nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña Soledad de Jesús Valerio Silva, abogada, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por estimar ilegal y arbitraria la decisión mediante la cual rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales, formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que es ingeniera geóloga, que cuenta con residencia definitiva en Chile y que prestó servicios como trabajadora dependiente para diversas empresas desde febrero de 2017 hasta agosto de 2025. Refiere que se encuentra afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el 1 de octubre de 2007 y que, el 29 de octubre de 2025, presentó ante la recurrida una solicitud de devolución de fondos previsionales.

Señala que, con esa misma fecha, fue notificada del rechazo de su petición, fundado en que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no permitía acreditar que hubiera contado efectivamente, durante todo el período en que prestó servicios en Chile, con cobertura por los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, ni que la cobertura por enfermedad comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias.

Sostiene que la Administradora agregó exigencias que no se encuentran expresamente previstas en la Ley N°18.156, al requerir que un solo documento dé cuenta de la cobertura durante todo el período trabajado en Chile y que contenga la mención expresa a prestaciones médicas y pecuniarias. Afirma que la constancia electrónica acompañada acredita su afiliación y cotizaciones en el sistema previsional venezolano y que el rechazo vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida emitir un pronunciamiento conforme a derecho respecto de su solicitud de devolución de fondos previsionales. Acompañó la comunicación de rechazo, comprobante de ingreso de la solicitud, cédula de identidad, contratos de trabajo, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, título profesional apostillado, constancia consular y declaración jurada de residencia.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°11.625, solicitando el rechazo del arbitrio. Explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos reguladas por la Ley N°18.156 constituyen beneficios excepcionales, cuya procedencia exige el cumplimiento copulativo de los presupuestos de su artículo 1°, esto es, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Añade que, de acuerdo con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, no basta una cartola de cotizaciones ni una referencia genérica a las prestaciones otorgadas por el sistema extranjero, sino que debe acreditarse específicamente que el solicitante contó efectivamente con cobertura por todos los riesgos legales durante la totalidad del período trabajado en Chile, mediante una certificación emitida por la institución competente, debidamente legalizada o apostillada.

Indica que la constancia electrónica presentada por la recurrente carece de firma de su emisor y no se encuentra apostillada ni legalizada, por lo que no puede producir efectos en Chile; además, no individualiza las coberturas de las que habría gozado la actora ni permite determinar el período durante el cual contó con ellas. Agrega que la constancia consular acompañada, emitida en Colombia, tampoco resulta apta para suplir tales deficiencias.

A folio 8, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo de la acción, con costas. En primer término, alega su extemporaneidad, puesto que el rechazo fue comunicado a la recurrente el 29 de octubre de 2025, mientras que el recurso fue interpuesto recién el 12 de junio de 2026, una vez vencido con creces el plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para resolver una controversia que exige determinar si la recurrente cumple los requisitos de la Ley N°18.156. Afirma que su actuación se ajustó a la ley y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, pues la constancia electrónica presentada no está firmada ni apostillada, sólo da cuenta de cotizaciones y no acredita que la recurrente hubiera contado con protección efectiva por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo trabajado en Chile. Añade que un código de verificación electrónica no sustituye las formalidades exigidas para que los documentos públicos extranjeros produzcan efectos en el país.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos fundamentales que dicha disposición contempla.

Segundo: Que, conforme al numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, esta acción debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos.

Tercero: Que, en la especie, el acto que se impugna es la decisión de AFP Provida S.A. que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, comunicación que fue emitida y puesta en su conocimiento el 29 de octubre de 2025, según ella misma reconoce en su libelo y consta en el documento que acompañó.

Por su parte, la acción constitucional fue interpuesta el 12 de junio de 2026, esto es, una vez transcurrido con creces el plazo de treinta días corridos establecido para su ejercicio.

Cuarto: Que la circunstancia de que los efectos de la negativa se mantengan en el tiempo no altera la naturaleza instantánea del acto impugnado ni permite renovar indefinidamente el plazo para recurrir, pues éste debe computarse desde que la interesada tomó conocimiento cierto de la decisión que estima lesiva.

En consecuencia, la acción deducida resulta extemporánea, razón suficiente para disponer su rechazo.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, aun prescindiendo de la extemporaneidad advertida, el recurso tampoco podría prosperar en cuanto al fondo, por no configurarse un acto ilegal ni arbitrario atribuible a la recurrida.

Sexto: Que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 regulan un régimen excepcional que permite a los trabajadores técnicos extranjeros solicitar la devolución de las cotizaciones enteradas en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que acrediten copulativamente encontrarse afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber expresado en el respectivo contrato de trabajo su voluntad de mantener esa afiliación.

Por tratarse de una excepción a la regla general conforme a la cual los fondos previsionales se encuentran destinados a financiar las prestaciones contempladas en el Decreto Ley N°3.500, sus presupuestos deben ser acreditados suficientemente por quien solicita la devolución.

Séptimo: Que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que la cobertura previsional extranjera sea acreditada mediante certificación emanada de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Tratándose de la cobertura por enfermedad, ésta debe comprender prestaciones médicas y pecuniarias.

Octavo: Que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” acompañada por la recurrente no satisface las exigencias señaladas, pues únicamente da cuenta de su afiliación y de la existencia de cotizaciones en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin acreditar específicamente que haya contado de manera efectiva, durante todo el período trabajado en Chile, con cobertura por la totalidad de los riesgos contemplados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Asimismo, el documento carece de firma autorizada y no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado. La sola existencia de un código de verificación electrónica no sustituye las formalidades exigidas por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para que un instrumento público extranjero pueda producir efectos en Chile.

Noveno: Que las exigencias formuladas por AFP Provida S.A. no corresponden, por ende, a requisitos creados discrecionalmente por la Administradora, sino que encuentran fundamento en la Ley N°18.156, en las normas generales sobre eficacia de los instrumentos públicos extranjeros y en las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

La negativa impugnada se encuentra, además, suficientemente motivada, pues identifica concretamente las deficiencias de la documentación presentada: la falta de acreditación de cobertura durante todo el tiempo trabajado en Chile y la ausencia de constancia de que las prestaciones por enfermedad comprendieran beneficios médicos y pecuniarios.

Décimo: Que tampoco se configura una vulneración del derecho de propiedad, toda vez que los fondos existentes en la cuenta de capitalización individual de la recurrente permanecen sujetos al destino previsional establecido por el Decreto Ley N°3.500. El dominio sobre tales recursos no importa una facultad irrestricta de retirarlos, puesto que su disposición se encuentra sometida a las condiciones y modalidades que establece el ordenamiento jurídico.

Del mismo modo, no se advierte afectación de la igualdad ante la ley, desde que las exigencias aplicadas corresponden a criterios objetivos y generales establecidos para todos quienes pretendan acceder al beneficio excepcional regulado por la Ley N°18.156.

Undécimo: Que, por consiguiente, la decisión recurrida no puede ser calificada de ilegal ni arbitraria, al haberse limitado la Administradora a verificar el cumplimiento de los presupuestos legales y técnicos exigidos para acceder a la devolución solicitada, presupuestos que no fueron acreditados mediante documentación idónea.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4796-2026.