nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Expone que el actor, trabajador extranjero de nacionalidad venezolana, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales, acompañando la documentación requerida. Indica que, posteriormente, por correo electrónico de 29 de julio de 2025, se le comunicó el rechazo de la solicitud por estimar la administradora que el antecedente presentado para acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero -“constancia electrónica” del IVSS- no cumple las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, número 1, letra b), al no tratarse de una certificación de la institución competente debidamente legalizada en que conste la obligación de otorgar prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sostiene que el actor sí cumple los requisitos de los artículos 1° y 7° de Ley N° 18.156, por cuanto acompañó: contrato de trabajo, anexo de contrato con cláusula previsional, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y título profesional apostillado. Afirma que la recurrida efectúa una interpretación formalista de la normativa, desatendiendo su finalidad de permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus ahorros previsionales cuando acreditan afiliación en su país de origen. Agrega que la constancia electrónica del IVSS es verificable mediante código único en el sitio oficial, por lo que constituye documento idóneo para acreditar dicha afiliación.

Señala como garantías afectadas la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales. Solicita se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo breve, efectuar la devolución de los fondos solicitados, o adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 7 evacúa informe Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas. Expone que el actor presentó solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, acompañando título profesional, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo de 1 de junio de 2023 y anexo de 10 de mayo de 2024. Indica que, tras analizar los antecedentes, la administradora resolvió rechazar la petición, por cuanto la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituye un certificado de afiliación válido, carece de firma, no se encuentra apostillada ni legalizada y no especifica las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigidas por la normativa vigente.

Sostiene que la declaración jurada tampoco satisface las exigencias legales, ya que no proviene de la entidad previsional competente ni de representación consular. Refiere que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N° 3141 de 20 de febrero de 2024, ha establecido que el trabajador debe acreditar expresamente contar con cobertura de vejez, invalidez, sobrevivencia y salud, consignada por la autoridad previsional extranjera y debidamente legalizada o apostillada. Agrega que, de acuerdo con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, la documentación acompañada por el actor no resulta suficiente para acreditar los requisitos legales.

Señala que la Ley N° 18.156 es un régimen excepcional que requiere cumplimiento estricto y copulativo de las condiciones que establece, y que la administradora se encuentra obligada a acatar las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones en virtud de las facultades de fiscalización, interpretación y control que la ley le otorga. Recalca que la negativa a devolver los fondos previsionales no obedece a un actuar ilegal o arbitrario, sino al cumplimiento del marco legal y administrativo aplicable. Por lo mismo, solicita se rechace la acción deducida, con expresa condena en costas.

A folio 11 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que, la Ley N° 18.156 configura un régimen de excepción aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales, de interpretación restrictiva, cuyo acceso exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1°, y que la devolución del artículo 7° procede únicamente si se acreditan tales exigencias. Precisa que, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa del Servicio, el solicitante debe acreditar que contó efectivamente con cobertura previsional en su país de origen antes y durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, incluyendo salud integral (prestaciones médicas y pecuniarias), y que la voluntad de mantenerse afecto a ese régimen debe constar en el contrato de trabajo o en un anexo vigente. Indica, además, que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones requiere certificación de la institución competente, debidamente legalizada o apostillada, que exprese en forma específica las coberturas y el período respectivo.

Hace presente que el documento acompañado por el actor -certificado electrónico de cotizaciones del IVSS- carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra apostillado o legalizado, por lo que no es idóneo para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156; añade que no basta una mención genérica de coberturas del sistema extranjero ni una cartola de cotizaciones, sino que se requiere constancia específica de cobertura por todos los riesgos durante todo el período trabajado en Chile. Refiere A folio 12 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., comunicada mediante correo electrónico de 29 de julio de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no sería idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, carecer de firma y no consignar cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; acto que, a su entender, vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, por su parte, la Administradora recurrida ha sostenido que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por el actor no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada.

Cuarto: Que la Superintendencia de Pensiones, al evacuar informe en estos autos, precisó que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señaló que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que el recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal.

Quinto: Que, en consecuencia, del mérito de autos se desprende que el documento acompañado por el recurrente no satisface las exigencias establecidas en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en relación con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, toda vez que no se encuentra apostillado ni legalizado, carece de firma autorizada y no consigna de manera específica las coberturas ni el período de protección previsional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales.

Séptimo: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la Administradora recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, no habiendo acreditado el recurrente, en esta sede cautelar, el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N° 18.156.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Núñez concurre a la decisión de rechazar el recurso, teniendo únicamente presente que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por el actor, contiene una referencia genérica que no permite tener por acreditado, en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y de la normativa complementaria, que el trabajador contaba efectivamente con cobertura copulativa en materia de salud, invalidez, vejez y sobrevivencia durante el período de prestación de servicios en Chile.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4840-2025.

En Valparaíso, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.