nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1,Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la negativa a su solicitud de retiro de fondos para extranjeros comunicada el 14 de julio de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Explica que, el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156. Señala que, fue notificado mediante correo electrónico el 14 de julio de 2025 declarando no ingresada la solicitud referida. Indica que, el recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos señalados en la Ley N°18.156, siendo procedente su petición.

Argumenta que, la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, al señalar: "Te informamos que tu solicitud de Devolución de fondos como técnico extranjero, no fue ingresado por los siguientes motivos". Alega que, el certificado de afiliación puede ser verificado y validado electrónicamente.

Menciona que, la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida. Afirma que, la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional.

Concluye solicitando que ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

A folio 5, evacúa informe Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima. Sostiene que, el 10 de julio de 2025, el recurrente, a través de su sitio web, ingresó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, buscando ampararse en la exención establecida en la Ley N°18.156, para trabajadores técnicos extranjeros.

Señala que, en virtud de los antecedentes aportados, realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se debía dar curso a la solicitud de devolución de fondos regulada por la Ley N°18.156. Alega que, el 11 de julio de 2025, a través de respuesta ticket 2639355, envió requerimiento al correo electrónico de la recurrente para poder continuar con el proceso de validación.

Adiciona que, el 13 de julio, la recurrente adjuntó una nueva constancia electrónica, además de la misma declaración jurada, por lo que se le envió una respuesta donde se expresa que su solicitud no fue ingresada por no recibir el certificado del instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Agrega que, el motivo por el cual no ingresó la solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros se debe a que la recurrente aportó una declaración jurada y una constancia electrónica de cotizaciones, y no un certificado emitido por una institución extranjera que acredite su afiliación a un sistema de seguridad social o previsional fuera Chile, tal como lo exige la normativa.

Menciona que, respecto de la declaración jurada aportada por la recurrente, no cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.. Por último, pide el rechazo del recurso, con costas.

A folio 8, evacúa informe el Superintendente de Pensiones. Sostiene que, el recurrente no registra ante ese organismo reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección deducida. Alega que, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Agrega que, el recurrente acompaña copia del contrato de trabajo suscrito el 13 de abril de 2022, donde manifestó su voluntad de quedar adscrito al sistema previsional chileno y tres años después, el 9 de julio de 2025, firma un anexo de contrato con el que pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°18.156, por lo que tampoco se puede acreditar si cumple con el requisito de expresar inequívoco en su contrato de trabajo con su empleador, toda vez que dichos documentos contienen manifestaciones de voluntad que son contradictorias entre sí. Finalmente pide rechazar el recurso.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el acto ilegal y/o arbitrario que declara no ingresada la solicitud de retiro de fondos para extranjero de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el recurrente que se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Tercero: Que, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. informa, en síntesis, que el rechazo se fundamenta en que el recurrente no acompañó el certificado del instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones >Exteriores de Chile, pues el documento aportado no cumple con los requisitos de legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

La Superintendencia de Pensiones por su parte agrega, que el contrato de trabajo suscrito el 13 de abril de 2022 contiene cláusulas que expresan la voluntad del recurrente de quedar adscrito al sistema previsional chileno, lo que resulta contradictorio con el anexo de contrato firmado el 9 de julio de 2025 que expresa lo contrario.

Cuarto: Que, el artículo 7° de la Ley N°18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

A su turno, citado artículo 1° dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744".

Quinto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso.

En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que éste se encuentre protegido por el seguro social venezolano, ni las prestaciones garantizadas con total claridad. Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada acompañada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Sexto: Que, adicionalmente, se advierte una inconsistencia en la documentación contractual acompañada, pues el contrato original de 13 de abril de 2022 contiene cláusulas que expresan la voluntad del recurrente de quedar adscrito al sistema previsional chileno, mientras que solo tres años después, mediante anexo de contrato del 9 de julio de 2025, se pretende modificar dicha manifestación de voluntad. Tal contradicción no satisface el requisito previsto en el artículo 1 letra b) de la Ley N°18.156, puesto que no resulta inequívoca su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile.

Séptimo: Que, por otra parte, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre al rechazo de la acción cautelar estimando que el asunto planteado requiere un pronunciamiento declarativo en la sede jurisdiccional que corresponde al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4744-2025.