nombre reservado con SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-SAN ANTONIO

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1 comparece Pablo Pérez Ojeda, abogado, en representación de nombre reservado, médico cirujano, quien recurre de protección contra el Hospital Carlos Van Buren y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, y denuncia como ilegal el Oficio denominado “INT. 012-2023 emitido por la Subdirectora (s) de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, que rechazó su solicitud de Bono Post Laboral, derecho contemplado en la Ley N°20.305, y que le fuera notificado por carta certificada del 7 de febrero del presente año, lo que trasgredió las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide se deje sin efecto y se le conceda en bono pedido.

Relata que el actor se desempeñó en el Hospital Carlos Van Buren, se jubiló…..y el 14 de diciembre de 2021 solicitó se le concediera el bono post laboral, contemplado en la Ley N°20.305 (publicada el 05.12.08, última modificación es del 17.11.12), cuyo artículo 1° señala: 1°: “Establécese un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales, en adelante el bono, para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley desempeñe un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575; el decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley N°10.336; el decreto N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley N° 19.175; la ley N° 18.838; el párrafo 2° del título III de la ley N° 18.962; la ley N° 16.752; el título VII de la ley N° 19.284; la ley N° 19.140; los artículos 4° letra i) y 19 de la ley N° 18.348; las leyes N° 17.995 y N°18.632, y las municipalidades, y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados o se traspasen a dichas municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior”.

Refiere que en diciembre de 2022 se emitió un acto administrativo, firmado por la Directora de Servicio de Salud Valparaíso San Antonio de esa fecha, Sra. nombre reservado, que, aunque sin número, formalizó el otorgamiento del referido bono al recurrente, indicando, en lo medular, que el 14 de diciembre de 2021 el actor efectuó solicitud para acceder al bono post laboral, aceptó cupo para beneficio de incentivo al retiro de la Ley N°20.986 y comunicó fecha de renuncia, la que se haría efectiva el 1 de mayo de 2022, para luego agregar que se le otorga el beneficio pedido, consistente en la suma de $80.565 la que se reajustará en enero de cada año.

Refiere que para su sorpresa, el 7 de febrero pasado recibe carta certificada en que se le notifica Oficio que se individualiza solo como “INT. 012-2023” firmada por la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de las personas del Hospital Carlos Van Buren, en el cual se le informa al recurrente que se le niega el bono pedido. En efecto, señala que el proyecto de resolución exenta N°4073-2022 interno del HCVB ha sido devuelta desde el Servicio de Salud, por cuanto la Ley N°20.986 de 2017 del Ministerio de Salud, que otorga la bonificación por retiro voluntario, como asimismo una bonificación adicional a los profesionales de la salud, indica en su artículo 12 que “los beneficios de esta ley serán incompatibles con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine por una causal similar de otorgamiento y cualquier otro beneficio por retiro que hubiere percibido el profesional funcionario con anterioridad” por lo que la Ley N°20986 “carece de la posibilidad de obtener conjuntamente el bono post laboral”. (sic)

Afirma el recurrente que un beneficio ya otorgado por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio fue despojado por parte del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, por medio de un acto ilegal y arbitrario.

En cuanto a la ilegalidad denunciada, se refiere a las leyes invocadas. En primer lugar, la ley N°20.986 publicada el 19 de enero de 2017, está dirigida a los profesionales funcionarios afectos a las leyes N° 15076 y N°19.664 de los Servicios de Salud, y a los profesionales funcionarios de la Escala A de remuneraciones de los Establecimientos de Salud de carácter experimental, preceptúa que 3.750 médicos podrán acceder a beneficios económicos cumpliendo ciertos requisitos, los que e traducen en una bonificación de 11 meses de remuneraciones imponibles y un bono adicional, si el desempeño supera los 15 años de servicios. Dichos beneficios tienen una vigencia acotada de 10 años, desde el 1 de julio del 2014 al 30 de junio de 2024.

Por su parte, la ley N°20305, publicada el 5 de diciembre de 2008, establece mejores condiciones de retiro para los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, lo que se traduce en un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales, para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esa ley desempeñe un cargo de planta o a contrata, y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y Servicios públicos que indica. Según lo regulado en dicha ley, tendrán derecho al bono quienes coticen en el Sistema de Pensiones regulado en DL N°3500 y cumpla con los requisitos indicados en el artículo 2°, esto es: i.- tener las calidades mencionadas en el artículo 1° tanto a la fecha de postulación como con anterioridad al 1 de mayo de 1981; ii.- Tener a lo menos 20 años de servicio en las instituciones señaladas en el artículo anterior; iii.-Tener una tasa de reemplazo liquida estimada igual o inferior al 55% y acceder a una pensión de vejez de acuerdo al DL N°3500, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional….; iv.-Tener cumplidos 65 años en el caso de los hombres; v.- Cesar en el cargo sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez, supresión del empleo o aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades previamente señaladas, según corresponda.

Indica el actor que el argumento utilizado por el Hospital Carlos Van Buren en el acto recurrido está errado, y corresponde a una interpretación arbitraria del artículo 12 de la Ley N°20.986, pues la bonificación que establece esa ley tiene como objetivo preparar o mejorar las condiciones de retiro de los profesionales funcionarios beneficiarios, sin tener una naturaleza previsional; en cambio el bono post laboral regulado en la Ley N°20305 tiene como objetivo mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, es decir, se trata de un beneficio de naturaleza previsional, que se paga con independencia de la modalidad de pensión que opte el funcionario al momento de jubilarse, y tiene como fundamento que el Estado se hace cargo del “daño previsional” de eso funcionarios, siendo la materialización del protocolo de acuerdo sobre el “mejoramiento de las condiciones de retiro de los funcionarios públicos” arribado entre el Gobierno, la CUT y otros gremios del sector público, como lo refleja la historia de la ley.

Concluye que por tratarse de beneficios distintos, con objetivos diferentes, siendo uno previsional y otro no, entonces son compatibles, y no se incluyen dentro de la limitación del artículo 12 de la Ley N°20.986.

Luego afirma que su parte ya poseía un derecho adquirido a recibir el bono post laboral, en virtud de acto administrativo emanado de la Directora del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en diciembre de 2022, por lo que de acuerdo a la presunción de legalidad de los actos administrativos, no podía ser desconocida por un acto por parte del Hospital Carlos Van Buren, órgano jerárquicamente subordinado al Servicio de salud señalado.

Por otro lado, indica que el acto objeto de este recurso no está suficientemente fundamentado, por lo que trasgrede los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Luego se refiere a las garantías conculcadas, afirmando que ha sido el de igualdad ante la ley, en relación a otros funcionarios que en la misma situación, se les ha reconocido el derecho aludido; además del derecho de propiedad, por cuanto no solo cumple con los requisitos para obtener el bono post laboral, sino que efectivamente le fue concedido, mediante el acto dictado en diciembre de 2022 por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, tratándose así, de un derecho adquirido.

Pide se deje sin efecto el acto impugnado, esto es, el denominado INT.012-2023 del Hospital Carlos Van Buren, y en su lugar se declare que el actor sí tiene derecho a percibir el Bono post laboral, de conformidad con lo preceptuado en la Ley N°21.306 y N°21.405, con condena en costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 14 informa el Hospital Carlos Van Buren, quien solicita el rechazo del recurso por las razones que señala.

Indica que el actor fue funcionario del señalado Hospital hasta el 1 de mayo de 2022, oportunidad en que hizo efectivo su retiro, acogiéndose al beneficio establecido en la Ley N°20.986 conocido como incentivo al retiro, según consta de Resoluciones Exentas NRA N° 110635/3035/2022 y 110635/3032/2022, ambas del 22 de abril de 2022, las que acompaña.

Señala que el beneficio de la Ley N°20.986 aplica solo a los funcionarios regidos por la Ley N°15076 y N°19.664 es decir, médicos cirujanos, farmacéuticos o químicos farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas. Refiere que en su artículo 12 la señalada ley indica: “los beneficios de esta ley serán incompatibles con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable que se origine por una causal similar de otorgamiento y cualquier otro beneficio por retiro que hubiere percibido el profesional funcionario con anterioridad.”

Luego señala que la Ley N°20.305 no aplica ni beneficia a personal acogido a las Leyes N°15.076 y N°19.664 citando el artículo 1° de la primera ley señalada.

Enseguida indica que, siendo el recurrente ex funcionario del Hospital Carlos Van Buren, solamente a este le correspondía pronunciarse sobre la solicitud presentada por este y no al Servicio de Salud, según lo dispone el artículo 36 letra f) y articulo 41, ambos del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, y en consecuencia aquello que aparentemente había resuelto el Servicio de salud Valparaíso San Antonio, carecía de todo valor.

Finalmente señala que de acuerdo al artículo 6° de la Ley N°10.336 corresponde a la Contraloría General de la Republica resolver sobre la materia de autos.

Acompaña documentos al informe.

A folio 25 evacua informe el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y solicita el rechazo del recurso de protección, por las razones que expone.

Se refiere a las funciones del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio en relación al Hospital Carlos Van Buren, en materia de entrega de bonos.

Indica que el referido Hospital es autogestionado, según lo señalado en el artículo décimo quinto transitorio de la Ley N°19.937, según lo cual, y el articulo 35 del DFL N°1 de 2005, el Director ejercerá la administración superior y control del Establecimiento, incluyendo por cierto, la administración del personal del mismo, en distintas materias, como asignaciones y bonificaciones. Según esto, el Director de Servicio de salud no puede, en principio, cuestionar las razones de oportunidad y conveniencia de las decisiones que toma respecto a su personal a contrata.

Sin embargo, el Servicio de Salud informante, según lo indican las letras e) y f) del artículo 25 del DFL N°1 de 2005, del Ministerio de Salud, tiene entre sus funciones, ejecutar el presupuesto del Servicio, de acuerdo con las normas relativas a la administración financiera del Estado y proponer las modificaciones y suplementaciones que sean necesarias, además de aprobar y modificar los presupuestos de los establecimientos, de acuerdo con el presupuesto del Servicio y coordinar, asesoras, inspeccionar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria dentro de él.

De acuerdo a ello, el Director del Servicio de Salud sí tiene la facultad de cuestionar y no ejecutar resoluciones que se hayan realizado en contravención a las leyes y normas administrativas vigentes que afecten el presupuesto del Servicio de Salud, que fue lo que sucedió en este caso.

En cuanto a los argumentos del recurso, señala que este califica de acto administrativo a uno que no es tal. Esto, porque el acto supuestamente emanado de la Directora (s) del Servicio de Salud, de diciembre de 2022, no es más que un proyecto de acto administrativo, de carácter interno, por lo cual se le denomina “INT” que tenía un contenido favorable. Sin embargo, durante el proceso de revisión de antecedentes se comprobó que no le correspondía al actor, recibir el bono que pedía, por cuanto, en casos similares anteriores, este fue negado, tanto por la Contraloría General de la República, como por la Tesorería.

Cita en este punto el Dictamen E104221 de 2021, que, para el caso de un ex funcionario del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio concluyó que no le correspondía recibir el bono post laboral de la Ley N°20.305, por cuanto quienes optaron a las franquicias de la Ley N°20.986 carecen de la posibilidad de obtener conjuntamente el bono post laboral, toda vez que dicho cuerpo legal en parte alguna menciona dicha posibilidad. Indica que aplica Dictamen N°31.526 de 2019.

Mismo criterio aplicó la Tesorería General de la República, quien mediante correo electrónico informó al Servicio que no correspondía aplicar el bono post laboral en estos casos, invocando el mismo Dictamen de 2019 y concluye que “Ante esas circunstancias, cabe inferir que la incompatibilidad que establece la Ley N°21.403 no puede hacerse extensiva a otras prestaciones distintas de aquellas que se encuentran expresamente indicadas en ese testo legal, como ocurre en el caso de la bonificación que regula la Ley N°20.986.

Es por lo anterior, que el Jefe del Subdepartamento de Gestión de las Personas remitió memorándum interno N°20 de 26 de diciembre de 2022, al Jefe de la Subdirección de Desarrollo de las personas del Hospital Carlos Van Buren, señalando la improcedencia de entregar el bono pedido. Por tal razón, el Hospital le informó al recurrente que no procedía la entrega del bono post laboral, mediante el Oficio que constituye el objeto del presente recurso.

A folio 26 la recurrida acompaña los documentos indicados en su informe.

A folio 27 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, en cuanto al argumento del recurrente de que existió un acto administrativo que le otorgó el beneficio pedido, denominado “Bono post laboral”, ello no es efectivo, por cuanto el documento que acompañó en su recurso es solo un proyecto de resolución, que no tiene número ni aparece firmada por funcionario público alguno, por lo que no reúne las características de un acto administrativo y carece de todo valor. El único acto emitido por la administración en el tema aludido, es la comunicación enviada por el Hospital Carlos Van Buren al recurrente, firmado por nombre reservado, Directora (S) de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital señalado, en que se rechaza la solicitud del actor, de ser beneficiado con el bono post laboral. En consecuencia, no existe derecho adquirido por parte del recurrente ni tampoco se trasgrede el principio de confianza legítima.

Segundo: Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que el artículo 12 de la Ley N°20.986 es categórico en cuanto a establecer una incompatibilidad respecto al otorgamiento del bono de incentivo al retiro que esa ley otorga, y el bono pretendido por el recurrente. La referencia que en estrados ha efectuado el actor, con relación a la Ley N°21.306 en su artículo 80, no es pertinente, pues ese artículo, en su inciso 2°, lo único que hace es establecer un plazo especial para impetrar el bono a los funcionarios que se acogieron a beneficios de leyes de incentivo al retiro que contienen plazos o establecen edades diferentes a los señalados en la Ley N°20.305. Esa redacción implica, necesariamente, que se trate de incentivo al retiro compatible con el bono, cuyo no es el caso del regulado en la Ley N°20.986, norma que, por lo demás, no está incluida en las citas que contiene el artículo 80 de la Ley N°21.306, cuando se refiere a otros cuerpos legales. Es decir, la Ley N°21.306 no dice que todo incentivo al retiro sea compatible con el bono de la Ley N°20.305, sino que cuando esa compatibilidad exista, los beneficiarios podrían acogerse a un plazo especial para impetrar su pago.

Tercero: Que, por lo señalado, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el acto objeto de este recurso, que haya conculcado alguna de las garantías fundamentales del actor, por lo que el presente recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, contra el Hospital Carlos Van Buren y el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 4720-2023.

No sujeta a anonimización.

En Valparaíso, once de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.