nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece vía formulario de esta Corte nombre reservado, e interpone un recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario, consistente en el descuento de su sueldo de un monto superior a la cuota pactada por un crédito social con la recurrida, habiendo pagado ya tres veces lo solicitado, lo que estima vulnera alguna de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que el 10 de mayo de 2018, pidió un préstamo a la Caja de compensación recurrida, descontándosele mensualmente de sus liquidaciones. Añade que, cuando llegó la pandemia no pudo pagar y que después, cuando empezó a trabajar, al tercer mes se le descontaba ya medio sueldo. Dice que fue a pactar y luego le doblaron la cantidad del préstamo.

Señala que en 2020 empezó un trabajo de guardia el que se mantiene hasta la fecha, pero que se le descuenta arbitrariamente un monto mayor al acordado.

Agrega que, con 7 años, le han cobrado más de 3 veces el préstamo solicitado, por lo que pide que detenga el cobro por considerarlo un exceso.

Acompaña a su informe cartola “Información del crédito”.

A folio 4, evacúa informe la abogada Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Informa que CCAF Los Andes otorgó al Sr. nombre reservado un crédito social en agosto de 2018 por $3.491.361 (60 cuotas de $108.152), que sufrió varios ajustes debido a que se empleador se acogió a la Ley 21.227 y posteriores reprogramaciones, quedando un saldo de $2.039.412 reprogramado en diciembre de 2022 (24 cuotas de $61.746).

Posteriormente, hizo una repactación de noviembre de 2021 respecto las cuotas que habían sido consideradas bajo la Ley 21.227, según folio 007RPA103254597, por la suma de $376.299, a una tasa de 1,94%, en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $11.391.

Sostiene que en ambos créditos el actor presenta un historial de pagos irregulares, con cuotas pagadas con desfase y varias en mora. Específicamente, el crédito otorgado en agosto de 2018 tiene en mora las cuotas de abril 2023 a julio 2025, mientras que la repactación de noviembre de 2021 mantiene en mora las cuotas de junio 2023 a julio 2025. Las cuotas restantes de tienen vencimientos programados hasta enero de 2028, por lo que la recurrida sostiene que son obligaciones plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, es pertinente y oportuna.

A continuación, explica el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, destacando que son entidades sin fines de lucro dedicadas a la administración de prestaciones de seguridad social, y que el mecanismo de "descuento por planilla" es un sistema legalmente establecido y obligatorio que no constituye una gestión de cobro arbitraria. El artículo 22 de la Ley N°18.833 establece este mecanismo como obligatorio, recayendo la responsabilidad en el empleador, sin que dependa de la voluntad de la Caja ni pueda el trabajador oponerse al mismo.

Sostiene que la obligación es actualmente exigible ya que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente según los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, no operando de pleno derecho, posición respaldada por el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Finalmente, argumenta que no existe vulneración al derecho de propiedad (art. 19 N°24 de la Constitución) pues el descuento está autorizado por ley, citando jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema que han rechazado recursos similares, confirmando la legalidad de estos cobros.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 5, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios que sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, el recurrente denuncia como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, consistente en haber descontado de su sueldo un monto superior a la cuota pactada por un crédito social otorgado por dicha entidad, habiendo pagado ya tres veces lo solicitado inicialmente, lo que estima es un exceso y vulnera alguna de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que los descuentos realizados corresponden a obligaciones plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, es pertinente y oportuna.

Cuarto: Que, del mérito de la documentación acompañada, se ha acreditado que la recurrida ha efectuado descuentos en la remuneración del actor, utilizando el mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833. Asimismo, consta que dichos descuentos, tienen su origen en un crédito otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes al recurrente en agosto de 2018 por $3.491.361, pactado inicialmente en 60 cuotas de $108.152, que sufrió varios ajustes debido a que su empleador se acogió a la Ley N°21.227 y posteriores reprogramaciones, quedando un saldo de $2.039.412, que fue reprogramado en diciembre de 2022, en 24 cuotas de $61.746. Posteriormente, respecto las cuotas que habían sido consideradas bajo la Ley N°21.227, hizo una repactación en noviembre de 2021, por la suma de $376.299, en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $11.391.

Quinto: Que, atendido los hechos asentados, no se aprecia que exista un actuar ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, en el entendido que se encuentra ejerciendo una facultad que emana de la ley, en específico, el artículo 22 de la Ley N°18.833, que ampara a las Cajas de Compensación para deducir de las remuneraciones de los afiliados los créditos adeudados, de manera tal, que el recurso de protección debe ser rechazado.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del actor para ejercer las acciones que estime pertinentes de prescripción o pago, en su caso.

Por estas consideraciones, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4784-2025.