INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA VALPARAÍSO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VIÑA DEL

Foja: 52 Cincuenta y Dos Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 12 comparece don Fernando Castillo Salfate, abogado, quien actúa en representación del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Viña del Mar, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber dictado la resolución de multa NºS6237/17/049 – 1, 2, 3, 4 y 5, todas de fecha 18 de julio de 2017, vulnerándose con ello las garantías constitucionales contenidas en los artículos 19 N° 3 inciso 5° y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Señala que con fecha 18 de julio de 2017, la recurrida notificó las Resoluciones ilegales y/o arbitrarias, ya reseñadas, mediante las cuales se condenó a su representada a una serie de multas administrativas de 5 UTM, 10 UTM, 9 UTM, 3 UF y 4 UF, las cuales ascienden en total a $1.309.410.-, correspondiendo cada una de ellas, respectivamente, a los siguientes hechos, respecto de la trabajadora nombre reservado: 1) No escriturar el contrato de trabajo, contratado con fecha 13.03.2017. 2) No llevar, para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia respecto de la trabajadora; 3) No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas, en el período de 13.03.2017 al 05.07.2017; 4) No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la o las AFP correspondientes, por los períodos y montos impositivos, en el período de 13.03.2017 al 05.07.2017; 5) No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la Sociedad Administradora del Seguro de Cesantía, en el período de 13.03.2017 al 05.07.2017. Expone que el Fiscalizador tomó como antecedente el Acta de Constatación de Hechos de fecha 18 de julio 2017, los cuales fueron controvertidos por su representada en cuanto se indicó que doña nombre reservado, prestaba servicios en virtud de contratos de honorarios, acompañando a la respectiva Inspección los mismos, no obstante lo anterior, se condena al recurrente a las multas mencionadas, por entender la Inspección del trabajo que existe un vínculo laboral y no una prestación de servicios. Por lo expuesto, en concepto de la recurrida, la multa impuesta es improcedente por cuanto el fiscalizador, con su actuación ha excedido sus atribuciones legales al invadir el ámbito de competencia de los Tribunales de Justicia. Agrega que si bien, el artículo 505 del Código del Trabajo, le entrega competencia a la precita Inspección para la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, no le permite calificar una relación como laboral. De otro lado, también se vulneró su derecho de propiedad, ya que su representada deberá solventar el valor de las referidas multas y, además, modificar el vínculo jurídico que mantiene con la prestadora de servicios, pues de lo contrario se verá sujeta a nuevas fiscalizaciones. Finalmente expone que se ha vulnerado el principio “non bis in ídem”, toda vez que las multas impuestas son una consecuencia del hecho basal consignado en la primera de ellas, esto es respecto de la no escriturar el contrato de trabajo. Previas citas jurisprudenciales solicita que acoja el recurso y se reestablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto las resoluciones de multas individualizadas con costas. Acompaña a su recurso, copia de resolución de multa y dos contratos de prestación de servicios respecto de doña nombre reservado, de fecha 13 de marzo de 2017 y 23 de mayo de 2017.

Que a fojas 33, obtuvo la recurrente orden de no innovar a objeto de que no se lleve a efecto la resolución recurrida ni sus consecuencias mientras se tramita la presente acción.

Segundo: Que, a fojas 39, informa la institución recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Viña del Mar, señalando que en la fiscalización en terreno efectuada con fecha 22 de mayo de 2017 a la empresa recurrida, se pudo constatar, en mérito de la documentación revisada y tenida a la vista, que la denunciante doña nombre reservado, tenía firmado tres contratos de prestación de servicios para realizar clases de inglés. Que dichos contratos se extienden desde el mes de marzo de 2016 a noviembre de 2016, para posteriormente ser contrata el 13 de marzo de 2017 a la fecha. Una vez revisada la documentación que detalla en el informe, el fiscalizador concluye que la trabajadora tiene un vínculo de subordinación y dependencia respecto de la empresa fiscalizada. Como consecuencia, se cursó la multa N° 6327/2017/49-1, 2, 3, 4 y 5. Alega que a través del recurso del protección se cuestiona la facultad que tiene el servicio para calificar actos, frente a lo cual reproduce lo señalado por el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 1° de octubre de 2015, causa rol N° 2671-2014, el cual establece, en síntesis, que las facultades del servicio tienen su fundamento en la protección de la garantía establecida en el artículo 19 N° 16, “la libertad de trabajo y su protección”. Para el cumplimiento de ese rol, puede dictar normas e interpretarlas, fiscalizar y sancionar, como asimismo puede calificar los hechos, sin perjuicio de su revisión judicial posterior. En segundo lugar señala que el recurso es improcedente ya que no existe una afectación de garantías constitucionales, pues respecto del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, señala que la multa se enmarca en su facultad administrativa sancionatoria y no está resolviendo un conflicto de relevancia jurídica, el cual sólo se produce después y respecto del derecho de propiedad, indica que no se afecta el patrimonio en los términos alegados por la recurrente. Por lo expuesto, solicita tener por evacuado informe y en definitiva rechazar la acción.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el recurrente sostiene haber sido vulnerado en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que entiende que habría sido sancionado por una comisión especial, puesto que el ente fiscalizador no tendría la facultad de interpretar las cláusulas del contrato de trabajo, por lo que la multa cursada sería ilegal y arbitraria.

Quinto: Que, esta Corte comparte el criterio de la Excma. Corte Suprema en cuanto la Inspección del Trabajo no puede arrogarse funciones propias y excluyentes de los órganos jurisdiccionales, como son el decidir si un determinado acto jurídico es un contrato de trabajo o uno de prestación de servicios, lo que vulnera respecto del afectado la garantía del N° 3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República” y que se complementado, recientemente, con un fallo de julio de este año, en el rol N° 10.396-2017 (citado por el recurrente) en cuanto el actuar de la recurrida es ilegal “toda vez que la Inspección recurrida asumió en la práctica la función de juzgar… lo que corresponde constitucional y legalmente a los tribunales de justicia en el marco de un proceso jurisdiccional”, ya que determinó que la naturaleza de los servicios de doña nombre reservado es laboral, sin previa controversia ante los tribunales correspondientes.

Sexto: Que, el proceder de la Inspección Provincial del Trabajo de Viña del Mar, además, amenaza o afecta directamente el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado constitucionalmente en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, puesto que deberá pagar una multa impuesta en un procedimiento ilegal.

Por lo expuesto y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de la Excma. Corte Suprema SE ACOGE, sin costas, el deducido en representación del Instituto Chileno Norteamericano de la Cultura de Valparaíso en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Viña del Mar y, en consecuencia, se dejan sin efecto las resoluciones de multa N° S 6237/2017/049-1,2,3,4 y 5 de fecha 18 de julio pasado.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Gómez, quien fue de opinión de desestimar este arbitrio constitucional, por los siguientes argumentos:

1°.- Que, el recurso de protección de modo alguno puede convertirse en un sustituto jurisdiccional de aquellos conflictos que el Ordenamiento Jurídico ha establecido de manera previa un justo y racional procedimiento para analizar y decidir si el proceder del ente administrativo ha sido conforme a derecho, baste para ello citar los artículos 503 a 506 del Código del Trabajo, que establece un procedimiento para reclamación de multas y demás resoluciones administrativas.

2°.- Que, la Inspección del Trabajo tiene un rol protector y por ello se advierte la facultad expresa, otorgada por el legislador, para examinar si las relaciones o convenciones que se celebran con personas naturales reúnen las características de una relación laboral, si se constata que hay vínculo de subordinación y dependencia.

3°.- Que, dicha competencia se enmarca en la necesaria fiscalización de relaciones pecuniarias asimétricas, esto es, quien contrata como empleador establece las condiciones no solo las remuneraciones, detalles fácticos y, también, jurídicas, como es el caso en que, a su conveniencia, propone y ofrece un vínculo de naturaleza civil, cuando, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, se advierte que es laboral.

4°.- Que, cabe recordar que el ente fiscalizador de la legislación laboral no tiene atribuciones para recurrir al órgano jurisdiccional y obtener de éste la constatación de una relación laboral, entre una empresa, ente o persona jurídica con una persona natural, de acuerdo a determinados hechos, que se constatan por los funcionarios de la Administración. Resulta oportuno citar el fallo del Tribunal Constitucional, acompañado por la recurrida, en el ingreso N° 2671-14 de octubre de 2015: “En virtud de la facultad fiscalizadora dicha repartición (se refiere a la Dirección del Trabajo, por lo que resulta aplicable a sus funcionarios fiscalizadores) puede calificar los hechos, sin perjuicio de su revisión judicial posterior” y ello es así para equilibrar la relación jurídica entre empleador y trabajador y también porque hay normas que aseguran derechos irrenunciables. En el considerando Decimotercero de ese mismo fallo se reproduce la decisión de la Excma. Corte Suprema en el ingreso N°88.393-2013 y otro de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el rol N° 347 del mismo año 2013.

5°.- Que, en consecuencia, el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de Viña del Mar, se enmarca dentro del ámbito de su competencia y con atribuciones suficientes para obrar como se le reprocha por la recurrente, quien ha obviado –se ignora el motivo- hacer las afirmaciones, alegaciones y probanzas que interesan a su parte ante los tribunales del trabajo correspondientes, como lo prescribe –expresamente- el Código del ramo y la legislación complementaria. Así, en concepto del disidente, el recurso debe ser rechazado.

Redacción del Ministro señor Gómez.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Recurso de Protección Nº 4825-2017.- No firma la Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.