nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales como extranjero, formulada conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Señala que el recurrente efectuó la solicitud de devolución de fondos a través del portal web de la administradora y que, mediante comunicación telefónica de fecha 31 de julio de 2025, se le informó que su solicitud se encontraba detenida, fundado en la exigencia de adjuntar certificado de afiliación apostillado en su país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Expone que dicha exigencia no se encuentra prevista en la normativa especial, incorporando la recurrida un requisito adicional que se aparta de lo estatuido en la Ley N° 18.156 y que, además, resulta de imposible cumplimiento para nacionales venezolanos, dadas las contingencias consulares conocidas. Afirma haber dado íntegro cumplimiento a los presupuestos de los artículos 1° y 7° de la ley citada, por cuanto se encuentra afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y su contrato de trabajo expresa la voluntad de mantener dicha afiliación.

Indica que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS, verificable en el sitio institucional mediante el código alfanumérico que obra en su parte inferior —específicamente, el código N° 76ac00002-2025709—, así como declaración jurada notarial, título profesional apostillado, contrato y anexo de contrato de trabajo. Sostiene que la autenticidad de la constancia puede comprobarse por medios tecnológicos idóneos y de acceso público, por lo que la negativa de la administradora a verificarla y su insistencia en la apostilla o legalización formal carecen de razonabilidad.

Alega, además, que otras administradoras, como A.F.P. Cuprum, han validado constancias electrónicas del IVSS mediante verificación del código, accediendo en casos análogos a la devolución de fondos, por lo que estima configurada una diferencia de trato injustificada.

Hace valer como garantías vulneradas la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 y, asimismo, el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política, por cuanto la imposición de formalidades no previstas afecta la esencia del derecho y restringe indebidamente su ejercicio.

Solicita se acoja el recurso, declarando que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, ordenando dejarlo sin efecto, reconocer como válidos los antecedentes aportados y disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud de retiro de fondos y dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; y, en general, las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5 informa la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que, el recurrente no registra reclamo previo ante dicho organismo por los hechos materia del recurso; que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales, cuya interpretación debe ser restrictiva y supeditada al cumplimiento copulativo de las condiciones previstas en su artículo 1°; que, conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de ese Servicio, la cobertura previsional en el extranjero (letra a) del artículo 1°) debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social competente —o excepcionalmente por la representación consular actuando en nombre de la autoridad previsional— debidamente legalizada o apostillada, la cual debe consignar en forma específica la protección por enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte, durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile respecto del cual solicita la devolución.

Señala que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS acompañada en autos, por su forma de emisión, no se encuentra firmada ni apostillada o legalizada, y no especifica la cobertura en los términos exigidos, por lo que no sirve para acreditar el requisito del artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156. Añade que, siendo Chile y Venezuela Estados Parte de la Convención de la Apostilla, la falta de dicha formalidad impide que el documento surta efectos en el territorio nacional.

Hace presente, además, pronunciamientos previos en que se rechazaron acciones de similar tenor, citando sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso de 9 de abril de 2025, Rol N° 522-2025, y decisión confirmatoria de la Excma. Corte Suprema de 26 de junio del mismo año, Rol N° 17.866-2025, en que se resolvió que certificados electrónicos del IVSS sin apostilla carecen de valor para estos fines. Reitera, finalmente, que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el actor cumple las exigencias de la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 13 informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas. Sostiene, en síntesis: i) Que la acción de protección no es la vía idónea por versar sobre materias de lato conocimiento y derecho controvertido; ii) Que no existe acto ilegal ni arbitrario imputable a su parte, desde que se ha dado estricto cumplimiento a la Ley N° 18.156, al D.L. N° 3.500 y a las instrucciones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; iii) Que la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional y su aplicación es restrictiva, exigiendo el cumplimiento copulativo de las condiciones del artículo 1°, incluida la acreditación —mediante certificación de la institución de seguridad social competente o, excepcionalmente, por la representación consular— de cobertura por enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile, con la debida legalización o apostilla.

Arguye que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS acompañada por el actor no se encuentra firmada ni apostillada o legalizada, y no especifica en forma suficiente las coberturas exigidas ni su vigencia respecto del período trabajado en Chile, por lo que no sirve para acreditar el requisito del artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, conforme al Título XI del Libro II del Compendio, a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla. Agrega que, desde la vigencia de dicho Convenio para Chile y Venezuela, la apostilla es la vía prevista para que los documentos extranjeros surtan efectos en el territorio nacional.

Recalca que el sistema del D.L. N° 3.500 destina los fondos previsionales al financiamiento de las prestaciones que la ley contempla, y que sólo procede su devolución en los casos y con los requisitos legales, los que estima no se encuentran satisfechos en la especie.

A folio 14, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

Segundo: Que, en la especie, la acción constitucional se ha interpuesto por don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada conforme a la Ley N° 18.156. Sostiene que acompañó toda la documentación exigida por la normativa, entre ellos la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en la web institucional mediante código de validación, así como declaración jurada notarial y título profesional apostillado, por lo que la negativa de la recurrida —fundada en la falta de apostilla o legalización de la constancia— constituye una interpretación formalista, desprovista de razonabilidad, que vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.

Tercero: Que la recurrida, al evacuar su informe, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, y en subsidio, que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, pues su decisión se ajustó estrictamente a la normativa vigente. Refiere que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” presentada por el actor no cumple con los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, al no encontrarse apostillada ni especificar las coberturas previsionales exigidas, razón por la cual no puede servir para acreditar el requisito establecido en el artículo 1° letra a) de la citada ley. Sostiene, además, que conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de la Apostilla, siendo dicha formalidad la única que permite dar validez a documentos extranjeros en el territorio nacional.

Cuarto: Que, para resolver, corresponde tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que las empresas que celebren contratos con personal técnico extranjero, y este personal, estarán exentos de las leyes de previsión chilenas siempre que se reúnan las condiciones de: a) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley dispone que los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una administradora podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Libro II, Título XI, dispone que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones señaladas durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el actor no se encuentra firmada ni apostillada o legalizada, y no consigna de manera específica la cobertura por los riesgos exigidos, ni la acreditación de dicha cobertura durante el período trabajado en Chile. En consecuencia, el documento no cumple con las exigencias formales y sustantivas requeridas por la normativa aplicable para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Sexto: Que, aun cuando la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente tanto en Chile como en Venezuela. Por lo mismo, la exigencia de legalización o apostilla constituye una garantía de autenticidad que no puede omitirse, en especial cuando se trata de un régimen previsional de excepción que exige acreditar con certeza los requisitos copulativos de la ley.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., al rechazar la solicitud de devolución de fondos del actor, toda vez que dicha decisión se encuentra fundada en la falta de acreditación suficiente de los requisitos legales y en el cumplimiento de instrucciones dictadas por la autoridad fiscalizadora competente, sin que se advierta vulneración de las garantías constitucionales invocadas, teniendo presente, además, en este caso, que se trata de un ciudadano venezolano que tiene residencia definitiva en este país, sin haber invocado su interés en retornar a su país de origen, lo que autorizaría, cumpliéndose los requisitos legales, el retiro de los fondos previsionales.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad N°Protección-4852-2025.

En Valparaíso, siete de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.