Protección contra Tesorero Provincial de San Antonio

Foja: 39 Treinta y Nueve Vim C. A. de Valparaíso Certifico: Que se anunció para alegar el abogado señor Manuel Lara, 20 minutos contra el recurso, quien hizo uso de su derecho en estrado, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, catorce de abril de dos mil quince.

nombre reservado.

Relator Valparaíso, catorce de abril de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 7, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, factor de comercio, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Tesorero Provincial de San Antonio, señor nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, con ocasión del acto ilegal y arbitrario que lo hace consistir en la resolución de fecha 3 de febrero de 2015, “la cual embargó mis bienes, consistentes en depósitos bancarios del Banco de Chile, por un millón trescientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos, ya que al solicitar esa información…me fue negado, no respetando el principio de publicidad y transparencia que rige a todo órgano del estado…”, en cuanto vulnera la garantía constitucional del artículo 19 Nº 24 (“derecho de propiedad sobre toda clase de bienes”) de la Constitución Política de la República.

Al efecto, y en cuanto a los hechos, indica que con fecha 20 de marzo del año 2000, la Excma. Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo deducido en contra de una sentencia de dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel (confirmatoria a su vez del fallo de primera instancia dictado por el Sr. Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, y que condenó a su parte al pago de una multa de $32.969.648 por una supuesta infracción al artículo 97 Nº 4 del Código Tributario), dictó sentencia firme acogiendo dicho recurso extraordinario y dictando consecuentemente sentencia de reemplazo, la que en su parte resolutiva decidió que “se revoca la sentencia apelada treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho…en su parte recurrida, y se declara que se absuelve a la contribuyente doña nombre reservado del cargo que se le formuló en estos autos, como autora de infracción al artículo 97 Nº 4 del Código Tributario, por encontrarse prescrita la acción penal…”.

En cuanto al derecho, y como fundamento de arbitrariedad del acto administrativo reclamado (resolución de 3 de febrero último), asevera que esté dada “por la total falta de razonamiento jurídico por parte de la Tesorería Provincial de San Antonio…”, por haber dictado la antedicha resolución “en contra de una sentencia firme y ejecutoriada dictada por nuestro máximo Tribunal de la República…”, toda vez que resulta arbitrario el embargo de bienes de dominio de la actora respecto de la cual se dictó un fallo absolutorio, por encontrarse prescrita la acción penal que en su oportunidad se dirigió en su contra, por una supuesta infracción al artículo 97 Nº 4 del Código Tributario.

Con el mérito de lo expuesto, solicita se acoja el recurso impetrado, y en definitiva se ordene dejar sin efecto la resolución de 3 de febrero de 2015, “la cual embargó mis bienes, violando y contradiciendo el fallo de casación…”, y/o se adopte toda otra providencia o medida de cautela necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, con costas del recurrido.

Acompaña copia de la resolución de fecha 3 de febrero último que impugna por esta vía, dictada en el expediente administrativo Rol Nº 1002 – 1999.

A fojas 25, la parte recurrente acompaña copia autorizada de la sentencia firme de 20 de marzo de 2000 dictada por la Excma. Corte Suprema en los antecedentes Rol Nº 3315 – 1999.

A fojas 26 rola informe del recurrido, Tesorero Provincial (S) de la Tesorería Provincial de San Antonio, don nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, con costas de la recurrente.

Como cuestión previa a los descargos de fondo, precisa que la recurrente de protección “figura como deudor moroso de impuestos por la suma de $22.412.369…”, total neto que por aplicación de reajustes y recargos legales “asciende a la cantidad total de $328.231.575…”, tal y como consta del Certificado de Deuda de 24 de febrero último, por los formularios y rubros que en el mismo documento se indican.

Cita a continuación la normativa legal aplicable para el cobro judicial de obligaciones tributarias: Libro III, Título V, “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, el que se lleva a cabo en 2 etapas: la administrativa (ante el Tesorero Provincial en su calidad de Juez Sustanciador y también ante el Abogado Provincial respectivo para el caso de poner excepciones el contribuyente ejecutado), y en cuya normativa destaca, se establece expresamente que el Tesorero Provincial “está dotado de las facultades legales para ordenar el embargo de bienes…”, en tanto que el ejecutado a su turno, “tiene derecho a oponer excepciones en un plazo fatal bastante más amplio…”.

En este orden de ideas, indica que en la especie, y respecto de la recurrente nombre reservado, se sustancian los autos sobre cobranza administrativa Rol Nº 1002 – 1999 de la Tesorería Provincial de San Antonio, y es con ocasión precisamente de esta ejecución que se embargó la cuenta corriente de la actora por la suma indicada en el libelo, destacando en todo caso que en la misma causa, la misma parte opuso con fecha 17 de febrero del año en curso, “dos Excepciones simultáneas al pago, la primera de Prescripción, y la segunda de No Empecer el Título…”, alegaciones que las sustentó precisamente, en la sentencia firme dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 20 de marzo de 2000 en los autos Rol Nº 3315- 1999 a que alude en el recurso impetrado; excepciones que fueron comunicadas al Abogado Provincial del Servicio de Tesorería, a efectos de emitir pronunciamiento de las mismas.

Sobre dicha decisión judicial, destaca que ante la misma Tesorería Provincial de San Antonio, compareció el cónyuge de la recurrente, don nombre reservado, quien “expone la situación de existir una sentencia de la Excma. Corte Suprema que absolvía el total de la deuda…y que las partes de aquel juicio eran por lado la recurrente, y por otro lado el Servicio de Impuestos Internos…”, agregando el recurrido que a dicho particular se le dio cuenta en cuanto a que “mientras la deuda siguiera vigente, la cobranza del Servicio de Tesorería debe continuar…”, y se le hizo presente también que el servicio ahora recurrido no fue parte en dicha contienda judicial, “y que por lo mismo en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos podría ser mejor guiado en este asunto…”.

Respecto de la sentencia firme dictada por la Excma. Corte Suprema en marzo de 2000, en tanto antecedente fundante de las excepciones opuestas, precisa que “no se puede dilucidar efectivamente si la deuda corresponde a los giros adeudados por concepto de impuesto fiscal que se consignan en la Cuenta Única Tributaria…”, circunstancia que será resuelta y dilucidada resuelto por el señor nombre reservado al resolver las excepciones opuestas por la recurrente de protección: “todo ello será el resultado de la vista de la causa que realizará el Abogado del Servicio de Tesorerías para su fallo…”, resolución que de rechazar las excepciones opuestas, deberán remitirse los antecedentes al Juez de Letras en lo Civil de San Antonio para revisar dicha decisión del cuaderno administrativo de cobranza judicial.

Destaca finalmente que en todo caso, opuestas que fueron las excepciones a la ejecución administrativa por la contribuyente nombre reservado, “el Abogado de la Unidad Operativa de Cobro Fiscal, ordenó que los dineros embargados no se imputaran a la deuda, y se conservaran en custodia…”.

Con el mérito de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso impetrado, con costas de la reclamante.

Acompaña los antecedentes en que funda sus descargos.

A fojas 33 rola Ordinario Nº 20 de la Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos, dando cuenta que respecto de la recurrente de autos, “registra diversos giros en cobranza por la Tesorería General de la República; sin embargo, ninguno de ellos obedece al giro de una multa…”, y conforme con lo cual los giros en cobranza que se sigue contra la misma actora, “dicen relación con diferencia de impuestos que en su momento se detectaron a la contribuyente – tanto en materia de IVA, como tratándose de Impuesto a la Renta…”, y de lo cual concluye que “los giros anteriormente individualizados, no están vinculados con la multa infraccional que dejó sin efecto la Excma. Corte Suprema…”.

A fojas 36, la parte recurrida acompaña el original del expediente administrativo sobre cobranza judicial Rol Nº 1002-1999 de la Tesorería Provincial de San Antonio.

A fojas 38 se ordenó traer estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que en estos antecedentes, el recurso de protección se dirige en contra del Sr. Tesorero Provincial de San Antonio, con ocasión de la resolución dictada con fecha 3 de febrero del año en curso en los autos sobre cobranza administrativa de impuesto, Rol Nº 1002 - 1999 de la Tesorería Provincial de San Antonio. Sobre el particular, el reproche de la recurrente de protección apunta esencialmente a la arbitrariedad de aquel acto administrativo, pues adolece de una “total falta de razonamiento jurídico…”, desde el momento en que fue proveído contra una sentencia firme y ejecutoriada de marzo del año 2000 de la Excma. Corte Suprema, con autoridad y eficacia de cosa juzgada, y que decidió por la absolución de su parte, habida consideración de encontrarse prescrita la acción penal que en su oportunidad se dirigió, por una supuesta infracción al artículo 97 Nº 4 del Código Tributario.

Segundo: Que informando el recurso, el recurrido ha indicado al Tribunal que la resolución atacada lo ha sido en ejercicio de las facultades legales del Sr. Tesorero Provincial – Juez Sustanciador, conforme el procedimiento previsto en el Libro III, Título V del Código Tributario: “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, artículos 168 y siguientes de dicho compendio, destacando al efecto el artículo 170, en cuanto faculta expresamente al Tesorero Provincial respectivo para despachar mandamiento de ejecución y embargo y ordenar precisamente el embargo de bienes del deudor contribuyente. En relación con dicha normativa, el mismo recurrido, ha precisado que respecto de la actora de protección se sigue, entre otros deudores morosos de impuesto, una cobranza judicial conforme causa Rol Nº 1002 – 1999 de la Tesorería Provincial de San Antonio, y es en aquella contienda tramitada en sede administrativa que el funcionario público recurrido dictó la resolución que ahora se impugna por esta vía, atendida una deuda morosa que registra la recurrente, y que según Certificado de Deudas acompañado, asciende a la suma de $328.231.575.

Tercero: Que sobre el particular, a partir del mérito de los antecedentes, y en especial los descargos del recurrido, no es posible advertir por estos sentenciadores, la efectividad de haber incurrido el funcionario recurrido en la arbitrariedad que se le imputa, desde el momento que la actuación de 3 de febrero pasado, se condice con una resolución dictada por un funcionario público debidamente investido en el cargo de Tesorero Provincial - Juez Sustanciador, en ejercicio de sus potestades públicas, y con ocasión de un proceso legalmente tramitado, en cual de hecho, la misma recurrente, ejerciendo el derecho del artículo 177 del Código Tributario, opuso excepciones a la ejecución (prescripción de la acción de cobro de impuesto y no empecer el título), las que se encuentran en actual tramitación, en espera de la decisión de fondo que en su oportunidad dictará el Sr. nombre reservado. A mayor abundamiento, se ha de destacar también que los argumentos de fondo acerca de tales alegaciones de fondo, se sustentan también en el mentado fallo de la Excma. Corte Suprema de 3 de marzo del año 2000, antecedente que por lo demás es acompañado por la misma parte en el segundo otrosí de su escrito de excepciones, lo que es suficiente para decidir por el rechazo del recurso impetrado.

Cuarto: Que con todo, y sin perjuicio de lo razonado precedentemente, se ha de destacar también que el arbitrio deducido no resulta ser claro y preciso en cuanto a sus fundamentos de hecho, toda vez que la actora se limita a sostener que la resolución de febrero de 2015 sería arbitraria por haber sido dictada contra el fallo firme de marzo del año 2000, sin explayarse ni precisar el vínculo o relación entre uno y otro antecedente, y a partir de lo cual se pudiera establecer a ciencia cierta, la efectividad de que los tributos cuya cobranza ahora se pretende en sede administrativa, emanan precisamente de aquel fallo firme que declaró en favor de la actora de protección, la prescripción de la acción penal por infracción al artículo 97 Nº 4 del Código Tributario. Tal omisión de antecedentes de hecho no puede desde luego ser subsanada por esta vía constitucional, atendido el carácter breve y sumarísimo que reviste el arbitrio. Lo razonado en todo caso, se ve además corroborado por el Ordinario Nº 20 del Servicio de Impuestos Internos que rola a fojas 33 de estos autos, en cuanto indica a la letra que respecto de los giros en actual cobranza administrativa “no están vinculados con la multa infraccional que dejó sin efecto la Excma. Corte Suprema…”; motivos todos por los cuales el presente recurso no podrá prosperar según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 7 por doña nombre reservado, factor de comercio, en contra del Tesorero Provincial de San Antonio, señor nombre reservado.

Regístrese, comuníquese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Devuélvase el expediente traído a la vista, en su oportunidad.

N° Proteccion-471- 2015.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. Rosa Aguirre Carvajal, Sr. Alejandro García Silva, y Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.