nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, deduce acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente n el descuento de $150.073 practicado en sus remuneraciones correspondiente al mes de mayo de 2026, bajo el concepto "Crédito Instituciones CCAF".

Explica que, en el año 2019 suscribió con la recurrida un contrato de crédito social, respecto del cual cayó en mora en el pago de las cuotas por circunstancias ajenas a su voluntad, aproximadamente en ese mismo año.

Refiere que, desde la fecha en que se produjo la mora y hasta el mes de mayo de 2026, transcurrieron más de seis años sin que la recurrida realizara gestión de cobro eficaz alguna. Sostiene que la Caja guardó absoluto silencio durante todo ese período, sin iniciar cobranza judicial dentro del plazo que le imponía la normativa regulatoria, sin enviar comunicación alguna al recurrente y sin notificar a ningún empleador anterior durante el tiempo en que éste se reincorporó al mercado laboral.

Precisa que, sin mediar aviso previo ni comunicación de ninguna especie, la recurrida procedió a informar y materializar el descuento directo en su liquidación de sueldo de mayo de 2026, del cual tomó conocimiento únicamente al recibir dicha liquidación.

En cuanto al derecho, argumenta que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario. Sostiene que la facultad especial de cobro del artículo 22 de la Ley N° 18.833 supone su ejercicio oportuno, conforme lo ha declarado de manera uniforme y reiterada la Excma. Corte Suprema, la que ha calificado de arbitrario, antojadizo y caprichoso el revivir unilateralmente este beneficio tras un silencio prolongado. Añade que la recurrida infringió el numeral 1.17.2 de la Circular N° 3.567 de la SUSESO, al no haber iniciado la cobranza judicial dentro del sexto mes de morosidad, y el numeral 1.17.3 de la misma circular, al no haber enviado el aviso previo tanto al trabajador como a su empleador antes de proceder al descuento.

Concluye señalando que se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando acoger el recurso y declarar que el descuento de $150.073 practicado por la recurrida en las remuneraciones del recurrente correspondientes al mes de mayo de 2026, bajo el concepto "Crédito Instituciones CCAF", así como cualquier descuento practicado durante la tramitación del presente recurso por el mismo concepto, son ilegales y arbitrarios, por haber sido ejecutados en infracción al artículo 22 de la Ley N° 18.833 y a los numerales 1.17.2 y 1.17.3 de la Circular N° 3.567 de la SUSESO, y por ser manifiestamente extemporáneos conforme a la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema. Se ordene a la recurrida proceder a la devolución del monto indebidamente descontado de las remuneraciones del recurrente, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde que la sentencia quede ejecutoriada, con los reajustes e intereses que correspondan. Se ordene a la recurrida abstenerse, en lo sucesivo, de informar al empleador del recurrente descuento alguno por concepto del crédito social objeto de autos, en tanto no ajuste su actuación a las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, especialmente en lo relativo al envío del aviso previo exigido por el numeral 3.1.17.3 del Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F., sin perjuicio de su derecho a perseguir el cobro de la obligación por los medios legales ordinarios.

Para acreditar sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Liquidación de sueldo de don nombre reservado, correspondiente al mes de mayo de 2026.

A folio 9, informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana. Sostiene que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, con costas.

Expone que, el propio recurrente reconoce la existencia del crédito social asociado al Contrato ID N° 174000079098, otorgado con fecha 14 de diciembre de 2017, por un monto de $4.421.611, pactado en 60 cuotas, encontrándose actualmente en estado moroso normal, con un saldo adeudado de $3.552.515 y cuotas insolutas desde la N° 29 a la N° 60.

Argumenta que, el descuento por planilla encuentra fundamento expreso en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en el artículo 11 del D.S. N° 91 de 1978, en la Ley N° 17.322 y en el artículo 58 del Código del Trabajo, sin que dicha norma contemple plazo de caducidad para su ejercicio.

Sostiene que, el mero transcurso del tiempo no extingue la obligación mientras no exista sentencia firme que declare su prescripción, pago o extinción, invocando al efecto la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema (Roles N° 61103-2024, N° 464-2025 y N° 22.179-2025). Añade que las alegaciones sobre oportunidad del cobro, cumplimiento de instrucciones administrativas y falta de aviso previo constituyen materias de discusión probatoria incompatibles con la naturaleza cautelar del recurso de protección, que exigen un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Finalmente pide tener por evacuado el informe requerido y rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con costas.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Carga financiera Contrato ID N° 174000079098; b) Pagaré ID N° 174000079098 asociado a la operación de crédito social del recurrente.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el descuento de $150.073 practicado por la recurrida en las remuneraciones del recurrente correspondientes al mes de mayo de 2026, bajo el concepto "Crédito Instituciones CCAF", pretendiendo el actor que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de dicho acto, se ordene la devolución de lo descontado con reajustes e intereses, y que la recurrida se abstenga de nuevos descuentos por igual concepto sin ajustar su actuación a la normativa de la SUSESO.

Tercero: Que, la recurrida informa, que el recurrente reconoce la existencia del crédito social, agregando que la obligación se mantiene vigente e insoluta mientras no exista sentencia que declare su prescripción o extinción y que el descuento por planilla se funda en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Cuarto: Que, conforme se dice de los autos Rol Protección 8565-2026 de la Excma. Corte Suprema, “para proceder al reinicio de los descuentos del crédito otorgado, la Caja debía sujetarse a las prescripciones incorporadas en el Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F. aprobado por Resolución Exenta N° 250 de 29 de marzo de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social –antes contenidas en el punto 1.17.3 de la Circular N° 3.567 de la SUSESO, de 4 de enero de 2021– la que imponía en el número 3.1.17.3, referido al "Reinicio de Descuentos" y previo a informar el descuento a la entidad empleadora o pagadora de la pensión la respectiva cuota de crédito social, enviar un aviso al trabajador informándole la existencia de la deuda de crédito social impaga por los meses correspondientes, noticiándole que dichos descuentos se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en sus remuneraciones o pensiones”.

“En efecto, como aparece de la lectura del párrafo tercero del punto señalado en el Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F. aprobado por Resolución Exenta N° 250, dicho aviso que debía contener además la información referida a la indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, otorgaba al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que concurriera a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses, prescribiendo que: "Sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda".

Quinto: Que, en consecuencia, por no aparecer de los antecedentes que la Caja recurrida informara al deudor, enviando el aviso de rigor, que reanudaría los descuentos cumpliendo las exigencias antes anotadas –lo que constituye, además, un derecho que conforme a la normativa de protección del consumidor financiero tiene el carácter de irrenunciable para el recurrente–, su actuar, en orden a instruir al empleador del recurrente reiniciar los descuentos de las remuneraciones del actor, constituye un actuar arbitrario, que vulnera su derecho de propiedad, privándolo de beneficios económicos que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, la que debe abstenerse de continuar el cobro del crédito social otorgado al recurrente vía descuentos de sus remuneraciones, debiendo proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Déjese sin efecto orden de no innovar una vez firme y ejecutoriada la presente sentencia.

N°Protección-4775-2026.