nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente conforme lo previsto en la Ley N°18.156, resuelto mediante de carta de 12 de mayo de 2026 y comunicado por correo electrónico el 12 de junio pasado, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24°del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, fue notificada el 12 de junio de 2026 del rechazo de su requerimiento fundado en dos razones: primero, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no da cuenta de una cobertura que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común, según los Oficios Ordinarios N°23.241, N°9.663 y N°12.194 de la Superintendencia de Pensiones; y segundo, que dicho documento no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, conforme a lo instruido en los Oficios Ordinarios N°32.365 y N°24.089 y en el Oficio Reservado N°25.057.

Sostiene que los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 solo exigen que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación, requisitos que en la especie se cumplen íntegramente, sin que la norma autorice distinciones ni formalidades adicionales. Añade que la constancia acompañada emana de la autoridad venezolana competente y resulta plenamente verificable por medios electrónicos, sea mediante el código de verificación N°e17003936-2026209 —o el código 51d854334-2025609—, sea mediante el ingreso de la cédula de identidad venezolana N°RUT reservado en los portales del referido instituto, de modo que la omisión de tal verificación configura una conducta arbitraria. Agrega que la exigencia de apostilla o legalización resulta de imposible cumplimiento ante la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que constituye fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, sin que el artículo 18 del mismo cuerpo legal imponga una exigencia diversa.

Invoca, asimismo, la Circular N°553 y los criterios sostenidos por la Excma. Corte Suprema en las causas Rol N°28881-2022, Rol N°96.380-2021 y Rol N°7254-2025, así como por las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Rol N°247.104-2023, de Valparaíso, Rol N°325-2024, y de Concepción, Rol N°241-2025, conforme a los cuales una interpretación excesivamente literal y formalista desatiende la finalidad de la ley y comporta una retención injustificada de fondos previsionales.

Afirma que la recurrida vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al dispensar a la recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes que, en idénticas circunstancias, han obtenido respuesta favorable; el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al privarla de la disposición de fondos que le pertenecen en dominio exclusivo; y el artículo 19 N°26, al imponer requisitos que impiden el libre ejercicio de tales derechos.

Pide, se declare ilegal y arbitrario el acto impugnado, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, disponiendo dentro de un plazo razonable la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que el tribunal estime conforme al mérito de autos, adoptando las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 5, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, refiriendo que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Argumenta que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional regulado por la Ley N°18.156, cuyas normas deben interpretarse de manera restrictiva de acuerdo con las facultades de control y supervigilancia del sistema.

Sostiene que la declaración jurada acompañada no es documento idóneo, por corresponder la certificación exclusivamente a la autoridad previsional competente, y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma y de legalización o apostilla exigidas por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya —de la que Chile y Venezuela son Estados Parte—, sin señalar coberturas ni período alguno.

Invoca, en respaldo, la sentencia de esta Corte Rol N°1431-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema en autos Rol N°17866-2025. Añade que, conforme a los Oficios N°1.610 y N°19.137 y al N°6 del referido Título XI, la ley no alcanza al personal nombrado por decreto bajo estatutos especiales, situación de la recurrente según decreto alcaldicio exento N°422, de 20 de enero de 2023, de la I. Municipalidad de San Antonio, que la designó como médico con contrato indefinido y régimen estatutario.

A folio 7, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección es improcedente, pues no existe acto ilegal ni arbitrario, sino la aplicación de normativa previsional especial. Añade que la recurrente debió agotar previamente las instancias administrativas ante la AFP o la Superintendencia de Pensiones, organismo competente conforme al artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980.

En cuanto al fondo, funda el rechazo de la solicitud de devolución de fondos en el incumplimiento de los requisitos copulativos del artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156. Al respecto, aduce, en primer término, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no acredita una cobertura de salud integral que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias durante toda la prestación de servicios en Chile, conforme lo exige la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. En segundo término, señala que dicho documento no se encuentra debidamente apostillado ni legalizado, requisito que reviste carácter obligatorio según lo instruido por la misma Superintendencia. Agrega que la invocación de fuerza mayor por parte de la recurrente no resulta procedente para eludir el cumplimiento de exigencias legales que condicionan el acceso a un beneficio de carácter excepcional.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) y b) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud puesto que el documento del IVSS no acredita cobertura de salud integral con prestaciones médicas y pecuniarias, ni se encuentra apostillado o legalizado. Descarta además la fuerza mayor como causal para eludir requisitos legales.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que la recurrente cuenta con residencia definitiva en el país.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4822-2026.

En Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.