HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A. con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE VALPARAPÍSO

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Cristina Andrea Meneses Castro, abogada, en representación de la sociedad Hospital Clínico Viña del Mar S.A., quien deduce acción de protección en favor de Hospital Clínico Viña del Mar S.A. y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la omisión de concluir dentro del plazo legal y emitir el informe final correspondiente a la investigación administrativa iniciada al amparo de la Ley N°21.643 (Ley Karin), derivada formalmente a dicho órgano el 9 de enero de 2026, manteniendo indebidamente abierto y paralizado el procedimiento administrativo, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 8 de enero de 2026 el trabajador don nombre reservado, técnico paramédico de la Unidad de Pabellón, interpuso ante la empresa una denuncia por acoso laboral en contra de doña nombre reservado, enfermera de la misma unidad. Señala que, en cumplimiento de la normativa legal, mediante Resolución Interna N°03/2026 de 9 de enero de 2026, la actora dispuso como medida de resguardo el cambio de servicio de la trabajadora denunciada hacia la Unidad de UCI Adulto, manteniendo sus funciones y remuneraciones, notificando formalmente dicha determinación a ambas partes el mismo día. Añade que el 9 de enero de 2026 derivó la totalidad de los antecedentes a la Dirección del Trabajo a través de la plataforma virtual (SUAC Solicitud N°56295), correspondiendo a dicho organismo sustanciar y finalizar la investigación dentro del plazo legal de treinta días hábiles previsto en el artículo 211-C del Código del Trabajo y en el Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual venció el 20 de febrero de 2026 sin que la recurrida haya emitido informe ni comunicado diligencia alguna.

Sostiene que la omisión es ilegal, por cuanto infringe directamente el plazo legal perentorio de treinta días fijado en el artículo 211-C del Código del Trabajo y los artículos 17 y 20 del Decreto Supremo N°21. Alega que es arbitraria por carecer de justificación objetiva y contravenir el principio de celeridad que rige la materia. Afirma que la inactividad administrativa vulnera su derecho de igualdad ante la ley, al situarla en una posición desmejorada frente a otros empleadores, y su derecho de propiedad sobre facultades organizacionales y derechos incorporales al mantener de forma indefinida medidas provisionales de resguardo. Concluye solicitando que se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria; se le ordene cerrar el procedimiento administrativo, pronunciándose expresamente sobre su término y sobre la vigencia o cese de las medidas de resguardo adoptadas, notificando legalmente dicha decisión a todas las partes involucradas; se dispongan las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho; y se le condene en costas en caso de oposición.

A folio 6, evacúa informe el abogado Miguel Alejandro Díaz Jiménez, en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso. Sostiene que el recurso de protección resulta improcedente por carecer de objeto actual, toda vez que no existe inactividad administrativa vigente. Refiere que el órgano administrativo ejecutó íntegramente la etapa de investigación asociada a la Comisión N°500.2026.5199, elaboró la pauta de investigación el 24 de junio de 2026, practicó diez entrevistas a trabajadores y representantes patronales, evacuó el informe de fiscalización el 13 de julio de 2026 y visó las conclusiones jurídicas el 24 de julio de 2026. Agrega que en dicho dictamen se descartó el acoso laboral, pero se constataron indicios de vulneración al derecho a la honra del denunciante, derivándose los antecedentes a mediación obligatoria conforme al artículo 486 inciso sexto del Código del Trabajo, fijándose audiencia para el 4 de agosto de 2026.

Asevera que el mero vencimiento de plazos legales no extingue la potestad sancionatoria ni convierte los actos en ilegales o arbitrarios, existiendo mecanismos ordinarios de reclamo en la Ley N°19.880. Descarta vulneración a la igualdad ante la ley por no existir término de comparación, y niega afectación al derecho de propiedad argumentando que las medidas de resguardo fueron decretadas directamente por el empleador en cumplimiento de su deber de protección del artículo 184 del Código del Trabajo. Finalmente pide el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con costas.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la omisión de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso consistente en no tramitar ni concluir dentro del plazo legal de treinta días la investigación derivada el 9 de enero de 2026 bajo la Ley N°21.643, prolongando indefinidamente la incertidumbre de las medidas de resguardo adoptadas. Solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión y se ordene a la recurrida emitir el pronunciamiento de término, resolver la vigencia de las medidas de resguardo y notificar a los involucrados, con costas.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la acción cautelar carece de objeto actual, por cuanto el Servicio desarrolló la fiscalización, evacuó el informe respectivo y visó las conclusiones jurídicas el 24 de julio de 2026, desestimándose la concurrencia de acoso laboral, pero constatando indicios suficientes de vulneración al derecho a la honra del denunciante por expresiones descalificatorias emitidas en su contra, motivo por el cual remitió los antecedentes a mediación obligatoria conforme al artículo 486 del Código del Trabajo, fijando audiencia para el 4 de agosto de 2026, descartando una omisión ilegal vigente y precisando que las medidas de resguardo emanaron del propio empleador.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, consta que la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso llevó a cabo la respectiva fiscalización bajo la Comisión N°500.2026.5199, elaborando la pauta de investigación el 24 de junio de 2026, practicando las entrevistas testimoniales pertinentes, evacuando el informe de fiscalización el 13 de julio de 2026 y visando las conclusiones jurídicas el 24 de julio de 2026, instancia en la cual, junto con descartarse la concurrencia de acoso laboral, se dispuso la derivación de los antecedentes a mediación obligatoria conforme al artículo 486 inciso sexto del Código del Trabajo, fijándose audiencia para el 4 de agosto de 2026.

Quinto: Que, en estas condiciones, la pretensión cautelar formulada en autos consistía fundamentalmente en obtener la prosecución y conclusión de la investigación administrativa iniciada al amparo de la Ley N°21.643 mediante la emisión del respectivo pronunciamiento de término, finalidad que aparece satisfecha desde que, durante la tramitación de esta acción, la recurrida concluyó la etapa investigativa, emitió las conclusiones jurídicas correspondientes y dio curso a la fase de mediación obligatoria prevista en la ley. De este modo, la omisión que motivó la presente acción cautelar ha dejado de existir, privando al recurso de utilidad práctica y de objeto actual, por lo que éste ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Hospital Clínico Viña del Mar S.A. en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4816-2026.