nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos que efectuó conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, vulnerando las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagrados en la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siendo notificado posteriormente que su petición se encontraba detenida por falta de constancia de afiliación vigente, acreditado mediante documento apostillado o legalizado.

Afirma que la recurrida ha obstaculizado el proceso de retiro de fondos, dando una errónea interpretación de la norma y desatendiendo el objetivo de la misma. Precisa que con motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, se encuentra en la imposibilidad de obtener la legalización del documento requerido, configurándose un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Sostiene que el documento acompañado contiene un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de su autenticidad y su desconocimiento infringe sus garantías fundamentales.

Solicita que se acoja el presente recurso y, se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y ordenando la devolución de los fondos de pensión dentro de un plazo de cinco días.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que no registra reclamo de la recurrente ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Indica que la normativa contenida en la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales. Asimismo, expone que para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme al artículo 7° de dicha ley, resulta imprescindible dar cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo 1°, particularmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero.

Refiere que la certificación de cobertura debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, consignando específicamente que el trabajador contó con protección efectiva por todos los riesgos exigidos durante todo el período de prestación de servicios en Chile, documentación que debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Señala que el documento acompañado no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni se puede inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar en forma genérica las coberturas que otorga al sistema previsional venezolano.

A folio 11, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Argumenta que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y la pretensión del recurrente excede la finalidad cautelar del recurso, toda vez que busca una declaración de derechos respecto de normativas complejas del sistema previsional.

A continuación, explica que el rechazo de la solicitud se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, específicamente que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, por lo que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa vigente y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Sostiene que la Ley N° 18.156 constituye una norma excepcionalísima que permite a técnicos extranjeros retirar cotizaciones previsionales únicamente cuando se cumplan copulativamente todos los requisitos legales establecidos, precisando que no concurren los requisitos constitucionales del recurso de protección, esto es, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria que cause agravio manifestado en privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, toda vez que su actuación se limitó al cumplimiento de obligaciones legales, por lo que solicita el rechazo del recurso.

A folio 12, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y solicita la recurrente que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho.

Tercero: Que, la recurrida informa, en síntesis, que el recurso de protección es improcedente por tratarse de una materia de lato conocimiento. Subsidiariamente, sostiene que su actuación fue legal al cumplir estrictamente la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud debido a que la constancia de afiliación al sistema venezolano se encontraba vencida según instrucciones del regulador.

A su vez, la Superintendencia de Pensiones sostuvo que para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme al artículo 7° de la Ley N°18.156, resulta imprescindible dar cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo 1°, particularmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero, la que debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 2 de junio de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional y la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor no exime al recurrente del cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, salvo que el legislador establezca expresamente lo contrario.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Acordada con el voto en contra del Ministro Interino Sr. Núñez, quien estuvo por acoger el presente recurso, por los siguientes argumentos:

1° Que, es un hecho público y notorio que la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con representación diplomática o consular en Chile que permita cumplir al recurrente con el trámite de apostilla o legalización del documento “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, de 2 de junio de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

2° Que, el quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela constituye un acto de autoridad que torna materialmente imposible para los nacionales venezolanos cumplir con los requisitos de apostilla o legalización consular de documentos.

3° Que, la circunstancia anotada configura un caso de fuerza mayor, definida en el artículo 45 del Código Civil como un imprevisto imposible de resistir, que lo exime de cumplir una exigencia que se ha tornado fácticamente inexigible.

4° Que, conforme al principio jurídico universal "ad impossibilia nemo tenetur" (a lo imposible nadie está obligado), no puede exigirse el cumplimiento de una obligación o requisito que se ha tornado fácticamente imposible de realizar por circunstancias ajenas a la voluntad del obligado. Pretender lo contrario importaría una aplicación irrazonable e injusta de la normativa, que tornaría ilusorio el ejercicio del derecho reconocido por la ley.

5° Que, en tales condiciones excepcionales, exigir el cumplimiento estricto de formalidades que se han tornado materialmente imposibles constituye un acto arbitrario, pues implica aplicar criterios rígidos sin considerar las circunstancias especiales que afectan al caso concreto, vulnerando así el principio de razonabilidad que debe regir toda actuación administrativa.

6° Que, la arbitrariedad del recurrido vulnera el derecho de propiedad del actor sobre sus fondos previsionales, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4675-2025.