nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL SA

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente conforme lo previsto en la Ley N°18.156, resuelto mediante de acto de 11 de mayo de 2026, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente, en su calidad de profesional extranjera, solicitó ante la administradora recurrida, a través del portal web respectivo, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 y, mediante correo electrónico de 11 de mayo de 2026, se le notificó el rechazo de dicha solicitud, fundado en que no se acompañó certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, debidamente apostillada o legalizada, que acreditara su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Sostiene que la recurrente dio cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, resultando procedente el retiro de los fondos, y que la recurrida efectuó una interpretación formalista y restrictiva de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador. Añade que la constancia de afiliación fue expedida por la autoridad venezolana competente y puede ser verificada por medios electrónicos mediante el código de verificación que la propia constancia contiene, o ingresando la cédula de identidad en el portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Argumenta que la ley no exige la legalización o apostilla del documento, siendo además un hecho público la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, lo que torna imposible su obtención, en los términos del artículo 45 del Código Civil. Invoca, asimismo, diversos pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que han acogido acciones análogas.

Afirma que con dicho actuar se han vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente, esto es, la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al otorgarle un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, y el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, al obstaculizar el retiro de fondos de su exclusiva propiedad mediante la exigencia de requisitos no previstos por el legislador.

Pide, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y disponer, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos previsionales.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 5, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que el 5 de mayo de 2026 el recurrente presentó ante la Administradora, a través de su página web, una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una "Declaración bajo fe de juramento", solicitud que fue rechazada y comunicada oportunamente el 11 de mayo de 2026. Explica que dicho rechazo se fundó en el Oficio Ordinario N°12.954, de 15 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, conforme al cual, para satisfacer el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante su prestación de servicios en Chile. Agrega que, según el mismo oficio, las certificaciones electrónicas no legalizadas ni apostilladas, así como las declaraciones juradas del afiliado, carecen de valor probatorio suficiente para efectos previsionales, pues no emanan de la autoridad previsional competente.

En cuanto al derecho, sostiene que su actuar no fue ilegal ni arbitrario, pues la Ley N°18.156 es una norma de excepción de interpretación restrictiva, que exige copulativamente la calidad de técnico, la afiliación a un régimen previsional extranjero con cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la voluntad de mantener dicha afiliación. Invoca las normas que facultan a la Superintendencia de Pensiones para interpretar con carácter obligatorio la legislación aplicable a las Administradoras, cuyo cumplimiento no le resulta facultativo. Añade que actuó con trato igualitario hacia sus afiliados y que el rechazo no importa pérdida del derecho, por tratarse de un acto subsanable conforme a la Excma. Corte Suprema (Rol N°54783-2024), no siendo la protección la vía idónea para impugnar trámites administrativos intermedios.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 8, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, sosteniendo, en primer término, que la situación reclamada excede el ámbito propio del recurso de protección, toda vez que, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, dicha acción cautelar se encuentra destinada a amparar derechos indubitados y preexistentes, y no a declarar derechos controvertidos, materia esta última que debe ventilarse en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

En cuanto a la legalidad del acto y la ausencia de arbitrariedad, expuso la recurrida que la devolución de fondos constituye un régimen de excepción, de interpretación restrictiva y que, si bien la recurrente acreditó su calidad de técnico extranjero mediante título apostillado, no satisfizo la letra a) del precepto, pues solo acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carente de firma autorizada y sin legalización ni apostilla, sin que el código de verificación electrónica supla tales formalidades. Añade que tampoco resulta atendible la alegación de caso fortuito o fuerza mayor fundada en la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, pues la propia recurrente reconoció que la obtención del certificado apostillado no es imposible, sino solo más gravosa, al poder efectuarse el trámite ante sedes consulares de terceros países.

En cuanto a la letra b) del citado artículo, hizo presente que la recurrente incurrió en manifestaciones de voluntad contradictorias, ya que en la cláusula novena de su contrato de 16 de enero de 2023 declaró que cotizaría en el régimen previsional chileno, y solo por anexo de 10 de diciembre de 2024 manifestó su voluntad de mantener la afiliación extranjera, declaración extemporánea que debe ceder ante la regla general.

Agrega que la recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo que no asegura su retorno al país de origen y podría gravar al Fisco con el costo de garantizar su pensión. Precisa que el hecho de no cumplir los requisitos del régimen de excepción no importa la pérdida de los fondos previsionales, sino solo la improcedencia del beneficio, quedando incólume el ejercicio de los demás derechos previsionales consagrados en el D.L. N°3.500 de 1980.

Finalmente, alega la falta de privación, perturbación o amenaza de los derechos invocados, toda vez que su actuar se limitó a un pronunciamiento dictado dentro de sus atribuciones legales, sin que exista imputación alguna a su respecto.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) y b) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud puesto que el documento del IVSS no acredita cobertura de salud integral con prestaciones médicas y pecuniarias, ni se encuentra apostillado o legalizado. Descarta además la fuerza mayor como causal para eludir requisitos legales.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Séptimo: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Octavo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, teniendo presente además que la recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4674-2026.