Protección contra Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, abogada del Programa de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, en su calidad de curadora ad lítem del niño nombre reservado, nacido el NUM000 de 2024, sujeto de protección en las causas RIT P-745-2025 y RIT X-692-2025 del Tribunal de Familia de San Antonio, sobre cumplimiento de medida de protección, y deduce acción de protección en su favor y en contra del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, institución pública representada legalmente por su director, don nombre reservado, por incurrir en actos y omisiones arbitrarios e ilegales que amenazan y perturban gravemente el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica y el derecho a la protección de la salud de su representado.

Expone que el niño nació el NUM000 de 2024 en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y que, producto de múltiples factores de salud y de vulnerabilidad social, se aperturó la causa proteccional referida.

Señala que el parto fue complejo, siendo el niño trasladado sucesivamente al Hospital Gustavo Fricke y al Hospital Carlos Van Buren, donde fue diagnosticado con secuencia de Pierre Robin, fisura palatina, retrognatia con distractores mandibulares, traqueomalacia severa, broncomalacia leve e insuficiencia respiratoria crónica, entre otros.

Indica que, producto de dichos diagnósticos, el niño vive habitualmente conectado a un ventilador mecánico mediante una traqueostomía para poder respirar y con una gastrostomía para poder alimentarse, y que, de ser sujeto de ciertos tratamientos e intervenciones médicas, su condición podría evolucionar favorablemente hacia un tratamiento ambulatorio que le permitiría ser cuidado por una familia.

Refiere que, para avanzar en sus atenciones e intervenciones quirúrgicas, el niño debe ser evaluado por el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, específicamente por el equipo multidisciplinar aerodigestivo de la especialidad de otorrinolaringología, y que la derivación desde el Hospital Carlos Van Buren se efectuó el 8 de agosto de 2025, a propósito de un paro cardiorrespiratorio que sufrió su representado al salirse la cánula de la traqueostomía, fenómeno conocido como decanulación accidental.

Agrega que, a partir de aquel hecho, el hospital de origen debió adoptar medidas de contención física, manteniéndolo esporádicamente amarrado a la cuna para evitar que se retirara la cánula que le permite respirar, y que en enero de 2026 sufrió una nueva emergencia médica por otra decanulación accidental, que requirió incluso reanimación por el equipo tratante.

Hace presente que se trata de un niño de menos de dos años, cuyas conductas propias de la edad, como la exploración a través del movimiento, se ven gravemente limitadas por la contención y la hospitalización prolongada, con afectación de su desarrollo físico, motor y psicológico.

Afirma que, efectuada la derivación, correspondía que el hospital recurrido otorgara una hora para el policlínico aerodigestivo, instancia en que un equipo multidisciplinar compuesto por otorrinolaringólogo, broncopulmonar, gastroenterólogo y fonoaudiólogo define si procede otorgar pabellón para observar sus intervenciones y diagnosticarlo, y, realizado el diagnóstico, si es candidato o no a una cirugía que, de resultar favorable, le permitiría prescindir de la traqueostomía y la gastrostomía.

Denuncia que, a la fecha de interposición del recurso, sólo se habían obtenido del hospital recurrido respuestas de mero trámite, lo que evidencia que se da al niño el tratamiento de cualquier otro paciente, olvidando la garantía de priorización de la que goza, y que sólo frente al anuncio de la interposición de un recurso de protección, efectuado el 9 de junio de 2026, el hospital agendó rápidamente una hora con el equipo aerodigestivo para el 11 de junio de 2026, no obstante que el niño esperaba sus atenciones médicas desde agosto de 2025.

En cuanto al derecho, afirma que la falta de priorización del paciente constituye una afectación de los numerales 1° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y de los artículos 2, 3, 4, 6, 10, 23, 24 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que vulnera, además, el artículo 16 de la Ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conforme al cual los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio y sus familias deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, entre ellos el Ministerio de Salud, y el artículo 16 de la Ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que ordena a los órganos del Estado entregar la debida prioridad a los niños, niñas y adolescentes en el acceso y atención de los servicios sociales. Sostiene que el hospital recurrido, entidad pública dependiente del Ministerio de Salud, es un órgano del Estado y que el niño, sujeto de atención del AFT La Protectora de Cartagena, organismo colaborador del Servicio de Protección Especializada, y con medida de protección vigente ante el Tribunal de Familia de San Antonio, se encuentra en la hipótesis de priorización de ambas normas.

Añade que la arbitrariedad queda de manifiesto en que, frente al solo aviso de la interposición del recurso, el servicio recurrido agilizó una hora que de otra manera no habría ocurrido, y que existe una estrecha dependencia entre la restitución del derecho del niño a vivir en familia y la oportunidad de las prestaciones de salud, pues sus posibilidades de que se le busque una alternativa familiar dependen ineludiblemente de la agilidad con que el sistema de salud resuelva su situación médica.

Concluye solicitando que se acoja la acción, se declare que se han vulnerado las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 numerales 1° y 9° de la Constitución Política de la República y en los artículos 10 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que se ordene al Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna otorgar de manera inmediata y efectivamente priorizada las atenciones médicas pendientes, consistentes, a lo menos, en la asignación de equipo de especialistas, pabellón para diagnóstico y preferencia para su cirugía en caso de que el equipo médico del mismo hospital lo estime pertinente, así como cualquier otra atención en salud que requiera por parte del recurrido.

A folio 8 evacúa informe don Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en representación convencional del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna.

Sobre la base del informe de la Subdirectora Médica del establecimiento, da cuenta de los diagnósticos activos y antecedentes médicos del niño, entre ellos, secuencia de Pierre Robin operada de distractores mandibulares y fisura palatina operada; traqueomalacia severa supra e infraestomal, broncomalacia leve e insuficiencia respiratoria crónica, siendo portador de traqueostomía desde septiembre de 2024 y usuario de ventilación mecánica crónica; dos paros cardiorrespiratorios recuperados, secundarios a decanulación accidental de la traqueostomía, ocurridos el 30 de junio y el 7 de agosto de 2025; gastrostomía instalada el 24 de febrero de 2025 por trastorno de deglución severo; retraso del desarrollo psicomotor en seguimiento, hidrocefalia tetraventricular e hipoplasia vermiana, y estudio genético en curso.

Informa que el 11 de junio de 2026, el paciente fue evaluado de manera presencial en el Policlínico Integrado del Comité Aerodigestivo del hospital, instancia que contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por pediatra, otorrinolaringólogo, cirujano infantil, broncopulmonar y fonoaudióloga, el que concluyó de manera unánime que lo prioritario era realizar la evaluación formal y endoscópica de la vía aérea (Revisión de Vía Aérea, RVA) por el equipo de otorrinolaringología, exploración que permitirá precisar la anatomía actual de la vía aérea, descartar estenosis o malacias obstructivas dinámicas y definir de manera segura los pasos a seguir respecto de su decanulación o eventuales cirugías reconstructivas, sugiriéndose complementar el estudio con evaluación genética.

En cuanto al plan terapéutico, señala que durante el mes de junio del presente año se programó la RVA; sin embargo, previo al traslado, el hospital base informó que el paciente cursaba un cuadro respiratorio intercurrente que imposibilitaba someterlo a traslado o anestesia, y que, encontrándose la red en medio de la campaña de invierno, con aumento de casos respiratorios y alta ocupación de camas críticas pediátricas, necesarias para el soporte de salida de pabellón, se decidió coordinar una nueva fecha para la primera quincena de agosto, la que se confirmará la primera semana de dicho mes de acuerdo con la condición clínica del niño.

En cuanto al derecho, alega la total improcedencia de la acción constitucional.

Asegura que su actuar no reviste el carácter de ilegal ni de arbitrario; que la garantía de priorización establecida en las leyes que protegen a la niñez institucionalizada no puede ser aplicada de manera aislada, atendiendo exclusivamente a las pretensiones del caso concreto, sino que debe armonizarse con la realidad epidemiológica y la disponibilidad de recursos de la red de salud pública; que el procedimiento diagnóstico requerido exige ineludiblemente la disponibilidad de una cama en la Unidad de Paciente Crítico para su recuperación postoperatoria y que priorizar incondicionalmente una intervención diagnóstica y programable por sobre las urgencias vitales de decenas de niños que ingresan diariamente con riesgo inminente de muerte implicaría una grave alteración de los protocolos establecidos.

Descarta todo atisbo de arbitrariedad, por cuanto el hospital sí gestionó y programó la intervención para junio del presente año, debiendo suspenderse por razones estrictamente médicas imputables a la propia condición del paciente, y su reprogramación para agosto responde a un criterio técnico, sanitario y de prudencia.

Añade que la recurrente se limita a enunciar genéricamente las garantías invocadas, sin desarrollar los actos u omisiones específicos que configurarían la vulneración; que la acción de protección no es el mecanismo para impugnar procedimientos reglados, existiendo la vía de la Oficina de Reclamos y Sugerencias (OIRS), y que las cuestiones planteadas exceden la órbita del derecho indubitado propio de esta acción cautelar, citando al efecto el recurso de protección Rol N°1.277, de 2007, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Solicita tener por evacuado el informe y el rechazo de la acción constitucional, con costas.

A folio 10 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías que dicha disposición indica, a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, por esta vía cautelar, se impugna la omisión en que habría incurrido el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna al no otorgar de manera oportuna y priorizada las prestaciones de salud que requiere el niño nombre reservado -lactante portador de una vía aérea crítica, traqueostomizado, gastrostomizado y dependiente de ventilación mecánica- derivado a dicho establecimiento desde el Hospital Carlos Van Buren el 8 de agosto de 2025 para la evaluación especializada de su vía aérea, solicitándose que se ordene al recurrido otorgar de manera inmediata y efectivamente priorizada las atenciones médicas pendientes, consistentes, a lo menos, en la asignación de equipo de especialistas, pabellón para diagnóstico y preferencia para su cirugía, si el equipo médico lo estima pertinente.

Tercero: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción sosteniendo, en síntesis, que su actuar no es ilegal ni arbitrario, que la priorización legal debe armonizarse con la realidad epidemiológica y la disponibilidad de camas críticas de la red, que la intervención fue programada y debió suspenderse por la condición clínica del propio paciente y que lo debatido excedería el ámbito del derecho indubitado propio de esta acción, existiendo vías administrativas idóneas.

Cuarto: Que, la existencia de mecanismos administrativos de reclamo o de una causa proteccional en sede de familia no inhibe la competencia de esta Corte cuando se denuncia la amenaza de derechos fundamentales de un niño en situación de especial vulnerabilidad, pues la acción de protección constituye precisamente una herramienta de cautela urgente y complementaria.

Por lo demás, no se controvierte la titularidad de derecho alguno: la condición médica del niño, su derivación, su calidad de sujeto de protección y el estado de las prestaciones pendientes constan en el propio informe de la recurrida, de modo que la controversia se reduce a calificar jurídicamente la oportunidad de la actuación del órgano recurrido, materia propia de esta sede.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados, y en especial del informe evacuado por la propia recurrida, es posible tener por establecidos los siguientes hechos, que no han sido controvertidos: 1.- El niño nombre reservado, nacido el NUM000 de 2024, presenta diagnósticos de extrema complejidad, entre ellos secuencia de Pierre Robin, traqueomalacia severa supra e infraestomal e insuficiencia respiratoria crónica; es portador de traqueostomía desde septiembre de 2024, usuario de ventilación mecánica crónica y de gastrostomía, y registra paros cardiorrespiratorios recuperados secundarios a decanulaciones accidentales de la traqueostomía, ocurridos el 30 de junio y el 7 de agosto de 2025, consignando el resumen médico del Hospital Carlos Van Buren múltiples decanulaciones accidentales traumáticas con episodios de cianosis generalizada, algunas con pérdida de perfusión y necesidad de reanimación cardiopulmonar, siendo el último evento el 19 de enero de 2026. 2.- El niño se encuentra sujeto a medida de protección vigente ante el Tribunal de Familia de San Antonio, en causa RIT X-692-2025, derivada de la causa RIT P-745-2025, y es sujeto de atención del AFT La Protectora de Cartagena, organismo colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; consta, asimismo, en el resumen médico acompañado, que el tribunal de familia ordenó oficiar al Hospital Luis Calvo Mackenna a fin de que evaluara la situación de salud del lactante, solicitándolo en carácter de urgente atendido su estado de salud. 3.- El Hospital Carlos Van Buren derivó al niño al Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna el 8 de agosto de 2025, para la evaluación especializada de su vía aérea por el equipo aerodigestivo, con miras a la eventual resolución quirúrgica de su traqueomalacia. 4.- La primera evaluación presencial del niño por el Policlínico Integrado del Comité Aerodigestivo del hospital recurrido se verificó el 11 de junio de 2026, esto es, más de diez meses después de la derivación. 5.- En dicha evaluación, el comité concluyó de manera unánime que lo prioritario era realizar la evaluación formal y endoscópica de la vía aérea (RVA) por el equipo de otorrinolaringología, procedimiento que, programado para junio de 2026, debió suspenderse por un cuadro respiratorio intercurrente del paciente y fue reprogramado para la primera quincena de agosto de 2026, sin fecha confirmada a la época del informe, quedando ésta sujeta a confirmación la primera semana de agosto según la condición clínica del niño y la disponibilidad de camas críticas.

Sexto: Que, conforme se invoca en el recurso y no ha sido controvertido por la recurrida, el artículo 16 de la Ley N°21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dispone que los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, y sus familias, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, mediante mecanismos que permitan hacer efectiva su priorización, mencionando expresamente entre los ministerios concernidos al de Salud; y el artículo 16 de la Ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, ordena a los órganos del Estado entregar la debida prioridad a los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en el acceso y atención de los servicios sociales, sean éstos públicos o privados.

El hospital recurrido, órgano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Metropolitano Oriente según su propia presentación, integra la Administración del Estado, y el niño, sujeto de atención de un organismo colaborador del Servicio de Protección Especializada y amparado por una medida de protección vigente, se encuentra comprendido en la hipótesis de ambas disposiciones, de modo que goza del estatuto legal de atención prioritaria, calidad que la recurrida no discute, limitándose a sostener que su aplicación debe armonizarse con la disponibilidad de recursos de la red.

Séptimo: Que, asentado lo anterior, la omisión denunciada resulta ilegal.

Entre la derivación efectuada por el hospital de origen, esto es el 8 de agosto de 2025, a propósito de un paro cardiorrespiratorio por decanulación accidental y la primera evaluación por el equipo aerodigestivo del recurrido realizada el 11 de junio de 2026 transcurrieron más de diez meses sin que se materializara prestación alguna en favor del niño, no obstante el deber legal de atención prioritaria que le asiste, la solicitud urgente formulada por el tribunal de familia y la persistencia del riesgo vital documentado en el intertanto, que incluyó un nuevo episodio de decanulación con necesidad de reanimación cardiopulmonar el 19 de enero de 2026.

El informe de la recurrida no da cuenta de gestión, agendamiento ni justificación alguna referida a ese extenso período.

Octavo: Que, las justificaciones esgrimidas por la recurrida no logran desvirtuar lo anterior.

La suspensión de la revisión de la vía área programada para junio de 2026 por un cuadro respiratorio intercurrente del propio paciente constituye, ciertamente, una razón médica legítima, como también lo son las restricciones derivadas de la campaña de invierno y de la ocupación de camas críticas pediátricas; pero tales circunstancias, todas sobrevinientes a la interposición del recurso, nada explican respecto de los diez meses de inactividad que le precedieron, que es precisamente la omisión que se reprocha.

A ello se suma que la reprogramación informada carece de fecha cierta, quedando supeditada a una confirmación futura y a variables de disponibilidad de la red, condición de incertidumbre que resulta incompatible con la priorización efectiva que el legislador exige tratándose de un lactante cuya vía aérea crítica lo ha llevado ya, en más de una ocasión, a paros cardiorrespiratorios, y cuya permanencia hospitalaria prolongada. con medidas de contención física incluidas, compromete además su desarrollo integral y la posibilidad de que el sistema proteccional resuelva oportunamente su situación familiar.

La propia recurrida ha reconocido que la revisión de la vía área es la prestación prioritaria para definir el futuro terapéutico del niño, de manera que su dilación indefinida carece de razonabilidad.

Noveno: Que, la omisión así establecida amenaza y perturba el legítimo ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del niño, desde que la falta de realización oportuna de la evaluación endoscópica de su vía aérea mantiene indefinidamente una condición de riesgo vital objetivo -materializado en reiterados paros cardiorrespiratorios por decanulación accidental- y prolonga una hospitalización con contención física que afecta su desarrollo físico, motor y psicológico, comprometiendo asimismo su derecho a la protección de la salud invocado en el recurso, en cuanto la oportunidad de las prestaciones constituye condición de su eficacia.

Concurren, de este modo, los presupuestos para el acogimiento de la acción, debiendo esta Corte adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Décimo: Que, para la determinación de las medidas, se tendrá presente que la propia recurrida ha informado la reprogramación de la revisión de vía aérea para la primera quincena de agosto de 2026, de modo que lo que corresponde es asegurar que dicha prestación y las que de ella deriven se otorguen en plazos ciertos y con la priorización efectiva que el estatuto legal del niño exige, sin perjuicio de las decisiones estrictamente clínicas que competen a su equipo tratante.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, curadora ad lítem del niño nombre reservado, en contra del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, disponiéndose las siguientes medidas:

I.- El Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna deberá practicar al niño la evaluación formal y endoscópica de la vía aérea (Revisión de Vía Aérea) dentro de la primera quincena de agosto de 2026, conforme a la programación informada en esta instancia, coordinando con el Hospital Carlos Van Buren su traslado y asegurando la disponibilidad de cama en la Unidad de Paciente Crítico que el procedimiento requiere.

En caso que una |situación médica sobreviniente del propio paciente impidiere realizarla en dicho período, el hospital recurrido deberá comunicarlo de inmediato a esta Corte, con indicación fundada de la causa y de la nueva fecha, la que no podrá exceder de 15 días corridos contados desde que cese el impedimento clínico.

II.- Practicada la evaluación anterior, el hospital recurrido deberá definir y otorgar, con priorización efectiva y en fechas determinadas, las demás prestaciones que su equipo médico establezca, incluidas la asignación de pabellón y, en su caso, la intervención quirúrgica que se estime pertinente, dando aplicación a los artículos 16 de la Ley N°21.302 y 16 de la Ley N°21.430.

III.- El hospital recurrido deberá informar el cumplimiento de las medidas precedentes a esta Corte y al Tribunal de Familia de San Antonio, en la causa RIT X-692-2025, dentro de quinto día de verificada cada una de ellas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4804-2026.