Protección contra Colegio nombre reservado

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, quien viene en interponer acción de protección en contra del Colegio nombre reservado, ubicado en la comuna de DIRECCION000, Provincia de San Antonio, en razón del acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de la medida de expulsión del menor, lo que estima conculca la garantías contempladas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos explica que, su hijo cursa 3° año medio en el colegio recurrido, siendo alumno regular desde el año 2023. Agrega que, ha mantenido buen rendimiento y participación escolar y una asistencia superior al 90%.

Refiere que, el 10 de junio del año 2025, a las 07:50 horas, el menor protagonizó un incidente en que agredió físicamente a un estudiante de primero medio A del establecimiento recurrido, acto que fue calificado por el establecimiento como una “falta gravísima”, y que de forma exclusivamente verbal se le comunicó la aplicación de una suspensión por cinco días, sin que se le notificara del inicio de un procedimiento formal conforme a la Ley N° 21.128, conocida como “Ley Aula Segura”, y sin que se le otorgara la posibilidad de ser oído ni de formular descargos.

Agrega que, solo el 13 de junio de 2025, en reunión con el colegio se le informa que se aplicaría el procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura, y que el Director le habría indicado que su aplicación se debía a la existencia de presión de instancias superiores para adoptar medidas drásticas.

Expresa que, la medida de expulsión definitiva fue comunicada formalmente en reunión el día 8 de julio del mismo año, sin que su hijo fuera citado, notificado, oído, ni se le entregara resolución fundada alguna.

Precisa que, incluso, la notificación por escrito de la medida fue entregada presencialmente sólo a ella, en calidad de apoderada, con fecha 22 de julio de 2025, sin que a la fecha de la presentación del recurso se le haya enviado copia por carta certificada, como lo exige el Reglamento Interno del propio establecimiento.

Indica que la denuncia policial por los hechos fue realizada fuera del plazo legal de 24 horas, con fecha 11 de junio, a las 8:20 horas y que la activación del protocolo “Aula Segura” fue posterior a manifestaciones de apoderados y presencia de medios de comunicación frente al colegio, lo que a su juicio evidencia que la decisión de aplicar la medida de expulsión fue adoptada como resultado de presiones externas y no de una evaluación objetiva de los hechos.

Alega además que no se respetaron las disposiciones del Reglamento Interno que exige que el procedimiento disciplinario debe activarse dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles desde conocidos los hechos, lo que se hizo el 13 de junio del año en curso, debiendo notificarse tanto al estudiante como al apoderado por escrito, mediante carta certificada o correo electrónico, formalidades que no se habrían cumplido en la especie.

Señala que, con fecha 16 de junio de 2025, presentó por escrito los descargos formales, acompañando antecedentes que daban cuenta de provocaciones previas y posteriores a la agresión, incluyendo amenazas graves recibidas por mi hijo el mismo día 10 de junio, a través de redes sociales, por parte del estudiante agredido.

Sin embargo, indica que, durante todo el proceso, el estudiante no fue oído, no se le brindó contención emocional, ni se consideraron elementos atenuantes como su rendimiento académico, su conducta previa o el contexto en que se produjo la agresión.

Afirma que el establecimiento aplicó sucesivamente dos medidas disciplinarias —suspensión y luego expulsión— sin resolución escrita, ni motivación suficiente, y que, incluso, el cierre del protocolo “Aula Segura” y la exclusión del alumno del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) le fueron comunicados recién con fecha 6 de agosto de 2025, sin que se le indicara previamente dicha decisión, generando una situación de incertidumbre e indefensión.

Señala que, consultadas las autoridades externas que recibieron la denuncia, esto es, el Tribunal de Familia y el Ministerio Público, ambas resolvieron no dar curso a la denuncia, Por último, indica que el menor ha iniciado acompañamiento psicológico especializado, reconociendo la gravedad del hecho, mostrando arrepentimiento y disposición a reparar el daño.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se deje sin efecto la medida de expulsión aplicada a su hijo, ordenando su reincorporación inmediata al régimen académico ordinario del colegio. En subsidio, solicita que se ordene que, de mantenerse la medida, esta sólo se haga efectiva al término del año escolar, con costas.

Acompaña a su presentación diversos documentos, entre los que se encuentran: certificados de estudios, constancias de entrevistas con el colegio, parte policial, resoluciones del Juzgado de Familia, denuncias presentadas, informes psicológicos del menor, correos electrónicos del establecimiento, pantallazos de plataforma SIGE, y el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del colegio recurrido.

A folio 16, evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, en su calidad de sostenedor del establecimiento educativo Colegio nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que el estudiante nombre reservado, de 3° Medio C, fue expulsado por agredir físicamente con golpes de puño a nombre reservado, alumno de 1° Medio A, el 10 de junio de 2025, lo que generó conmoción en la comunidad escolar.

Refiere que la inspectora de sala asistió inicialmente y se dio aviso a la dirección. nombre reservado reconoció la agresión por problemas previos y nombre reservado indicó que fue agredido sin provocación, siendo ambos estudiantes fueron retirados ese mismo día por sus padres, aplicándose una suspensión inicial de 5 días a nombre reservado y se recomendó terapia psicológica.

Aclara que el 11 de junio de 2025, se denunció el hecho a Carabineros y se derivó a Tribunal de Familia. El 13 de junio, la madre de nombre reservado entregó pruebas de amenazas previas de nombre reservado hacia su hijo, lo que motivó una denuncia ante Fiscalía y que nombre reservado reconoció las amenazas y fue suspendido por 3 días.

Señala que el 13 de junio de 2025, se activó el procedimiento de Aula Segura, anulando la suspensión inicial, procedimiento que fue aprobado por la Superintendencia de Educación el 5 de agosto de 2025, tras constatar que no hubo infracción normativa y evacuando descargos el día 16 del mismo mes.

Indica que el 19 de junio de 2025, un consejo consultivo de 14 profesionales sugirió la expulsión de nombre reservado; que el 2 de julio del año en curso la Superintendencia solicitó antecedentes de la investigación.

Añade que el 8 de julio de 2025, en entrevista con la recurrente se le notifica la medida de expulsión ante los hechos de violencia ya conocidos, informándole que tenía derecho a ejercer recursos legales.

Que, el 14 de julio la actora interpone recurso de apelación, siendo rechazado y ratificada la expulsión por el consejo consultivo el 17 julio de 2025, siendo notificada la recurrente el 22 de julio de 2025.

Expresa que inicialmente se activó el “protocolo de maltrato” del reglamento interno, considerando una agresión física mediante golpes de puño. Sin embargo, luego de entrevistar a los alumnos involucrados: nombre reservado reconoció haber agredido por conflictos previos; y nombre reservado relató que fue agredido sin provocación con 24 golpes de puño (según registro en video).

Refiere que la denuncia a Carabineros el 11 de junio de 2025 a las 08:00 hrs, por la encargada de convivencia escolar, nombre reservado, no existiendo dilación, sino que se estaba recabando información sobre el estado de salud del alumno afectado.

Expresa que, la recurrente fue informada el mismo día de los hechos, y entre el 10 y el 13 de junio de 2025, se realizaron múltiples acciones: como remisión de antecedentes al Tribunal de Familia; entrevistas a testigos; recopilación de antecedentes médicos y reuniones de coordinación con el equipo directivo.

Menciona que el 13 de junio se entrevista a la actora y se informa formalmente la activación del protocolo de Aula Segura, tras conocerse mayores antecedentes y la suspensión por 10 días. Se le entregó material pedagógico y se le informó del derecho a realizar descargos.

Agrega que, se entrevistó a nombre reservado el mismo 10 de junio y que en los descargos presentados, aparece su firma junto a la de su madre, siendo ambos escuchados, y además, el colegio entregó material pedagógico, apoyo emocional y acompañamiento con el centro terapéutico Inti.

Expresa que, ha actuado conforme al protocolo y la ley, la apoderada fue informada el 13 de junio sobre la activación del protocolo; el 22 de julio fue notificada formalmente de la sanción de expulsión y el correo del 6 de agosto solo formalizó el cierre administrativo ante la Superintendencia, fecha que no constituye la notificación de la expulsión, que ocurrió con anterioridad y dentro de plazo legal.

A folio 18, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se denuncia como acto ilegal y arbitrario la decisión del Colegio nombre reservado de expulsar al hijo de la recurrente de dicho establecimiento, fundado, en síntesis, en que la medida dispuesta es desproporcionada y en que no se habría aplicado de manera adecuada el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Tercero: Que, para la resolución de la controversia, se tendrá presente que el artículo 6° letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio de Educación – modificado por la Ley N° 21.128 de Aula Segura-, regula el procedimiento para la aplicación de la medida de expulsión, estableciendo en sus incisos quinto y sexto: “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

Cuarto: Que, por su parte, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Establecimiento, acompañado en autos, en su Capítulo IX, numeral 8 “De las faltas gravísimas” contempla “1. Atentar contra integridad física y/o psicológica (golpea, hiere, amenaza, insulta con groserías) de cualquier integrante de la comunidad escolar, dentro o fuera del establecimiento, dentro o fuera del horario de clases”.

Luego, en el mismo Capítulo IX, en su numeral 9.5, en su letra D, regula la medida de “expulsión”, disponiendo que aquella constituye una medida de carácter excepcional derivada de casos de faltas graves o gravísimas, la cual consiste en la separación inmediata del colegio del estudiante. Regulando, a continuación, el procedimiento de aplicación de medida de cancelación o expulsión.

Quinto: Que, el Informe de Resolución del caso, emitido por el Director del Establecimiento recurrido, da cuenta de los hechos investigados y las acciones realizadas en el proceso de recopilación de antecedentes, que permiten establecer que el alumno expulsado provocó una fuerte agresión a otro estudiante que le generó “lesiones de tal magnitud que requirieron su traslado a urgencia desde el Hospital Claudio Vicuña al Hospital El Salvador para recibir atención médica especializada”, determinándose que la acción del alumno sancionado no es proporcional a los conflictos o roces que pudieron haber acontecido.

Sexto: Que, atendido el mérito de autos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el acto denunciado, toda vez que, la medida de expulsión del alumno, se justifica en hechos de especial gravedad, como son atentados contra la integridad física de otro miembro de la comunidad educativa, en particular otro estudiante, justificándose la adopción del procedimiento establecido en el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional y que concretan lo dispuesto en el DFL N° 2 del Ministerio de Educación, de 1998, referido a aquellos casos de especial gravedad.

Séptimo: Que, por su parte, a partir de los antecedentes acompañados, aparece que la apoderada recurrente dedujo su derecho de apelación o reconsideración respecto de la medida adoptada por el establecimiento, el que fue conocido por el consejo consultivo, quienes ratificaron la decisión de expulsión del alumno sancionado; sin observarse, en consecuencia, vulneración alguna a las garantías constitucionales protegidas por esta acción constitucional.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, según lo informado por el Director General de la Superintendencia de Educación, Región de Valparaíso, los antecedentes esgrimidos en la acción de protección fueron enviados a la Unidad de Fiscalización de esa repartición, con el objeto de realizar el pertinente acto de fiscalización e iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, si se constatan las presuntas vulneraciones a la normativa educacional, determinado mediante Oficio Ordinario NUM000, de 5 de agosto de 2025, que el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria se ajusta a la normativa educacional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación de su hijo, nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Decisión adoptada con el voto en contra del abogado integrante Señor Pavez, quien estuvo por acoger el recurso, por estimar que la medida resulta desproporcionada, no sólo considerando la irreprochable conducta anterior del expulsado, sino los antecedentes que, sin justificar la agresión, darían cuenta que el adolescente agresor fue previamente víctima de actos de acoso por parte del agredido, lo que no habría sido abordado en su oportunidad por el establecimiento educacional, y habría sido preterido al momento de adoptar la decisión. Estimó también que habiendo antecedentes de arrepentimiento por parte del agredido, cuyos antecedentes dan cuenta de una persona pacífica, no se advierte que la medida de expulsión pueda tener un efecto formativo en el contexto educacional.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4708-2025.

En Valparaíso, quince de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.