nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que, comparecen nombre reservado, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (ANFACH) y nombre reservado, presidente de la nombre reservado (ANEF), quienes deducen recurso de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Embajador de Chile en Argentina, Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “y asimismo contra toda autoridad pública chilena que resultare responsable”. Afirman que de manera ilegal y arbitraria el 29 de enero de 2022 se suscribió un “Protocolo de Acuerdo Complejo Fronterizo Los Libertadores” entre los embajadores de Argentina y Chile, que puso en peligro la salud y la seguridad de todos los funcionarios con desempeño en los pasos fronterizos, vulnerando con ello las garantías consagradas en los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicitan acoger este arbitrio y ordenar que se restablezcan las medidas sanitarias que regían previo a la instauración del referido protocolo, aplicando las sanciones correspondientes a los responsables, declarando además la nulidad del mencionado documento de acuerdo fronterizo, con costas.

En síntesis, explican que el referido protocolo, que constituye el resultado de presiones políticas y económicas ejercidas por el gremio de camioneros de Argentina, ha implicado la modificación de la normativa sanitaria dispuesta por el Ministerio de Salud para el resguardo de la población, afectando de forma grave la seguridad e integridad física y psíquica de los trabajadores de la Aduana, pues quedarían más expuestos a la posibilidad de contagio. Además, dicho documento, a su juicio, adolecería de ilegalidad pues vulneran tratados internacionales, el artículo 184 del Código del Trabajo, que regula la obligación del empleador de adoptar medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores; y el decreto N° 594 de 2000 del Ministerio de Salud, que contiene el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, entre otras normas; lo que a su entender, implicaría que la autoridad debe suspender las labores en los pasos fronterizos, las cuales solo deben reanudarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios.

Que, informa el Servicio Nacional de Aduanas, quien solicita el rechazo de esta acción constitucional, con costas. Primero, porque no existe una conducta atribuible o imputable a dicha institución, toda vez que el “Protocolo de Acuerdo” fue suscrito por autoridades distintas, como acontece con los embajadores de Argentina y Chile. Enseguida, pues esta vía no es la idónea para declarar la invalidación o nulidad de los actos administrativos. Además, porque la medida cuestionada por los actores, esto es, el examen de antígenos al 70% de los transportistas se exigió solo entre el 29 de enero al 1 de febrero de 2022, y a contar del 2 de febrero la referida medida caducó, pues se comenzó a exigir un resultado PCR negativo y, de no contarse con él, testeo obligatorio con antígeno, lo que conlleva la pérdida de objeto de este arbitrio. Por último, porque no existe ninguna conducta ni ilegal ni arbitraria, así como tampoco alguna vulneración a las garantías que los actores esgrimen en su libelo.

Que, informa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicita el rechazo de este recurso, con costas. Primero, porque esta acción constitucional no puede conllevar una de carácter popular, como acontece en este caso, en que no se han individualizado las personas que estarían viendo amenazados o conculcados las garantías que se esgrimen. Luego, por cuanto por esta vía cautelar no pueden otorgarse las pretensiones que exigen los recurrentes, las que se relacionan con la adopción de estrategias propias de la determinación de políticas públicas para hacer frente a la emergencia sanitaria, competencia que es privativa del Poder Ejecutivo. Enseguida, afirma que esta acción debe desestimarse, por cuanto no existe ninguna conducta ni ilegal ni arbitraria, como queda en evidencia de los actos administrativos y protocolos que menciona. También, porque no concurre ninguna privación, perturbación o amenaza de las garantías que esgrimen los recurrentes.

Que, informa la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, quien solicita el rechazo de esta acción. Primero, pues existe una falta de legitimación activa, porque las asociaciones recurrentes no indicaron, específicamente, los afectados, no siendo este arbitrio una acción de carácter popular. Además, existe falta de legitimación pasiva, por cuanto lo pretendido por esta vía se relaciona con la determinación de políticas públicas y aún más, la suscripción o no de un instrumento de carácter político con otros Estados, lo cual es privativo de la Administración, lo que fue advertido al declarar la inadmisibilidad de este recurso por resolución de 4 de febrero de 2022. Seguidamente, sostiene el rechazo de este arbitrio, porque por esta vía no puede pretenderse la nulidad de un acto administrativo, existiendo otro procedimiento dentro del sistema jurídico para esos efectos. Por último, solicita el rechazo de este recurso constitucional, por cuanto constituye un hecho público que la mayoría de los países han levantado gradualmente las medidas sanitarias establecidas para contener la propagación del Covid-19. Coherente con ello, precisa, el 2021 el Estado de Chile no extendió el estado de excepción constitucional y dejó de aplicar ciertas medidas que afectaban la libertad de desplazamiento. De hecho, en la actualidad, se dispone de un nuevo plan, denominado “Seguimos cuidándonos, Paso a Paso”, que conlleva una flexibilización de medidas. En ese sentido, destaca, recientemente las autoridades informaron la apertura de todos los pasos fronterizos terrestres a partir del 1 de mayo de 2022. De este modo, afirma, este arbitrio perdió oportunidad.

Que se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

2°) Que, más enfáticamente, el artículo 20 de la Carta Fundamental comienza su redacción con la frase “El que por…”, de lo que se sigue que, conforme ha concluido la Excma. Corte Suprema en sus autos Rol N° 9.326-2018, tal expresión da inequívocamente la idea de individuo o persona, lo que armoniza perfectamente con el inciso primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que expresa “La Constitución asegura a todas las personas”, como sinónimo de individuo con todos los atributos de la personalidad, entre ellos, el nombre, de modo tal que alzarse en términos vagos o imprecisos, importa extender los alcances de este arbitrio cautelar, la que, por cierto, no fue establecida por el Poder Constituyente como una acción de carácter popular, por lo que este recurso será desestimado por falta de legitimación activa.

3°) Que, además, este recurso de protección debe ser rechazado por no ser la vía idónea para exigir lo pretendido, pues los hechos que le sirven de fundamento se relacionan con la adopción de políticas públicas en materia sanitaria propias del manejo de la emergencia y la conciliación de aquello con la continuidad de los servicios públicos, gestión que resulta privativa del Ejecutivo en uso de sus facultades, no correspondiendo a los Tribunales de Justicia la determinación o el establecimiento de tales medidas, tal y como se ha resuelto anteriormente por esta Corte de Apelaciones en sus autos Rol N° 13.356-2020.

4°) Que, por lo demás, también deberá desestimarse esta acción cautelar, por falta de oportunidad, ya que en la actualidad esta Corte no puede adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho. Esto, pues la medida de control aleatorio cuestionada, sólo se extendió por cuatro días, entre el 29 de enero al 1 de febrero de 2022. Además, por cuanto hoy, las restricciones y controles sanitarios se han ido flexibilizando conforme ha evolucionado la pandemia derivada del Covid-19 y las medidas de prevención implementadas, como acontece con las vacunas, en sus diversas dosis, y demás tratamientos de salud, lo que constituye un hecho público y notorio.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile y la nombre reservado, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador de Chile en Argentina, Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Se previene que la Ministra (S) doña Marisol González Vera, además de concurrir al rechazo de esta acción, estuvo por condenar en costas a la parte recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4795-2022.