nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora conforme a lo previsto en la Ley N° 18.156, que atribuye a una comunicación de 26 de mayo de 2026.

Sostiene que dicho rechazo incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, específicamente la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que acompañó a su solicitud una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), la cual sostiene es verificable en línea a través del sitio oficial de dicha institución mediante un código de validación, y que la exigencia de apostilla o legalización constituye una barrera formal imposible de superar debido a la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurando a su entender un caso de fuerza mayor.

Afirma que la actora cumple íntegramente los requisitos de la Ley N° 18.156, en tanto ostenta la calidad de profesional y mantiene su afiliación en el extranjero, por lo que la retención de los fondos lesiona su derecho de propiedad, invocando en apoyo de su pretensión jurisprudencia de tribunales superiores de justicia recaída en causas que estima análogas.

Pide se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y se disponga la devolución de los fondos previsionales.

A folio 7 informó la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamo alguno ante ese organismo por estos hechos. Explica que la Ley N° 18.156 es una normativa de excepción que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura previsional extranjera se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada por la recurrente no cumple dicha exigencia, por carecer de firma y de legalización o apostilla.

A folio 9 evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

Indica que el trámite de devolución de fondos previsionales iniciado por la recurrente el 19 de enero de 2026 fue rechazado el 21 de enero de 2026, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada, emitida por el I.V.S.S., carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada ni legalizada, no siendo idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Enfatiza que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y, tratándose de documentos venezolanos, apostillados conforme a la Convención de La Haya, de la que Chile y Venezuela son Estados Parte, agregando que la falta de representación diplomática venezolana en Chile no exime del cumplimiento de dicha exigencia, pudiendo el trámite verificarse ante sedes consulares de terceros países que mantienen relaciones con Venezuela o a través del portal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de ese país.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones copulativas que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7° de la citada ley señala que “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, dispone de forma textual que “el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora, denominado Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente.

El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, contenidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, máxime cuando Chile y Venezuela son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre Apostilla, incorporada a nuestro ordenamiento por la Ley N° 20.711, y se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio impetrado.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que conste en autos que se haya configurado trato discriminatorio alguno respecto de la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4671-2026.