nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 22 de abril de 2022
- Sala
- Primera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 48445-2021, sentencia de 22 de abril de 2022
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se dejan sin efecto las expulsiones de dos bomberos voluntarios, ordenando reintegrarlos, porque el proceso disciplinario vulneró el debido proceso al ser ilegal y arbitrario.
Texto íntegro
edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de abril de dos mil veintidós.
VISTO:
A folio 1 comparecen nombre reservado y nombre reservado, quienes deducen acción de protección en contra del nombre reservado, por vulneración de los derechos a la integridad psíquica de la persona, igualdad ante la ley, a la garantía de legalidad, derecho al debido proceso, derecho a la honra y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 incisos 4° y 5°, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.
Refieren que son bomberos voluntarios de la Tercera Compañía “Bomba Andina”, del nombre reservado de la ciudad de los Andes, con 13 años de servicio de antigüedad en el caso de nombre reservado y con 30 años de servicios en el caso de nombre reservado, ambos con la calidad de honorarios de la institución, otorgada conforme el artículo 65 “de los bomberos honorarios” en relación al artículo 106 “de los premios de compañía y de la asistencia”, ambos del Reglamento de Tercera Compañía del nombre reservado, quienes, durante los años que han participado en la institución, han tenido una conducta intachable de acuerdo con el código de honor y ética concordante con la labor realizada en la misma.
Manifiestan que, con fecha 14 de diciembre de 2020, se presentó una carta dirigida al director de Tercera Compañía, señor nombre reservado, correspondiente al período 2020, firmada por 18 voluntarios de la misma compañía, en la cual participaron los recurrentes, misiva en que se solicitaba la renuncia de la oficialidad por diversas irregularidades de carácter grave que perjudicaban a su compañía. Con fecha 20 de diciembre de 2020, en oficio 129/2020, el director señor nombre reservado, cita a todos los participantes de este reclamo para el día 23 de diciembre de 2020, con poco menos de 48 horas de anticipación, siendo que el reglamento establece un mínimo de tiempo para ser citados, por lo que no es prudente el tiempo para defender la causa reclamada, imposibilitando su derecho a rendir medios probatorios, ya que la citación no señalaba los motivos de la misma, conforme el artículo 124 del Reglamento de la Tercera Compañía.
Indican que, el día 23 de diciembre 2020, nombre reservado fue interrogado por la junta de oficiales de la compañía, compuesta por el director nombre reservado, secretario Raúl Vallejos Aldana, capitán interino nombre reservado, teniente primero señor nombre reservado, maquinista primero nombre reservado y ayudante nombre reservado, todos oficiales de la Tercera Compañía, siendo las interrogantes del siguiente tenor: ¿de quién fue la idea?, ¿en qué casa se juntaron?, ¿quién solicitó firmar la carta?, ¿quién condujo el auto solicitando las firmas?, ¿está arrepentido o no de firmar la carta?, vislumbrándose que todas las preguntas eran tendientes a criticar el reclamo interpuesto, sin investigar los graves hechos que acusaron sobre la responsabilidad de la oficialidad periodo 2020, lo cual vulnera su derecho a la libertad de expresión y coarta su misión como honorarios de dar a conocer las irregularidades que revisten de gravedad y que motivaron el reclamo, con el afán de realizar lo correcto conforme la ética y moral les dicta. Hacen presente que nombre reservado, no pudo asistir a dicha citación, excusándose por motivos laborales, por oficio y correo electrónico, inasistencia que se pudo evitar si se hubiera notificado con un plazo prudente para poder organizar sus turnos de trabajo.
Añaden que, con fecha 30 de diciembre de 2020, mediante oficio 140/2020 respecto de nombre reservado y 149/2020 respecto de nombre reservado, se les notifica que los antecedentes serán remitidos a la oficialidad período 2021. Posteriormente, a nombre reservado, se le notifica con fecha 18 de enero de 2021, por oficio 010/2021, que se encuentra citado en segunda instancia para el día 21 del mismo mes. Precisan que los integrantes de dicha junta de oficiales fueron el director nombre reservado, secretario Raúl Vallejos Aldana, tesorero nombre reservado, Capitán interino nombre reservado, teniente primero nombre reservado, teniente tercero nombre reservado, ayudante nombre reservado y maquinista primero nombre reservado.
Se destaca que dicha citación menciona el artículo 124 del reglamento de Tercera Compañía, señalando una supuesta infracción a dicha norma, no existiendo claridad de la misma, ya que ésta se limita a distinguir las diferentes clases de reuniones que la compañía puede celebrar, ya sean ordinarias, extraordinarias y solemnes, por lo tanto, ignora totalmente la aplicación del referido artículo, siendo confusos los motivos de la citación. Al efecto, se le da el escaso plazo de 48 horas para poder prepararla y organizar sus turnos de trabajo, viéndose en la obligación de presentar excusas nuevamente para ausentarse. Agrega que en dicha citación, solo fueron citadas las personas que se excusaron para la primera citación.
Respecto de nombre reservado, dicen que se le notifica con fecha 27 de enero de 2021, en oficio 037/2021, lo siguiente “por intermedio de la presente y junto con saludar, me dirijo a usted para comunicar que con fecha 21 de enero del 2021, en reunión extraordinaria de junta de oficiales, con motivo de tratar una infracción al art 124 del reglamento de Tercera Compañía del nombre reservado, cometida por un grupo de bomberos (as), del cual usted es uno de los involucrados (as).
Que habiendo concluido la instancia de escuchar vuestros descargos y del resto de los involucrados, por parte de la junta de oficiales, teniendo en cuenta su negativa de respetar y acatar el reglamento que rige a la Tercera Compañía del nombre reservado, específicamente lo referente al art 124 del mismo, negándose a reconocer la grave falta cometida, más aún, el nulo arrepentimiento y el grave daño y desprestigio generado a toda nuestra compañía, la junta de oficiales ha resuelto lo siguiente:
En concordancia con los art 72 letra b y art 74 letra b, se le sanciona con suspensión por 180 días a contar de esta fecha”
Aclara que dicha resolución cita los artículos 124, explicado precedentemente; 72 letra b, que establece cuando una falta es leve, grave o gravísima; y 74 letra b, que señala el procedimiento y sanciones ante las faltas cometidas, todas del reglamento ya señalado.
A su turno, el recurrente nombre reservado, es notificado con fecha 23 de enero 2021 en oficio 020/2021, de lo siguiente “por intermedio de la presente junto con saludar, me dirijo a usted para comunicar que con fecha 21 de enero del 2021, en reunión extraordinaria de junta de oficiales, con motivo de tratar una infracción al art 124 del reglamento de la tercera compañía del nombre reservado, cometida por un grupo de bomberos (as) del cual es una de los involucrados (as), se ha resuelto lo siguiente:
Que habiendo sido usted citada a junta de oficiales extraordinaria, en primera instancia el miércoles 23 de diciembre del 2020 y en segunda instancia el miércoles 21 de enero del 2021, no asistiendo a ninguna de ellas, se le ha juzgado en rebeldía de acuerdo con el art 84.
En concordancia con los art 72 letra b y art 74 letra b, se le sanciona con suspensión por 180 días a contar de esta fecha”.
Se precisa que el artículo 84 del reglamento regula la citación ante el consejo de disciplina y/o la junta de oficiales.
Indican los recurrentes que los hechos acontecidos no cumplen con lo dispuesto en el artículo 553 del Código Civil, modificado por la ley 20.500 del año 2011, que establece la forma de proceder en casos disciplinarios, debiendo ser organismos distintos el de administración y el de disciplina, y en el presente caso, fueron sancionados por una junta de oficiales de compañía, quienes dirigen la administración de la misma, por lo tanto, no eran competentes para sancionar. Por ello, estando dentro de plazo, los recurrentes presentaron una carta de apelación dirigida a la junta de oficiales para que sea derivada, estudiada y resuelta por el Consejo de Disciplina de la Tercera Compañía, tal como dicta el reglamento en su artículo 80, otorgando un plazo de 15 días para interponer dicha apelación.
En razón de lo anterior, con fecha 17 de mayo 2021, mediante oficios 053/2021 y 052/2021 dirigido los recurrentes, se les cita para el día 20 de mayo 2021 ante el Consejo de Disciplina compuesto por los siguientes integrantes, director nombre reservado, secretario Raúl Vallejos, consejeros nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado. Sin embargo, nuevamente no les dan un tiempo prudente para organizar sus medios de prueba, y en la misma reunión se les señala que sólo tendrán cinco minutos para expresarse, sumado a que el consejo de disciplina lo integran el director y secretario de compañía quienes participan de la junta de oficiales y son los encargados de la administración de la compañía, lo que es contrario al artículo 553 del Código Civil. Interpelados los integrantes del comité por el recurrente nombre reservado, se da cuenta que no conocían el caso en profundidad, por lo cual el director nombre reservado, lo hace callar y lo invita a abandonar la sala. Respecto del recurrente nombre reservado, no se le permite leer su carta de apelación aludiendo que era muy extensa. Finalmente, se indica a los recurrentes que serán expulsados de la institución, de lo cual serán debidamente notificados.
Acto que se concreta, respecto del recurrente nombre reservado mediante oficio 63/2021 y respecto del recurrente nombre reservado mediante oficio 61/202, indicando la resolución del consejo de disciplina Ord 61/2021, sin señalar los motivos por los cuales se les aplica la sanción máxima de expulsión, la cual señala lo siguiente: “estando del plazo estipulado en el art 80, se recibió carta de apelación a la sanción interpuesta a usted, por la junta de oficiales de nuestra compañía dentro del proceso disciplinario correspondiente a una infracción al art 124 del reglamento de Tercera Compañía del nombre reservado, cometida por un grupo de bomberos (as) del cual usted es uno de los involucrados.
Con fecha 20 de mayo de 2021, se constituyó el consejo de disciplina de la Tercera Compañía, con motivo de conocer el recurso de apelación por usted interpuesto. Concluida la instancia de escuchar vuestros descargos, el consejo, ha resuelto lo siguiente:
Aplicar el art 81 Nº8 del reglamento de Tercera Compañía del nombre reservado, esto es, Expulsión a contar de esta fecha.
De acuerdo con lo anterior, deberá hacer entrega de los equipos a su cargo, en un plazo máximo de quince días.”
Expresan que, en ningún momento se les señala los actos de indisciplina se les imputan, sólo señalan cuales son las normativas reglamentarias que los faculta a imponer sanciones. Estando dentro de plazo, presentan una nueva apelación ante el organismo máximo, el Honorable Directorio General del nombre reservado, entidad encargada de analizar los antecedentes y derivar al Consejo Superior de Disciplina, lo que no ocurrió, siendo notificados el recurrente nombre reservado en ord 75/2021 y el recurrente nombre reservado en ord 74/2021, con fecha 21 de octubre 2021, por carta certificada, sobre la ratificación de su sanción.
Refieren que, de los hechos narrados precedentemente, se desprende que el recurrido ha incurrido en los siguientes actos arbitrarios e ilegales:
1. Qué, en su calidad de voluntarios honorarios, informaron sobre acontecimientos de gravedad a nuestra oficialidad, solicitando la renuncia de todos ellos, y por el contrario, fueron juzgados por los mismos contra quienes se presentó su reclamo, lo que no garantiza que el procedimiento se desarrolle de manera imparcial, careciendo de los requisitos de las garantías de un procedimiento racional y justo ante un órgano imparcial.
2. Qué, en la especie no se han otorgado ninguna de las garantías propias de un debido proceso, y esto se explica con los órganos que trataron los asuntos, los cuales no estaban integrados como dispone el artículo 553 del Código Civil.
3. Qué, no existió acusación en contra de los recurrentes ni tampoco una investigación que la anteceda.
4. Qué, no se otorgó un procedimiento racional y justo al no otorgar la oportunidad para ejercer defensa alguna, pues no se abrió un término probatorio, así como tampoco se les informo los hechos por las cuales eran citados ni la forma en que infringieron alguna norma reglamentaria o aquellas por las cuales fuimos sancionados. Además, no fueron oídos ni pudieron presentar sus descargos y defensas en forma oportuna.
Concluyen que, conforme lo anteriormente descrito, se han vulnerado los derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, de legalidad, derecho al debido proceso, derecho a la honra y derecho de propiedad, consagrados en los N° 1, 2, 3 incisos 4° y 5°, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Finalmente, solicita se acoja la acción, ordenando que cesen los actos arbitrarios realizados por el nombre reservado por sí y a través de Tercera Compañía, Bomba Andina, ordenando el reintegro inmediato a dicha institución, con expresa condenación en costas.
A folio 5, informa don nombre reservado, nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.
En relación a los actos procesales ventilados en el presente arbitrio y resoluciones dictadas, las confirma, haciendo hincapié en los aspectos que a continuación se detallan.
Señala que resulta al menos cuestionable que los recurrentes tengan antecedentes intachables por cuanto nombre reservado en el año 2010 fue expulsado de la institución y solo se le permitió su regreso bajo el compromiso de cambio en su actitud.
Agrega que la denuncia de los voluntarios comienza a partir del 15 de diciembre de 2020 cuando al Director de la 3° Compañía de la época Sr. nombre reservado, le es entregado por parte de una funcionaria administrativa de la Comandancia del CBLA una carta firmada por 18 voluntarios de su Compañía solicitando la renuncia conjunta del Director y todos los ofíciales en ejercicio del año 2020 arguyendo desconformidad en contra de su gestión y denunciando supuestas irregularidades que nunca existieron. Hace hincapié en que en la entrega de dicha información no se siguieron los canales formales, siendo malintencionadamente dejada en la comandancia, enviando además copia de aquella a diversas compañías con la finalidad de lograr una intervención o desprestigio.
La Junta de oficiales estima prudente iniciar un proceso de investigación y citar a los involucrados por la presunta infracción al artículo 124 del Reglamento de la Compañía, que establece la posibilidad de manifestar o exponer ante la Asamblea General de Compañía cualquier desconformidad o problema interno generado al interior de la Compañía.
Entiende en definitiva que ambos recurrentes se apartan antojadizamente de esta posibilidad evitando el conducto regular, materializándose la infracción comentada.
En lo demás se corrobora el proceso tal como se expuso en el recurso, dando cuenta que, en el caso de la última instancia ante el Consejo Superior de Disciplina, se optó por no derivar los antecedentes por cuanto no superó el examen de admisibilidad practicado por el Consejo de Disciplina de la Compañía.
Por todo ello, concluye que no se ha cometido en contra de los recurrentes ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que haya generado privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales señaladas, ya que los recurrentes fueron correctamente sancionados por los organismos disciplinarios institucionales reglamentarios, quienes respetaron las condiciones de un debido proceso y las garantías procesales mínimas, por haber incurrido estos en graves conductas disciplinarias reñidas con la ética y disciplina bomberil.
A folio 17 se dio cumplimiento al trámite ordenado por esta Corte, confirmando que los recursos de apelaciones presentados por los recurrentes no fueron remitidos al Consejo Superior de Disciplina, previo examen de admisibilidad en la instancia inferior, atendido que en reunión del Directorio General se resuelve no pasar al conocimiento de dicho consejo, conforme el artículo 18 del Reglamento General.
A folio 24 se dio cumplimiento al trámite ordenado por esta Corte, informando don nombre reservado, Superintendente y Presidente del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, solicitando que el informe evacuado con fecha 02 de febrero de 2022, a folio 24, se tenga por incorporado como el informe solicitado al Consejo Superior de Disciplina. Acompaña copia del Acta N° 1 de fecha 17 de enero de 2022.
A folio 25, se ordena traer los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Segundo: Que se reprocha al nombre reservado los diversos actos realizados por sí y por su Tercera Compañía, “Bomba Andina”, que concluyeron con la expulsión de los recurrentes, y se solicita que se declare su ilegalidad y arbitrariedad, ordenando el reintegro inmediato de los actores a dicha institución, con expresa condenación en costas.
Tercero: Que los hechos que cabe dar por acreditados son los siguientes:
a) Que los recurrentes señores nombre reservado y nombre reservado, junto con otros voluntarios integrantes de la Tercera Compañía de nombre reservado, en total dieciocho, el 15 de diciembre de 2020 dirigieron una carta al Director de esa Compañía, don nombre reservado, en la que le solicitaron a él y a sus oficiales poner sus cargos a disposición, estimando que habían incurrido en abandono de sus funciones al dejar en desamparo y no prestar los apoyos necesarios a bomberos y oficiales frente a hechos gravísimos cometidos en su contra. Mencionan en particular coartar la libertad de expresión de un oficial solamente por exaltar en un mensaje de WhasApp de forma positiva una actividad de la Cuarta Compañía de nombre reservado destinada a conseguir recursos económicos en la “campaña de la luka”, y pedirle a un bombero que eliminara un video, que era el medio de prueba de la agresión verbal y física que sufrió mientras realizaba la campaña económica autorizada por la Superintendencia y la Comandancia, ofreciendo al mismo tiempo disculpas a los agresores.
b) Que el destinatario de la carta de reclamo realizó una reunión extraordinaria de junta de oficiales con fecha 17 de diciembre de 2020, en la cual se calificaron los hechos como falta gravísima y se acordó instruir un proceso disciplinario en contra de sus autores. En esa virtud, mediante oficios de 20 de diciembre de 2020 citó a todos los firmantes de ella para el día 23 del mismo mes, señalando: “Por medio de la presente y junto con saludarle, se cita a Junta de Oficiales extraordinaria por el artículo 124 del Reglamento de la Tercera Compañía de nombre reservado, para el día miércoles 23 de Diciembre 2020 en primera citación a las 20hrs y en segunda citación a las 20.15hrs”.
En dicha oportunidad, el recurrente don nombre reservado fue interrogado por la junta de oficiales sobre la referida carta enviada al director de la Compañía. Por su parte, el recurrente don nombre reservado se excusó de asistir, tanto por oficio como por correo electrónico, debido a motivos laborales.
c) Que, con fecha 30 de diciembre de 2020, mediante oficios 140-2020 y 149-2020, del Director de la Compañía, los recurrentes señores nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, fueron notificados de que “ante la eventual finalización del mandato reglamentario de la actual Junta de Oficiales, los antecedentes relacionados con la investigación por infracción al artículo 124 del Reglamento de la Compañía serán remitidos a la nueva oficialidad año 2021, a quienes les corresponderá dar curso progresivo a la indagación y eventualmente resolver la causa de la que Ud. forma parte.”
d) Con fecha 18 de enero de 2021, en oficio 010-2021, del Director de la Tercera Compañía don nombre reservado, el recurrente señor nombre reservado fue citado nuevamente, con el siguiente tenor: “Que dentro de las materias pendientes de la Junta de Oficiales período 2020, se encuentra una investigación sobre una infracción al artículo 124 del Reglamento de Compañía, motivo por el cual fue usted citado en primera instancia, sin haber concurrido a la misma.
Respecto de lo anterior, se le cita en segunda instancia a Junta de Oficiales extraordinaria, la que se llevará a cabo el día jueves 21 de enero de 2021, en primera y segunda citación a las 18 y 18:15 hrs correspondientemente”, a la que tampoco asistió.
e) Que el recurrente señor nombre reservado, por medio de oficio 037-2021, de 27 de enero de 2021, del Director de la Tercera Compañía, fue notificado de la siguiente resolución: “Por intermedio de la presente y junto con saludar, me dirijo a usted para comunicar que con fecha 21 de enero del 2021, en reunión extraordinaria de Junta de Oficiales, con motivo de tratar una infracción al Art. 124 del reglamento de Tercera Compañía del nombre reservado, cometida por un grupo de bomberos (as), del cual usted es uno de los involucrados (as).
Que habiendo concluido la instancia de escuchar vuestros descargos y del resto de los involucrados, por parte de la junta de oficiales, teniendo en cuenta su negativa de respetar y acatar el reglamento que rige a la Tercera Compañía del nombre reservado, específicamente lo referente al Art. 124 del mismo, negándose a reconocer la grave falta cometida, más aún, el nulo arrepentimiento y el grave daño y desprestigio generado a toda nuestra compañía, la Junta de Oficiales ha resuelto lo siguiente:
En concordancia con los Art. 72 letra b y Art. 74 letra b, se le sanciona con suspensión por 180 días a contar de esta fecha”
A su turno, al recurrente señor nombre reservado, en oficio 020-2021, de 23 de enero de 2021, del Director de la citada Compañía, se le notificó la siguiente medida: “Por intermedio de la presente junto con saludar, me dirijo a usted para comunicar que con fecha 21 de enero del 2021, en reunión extraordinaria de junta de oficiales, con motivo de tratar una infracción al Art. 124 del reglamento de la Tercera Compañía del nombre reservado, cometida por un grupo de bomberos (as) del cual usted es uno de los involucrados (as), se ha resuelto lo siguiente:
Que habiendo sido usted citado a junta de oficiales extraordinaria, en primera instancia el miércoles 23 de diciembre del 2020 y en segunda instancia el miércoles 21 de enero del 2021, no asistiendo a ninguna de ellas, se le ha juzgado en rebeldía de acuerdo con el Art. 84.
En concordancia con los Art. 72 letra b y Art. 74 letra b, se le sanciona con suspensión por 180 días a contar de esta fecha”.
f) Que los recurrentes apelaron de dichas resoluciones para ante el consejo de disciplina de la Tercera Compañía, el que los citó, con fecha 17 de mayo de 2021, mediante oficios 053-2021 dirigido al señor nombre reservado y 052-2021 dirigido al señor nombre reservado, para el día 20 de mayo de 2021.
Las resoluciones del consejo de disciplina fueron comunicadas en oficios del Director de la Tercera Compañía números 63-2021 al señor nombre reservado y 61-2021 al señor nombre reservado, en los que se indica: “estando del plazo estipulado en el Art. 80, se recibió carta de apelación a la sanción interpuesta a usted, por la Junta de Oficiales de nuestra Compañía dentro del proceso disciplinario correspondiente a una infracción al Art. 124 del reglamento de la Tercera Compañía del nombre reservado, cometida por un grupo de Bomberos (as) del cual usted es uno de los involucrados.
Con fecha 20 de mayo de 2021, se constituyó el Consejo de Disciplina de la Tercera Compañía, con motivo de conocer el recurso de apelación por usted interpuesto. Concluida la instancia de escuchar vuestros descargos, el Consejo, ha resuelto lo siguiente:
Aplicar el Art. 81 Nº8 del Reglamento de la Tercera Compañía del nombre reservado, esto es, Expulsión a contar de esta fecha.
De acuerdo con lo anterior, deberá hacer entrega de los equipos a su cargo, en un plazo máximo de quince días.”
g) Que los recurrentes interpusieron una nueva apelación al Honorable Directorio General del nombre reservado, para que analizara los antecedentes y los derivara al Consejo Superior de Disciplina.
El nombre reservado, don Eladio Cortés Díaz, mediante oficios 75/2021 dirigido al señor nombre reservado y 74/2021 al señor nombre reservado, de fecha 12 de octubre de 2021, les comunicó “que en reunión efectuada el día 01 de octubre del presente, el Honorable Directorio General, ha decidido ratificar la sanción, impuesta por el Honorable Consejo de Disciplina de la Tercera Compañía Bomba Andina.”
Cuarto: Que, para un adecuado análisis de la materia planteada en este recurso, es conveniente recordar que, de acuerdo al artículo 1° de la ley N° 20.564, publicada el 3 de febrero de 2012, “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.”
Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha señalado “que esta capacidad de autogobierno limita en la frontera del respeto básico y esencial de los derechos fundamentales de los asociados. De la autoridad para sancionar no puede deducirse un derecho para penalizar sin sujeción a formas y procedimientos racionales y justos. La titularidad asociativa no otorga prerrogativas para vulnerar bienes jurídicos considerados constitucionales” (Sentencia de 29 de enero de 2015, Rol N°2626-14, considerando vigésimosexto)
“Por consiguiente, la regulación diferente en términos de financiamiento, rendición de cuentas y coordinación entre otras materias, obedece a la especial actividad de Bomberos. ¿Es una regla de debido proceso en el marco de un procedimiento disciplinario una materia que debe ser regulada de manera diferente respecto de Bomberos? La respuesta es negativa, toda vez que no incide en la especial actividad de Bomberos. Se trata de procedimientos disciplinarios que se desarrollan dentro de la asociación y, en este sentido, está sometido al estándar de debido proceso dispuesto por el legislador para las asociaciones privadas.” (Sentencia de 10 de abril de 2019, Rol N°4549-18, considerando vigésimosexto).
Quinto: Que, en el marco normativo descrito, corresponde determinar si, durante el procedimiento disciplinario seguido contra los recurrentes, que concluyó con la aplicación de la medida de expulsión, se cometieron actos ilegales o arbitrarios que configuraron privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales que los amparan, en particular en el derecho al debido proceso.
Sexto: Que el Tribunal Constitucional ha advertido que la noción de debido proceso, como garantía constitucional judicial, tiene una vertiente formal y otra sustantiva.
“Desde el ángulo formal, consiste en que toda decisión de un órgano jurisdiccional debe ser el resultado de un proceso previo, ante tribunal competente, realizado conforme a un procedimiento que asegure posibilidades básicas de defensa, orgánica y funcionalmente, tanto para definir derechos civiles como cuando se enfrenta una acusación de naturaleza penal.
Sustantivamente, debido proceso significa que tal decisión jurisdiccional terminal debe ser racional y justa en sí, vale decir, proporcional, adecuada, fundada y motivada sustancialmente en el derecho aplicable, que no en criterios arbitrarios. Así, los bienes jurídicos de las personas sólo pueden ser afectados como resultado final de un contencioso, si y sólo si dicho contencioso ha sido sustanciado con arreglo a garantías formales tales que conduzcan a una decisión materialmente válida.” (Sentencia de 6 de agosto de 2019, Rol N° 5219-18, considerando sexto)
Ahora bien, desde el punto de vista formal, el Tribunal Constitucional ha precisado que “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores.” (Sentencia de 7 de mayo de 2020, Rol N°7290-2019, considerando octavo)
Séptimo: Que, en relación con uno de los elementos integrantes del debido proceso, el órgano competente para conocer infracciones disciplinarias, es necesario destacar que el legislador ha establecido en forma categórica la especialidad del órgano disciplinario, así como la clara separación de las personas naturales que lo conforman de aquellas que integran los órganos de administración de todas las asociaciones privadas, entre las cuales se encuentran los Cuerpos de Bomberos.
En efecto, el artículo 553, inciso segundo, del Código Civil, integrante de las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, dispone que "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.".
Dicho inciso fue agregado al artículo 553 en virtud del artículo 38, número 6, letra b), de la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, publicada el 16 de febrero de 2011.
De acuerdo a la Segunda disposición transitoria de la misma ley N° 20.500, las disposiciones contenidas en el Párrafo VI del Título IV, esto es, todas las modificaciones al Código Civil establecidas en ese cuerpo legal, entraron en vigencia doce meses después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 16 de febrero de 2012, con posterioridad a la publicación y consiguiente entrada en vigencia de la referida ley N° 20.564.
Octavo: Que el citado artículo 553, inciso segundo, del Código Civil, es aplicable en la especie no sólo porque el artículo 1° de la ley N° 20.564 lo contempla como norma supletoria y porque entró en vigencia con posterioridad a ese otro cuerpo legal, sino por la vinculación que el legislador estableció entre la racionalidad y justicia del procedimiento disciplinario que debe seguirse por todas las asociaciones que componen la denominada “sociedad civil” o “grupos intermedios de la sociedad”, con la especialidad del órgano llamado a sustanciarlo y resolver sobre la materia, lo que no se consigue plenamente sin que para sus asociados sea incompatible pertenecer simultáneamente a ese órgano y a otro que realice funciones de administración.
Noveno: Que, como resulta de las letras a) a e) del considerando tercero, los hechos que motivan este recurso tienen origen en la comunicación que los recurrentes, junto con otros voluntarios integrantes de la Tercera Compañía, dirigieron en diciembre de 2020 al Director de esa Compañía, en la que le solicitaron a él y a sus oficiales poner sus cargos a disposición, estimando que habían incurrido en abandono de sus funciones al dejar en desamparo y no prestar los apoyos necesarios a bomberos y oficiales frente a dos hechos que reseñan y que consideran de gravedad.
El destinatario de esa carta, previo acuerdo de la junta de oficiales, citó a todos los firmantes de ella a reunión extraordinaria de junta de oficiales, y en dicha ocasión el recurrente señor nombre reservado fue interrogado sobre dicho documento y el recurrente señor nombre reservado se excusó de asistir. Ambos recurrentes fueron luego notificados de que los antecedentes serían remitidos a la oficialidad período 2021. En enero de ese año, el señor nombre reservado fue citado nuevamente pero tampoco asistió. A fines de enero de 2021, se notificó a los recurrentes de que el 21 de ese mes la junta de oficiales había resuelto sancionarlos con suspensión por 180 días.
Décimo: Que el Director de la Compañía y la Junta de Oficiales son órganos de administración de ésta, como se desprende de los artículos 18 y 43 de su Reglamento, que señalan sus deberes y atribuciones, el primero de los cuales establece que “El Director es el jefe superior de la Compañía, su representante legal” y el segundo encomienda a la Junta, en su número 1, “Dictar 1as medidas que estimare necesarias para el buen mantenimiento de la marcha activa y administrativa, orden interno y disciplina de la Compañía.”
En consecuencia, se ha infringido el artículo 553, inciso segundo, del Código Civil, en cuanto la junta de oficiales, órgano interno de la Tercera Compañía de Bomberos que acordó iniciar el procedimiento disciplinario, lo sustanció y adoptó resolución sobre el mismo es, simultáneamente, órgano de administración de esa institución. Además, el solo hecho de que el Director de la Compañía, cargo administrativo por su naturaleza, presida al mismo tiempo la junta de oficiales, cuando ésta actúa como órgano disciplinario, constituye una vulneración a la prohibición establecida en dicho precepto de que “en todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.".
Esa infracción legal, debido a la identidad entre órgano administrativo y disciplinario, no se ve alterada por la circunstancia de que el procedimiento haya comenzado con la junta de oficiales período 2020 y continuado con la correspondiente al período 2021.
Undécimo: Que, incluso con prescindencia de la señalada circunstancia, queda en evidencia el quebrantamiento de otro de los elementos constitutivos del debido proceso relacionado con el órgano competente para conocer y resolver el procedimiento disciplinario, cual es la independencia e imparcialidad de que debe estar revestido, si se observa que la carta que motivó tal procedimiento, dirigida al Director de la Tercera Compañía de Los Andes, don nombre reservado, le imputaba a él y a los oficiales de la Compañía cargos que los suscriptores consideraban de gravedad.
Dicho documento comienza expresando: “Sr Director, el motivo de esta carta es para solicitar a usted y a sus oficiales tengan a bien colocar sus cargos a disposición”. Señala luego: “Para nosotros es inconcebible que usted en su calidad de DIRECTOR y LOS OFICIALES, no hayan realizado ningún tipo de denuncia”, mencionando los artículos del Reglamento de Compañía que estimaban infringidos en cada caso. Concluye expresando: “Son por estas razones, más que fundadas que los bomberos que firman en el ANEXO N°1 adjunto, solicitamos a USTED Y SUS OFICIALES dar un paso al costado, para el buen funcionamiento de nuestra compañía y así evitar la continuidad de conflictos ya existentes.”
En el informe evacuado por el nombre reservado, se reconoce implícita, pero inequívocamente, que quienes estaban directamente involucrados en los hechos denunciados en la carta adoptaron la decisión de iniciar un procedimiento disciplinario en contra de los emisores de ese documento:
“Ante la situación generada con fecha 17 de diciembre de 2020, el Director don nombre reservado realiza reunión extraordinaria de Junta de Oficiales con motivo de tratar con urgencia la carta enviada por estos 18 voluntarios la cual había generado gran controversia entre los miembros del CBLA al ventilarse problemas internos de la compañía ante las máximas autoridades del Cuerpo. En dicha reunión la Junta de oficiales tomó la determinación de que todos los bomberos que suscribieron la misiva, a cuya cabeza y liderazgo se encontraban los bomberos nombre reservado y nombre reservado, habían infringido gravemente el Artículo 124 del Reglamento de Compañía, motivos más que suficientes para instruir un proceso investigativo y disciplinario en contra ellos.- De esta forma, se acuerda citar por escrito ante la Junta de oficiales a todos los voluntarios involucrados en los hechos con la finalidad de explicar su conducta y responder ante la falta imputada, esta reunión fue realizada el 23 de diciembre de 2020.”
Es indudable que el racional y justo procedimiento implica la existencia de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional: “todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea. Es más, a juicio de este Tribunal, la independencia e imparcialidad del juez no sólo son componentes de todo proceso justo y racional, sino, además, son elementos consustanciales al concepto mismo de tal.” (Sentencia de 31 de agosto de 2007, Rol N° 783, considerando décimo primero).
Por tanto, quebrantó el debido proceso la circunstancia de que hayan actuado como órganos disciplinarios el Director y los Oficiales de la Compañía a quienes precisamente, con o sin fundamento, los recurrentes les imputaban conductas u omisiones constitutivas de infracciones reglamentarias. La calidad de juez y parte en forma simultánea constituyó una abierta negación de los atributos de independencia e imparcialidad que debe tener el órgano encargado de conocer el procedimiento disciplinario y resolver la aplicación de sanciones a los asociados respecto de quienes se acredite haber cometido las faltas que se les imputan.
Décimo segundo: Que, en lo que concierne a otro elemento integrante del debido proceso, como es el emplazamiento de los inculpados en el procedimiento disciplinario y la oportuna puesta en conocimiento de los cargos que se les imputaban, como se indicó, el Director de la Tercera Compañía, mediante oficios de 20 de diciembre de 2020, citó a los recurrentes y a los demás suscriptores de la carta que había recibido en los siguientes términos: “Por medio de la presente y junto con saludarle, se cita a junta de oficiales extraordinaria por el artículo 124 del Reglamento de la Tercera Compañía de nombre reservado, para el día miércoles 23 de Diciembre 2020 en primera citación a las 20 hrs y en segunda citación a las 20:15hrs”.
Es útil consignar que el artículo 124 del Reglamento aludido se ubica dentro del párrafo “De las reuniones de Compañía”, que consta de diez artículos. Es del siguiente tenor:
“Las Reuniones de Compañía son Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes. Las Reuniones Ordinarias de Compañía deberán efectuarse una cada mes. Extraordinarias las que cite el director, fuera de las estipuladas en el Reglamento, cuando así lo estime necesario; cuando lo acuerde la Junta de Oficiales en reunión de ésta, fijando motivo, día y hora; cuando lo solicite directamente al Director el Capitán, o cuando lo hagan por escrito, al Director, indicando el motivo, a lo menos diez voluntarios con derecho a voto y que no sean oficiales de Compañía o Generales. En estos dos últimos casos, el Director deberá citar a la Compañía dentro de tres días hábiles siguientes de haber recibido la solicitud.
Reunión Solemne es la que debe efectuarse los días 12 de Agosto de cada año, o dentro de los seis días anteriores o siguientes a dicha fecha, para conmemorar el Aniversario de la Compañía. En ella el Director dará cuenta de la marcha de la Compañía y se efectuará la entrega de premios”
Dicha disposición, por consiguiente, se limita a regular los distintos tipos de reuniones de la Compañía y la procedencia de cada una.
El artículo 126, por su parte, dispone: “En las Reuniones Extraordinarias solamente se tratará el tema para lo cual fue citada, salvo otras materias, con autorización de la Sala y solamente en carácter informativo.”
La necesidad de la citación indique los temas a tratar es corroborada por el artículo 127, conforme al cual “Toda citación a Reunión tanto Ordinaria como Extraordinaria deberá indicarse la Tabla, en especial si se trata de renuncias o elecciones.”
Décimo tercero: Que, por consiguiente, la citación despachada a reunión extraordinaria de la Junta de Oficiales de la Compañía para el 23 de diciembre de 2020, infringió los artículos 126 y 127 del Reglamento de la Compañía, desde el momento en que no indicó “el tema para el cual fue citada”.
Dicha infracción reglamentaria, al no indicar el motivo de la citación, impidió que se aportara a los recurrentes la información necesaria para hacerles saber que se estaba iniciando un procedimiento disciplinario en su contra. Tampoco se les notificó la decisión de la junta de oficiales que así lo resolvió, ni se les precisó los hechos que se les imputaban. No hubo, por tanto, debido emplazamiento de los recurrentes, puesto que la ausencia de comunicación formal del objeto que tendría la reunión les impidió preparar adecuadamente su defensa.
Aun si ello hubiese ocurrido, la escasa anticipación de la citación, despachada el 20 de diciembre de 2020, correspondiente a día domingo, para el 23 del mismo mes, que podría ser suficiente tratándose de un asunto administrativo, no aparece revestida de razonabilidad si se considera que comprendió a los dieciocho signatarios de la carta a los que se pretendía formular cargos y escuchar sus descargos ante la junta de oficiales, aun cuando estas circunstancias no se pusieron previamente en conocimiento de los inculpados.
Décimo cuarto: Que, a propósito del emplazamiento de los inculpados y la puesta en conocimiento de los cargos que se les atribuían, es preciso agregar que el informe que hizo llegar a esta Corte el nombre reservado, don Eladio Cortés Díaz, proporciona antecedentes incongruentes acerca de la falta disciplinaria que habrían cometido los recurrentes:
a) Primero da a entender que la infracción reglamentaria consistiría en la difusión que habrían dado a la carta de que se trata y en las finalidades que perseguirían. Ambas circunstancias configuran, en opinión del informante, una “deslealtad mayúscula”, una “deslealtad pérfida” y “un acto de falta de honorabilidad y ética bomberil”.
Expone que, “con una deslealtad mayúscula hacia su Compañía, los señores nombre reservado y nombre reservado enviaron copia de la misiva a todos los Directores de las restantes Compañías y las más altas autoridades del nombre reservado, con la intención de generar controversia y un conflicto a nivel institucional para ganar apoyos entre algunos miembros del Directorio general de CBLA, tratando de asegurar su finalidad de remover a la oficialidad año 2020 o lograr la intervención operativa de su propia compañía.”
Añade que “De esta forma, existiendo a disposición de los recurrentes los canales o salidas institucionales para enfrentar su desconformidad contra la oficialidad de la Compañía del año 2020, ellos omiten y obvian este conducto regular reglamentario y con una deslealtad pérfida hacia su compañía redactan una carta, donde denuncian supuestas irregularidades de conducción de la Compañía, visitando las casas de los bomberos alejados y con poco asistencia en las actividades de la Compañía para sacarles sus firmas y juntar respaldo, para finalmente presentarla –a espaldas del Director de su Compañía- a las autoridades del Directorio General del CBLA.- Esta conducta constituye un acto de falta de honorabilidad y ética bomberil por parte de los recurrentes que ameritaba ser reprendidos.”
b) No obstante, luego parece señalar que la falta no sería el hecho de haber difundido la carta ni las finalidades que los motivaron, sino la circunstancia de no haber efectuado tal denuncia ante la Asamblea General, siempre por medio del Director de la Compañía.
Al efecto sostiene, en una interpretación libre del artículo 124 del Reglamento de la Tercera Compañía de Bomberos, que éste contempla una obligación estatutaria para los miembros de esa institución, en lugar de normas sobre las clases de reuniones y la procedencia de cada una de ellas. Todo ello, prescindiendo de cualquier consideración sobre la naturaleza de la materia a tratar, específicamente si es de orden administrativo o disciplinario:
“En breves palabras los señores nombre reservado y nombre reservado en conjunto con los demás firmantes de la carta infringieron el artículo 124 del Reglamento de la 3° Compañía de Bomberos que establece la posibilidad de manifestar o exponer ante la Asamblea General de Compañía cualquier desconformidad o problema interno generado al interior de la Compañía, caso en el cual el Director deberá citar a una reunión extraordinaria cuando le es solicitado por escrito, indicando el motivo, por a lo menos 10 voluntarios con derecho a voto y que no sean oficiales de Compañía o Generales. En este caso el Director DEBERÁ citar a la compañía dentro de los tres días hábiles siguientes de haber recibido la solicitud.”
Desde luego, no resulta jurídicamente apropiado que la primera declaración del Superintendente informante se sugiera que las intenciones de los inculpados serían susceptibles de ser reprimidas jurídicamente, aunque sea en el ámbito disciplinario interno, cuando se manifiesta que la carta se difundió “con la intención de generar controversia y un conflicto a nivel institucional para ganar apoyos entre algunos miembros del Directorio general de CBLA, tratando de asegurar su finalidad de remover a la oficialidad año 2020 o lograr la intervención operativa de su propia compañía.”
Es particularmente impropio cuando quien realiza tal declaración, como lo reconoce ante esta Corte en los complementos de informe que se le requirieron, es al mismo tiempo el Presidente del Directorio General del nombre reservado, organismo que se negó a pasar los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina del mismo nombre reservado, para que conocieran las apelaciones deducidas por los recurrentes frente a la medida de expulsión de que fueron objeto en segunda instancia.
Con todo, lo cierto es que, del tenor de las expresiones que se han mencionado, queda de manifiesto que el informante no tiene certeza de los hechos que configurarían la infracción cometida por los recurrentes, que condujeron a los órganos que incoaron el procedimiento disciplinario a aplicarles una medida sancionadora, primero la suspensión por 180 días y luego la expulsión.
Décimo quinto: Que, en la misma línea de reflexión, tampoco se respetó un elemento que conforma igualmente el debido proceso, a saber la bilateralidad de la audiencia, en el sentido de hacer saber a los recurrentes, con anticipación suficiente a la mencionada reunión, los cargos concretos que se les imputaban y que dieron origen al procedimiento, de manera que tuviesen la posibilidad de hacer valer todos los elementos de juicio que contribuyesen a su defensa y no sólo aquellos que pudiesen argüir en forma improvisada, así como recurrir a la asesoría que estimasen conveniente, incluida la letrada, y contar con tiempo suficiente para exponer sus puntos de vista.
El recurrente que concurrió a esa reunión efectuada el día 23 de diciembre de 2020, nombre reservado, expone en el libelo la realización de un procedimiento de naturaleza claramente inquisitiva: “fui interrogado por la junta de oficiales de nuestra compañía, compuesta por los siguientes, director señor nombre reservado, secretario Raúl Vallejos Aldana, capitán interino nombre reservado, teniente primero señor nombre reservado, maquinista primero señor nombre reservado y ayudante señor nombre reservado, todos oficiales de Tercera Compañía. En el siguiente tenor, ¿de quién fue la idea?, ¿en qué casa se juntaron?, ¿quién solicitó firmar la carta?, ¿quién condujo el auto solicitando las firmas?, ¿está arrepentido o no de firmar la carta?, como se vislumbra, todas las preguntas son tendientes a criticar malamente el reclamo interpuesto por todos los firmantes, sin intentar investigar los graves hechos que acusábamos responsabilidad a la oficialidad periodo 2020.”
Aplicada la sanción de suspensión por la junta de oficiales, los recurrentes apelaron para ante el Consejo de disciplina de la Tercera Compañía, el que los citó para el día 20 de mayo 2021. En el recurso narran que “nuevamente no nos dan un tiempo prudente para organizar nuestros medios de prueba, es más, en la misma reunión, nos señalan antes de declarar, que sólo tenemos cinco minutos para expresarnos”. “Respecto de nombre reservado, interpela a los integrantes preguntando si habían estudiado el caso, a lo cual se enteró que no conocían el caso en profundidad, para lo cual el director señor nombre reservado, de forma enérgica me hace callar y me invita a abandonar la sala. Respecto de nombre reservado, ni siquiera me permitieron leer mi carta de apelación aludiendo que era muy extensa.” “A ambos, nombre reservado y nombre reservado, nos indican en la misma reunión, que somos expulsados de la institución y que a posterior seremos debidamente notificados.”
Ninguno de esos hechos ha sido controvertido por el recurrido. En esa medida, no puede estimarse que se ha respetado este principio de bilateralidad, que se traduce en que el órgano disciplinario, que por esencia debería ser imparcial, pueda examinar en condiciones de igualdad tanto los actos imputados como las defensas opuestas.
Décimo sexto: Que, además, forma parte del debido proceso la producción libre de pruebas, elemento que también fue desatendido, desde el momento en que el procedimiento aplicado no contempló la posibilidad de que los recurrentes rindieran prueba tendiente a desvirtuar los cargos que se les formularon, ni menos a acreditar la veracidad de las dos situaciones de hecho descritas en la carta que dirigieron al Director de la Tercera Compañía, con prescindencia de la calificación jurídica que pudieran merecer desde el punto de vista reglamentario.
Basta señalar, respecto de este último punto, que en el informe que hizo llegar a esta Corte el señor nombre reservado, no se refiere en absoluto a los cargos consignados en la carta respecto del Director y de los Oficiales de la Tercera Compañía, salvo para señalar que se trata de “supuestas irregularidades que nunca existieron”.
Esto es, no sólo se desechó a priori comprobar la efectiva ocurrencia de los hechos mencionados en la carta, sino que, existiendo hechos controvertidos que resultaban sustanciales para la resolución del asunto, según se deduce de lo informado por el mismo Superintendente, como la difusión dada a la carta por los recurrentes fuera de la Tercera Compañía y las circunstancias de la misma, se omitió la práctica de diligencias probatorias, limitándose a ofrecer la palabra para recibir sus alegaciones en la reunión durante un breve lapso, lo que se asimila más al cumplimiento de un trámite meramente formal que a una razonada recopilación de antecedentes para fundamentar adecuadamente la resolución de la controversia.
Décimo séptimo: Que en nada excusa las infracciones precedentes el hecho de que el Reglamento de la Compañía se limite a consignar, en el artículo 74, que, si la falta debe ser tratada por la junta de oficiales, “deberá citarse al afectado y se le podrá aplicar las siguientes sanciones”, puesto que se le dio una aplicación que desatiende una norma legal expresa y diversos elementos centrales de un principio constitucional básico para todo nuestro ordenamiento punitivo, del que no está ajeno el procedimiento disciplinario de que se trata.
Décimo octavo: Que, por otro lado, la anotada falta de claridad de la infracción cometida por los recurrentes que emana de las dos explicaciones proporcionadas por el nombre reservado, tiene directa relación con la tipicidad de la conducta infractora, que exige que ésta se encuentre descrita de tal manera que los sujetos imperados por ella tengan suficiente noticia previa acerca del comportamiento que les resultará exigible.
Este punto adquiere relevancia desde el punto de vista de la sanción que sería eventualmente aplicable, teniendo en vista la exigencia que ha hecho presente el Tribunal Constitucional, en orden a que se observe la vertiente sustantiva del debido proceso, esto es, que la decisión terminal que se adopte “debe ser racional y justa en sí, vale decir, proporcional, adecuada, fundada y motivada sustancialmente en el derecho aplicable, que no en criterios arbitrarios”, como se recordó en el considerando sexto.
De ello se deriva que todo régimen de sanciones debe aplicarse necesariamente bajo principios de gradualidad y proporcionalidad, esto es, previa clasificación de las infracciones en leves, graves y gravísimas, cada una de las cuales debe tener supuestos fácticos y consecuencias jurídicas distintas, reservando los castigos más gravosos para aquellas inconductas de superior entidad y, de este modo, evitar aplicarlas a hechos cuya necesidad de reproche pueda satisfacerse con otras distintas y menos perjudiciales.
Por el contrario, los elementos de juicio que el Reglamento de la Tercera Compañía considera para determinar si una falta es leve, grave o gravísima abren un margen de discrecionalidad tal que impiden conocer a los miembros de la institución las consecuencias que podrían ocasionarles incurrir en determinadas conductas. El artículo 72, que define los tipos de faltas, comienza señalando que “la Junta de Oficiales catalogará si una falta es leve, grave o gravísima”.
En la especie, los recurrentes fueron sancionados por la junta de oficiales con suspensión por 180 días (en circunstancias que la pena máxima prevista era de seis meses), para lo cual se invocaron los artículos 72, letra b) y 74, letra b) del mencionado Reglamento. El primero de ellos define las faltas graves como “aquellas acciones y omisiones que afectan seriamente la disciplina, eficiencia, seguridad o prestigio de la institución y que deben reprimirse para prevenir su repetición, mala influencia o propagación”.
Por su parte, el artículo 74 indica que “la Junta de Oficiales tratará las faltas cometidas por los bomberos que sean informadas por el Director o Capitán de la Compañía, la cual será clasificada y se determinará quién debe tratarla, según la gravedad” y la letra b) contempla la medida de “Suspensión hasta por seis meses”.
Por tanto, la gravedad de la falta es determinada a posteriori de su imputación, lo que, al ser ponderada caso a caso, respecto de situaciones concretas, afecta la igualdad ante el derecho que ampara a los miembros de la Compañía sujetos a esa normativa y la legítima expectativa de que, frente a situaciones similares, se apliquen las mismas disposiciones.
En la especie, la sanción aplicada primitivamente fue incrementada sin que hubiesen variado los hechos, en circunstancias que, por su naturaleza, la expulsión se trata de una sanción que debe estar reservada para las infracciones gravísimas, que dañen especialmente los bienes jurídicos protegidos en el Reglamento de la institución. Conforme al artículo 72, letra c), las faltas gravísimas “Son aquellas acciones u omisiones que sin llegar a constituir delito, provocan serio quebranto a la disciplina, eficiencia, seguridad o prestigio de la Institución y que deben ser sancionadas con severidad y energía para prevenir consecuencias inmediatas o posteriores”.
En palabras del señor nombre reservado: “Posteriormente el Sr. nombre reservado apela de la suspensión aplicada por la Junta de Oficiales ante el Consejo de Disciplina de la Compañía, quienes después de haberlos escuchado, acuerdan aplicarle la máxima sanción que establece nuestro reglamento, esto es la EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA”; “Posteriormente el Sr. nombre reservado apela de la suspensión aplicada por la Junta de Oficiales ante el Consejo de Disciplina de la Compañía, quienes después de haberlos escuchado, acuerdan aplicarle la máxima sanción que establece nuestro reglamento, esto es la EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA.”
La falta de fundamentación de ambas medidas disciplinarias, puesto que no se encuentra expresada su justificación en las copias de las actas que se han acompañado ni en los oficios en que se comunican las sanciones, impide estimar que se ha dado cumplimiento a un principio de nuestro derecho, cual es la obligación de fundamentar las decisiones que se adopten, especialmente cuando son de carácter punitivo, puesto que afectan el cabal ejercicio de sus derechos del asociado, si se trata de la suspensión, o la libertad de pertenencia a una asociación, tratándose de la expulsión.
La afirmación que hace el señor nombre reservado en su informe de que el proceso disciplinario incoado “tiene por sustento una GRAVE FALTA DISCIPLINARIA cometida por los recurrentes que generó un grave trastorno a la unidad y disciplina de la 3° Compañía de Bomberos, y que queda claramente manifestada por los antecedentes aportados por las partes”, por tanto, se remite únicamente a la mera opinión oral o a la convicción interna de los integrantes de los órganos internos que participaron en él, sin perjuicio de la impropiedad en que incurre cuando habla de la existencia de “partes”, salvo que, además de los inculpados, aluda a quienes desempeñaron esa función y al mismo tiempo actuaron como sustanciadores y resolutores del proceso disciplinario.
En esa medida, no puede estimarse que la sanción aplicada en definitiva, cual es la expulsiva, sea proporcional a la infracción que se habría cometido.
Décimo noveno: Que, por último, otro de los elementos constitutivos del debido proceso que merece atención en este caso es la facultad con que cuentan los sometidos al procedimiento para interponer recursos destinados a revisar por un órgano superior las decisiones adoptadas por aquellos que conocieron primeramente de la controversia jurídica.
El señor nombre reservado, refiriéndose separadamente a cada uno de los actores en iguales términos, sostuvo en su informe: “Finalmente, este recurrente apela de la sanción de expulsión ante el DIRECTORIO GENERAL DEL CBLA, quien ante la evidencia pública de los antecedentes y realizando un examen de admisibilidad del recurso decide no pasar los antecedentes ante el CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA DEL CBLA, razón por la cual se mantiene a firme la sanción de expulsión aplicada por los organismos internos de la Compañía.”
Esta Corte, mediante resolución de 21 de diciembre de 2021, acordó oficiar al Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado a fin de indicar si tuvo conocimiento de los hechos objeto del recurso y, principalmente, si conoció la apelación presentada por los recurrentes. En el mismo orden de ideas, para que indicase si el ente disciplinario inferior debe hacer un examen de admisibilidad del recurso de apelación y, en el caso de ser efectivo, en qué consiste aquél.
El señor nombre reservado respondió, a la primera consulta, “que el Consejo Superior de Disciplina No tuvo conocimiento de los hechos objeto del recurso y NO conoció la apelación presentada por los recurrentes, atendido que en reunión del Directorio General se resuelve no pasar a conocimiento del Consejo Superior de Disciplina los antecedentes de apelación de los recurrentes, lo anterior haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 18 del Reglamento General, que indica que es el Directorio General quien tomará injerencia y someterá al Consejo Superior de Disciplina para su resolución, todo caso que considere de tal naturaleza que afecte el nombre o buen servicio de una o más compañías. En cuanto a informar “si el ente disciplinario inferior debe hacer un examen de admisibilidad del recurso de apelación, y en el caso de ser efectivo, en que consiste aquel”, se señala que es el Directorio General es quien realiza el examen de admisibilidad, revisando los antecedentes y llevando a votación entre sus miembros, si es necesaria la vista por el Consejo Superior de Disciplina, ente que ejerce las funciones disciplinarias que corresponden al Directorio. Solo las apelaciones que de sus antecedentes fluyan que hubo manifiestas infracciones del procedimiento y falta de equidad son conocidas por el Consejo Superior de Disciplina.”
Frente a lo anterior, el 11 de marzo de 2022 esta Corte ordenó que se diera estricto cumplimiento al trámite ordenado, en el sentido de evacuar informe por parte del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado y, adicionalmente, que se adjunte la resolución mediante la cual se decide no remitir los antecedentes de apelación a dicho Consejo.
Al respecto, el señor nombre reservado señaló que, además de este cargo, preside el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, conforme a lo dispuesto en el Titulo III, artículo 26 del Reglamento General y, por lo tanto, el informe precedente fue evacuado en ejercicio de esa función. Además, adjuntó copia de reunión del Directorio General del nombre reservado de fecha 01 de octubre de 2021, en la cual se decidió no remitir los antecedentes de apelación a dicho Consejo.
Vigésimo: Que el artículo 18 del Reglamento General del nombre reservado, a que alude el señor nombre reservado, establece lo siguiente:
“El Directorio podrá intervenir en cualquier asunto, incidente o querella que suceda en el Cuerpo en general o en las Compañías en particular. Tomará ingerencia y someterá al Consejo Superior de Disciplina para su resolución, todo caso que considere de tal naturaleza que afecte el nombre o buen servicio de una o más Compañías. Podrá además exigir de éstas que Juzgue la conducta de alguno de sus bomberos, aún en actos ajenos al servicio, pero que comprometa gravemente el honor y dignidad que debe mantener un Bombero.”
Ese precepto guarda armonía con el artículo 28, de acuerdo con el cual “El Consejo Superior de Disciplina se reunirá solamente a requerimiento del Directorio General y conocerá:…4.- De los recursos de apelación o de nulidad que se interpusiesen contra los fallos de los Consejos de Disciplina de las Compañías.”
Esas disposiciones abren un margen de discrecionalidad tan amplio al Directorio General que no ofrece certeza a ninguno de los miembros del nombre reservado sobre la posibilidad real de que la decisión sancionatoria que sea adoptada al interior de una Compañía, como ocurrió en la especie, primero por la junta de oficiales y luego por el Consejo de Disciplina de la Tercera Compañía, sea revisada por un órgano externo a la misma, cual es el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado.
La incertidumbre acerca de los resultados que podría tener la apreciación caso a caso de la incidencia de los hechos en el nombre o buen servicio de la Compañía involucrada en virtud del examen de admisibilidad de las apelaciones de los afectados que lleve a cabo el Directorio General perjudica la posibilidad efectiva de que un órgano superior conozca de los recursos que interpongan los afectados para que se revisen las resoluciones dictadas por los órganos inferiores.
Sin perjuicio de ello, en la situación concreta a que se refiere este recurso, teniendo en vista el único factor que contempla el Reglamento para efectuar dicho examen de admisibilidad, esto es, “que afecte el nombre o buen servicio de una o más Compañías”, es evidente que la decisión del Directorio General del nombre reservado, en orden a no elevar los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina, contradice la gravedad que la junta de oficiales y la Comisión de Disciplina de la Tercera Compañía atribuyeron a la hipotética falta cometida por los recurrentes, puesto que dicha negativa, literalmente, sólo puede entenderse en el sentido que no afecta el nombre o buen servicio de esa Compañía, lo que constituye otro elemento de juicio que refuerza el cuestionamiento a la proporcionalidad de la medida disciplinaria aplicada.
Vigésimo primero: Que, por las razones expuestas, el actuar del recurrido durante el proceso disciplinario seguido contra los recurrentes, que concluyó al adoptar en definitiva la medida de expulsión de éstos y luego ratificarla, resulta ilegal y arbitrario porque vulnera elementales reglas del debido proceso contemplado en el número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que hace innecesario pronunciarse sobre las demás garantías que se invocan como infringidas en el recurso.
Y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado y don nombre reservado en contra del nombre reservado, declarando que quedan sin efecto las sanciones de expulsión impuestas a los recurrentes, debiendo la Tercera Compañía “Bomba Andina” de esa ciudad proceder a reintegrarlos dentro de quinto día de que este fallo quede ejecutoriado.
Regístrese, notifíquese y, ejecutoriada, archívese.
Redacción del Abogado Integrante Sr. José Luis Alliende Leiva.
N°Protección-48445-2021.
No firma la Ministro Sra. Eliana Quezada Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse autorizada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.
En Valparaíso, veintidós de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.