Protección contra Corporación Administrativa del Poder Judicial

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de julio de dos mil veinticuatro.

Visto:

A folio 1, recurre de protección doña nombre reservado, ingeniera en prevención de riesgos, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por el acto que estima arbitrario e ilegal, conculcatorio de los derechos consagrados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en la decisión de no pagarle los incrementos variables de desempeño institucional y colectivo por cumplimiento de metas de gestión del año 2023.

Señala que se desempeña en la sección de Recursos Humanos, en la Administración Zonal Valparaíso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, específicamente como encargada de la Unidad de Prevención de Riesgos, y que en su liquidación de remuneraciones del mes de marzo pudo advertir que no se efectuó el pago de los incrementos ya indicados, tomando posteriormente conocimiento de dicha decisión y sus fundamentos, los cuales se encuentran contenidos en el Oficio 6RH N° NUM000 de 28 de marzo del 2024, del que tomó conocimiento el día 17 de mayo del presente año.

Relata que el día 15 de marzo del 2023, luego de varios y extensivos estudios realizados por la Clínica Ciudad del Mar y el Centro Mastectológico de Viña del Mar, fue diagnosticada con cáncer de mama con BI-RADS catalogado como 4, lo que provocó la extirpación de su mama derecha, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia.

Detalla que el día 2 de mayo del 2023, fue operada en la Clínica Ciudad del Mar donde se realizó una Mastectomía Total de la Mama derecha, con extracción de ganglios axilares en su totalidad (vaciamiento axilar), lo que además de las evidentes complicaciones anímicas y de salud ha generado gastos para su parte por un total de $10.030.178, sin perjuicio del gasto mensual promedio en tratamientos médicos y traslados cercano a los $200.000, debiendo además someterse próximamente a otras intervenciones quirúrgicas, tales como extracción ovárica y de nódulo en la tiroide.

Señala que debido al abrupto diagnóstico, el rápido avance de éste y el compromiso del sistema neurológico/linfático que se provocó en alrededor de 5 meses, sumado a lo difícil del proceso de recuperación se ha afectado también a su núcleo familiar (hijos, esposo, mama, entre otros) por lo que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico que hace imposible su regreso a las labores.

Además, refiere que, considerando el tratamiento pronosticado, y existiendo cirugías pendientes de realizar, es altamente probable que en el año en curso deba hacer uso de diversas licencias médicas, las que podrían dejarla en la misma situación para el año 2025, de no modificarse la decisión de no pagar por parte de la recurrida.

Pide se ordene a la recurrida disponer el pago del bono correspondiente a desempeño institucional y colectivo por cumplimiento de las metas de gestión del año 2023, durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2024.

Acompaña antecedentes médicos.

A folio 5, informa la recurrida Corporación Administrativa del Poder Judicial solicitando el rechazo del recurso.

Refiere que efectivamente doña nombre reservado se desempeña en el cargo de Jefa de la Unidad de Prevención de Riesgos de la Administración Zonal de Valparaíso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que el año 2023 hizo uso de una licencia médica de carácter común, por un lapso de 248 días, de esta forma, desempeñó sus funciones durante al año 2023 por un lapso de 117 días.

Argumenta que mediante carta de fecha 20 de marzo de 2024, doña nombre reservado consultó respecto del pago de los bonos de desempeño institucional y colectivo relativos al año 2023 lo que fue respondido mediante Oficio 6RH N° NUM000 de fecha 28 de marzo de 2024, en el que se le informó que revisado el sistema informático de recursos humanos durante el año 2023 registró 117 días efectivamente trabajados, por lo tanto, no alcanzando a contabilizar el mínimo de seis meses efectivamente trabajados requerido por el artículo 4° de la ley N° 20.224 para obtener el derecho al pago de los incrementos variables por cumplimiento de metas de gestión del año 2023, atendido que la ley solo exceptúa de esta contabilización aquellas ausencias por accidentes de trabajo y las licencias médicas maternales.

Reafirma su postura mencionando el Acta 134-2015 de la Excma.

Corte Suprema establece como requisito para recibir el pago de incrementos por desempeño registrar calificación sobresaliente, muy buena, satisfactoria o regular en el periodo correspondiente al pago, dado que no tienen derecho a percibir los incrementos los funcionarios calificados en lista condicional o deficiente. Para efectos de determinar el tiempo efectivamente trabajado, se restan todas las ausencias que registre el funcionario, con excepción de las licencias pre y post natal, permiso postnatal parental, patología del embarazo, accidente o enfermedad profesional debidamente reconocidos por la ACHS, permisos con goce de remuneraciones y feriado legal, y en consideración a lo expuesto, necesariamente se debió rechazar la solicitud de doña nombre reservado, por no cumplir el requisito legal del mínimo de tiempo durante los cuales debe haber prestado servicios para hacerse acreedora del incremento por desempeño relativo al año 2023, ni encontrarse dentro de las exclusiones que establece la Ley 19.531.

Niega de esta forma cualquier acto ilegal o arbitrario de su parte, por cuanto ha actuado con apego a la Ley y sólo dando cumplimiento a la normativa que regula el pago de los bonos de incremento, quedando de manifiesto de su recurso que lo que doña nombre reservado reclama como ilegal o arbitrario no es la aplicación que la Corporación Administrativa ha hecho respecto de la Ley, sino que la desigualdad que establece la norma aludida, al señalar expresamente el recurso que “La norma excluye como causal de ausentismo sólo las licencias médicas por accidentes del trabajo y descanso pre y post natal (incluido el parental) de los artículos 195, 196 y 197 bis del Código del Trabajo, y no a aquellas por enfermedad común, en este caso cáncer.”

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, la actora reclama por la decisión de la recurrida de no efectuar el pago de los bonos de desempeño institucional y colectivo por cumplimiento de metas de gestión del año 2023 cuyos fundamentos de la negativa se contienen en el Oficio 6RH N° NUM000 de 28 de marzo del 2024.

Tercero: Que, el artículo 4° de la ley 20.224 dispone que: “Establécese, a contar del 1º de enero de 2008, un bono de modernización para el personal perteneciente a los grados III al XI del Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial, a los Escalafones de Consejeros Técnicos y de empleados del Poder Judicial, a la Academia Judicial y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con los incrementos, modalidades y porcentajes que se indican en los artículos siguientes. El bono de modernización contendrá los siguientes elementos: a) Un componente base, de un 9%; b) Un incremento por desempeño institucional, de hasta un 7%, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º bis, y c) Un incremento por desempeño colectivo, de hasta un 6%, según lo que expresa el artículo 4º ter.

El monto de este bono se determinará aplicando los porcentajes señalados precedentemente sobre la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional, en su caso, percibidas por cada funcionario a quien corresponda el beneficio, durante el período respectivo.

El componente base se pagará mensualmente. Los incrementos por desempeño institucional y colectivo se pagarán trimestralmente, en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota, será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la aplicación mensual de dichos incrementos.

No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196 del Código del Trabajo.

No obstante, el personal a quien corresponda los incrementos por desempeño institucional y por desempeño colectivo que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a que estos incrementos se paguen en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.

Los montos que se perciban por concepto del bono de modernización no servirán de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Tendrán el carácter de tributables e imponibles para fines de previsión y salud. Para determinar los impuestos e imposiciones a que se encuentren afectos los incrementos por desempeño institucional y colectivo, se distribuirá su monto en los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.".

En tanto, el artículo 64 del Acta N°134-2015 de la Excma. Corte Suprema donde consta el Auto Acordado que establece normas para la aplicación de la Ley N°19.531 modificada por la Ley N°20.224 y los Decretos Supremos que la reglamentan indica que “Por lo anterior, atendido lo prescrito en la Ley N°19.531 modificada por la Ley N° 20.224, los requisitos para hacer efectivo el pago serán los siguientes: a) Percibir renta efectiva durante el trimestre respectivo sobre el cual debe calcularse el valor acumulado de las asignaciones que constituyen la base de cálculo. b) Registrar calificación sobresaliente, muy buena, regular o satisfactoria en el periodo correspondiente al pago, dado que no tienen derecho a percibir los incrementos los funcionarios calificados en lista condicional o deficiente. c) Haber trabajado, a lo menos, seis meses efectivos durante el año inmediatamente anterior.”

Cuarto: Que, así las cosas, no siendo un hecho discutido que la actora hizo uso de licencia por enfermedad común por 248 días durante el año 2023, lo que se traduce en un total de 117 días efectivamente trabajados, es evidente que no logró arribar a los seis meses efectivamente trabajados que requiere el artículo 4° de la ley 20.224 para ser beneficiario de los bonos en cuestión, por lo que no se advierte por parte de la recurrida ilegalidad alguna por lo que el presente recurso será desestimado.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, encontrándose controvertida por la recurrida la procedencia de los bonos respecto de la actora, no puede entonces estimarse la existencia de un derecho indubitado de la recurrente, presupuesto esencial para recurrir por esta vía urgente y cautelar, debiendo éstos ser objeto de un juicio de lato conocimiento, lo que también conlleva el rechazo del arbitrio.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4719-2024.