PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Foja: 74 Setenta y cuatro Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Visto:

Que a fojas 14 comparece don Fernando Castillo Salfate, abogado y Pro Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y, como tal, en su representación, esta última persona jurídica del giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por su Inspectora Provincial, señora nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario y/o ilegal dictado por ésta, consistente en el Ordinario N° 1309, de fecha 18 de julio de 2017, y notificado mediante carta certificada el 21 de julio del mismo año, puesto que priva y/o perturba a la recurrente del legítimo ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°s. 2, 3 y 24.

Señala que con fecha 21 de julio de 2017, la recurrida le notificó el acto administrativo ilegal y arbitrario consistente en el Ordinario N° 1309, de la misma fecha, dictado por la Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, doña nombre reservado, en virtud del cual no se dio curso a una presentación realizada ésta porque, supuestamente, se habría efectuado fuera del plazo de "30 días corridos, contados desde su notificación". Dicho acto se pronunció sobre una presentación realizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el 14 de julio de 2017, consistente en la petición de Reconsideración de la Multa N° 4562/2017/24 - 1 y 2, de fecha 18 de mayo de 2017, y notificada el 1 de junio de 2017 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo, la que fue impugnada dentro del plazo legal establecido, no obstante lo cual, la recurrida no dio curso a la reconsideración solicitada en virtud del acto que se recurre mediante esta acción.

Expone que la referida multa, ascendente a 120 UTM en total, fue impuesta por las siguientes infracciones: 1.- No tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, toda vez que, en visita de fiscalización realizada con fecha 03de mayo de 2017 al edificio IBC perteneciente a la Universidad Católica de Valparaíso, se verificó que la escala de acceso a los baños y camarines del personal operarios del lugar, tenía peldaños con las gomas antideslizantes sueltas o rotas, además de no contar, dicha escala, con señalización visible en la cual se indique la utilización de pasamanos o del peligro al haber peldaños en mal estado rotos o sueltos; 2.- No adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que laboren en la empresa, cualquiera sea su dependencia, al levantar la auto suspensión el día 03de mayo de 2017 tras la ocurrencia de un accidente fatal del trabajador don nombre reservado, perteneciente a la empresa contratista nombre reservado, sin que ésta hubiese sido autorizada por la SEREMI de Salud o la Inspección del Trabajo.

Refiere que la reconsideración presentada por la recurrente impugnó las multas impuestas solicitando, por un lado, la rebaja de la misma, atendida la corrección que hizo de la primera infracción indicada, habiendo dado íntegro cumplimiento a las normas legales infringidas; mientras que por el otro, en cuanto a la segunda de las infracciones indicadas, se solicitó que se dejara sin efecto dicha multa pues la autoridad administrativa incurrió en un error de hecho al imponerla.

Sostiene que el acto recurrido, es decir, el Ordinario N° 1309 de 18 de julio de 2017, es ilegal, en virtud de que, según la interpretación de la Inspección del Trabajo, los plazos para realizar la referida petición establecida en el artículo 512 del Código del Trabajo, serían de días corridos y no de días hábiles. No obstante lo anterior, tratándose de un plazo establecido para la interposición de un recurso administrativo, y no habiéndose determinado por el Legislador una forma especial para el cómputo del mismo, ha de recurrirse a las normas generales y supletorias, las cuales se encuentran contenidas en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, la que, en su artículo 25, prescribe que los plazos administrativos "son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, los domingos y los festivos". A pesar de la claridad de lo indicado precedentemente, la Inspección del Trabajo no dio curso a la reconsideración interpuesta porque no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Indica que dicha forma de cómputo del referido plazo constituye una conducta arbitraria e ilegal permanente de la recurrida, pues a su entender, al no distinguirse en la norma si el plazo es de días hábiles o corridos, habría que estar a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil, que establece para tales casos la regla de los días corridos. No obstante lo anterior, dicho ente olvida que para integrar y suplir los vacíos normativos de los procedimientos administrativos existe una ley especial, la N° 19.880, la cual se encargó de regular especialmente los plazos en materia administrativa.

En cuanto a las garantías fundamentales conculcadas, refiere que en primer lugar, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, porque son los empleadores, sin ninguna justificación o razonabilidad, los que se ven sujetos a un trato diferenciado, limitándoseles el plazo para sus presentaciones administrativas. No existe motivo alguno para que un empleador deba ver limitados los plazos para impugnar los actos administrativos, respecto de los términos de que dispone cualquier particular. Lo irracionalidad en el actuar se la Administración, en este caso, se hace más patente cuando se demuestra que existe una norma expresa que excluye la forma de actuar desplegada por el órgano del Estado. En segundo lugar, se vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental y que establece la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que no se ha permitido a la recurrente ejercer un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico, cual es, el de solicitar la reconsideración de una resolución administrativa, y que ella sea conocida y resuelta en sus aspectos de fondo; y en definitiva acceder a un debido proceso administrativo, puesto que no sólo se impide el acceso a una legítima defensa de sus derechos ante la autoridad administrativa, sino que también ante los Tribunales de Justicia, pues de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 512 del Código del Trabajo, la resolución que dicta el Inspector del Trabajo respecto a la reconsideración solicitada es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, y que en la especie, la recurrente se encuentra impedida de ocurrir, por la decisión ilegal y arbitraria de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso. Por último, señala que se ha vulnerado su derecho de propiedad , consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, pues la privación o al menos la perturbación de los derechos anteriores, y en definitiva, la imposibilidad de acceder a una reconsideración de la multa administrativa impuesta, la priva de este derecho, o al menos lo perturba o amenaza, pues la multa en cuestión quedará firme y deberá solventar el valor de la misma en su integridad, habiendo perdido la posibilidad de acceder a una rebaja de la misma por dicha vía o por la consecuente reclamación por vía judicial.

En mérito de lo expuesto solicita acoger, en todas sus partes, el recurso de protección interpuesto, se declare que debe restablecerse el imperio del derecho dejando sin efecto el acto recurrido y se ordene acoger a tramitación la reconsideración de multa interpuesta ante la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso con fecha 14 de julio de 2017, con costas.

Que, a fojas 37 la recurrida, Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso, doña nombre reservado informa que con fecha 03 de mayo de 2017, se genera fiscalización N° 0501/2017/886 por denuncia en contra del empleador Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la que concluyó con las multas señaladas por la recurrente y sus motivos.

Refiere que la acción cautelar es improcedente toda vez que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes, por lo que el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados en la ley. En la especie, el recurrente ha accionado de protección en contra de una resolución que declara inadmisible la solicitud de reconsideración administrativa de multa por ser ésta extemporánea, por lo que no se justifica emplear dicho procedimiento, ya que el actor, contaba con un procedimiento rápido y expedito, con la entrada en vigencia de la nueva judicatura laboral, en donde se ventila la contienda sometida a la decisión del Tribunal y en que las partes pueden determinar el fondo de la cuestión debatida, proporcionándole al juez de la instancia, todos los medios probatorios de los cuales quieran valerse, garantizando con ello la existencia de un juicio rápido, oral, bilateral y contradictorio donde se determinará efectivamente la contienda sometida a discusión.

Señala que el Código del Trabajo establece procedimientos especiales para la reclamación, tanto de la multa, como también de la resolución que se pronunció respecto de la solicitud de reconsideración, cuyos plazos de interposición son de 30 o 15 días, respectivamente, desde la notificación de la resolución. De manera tal, que si no se utiliza ese procedimiento, no puede emplearse el recurso de protección, puesto que éste no constituye un sustituto jurisdiccional de cualquier acción o recurso cuando las leyes contemplan instancias y recursos específicos y determinados. En consecuencia, atendidas las amplias facultades con las que cuentan los jueces laborales del fondo para conocer de los reclamos contra resoluciones de multa, claramente la vía jurisdiccional de protección no resulta procedente para impugnar la referida resolución.

Agrega que, además de las razones esgrimidas anteriormente, el recurso de protección es improcedente debido a la ausencia de un acto arbitrario que atente contra el derecho de igualdad ante la ley, ya que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente y añade que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, cumpliéndose ciertas condiciones mínimas. De igual modo, agrega el artículo 512 del mismo cuerpo normativo, que el Director del Trabajo hará uso de dicha facultad ante solicitud escrita del interesado, la cual deberá presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución de multa que se impugna, y según consta en el expediente administrativo, la resolución de multa administrativa número 4562/17/24-1-2 aplicada por el fiscalizador Rodrigo Cartajena Henríquez, dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, se notificó el día 31 de mayo de 2017, por lo que el término fatal para la interposición de solicitud de reconsideración administrativa, según se establece en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el día 30 de junio de 2017. Y con fecha 14 de julio de 2017, la recurrente ingresó a través de oficina de partes de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, una solicitud de reconsideración de la sanción aplicada, cuyo término para su interposición había vencido casi dos semanas antes, siendo abiertamente extemporánea.

En cuanto al supuesto acto arbitrario que atenta contra el derecho de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, reclamado por la recurrente, indica que ésta no señala, cual es la vulneración del ejercicio de sus derechos, toda vez, que si hubiese accionado en tiempo y formas según las instrucciones del servicio, se habría acogido a tramitación su solicitud de reconsideración administrativa, es más, que se corrobora que no hay afectación, desde el momento en que recurre del ordinario ejerciendo sus derechos válidamente ante ésta Ilustrísima Corte de Apelaciones. Asimismo, el ordinario recurrido se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente, por tanto, ni el fiscalizador actuante ni la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, ha afectado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 de la constitución.

Respecto a la vulneración al derecho de propiedad señalado por la recurrente, la que sostiene la sanción impuesta tiene un carácter eminentemente provisional, pues está sujeta a la revisión que puede ser realizada en sede administrativa a través de la reconsideración de la multa ante la propia Inspección que la cursó o a través de la revisión de los actos administrativos establecida por la Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo y además a través del procedimiento de reclamo judicial de multa establecido por el legislador, es decir el acto es posible de impugnar.

Agrega que, a mayor abundamiento, el formulario mediante el cual la empresa solicita la reconsideración, a saber, formulario N° 10 (F-10) es explícito y claro en señalar dentro del ítem "Notas Importantes", "Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de la multa", y al respecto cita el fallo emitido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol 57-2012, y los fallos Rol 4840-2015, 4701-2015, 4504-2015 y 1390-2016, todos emitidos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Que la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- a fojas 2, Ordinario N°1309, que informa inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración de multa, de fecha 18 de julio de 2017; 2.- a fojas 3, sobre a nombre de don Fernando Castillo Salfate, con timbre de Correo de Chile de fecha 19 de julio de 2017 y de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de fecha 21 de julio de 2017; 3.- a fojas 6, Resolución de multa N°4562/17/24-1-2, de fecha 18 de mayo de 2017.

Que la recurrida acompañó la siguiente prueba documental: 1.- a fojas 46, carátula de informe de fiscalización N°0501/2017/886, de fecha 18 de mayo de 2017; 2.- a fojas 53, copia de resolución de multa administrativa N°4562/2017/24-1-2, de fecha 18 de mayo de 2017; 3.- a fojas 56, Guía de Correos de Chile, de fecha 24 de mayo de 2017; 4.- a fojas 57, solicitud de reconsideración administrativa de fecha 14 de julio de 2017; 5.- a fojas 62, ordinario de inadmisibilidad N°1309, de fecha 18 de julio de 2017.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto se adopten las medidas o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, en el evento de existir privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de aquellas garantías fundamentales mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que la acción constitucional intentada en estos autos tiene por objeto, que esta Corte deje sin efecto la Resolución Ordinario N° 1309 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, acogiendo en definitiva la solicitud de reconsideración administrativa presentada por el recurrente ante la entidad administrativa con fecha 14 de julio pasado y que fuere rechazada por extemporánea. A fin de fundamentar sus alegaciones, el recurrente expone que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo para reclamar de las multas dictadas por la Dirección del Trabajo, es de 30 días hábiles y no corridos como sostiene el recurrido. Añade que su representada fue notificada de la multa cursada mediante carta certificada con fecha 1 de junio de 2017, de manera tal que al reconsideración se encontraría presentada dentro de plazo, motivo por el cual la resolución dictada por la autoridad administrativa deviene en ilegal y arbitraria.

Tercero: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

Cuarto: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedente allegados al proceso por las partes, que la notificación de la reconsideración administrativa deducida con fecha 14 de julio de 2017, fue con fecha 21 de julio de 2017, es necesario concluir que el referido ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

Quinto: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto a fojas 14 por don Fernando Castillo Salfate, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y en contra del Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 14 de julio de 2017, deducida por la recurrente en contra de la Resolución de Multa Administrativa Nº 4562/17/24-1-2, notificada con fecha 21 de julio de 2017 mediante carta certificada.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

N°Protección-4756-2017.