innovar.

A fojas 66, informa el recurso la Contraloría General de la República, que refiere como antecedente que el 23 de octubre de 1973, el actor fue exonerado por motivos políticos de la antigua Empresa Portuaria de Chile, lo que fue reconocido mediante el decreto exento 443 de 1995, del Ex Ministro del Interior y se le concedió un abono de tiempo de gracia de 30 meses, que tras la entrada en vigor de la ley 19.582, aumentó a 54 meses, los que fueron utilizados en dos oportunidades para reliquidar el monto de la jubilación por expiración obligada de funciones.

Indica que con fecha 1 de octubre de 2012 la recurrida advirtió a la Contraloría que el monto de la pensión no contributiva del recurrente, no debió ascender a la cantidad que se le ha pagado, sino que a la suma de $283.035. Que en consideración a esos nuevos antecedente aportados por el I.S.P., a saber, el certificado de su ex empleador, en el que se detallan las rentas del actor por el periodo comprendió entre los meses de octubre de 1972 a septiembre de 1973, lográndose comprobar que la renta asignada a la data de su cese, era menor que la que percibía al 11 de septiembre de 1973.

Por lo anterior, se determinó a través del dictamen 82.564 de 2013, que la pensión no contributiva debió corresponder a la suma indicada por el I.P.S. y que el actor no deberá restituir las cantidades pagadas en exceso, señalando que lo anterior fue debidamente informado al recurrente por la entidad fiscalizadora, mediante oficio N° 82.565 de 2013, dirigido a su domicilio el 17 de diciembre de ese mismo año.

A fojas 72 informa el recurso don nombre reservado, por el Instituto de Previsión Social, señalando en lo medular que con fecha 31 de octubre de 1973, se le caduco al recurrente el interinato como Contador de la Administración del puerto de Arica, a la que ingreso el 15 de febrero de 1962, indicando que al promulgarse la Ley 19.234, sobre Exonerados Políticos, inicia los trámites ante el INP, solicitando el cálculo de los dos tipos de pensiones, la de Cesación Obligada de Funciones y la Pensión no Contributiva, recibiendo como respuesta que la pensión por Cese Obligado de Funciones y que la Pensión no Contributiva, eligiendo la primera. Luego el Organismo Contralor ordenó al Instituto, a proceder a efectuar los cálculos correspondientes y notificar al interesado, para efectos de ejercer adecuadamente el derecho a opción que establece el artículo 16° de la Ley de Exonerado y con fecha 23 de noviembre de 2004, se procedió a la notificación de la carta opción al interesado, considerando los montos para su decisión, el cual determinaba Pensión No Contributiva de $ 373.025 y Pensión de origen Transaccional, con el abono de tiempo por gracia incorporado, de acuerdo a lo determinado por el Organismo Contralor en su Oficio N° 52962 de 2004. De esta forma, el día 23 de noviembre de 2004, el Sr. nombre reservado ejerce su opción eligiendo la Pensión No Contributiva, materializándose el beneficio a través de la Resolución N° 6786 de 29 de noviembre de 2004 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, fijando un monto de pensión inicial mensual de $373.025.- pagada en proceso de liquidación de 11 de Enero de 2005, con un líquido de pago acumulado por diferencias entre una pensión y otra de $ 8.792.412.- Conforme al certificado del empleador de 31 de diciembre de 1993, el señor nombre reservado gozo por un tiempo de una mayor remuneración que la percibida a la época de su cese de servicios, determinando que correspondía asimilarlo al grado 4°, y que el monto del beneficio no contributivo al 01 de septiembre de 1998 debe alcanzar a $373.025. El Sub departamento, a través de la Unidad de Exonerados, efectuó la nueva revisión del cálculo de la Pensión No Contributiva, concluyendo que el monto de la pensión alcanzaría a $283.035.- al 01 de septiembre de 1998 v no los $ 373.025.- a la misma fecha.

En base a lo anterior, se adjuntó al expediente previsional, el nuevo cálculo de Pensión no Contributiva, quedando sujeto a la superior resolución por parte de Contraloría General de la Republica, la que se pronunció a través del Dictamen N° 82564 de 17 de diciembre de 2013, concluyendo que de acuerdo a nuevo análisis efectuado por el Organismo Fiscalizador, se ha constatado que la prestación debió alcanzar a la suma de $283.035,- al 01-09-1998, sin perjuicio de lo anterior, el interesado no deberá restituir las cantidades percibidas en exceso por dicho concepto, lo que no obsta a la necesidad de modificar el monto de la pensión no contributiva, a contar de la fecha de emisión del presente oficio. Lo anterior, se materializo mediante la Resolución N° 0363 de 10 de abril de 2017, en el cual se fijó un monto de pensión inicial mensual de $ $492.847.- al 01 de enero de 2014, Tomada Razón por la Contraloría General de la Republica, con fecha 09 de mayo de 2017.

Finalmente concluye que no ha existido acto ilegal ni arbitrario alguno, sino que el actuar del servicio público, ha cumplido con las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la Republica, los cuales resultan obligatorias para ella, además consta en los documentos acompañados, que lo resuelto en Dictamen 82.564 del año 2013, el que dispuso la rebaja del monto de la pensión del actor, le fue notificado al recurrente en el domicilio registrado, señalando que en cuanto al pago de las diferencias que se originaron en los 2 meses ya liquidados, excede con creces el ámbito de aplicación de un recurso de protección, no siendo la acción cautelar intentada la vía idónea para hacerlo, ya que no es una instancia de declaración de derechos.

A fojas 79, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que la recurrente sostiene haber sido vulnerada en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, al haberse rebajado el monto de su pensión de vejez en un 24%, indicando que nunca se le informó que el cálculo de su pensión se encontraba en revisión, no poniéndolo en conocimiento de dicha tramitación.

Tercero: Que por su parte, informando la Contraloría General de la República sostiene que la recurrida le habría informado que el monto de la pensión entregada al recurrente no debió ascender a la cantidad que le estaba siendo otorgada, procediendo luego de corroborar lo señalado por el I.P.S, mediante dictamen 82.564 a rebajarla al monto correspondiente, informándole de ello al actor.

Cuarto: Que la recurrida, Instituto de Previsión Social, señala que su actuar no sería arbitrario ni ilegal, por cuanto, se ciñó estrictamente a las normas que la informa, acatando lo ordenado por la Contraloría General de la República, cuyos dictámenes resultan obligatorios para el servicio y procediendo en definitiva a rebajar la pensión.

Quinto: Que de acuerdo a los antecedentes aportados a este recurso de protección, queda en evidencia que la materia que se conoce en el presente caso no resulta indubitada, toda vez que dice relación con la aplicación de determinadas normas de carácter previsional, que han incidido en la determinación del monto de la pensión del recurrente, de forma tal que esta materia no es posible dirimirla a través de un recurso de protección, atendido sus características técnicas y además porque los Tribunales Ordinarios del Trabajo tienen competencia sobre la misma, conforme lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, sede en la que las partes se encuentran en mejores condiciones de aportar sus argumentos y presentar las pruebas que correspondan, razones todas que importan rechazar la acción que se ha intentado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 21 por don nombre reservado, en contra del Instituto Previsional Social (I.P.S.) representado legalmente por don nombre reservado.

Atendido el mérito de lo resuelto déjese sin efecto lo orden de no innovar, ejecutoriada que sea esta sentencia.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 4855-2017