nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don Gonzalo Iván Laterra Fernández, abogado, en representación de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el despacho de un Mandamiento de Ejecución y Embargo, de fecha 3 de junio de 2026, dictado en el Expediente Administrativo N° 10705-2026, de la Tesorería Regional de Aysén, con motivo del cobro de una deuda correspondiente a un Crédito con Aval del Estado (CAE) regulado por la Ley N° 20.027. Sostiene que la recurrida habría aplicado al cobro de dicha obligación las potestades y mecanismos establecidos en el Título V del Libro III del Código Tributario, pese a que, a su juicio, se trataría de una obligación de naturaleza civil y contractual, cuyo cobro se encontraría regulado por la legislación especial.

Expone que el recurrente es ingeniero civil ambiental y trabajador dependiente de DAAB Ingeniería SpA, manteniendo un contrato de trabajo indefinido desde el 25 de noviembre de 2024 y percibiendo una remuneración mensual promedio de $2.277.920, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2026, suma que constituye su sustento económico y el de su grupo familiar y que es depositada mensualmente en su cuenta bancaria. Señala que el 22 de abril de 2026 recibió un correo electrónico de la Tesorería General de la República, mediante el cual se le informó de la existencia de una deuda por concepto de CAE, identificada como Formulario 34, ofreciéndosele su pago al contado o mediante convenio. Posteriormente, con fecha 3 de junio de 2026, el Director Regional Tesorero de Aysén, actuando en calidad de Juez Sustanciador, despachó en su contra el referido Mandamiento de Ejecución y Embargo, por una deuda ascendente a $7.717.151, identificada en la Nómina de Deudores Morosos bajo la glosa “CRED CAE L20027”, Formulario 34, Folio N° 205513, con fecha de giro y vencimiento legal de 4 de mayo de 2020. Agrega que el 4 de junio de 2026 fue notificado y requerido de pago por correo electrónico, indicándosele que disponía de diez días hábiles para oponer las excepciones procedentes conforme al procedimiento del Título V del Libro III del Código Tributario.

Afirma que el mandamiento impugnado genera una amenaza cierta, actual y permanente sobre la totalidad de su patrimonio, desde que, conforme al procedimiento empleado por la Tesorería, podrían trabarse embargos sobre sus bienes, incluyendo las remuneraciones depositadas en sus cuentas bancarias, depósitos a plazo u otros instrumentos financieros, hasta cubrir la deuda, sus reajustes, intereses y multas. Sostiene que la actuación recurrida es ilegal, por cuanto la Ley N° 20.027 habría regulado específicamente los mecanismos de cobro del CAE en su Título V, sin efectuar una remisión al procedimiento ejecutivo tributario contemplado en el Código Tributario. En particular, invoca el artículo 18 bis de dicha ley, conforme al cual las acciones de cobranza de Tesorería deben someterse a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de la ley, entendiendo el recurrente que dicha disposición remitiría al juicio ejecutivo regulado en el Código de Procedimiento Civil y no al procedimiento excepcional del Código Tributario. Añade que el Reglamento de la Ley N° 20.027 tampoco contendría una disposición que habilite expresamente la utilización del Título V del Libro III del Código Tributario.

Alega, asimismo, que el artículo 168 del Código Tributario circunscribe el procedimiento especial de cobranza allí establecido a las obligaciones tributarias, mientras que el artículo 169 se refiere a antecedentes propios de dicha clase de obligaciones, como impuestos, sanciones, tipo de tributo, número de rol u orden de ingreso. Sostiene que el CAE no corresponde a un impuesto ni a una sanción tributaria, sino que tiene su origen en un contrato bancario celebrado al amparo de la Ley N° 20.027. En consecuencia, estima que la Tesorería habría excedido sus competencias, vulnerando los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, al ejercer una potestad que no le habría sido conferida expresamente por la ley. Añade que tampoco existiría un decreto supremo dictado al amparo del artículo 2° N° 2 letra d) del DFL N° 1 de 1994 que habilite la incorporación de este tipo de créditos al régimen del Título V del Código Tributario.

En cuanto a la arbitrariedad, sostiene que la recurrida habría asimilado de hecho la deuda CAE a una obligación tributaria, sometiéndola a un régimen excepcional y más gravoso, sin justificación jurídica suficiente. Señala que ello privaría al recurrente de las defensas y garantías procesales que tendría en un juicio ejecutivo ordinario ante un tribunal de la República, al encontrarse sometido a un procedimiento en que el Tesorero actúa como juez sustanciador y en el cual las excepciones serían más restringidas que aquellas contempladas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Agrega que existiría un actuar contradictorio de la Tesorería, pues mientras aplica a la deuda CAE el procedimiento tributario de cobro, no le aplicaría las normas tributarias relativas a la prescripción. En este sentido, sostiene que la deuda identificada con Folio N° 205513, cuyo vencimiento legal sería el 4 de mayo de 2020, se encontraría prescrita al momento de despacharse el mandamiento el 3 de junio de 2026, al haber transcurrido más de seis años, considerando el plazo de tres años que invoca de los artículos 200 del Código Tributario y 2521 del Código Civil.

Sostiene además que el procedimiento de cobro amenaza directamente la inembargabilidad de sus remuneraciones, invocando el artículo 57 del Código del Trabajo y el artículo 16 de la Ley N° 20.027. Explica que esta última disposición, al regular el descuento por planilla de las cuotas CAE, exige respetar los límites establecidos en el artículo 58 del Código del Trabajo. A su juicio, permitir que la Tesorería embargue los fondos depositados en la cuenta bancaria en que recibe su remuneración produciría, por una vía indirecta, un resultado equivalente a un descuento de remuneraciones efectuado al margen de los límites legales.

En cuanto a las garantías constitucionales, invoca el artículo 19 N° 2 de la Constitución, relativo a la igualdad ante la ley, sosteniendo que como deudor de una obligación de origen contractual tendría derecho a recibir un tratamiento procesal equivalente al de cualquier otro deudor civil y no al de un contribuyente moroso. Invoca también el artículo 19 N° 3 inciso quinto, referido al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y a serlo por el tribunal establecido previamente por la ley; el artículo 19 N° 24, relativo al derecho de propiedad, por la amenaza de embargo que afectaría sus bienes, remuneraciones y fondos bancarios; y el artículo 19 N° 26, relativo a la protección de la esencia de los derechos y garantías constitucionales.

Finalmente, solicita que se declare ilegal y arbitrario el procedimiento iniciado mediante el Mandamiento de Ejecución y Embargo de 3 de junio de 2026, seguido en el Expediente Administrativo N° 10705-2026 de la Tesorería Regional de Aysén; que se declare que la actuación de la recurrida vulnera los artículos 6°, 7°, 19 N°s 2, 3 inciso quinto, 24 y 26 de la Constitución; que se deje sin efecto el referido mandamiento y todo lo obrado a partir de él; y que se ordene a la Tesorería General de la República abstenerse de iniciar o continuar procedimientos de cobro del CAE que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley N° 20.027. Solicita, además, que se condene en costas.

A folio 5, informa don nombre reservado, abogado de la Tesorería General de la República, solicitando el rechazo del recurso, sosteniendo que el procedimiento de cobro seguido en contra del recurrente se encuentra amparado por las facultades legales de dicho Servicio. Señala que la acción impugna el Mandamiento de Ejecución y Embargo de 3 de junio de 2026, dictado en el Expediente Administrativo N° 10705-2026, relativo a una acreencia derivada del CAE, alegando el recurrente que ésta tendría naturaleza civil y contractual y que no sería procedente aplicar el Título V del Libro III del Código Tributario.

En primer término, la recurrida plantea la incompetencia territorial de esta Corte, señalando que el procedimiento se encuentra radicado ante la Tesorería Regional de Aysén, comuna de Coyhaique, lugar en que fue dictado el acto impugnado y donde se encuentran sus efectos jurídicos directos. Agrega que tanto la nómina de deudores morosos como el certificado de deuda registran domicilio del recurrente en Coyhaique, por lo que, conforme al artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, correspondería conocer de la acción a la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique.

En subsidio, sostiene la improcedencia del recurso de protección, por cuanto existiría un procedimiento especial de cobranza establecido por el legislador en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, en relación con el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263 y el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. Explica que dicho procedimiento contempla las distintas etapas de ejecución, entre ellas la formación del título ejecutivo, despacho del mandamiento, notificación y requerimiento de pago, oportunidad para oponer excepciones, intervención del Juez Sustanciador y posterior control jurisdiccional. En este caso, el recurrente fue notificado del mandamiento, recibió copia de los antecedentes y fue informado del plazo de diez días hábiles para formular sus excepciones, por lo que no existiría indefensión ni ausencia de una vía idónea. Añade que el recurso de protección no constituye una vía paralela para revisar actuaciones dictadas dentro de un procedimiento especial legalmente regulado.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria, pues la Tesorería ha ejercido las facultades que le confiere el ordenamiento para recuperar créditos fiscales o del Sector Público. Explica que, una vez hecha efectiva la garantía estatal del CAE, la acreencia deja de encontrarse únicamente en la esfera de la relación contractual originaria entre el estudiante y la institución financiera y pasa al ámbito fiscal, registrándose mediante Formulario 34 en la Cuenta Única Tributaria. En este contexto, invoca especialmente el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263, que entrega al Servicio de Tesorerías la cobranza de los créditos del Sector Público y dispone que, “cualquiera sea la naturaleza del crédito”, se aplicarán los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de impuestos morosos. Cita además los Dictámenes N° 54.539 de 2011 y D183-2026 de la Contraloría General de la República, que, según expone, reconocen la competencia de Tesorería para efectuar la cobranza de estas acreencias mediante los procedimientos del Código Tributario.

Refuta asimismo la alegación relativa a la inexistencia de un decreto supremo que habilite el procedimiento, señalando que la competencia de Tesorería no descansa exclusivamente en el artículo 2° N° 2 letra d) del D.F.L. N° 1 de 1994, sino que emana directamente de la Ley N° 20.027, especialmente de su artículo 18 bis, del artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263 y de las disposiciones de su Estatuto Orgánico. Respecto de esta última norma, sostiene que no existe contradicción entre el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 y el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263, pues el primero reconoce la facultad de Tesorería para efectuar las acciones de cobranza de los créditos en que el Fisco es titular o en que se ha hecho efectiva la garantía, mientras que el segundo determina el procedimiento que debe emplear el Servicio para recuperar tales créditos.

Respecto de la prescripción, controvierte que resulte aplicable el artículo 200 del Código Tributario, pues dicha disposición regula las facultades del Servicio de Impuestos Internos para liquidar, revisar y girar impuestos, y no establece un plazo general para todas las acreencias cobradas mediante el procedimiento del Título V. Agrega que el artículo 13 de la Ley N° 20.027 contiene una regla especial respecto de las cuotas impagas, estableciendo que éstas no prescribirán y que el Estado deberá proceder a su cobro hasta la total extinción de la deuda. Por ello, estima que no existe contradicción en aplicar el procedimiento del Código Tributario y, al mismo tiempo, sujetar la prescripción a la normativa especial del CAE.

Finalmente, respecto de la alegada afectación patrimonial, informa que no consta la existencia de embargo efectivo sobre bienes, cuentas bancarias o remuneraciones del recurrente, ni orden dirigida a su empleador o a una institución financiera para retener fondos. Agrega que el mandamiento por sí solo no importa la materialización de una medida sobre bienes determinados y que, además, la orden de no innovar decretada por esta Corte el 17 de junio de 2026 fue debidamente cumplida por Tesorería mediante las Resoluciones Cobranza (E) N° 94481-TR-AYSEN y N° 95981-TR-AYSEN, de 19 y 23 de junio de 2026, respectivamente, que dispusieron la suspensión del procedimiento.

Por todo lo anterior, sostiene que no existe vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, derecho a no ser juzgado por comisiones especiales ni derecho de propiedad, ni tampoco infracción al principio de juridicidad. En consecuencia, solicita que, primero, se declare la incompetencia territorial y se remitan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Coyhaique; en subsidio, que se rechace el recurso por improcedente y, en definitiva, por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales invocadas, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.-EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE INCOMPETENCIA:

Primero: Que, la recurrida ha solicitado se declare la incompetencia territorial de esta Corte, fundado en que el procedimiento de cobro se encuentra radicado ante la Tesorería Regional de Aysén, en la comuna de Coyhaique, lugar en que se habría dictado el acto impugnado y donde éste produciría sus efectos jurídicos directos.

Segundo: Que dicha alegación será desestimada, toda vez que consta de los antecedentes que tanto el recurrente como su abogado han fijado domicilio dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte, circunstancia que permite tener por radicada la competencia para conocer de la presente acción cautelar, atendida la naturaleza urgente y protectora de la misma y lo dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. En consecuencia, no resulta procedente acoger la incompetencia territorial planteada por la recurrida.

II.-EN CUANTO AL FONDO:

Tercero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Cuarto: Que, mediante la presente acción se impugnan diversas actuaciones desarrolladas por la Tesorería General de la República en el marco de un procedimiento de cobro seguido respecto de una deuda asociada al Crédito con Aval del Estado, particularmente la emisión y notificación de un mandamiento de ejecución y embargo, la resolución que ordenó trabar o ampliar embargo y la retención de fondos mantenidos en una cuenta bancaria del recurrente. Sostiene este que dicho crédito mantiene naturaleza civil y que, por ende, no puede ser perseguido mediante el procedimiento de cobranza contemplado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, denunciando con ello vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 3, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo que su actuación se ajusta a las facultades que le confieren la Ley N° 20.027, el Decreto Ley N° 1.263, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y el Código Tributario, agregando que la deuda perseguida constituye una acreencia fiscal cuya cobranza corresponde legalmente a dicho organismo.

Sexto: Que, para resolver la controversia planteada, resulta pertinente considerar lo dispuesto en el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, conforme al cual la Tesorería General de la República se encuentra facultada para ejercer acciones de cobranza judicial y extrajudicial respecto de los créditos de que es titular el Fisco y de aquellos en que se ha hecho efectiva la garantía estatal.

Por su parte, el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263 dispone que el Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa de los créditos del Sector Público y que, para tal efecto, aplicará, cualquiera sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.

Séptimo: Que, asimismo, la Contraloría General de la República ha sostenido, entre otros, en los dictámenes N° 54.539 de 2011 y D183-2026, que corresponde a la Tesorería General de la República asumir la cobranza de los créditos respecto de los cuales ha operado la garantía estatal o que han sido incorporados al patrimonio fiscal, pudiendo valerse para ello de los procedimientos administrativos y judiciales contemplados en el Código Tributario.

Octavo: Que, de los antecedentes acompañados aparece que el recurrente registra una deuda asociada al Crédito con Aval del Estado incorporada a la Cuenta Única Tributaria mediante Formulario 34, vinculada al expediente administrativo Rol N° 10707-2026 de Aysen, habiéndose confeccionado la correspondiente nómina de deudores morosos, despachado mandamiento de ejecución y embargo y practicado las actuaciones de cobro cuya legalidad se cuestiona en estos autos.

Noveno: Que, en estas condiciones, no es posible concluir que la Tesorería General de la República haya actuado al margen de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere, desde que las actuaciones impugnadas encuentran sustento en las disposiciones legales precedentemente referidas, las que expresamente encomiendan a dicho organismo la recuperación de créditos fiscales o del sector público mediante la aplicación de los procedimientos contemplados en el Código Tributario.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Se previene que la ministra Sra. Leonor Cohen Briones concurre al rechazo del presente recurso sin compartir los motivos cuarto a séptimo precedentes, y tuvo en lugar de ello presente que:

1) Que, el debate planteado por la recurrente dice relación, esencialmente, con la naturaleza jurídica del crédito que da origen a la cobranza y con la determinación del procedimiento y tribunal competente para conocer de las objeciones que se formulen en su contra.

En efecto, el actor sostiene que la deuda CAE no puede cobrarse mediante el procedimiento previsto en el Código Tributario, mientras que la recurrida afirma que, una vez radicada la acreencia en el Fisco o incorporada al ámbito de recaudación de créditos del sector público, la Tesorería debe aplicar los mecanismos de cobranza establecidos por dicho cuerpo legal.

2) Que, en este contexto, aparece de manifiesto que en el presente recurso se pretende definir la naturaleza jurídica del crédito que da origen a la cobranza incoada por la Tesorería respectiva y, con ello, determinar el tribunal competente y el procedimiento aplicable en la especie, cuestiones ambas que no son posibles de establecer por esta vía, por lo que la pretensión manifestada por la recurrente excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional.

3) Que, tampoco se advierte la existencia de un derecho indubitado del recurrente que habilite para excluirlo del procedimiento de cobro iniciado por la Tesorería.

Por el contrario, la controversia supone analizar diversas normas relativas al procedimiento de acreencias fiscales, cuestión que excede, como ya se dijo, el conocimiento breve y sumario propio del presente arbitrio.

Ejecutoriado el presente fallo, alzase la orden de no innovar decretada a folio 7.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4831-2026.